La Junta Electoral Central podría haber esperado a la decisión del Tribunal Supremo. Podría haber reconocido que no debía inhabilitar a Quim Torra con una ley pensada para evitar que personas próximas a ETA accediesen a las instituciones. Podría haber actuado como un árbitro que tiene claro que no debe actuar como un tribunal penal. Podría haber esperado unos días a reunirse puesto que la LOREG, en su artículo 21, contempla 10 días naturales para resolver recursos en periodos no electorales. El día 2 recibió toda la documentación y un día después ya ha acordado apartar a Torra. Podría haber actuado con la prudencia y mesura con la que lo hizo la Junta Provincial de Barcelona. Podría, pero no lo ha hecho.
Sabía que su decisión podía convertirse en munición para boicotear cualquier vía de diálogo, por tímida que fuese, entre el Gobierno catalán y el futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo sabía y aún así, la JEC ha decidido apartar a Torra. Un órgano administrativo y no un tribunal de Justicia ha dejado sin acta a un parlamentario sin que exista una sentencia firme. Y no a un diputado cualquiera. Lo ha hecho con el president de la Generalitat y el día antes de iniciarse el debate de investidura que, a falta de nuevos imprevistos no descartables, iba a permitir a Pedro Sánchez ser reelegido presidente gracias, entre otros, a la abstención de ERC. La JEC ha jugado a favor de una derecha que quiere boicotear la investidura, que pretende evitar que gobierne una coalición de izquierdas y que rechaza cualquier negociación con el Ejecutivo catalán.
Ahora la decisión de la JEC debe ser trasladada a la Junta Provincial, que será la que tendrá que reclamar al Parlament la retirada de la credencial de diputado a Torra. En román paladino: la Mesa de la Cámara catalana, presidida por el republicano Roger Torrent, es quien debería rematar el error de la JEC. Todas las declaraciones de los dirigentes de ERC han sido muy contundentes en contra de la inhabilitación del presidente de la Generalitat ordenada por la Junta Electoral y hoy por hoy parece evidente que el Parlament no pretende retirarle el acta a Torra, al menos hasta que exista una sentencia firme que así lo indique. Además, este mismo sábado se celebrará un pleno extraordinario para reafirmarlo como president. Será interesante ver qué argumentan los diputados socialistas y los comuns, y si acaba habiendo una moción de apoyo a Torra que les obligue a traducir sus críticas a la JEC en votos.
Mientras, las maquinarias electorales empezarán a engrasarse porque, sea antes o después de esa sentencia, todos los partidos dan por hecho que las elecciones en Catalunya serán este 2020. Junts per Catalunya puede tener la tentación de convocarlas pronto para beneficiarse del malestar creado por la inhabilitación del president de la Generalitat. Además, Carles Puigdemont sigue siendo un gran activo, como demostró tanto en las últimas autonómicas como en las europeas. ERC deberá hacer equilibrios entre su apuesta por una estrategia distinta y la firmeza ante un electorado independentista que, según todos los sondeos, sigue sin desfallecer.
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