La Sanidad pública es duramente golpeada por los gobiernos de derecha. Es algo que viene de largo, y que quedó patente durante el mandato de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, con más de 3.000 despidos y una gestión con más sombras que luces.
Este 2019 la derecha ha entrado en Andalucía. Depurando a sus responsables y eligiendo nuevos equipos, el Gobierno de PP y Ciudadanos ha presentado numerosos escándalos que no han hecho más que ir in crescendo. Sindicatos y organizaciones se revuelven, manifestándose frente a los hospitales -especialmente crítica es la situación en Málaga- y pidiendo a la consejería de Sanidad y a Moreno Bonilla que pongan fin a esta apuesta por la privada que han emprendido en la región.
Pero no solo Andalucía ha sido señalado. También en Madrid se han registrado escándalos, obligando el Tribunal de Cuentas a mostrar todos los contratos menores realizados por la consejería de Sanidad y los hospitales autonómicos. Galicia, por ende, también es una de las comunidades que más escándalos suma a su listado en materia de Sanidad.

Andalucía: listeria, reducción de personal y situación límite

El sistema sanitario de Andalucía no está pasando por sus mejores momentos. Desde que el Partido Popular y Ciudadanos, apoyados por Vox, entraron en el Gobierno regional cada semana han tenido que hacer frente a nuevos ‘escándalos’ en el panorama sanitario. Hace unas semanas se dio a conocer el cierre de paritorios sin matronas o el cese en la esterilización de los centros de salud, así como la utilización de un silbato para avisar a los enfermeros, pero lo último que ha salido no ha dejado a nadie indiferente.
Los recortes en la sanidad pública que Juanma Moreno Bonilla, presidente del Gobierno regional, ha ido implantando pueden llegar a afectar gravemente a la población andaluza.
Una serie de denuncias que dañan la imagen de la gestión realizada. El brote de listeriosis puso en el foco de todas las miradas lo que estaba sucediendo, dada la incapacidad para atajar rápido el conflicto. Además, a medida que pasaban los días, se fueron señalando momentos en los que Jesús Aguirre, consejero de Salud, trató de esconder lo que estaba sucediendo, no hizo caso a las señales que alertaban del brote y se esforzaban en quitarse peso de encima con argumentario improvisado y contradictorio diariamente.

Madrid: Caso GEE, auditorías y freno a la lucha contra el cáncer

ElPlural.com ha destapado a lo largo de los últimos meses la connivencia de los hospitales madrileños, supervisados por el Gobierno autonómico, con el Grupo Electromédico -Asime, ITH Maroc e Iberman-. Relación bilateral que ha provocado un desfalco de dinero por encima de la ley, dado que se concedían prórrogas infinitas sin ningún tipo de concurso público de por medio.
Una trama encubierta de la que la consejería popular no ha querido dar declaraciones pese a la insistencia mostrada por ElPlural.com. Sí lo han hecho algunos de los hospitales que han cometido esta infracción contractual, reconociendo la información y dejando en el aire el motivo por el que hasta ahora no se ha iniciado un nuevo procedimiento de contratación mientras se siguen destinando millones de euros a las citadas empresas sin que medio ningún concurso público.
Por el momento, son ocho los hospitales que han sido sometidos al escrutinio por este medio. Una trama orquestada que se conecta a lo largo y ancho de Madrid: 30 millones de euros en La Paz, más de 22 en el Clínico San Carlos, 16 en el Severo Ochoa, 14 en el Ramón y Cajal, 5 en el Gregorio Marañón, 3 millones en el Niño Jesús, 900.000 euros en el Universitario de Getafe y cientos de miles de euros en el Carlos III.
Estos contratos serán revisados por el Tribunal de Cuentas después de que Audita Sanidad presentara una denuncia reprochando y recogiendo todos estos contratos menores realizados por la Sanidad madrileña.
De forma paralela, este modus operandi repercute en cuestiones tan importantes como la lucha contra el cáncer de mama. Tal y como publicó la Cadena Ser, el programa madrileño de detección de precoz de cáncer de mamá, DEPRECAM, ha desplazado a un total de 135.000 mujeres que se encuentran a la espera de ser citadas para realizarse las exploraciones rutinarias, que deben ser cada dos años.

Galicia: riesgo para los recién nacidos

Tras la mayor movilización de la historia de la localidad ourensana de Verín para protestar contra la supresión del servicio de maternidad y el servicio de pediatría en el hospital comarcal, la plantilla y los vecinos iniciaron un encierro indefinido en el centro. La dramática decisión del cierre del paritorio se debía, según informó en rueda de prensa el pasado 22 de noviembre el gerente del área sanitaria, Félix Rubial, a “un ejercicio de responsabilidad” para “garantizar la calidad y la seguridad de las mujeres”, en base a los estándares recomendados por las sociedades científicas para mantener el servicio de maternidad en un hospital: un mínimo de 600 partos, cifra a la que no se acerca Verín, que espera culminar la progresión de partos de 2019 con 60.
En la misma línea, la portavoz de la comisión delegada del hospital de Verín, Eva Fernández, explicó que “después de 26 años con la unidad y tras reformarla el año pasado, argumentando criterios de ratio y calidad, nos han dejado sin paritorio y sin pediatría”. Este razonamiento “es mentira”, manifestó la representante, “ya se hicieron derivaciones por falta de pediatra. Al igual que se están derivando intervenciones quirúrgicas por falta de anestesistas”. Detrás de todo esto hay “un desmantelamiento de la sanidad pública. Han empezado con este comarcal y continuarán con los otros”, concluyó Fernández.