Desde 1936, los franquistas llevaron a cabo una intensa represión contra los docentes, a través de dos mecanismos: la liquidación física y la depuración.
Eduardo Montagut
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La nueva educación impuesta por el franquismo debía borrar todos los aspectos de renovación y avance educativos, además de formar leales y entregados súbditos de la nueva España que se estaba construyendo
La educación estuvo, entre otras causas, en la raíz de la guerra civil. Lo demostraría el hecho de que el bando vencedor no sólo liquidó radicalmente el modelo republicano educativo, sino que desarrolló en guerra y en la posguerra una intensa represión contra los docentes, a través de dos mecanismos: la liquidación física y la depuración. En los últimos tiempos vamos conociendo los altísimos porcentajes de maestros, profesores de instituto y universidad que fueron fusilados o depurados. Para entender el espíritu de la represión que sufrieron los maestros y maestras es muy clarificador lo que dictó José María Pemán, a la sazón presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza del bando sublevado, en una fecha tan temprana como la del 7 de septiembre de 1936, en una circular destinada a los vocales de las Comisiones Depuradoras:
“El carácter de la depuración que hoy se persigue no es sólo punitivo, sino también preventivo. Es preciso garantizar a los españoles, que con las armas en la mano y sin regateo de sacrificio y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo y que han sembrado de duelo la mayoría de los hogares de España (…). Si todos cuantos forman parte de la Comisiones depuradoras se compenetran de esta manera de pensar y la transmiten en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su labor en sus informes, es cosa segurísima que antes de mucho, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida y enlutada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa, un nuevo siglo de oro para la gloria de la Cristiandad, de la civilización y de España”.
La nueva educación impuesta por el franquismo debía borrar todos los aspectos de renovación y avance educativos, además de formar leales y entregados súbditos de la nueva España que se estaba construyendo. La escuela debía inculcar una serie de valores que se pueden resumir en un exaltado patriotismo españolista, obediencia a Franco y a las autoridades. Todas las asignaturas tendrían un marcado cariz ideológico en este sentido. El segundo pilar la defensa de los valores católicos en su versión más integrista o nacional-católica. La Iglesia recuperó el protagonismo en la educación que había perdido con la Segunda República: la religión católica volvió a ser una asignatura obligatoria en todos los niveles y la institución retornó a ejercer la inspección moral de las escuelas.
Curiosamente, el franquismo no consideró nunca que la educación debía ser responsabilidad exclusiva del Estado. Las nuevas leyes educativas dejaban esta responsabilidad a la sociedad, con la ayuda del Estado. Lo que ocurrió fue la Iglesia era la única fuerza social con posibilidades para asumir la tarea docente. El Estado se desatendió y la Iglesia alcanzó un poder educativo muchísimo mayor que el que había tenido antes de la Segunda República. Esta característica fue muy particular del franquismo a pesar de su clara vinculación con el fascismo, un sistema político totalitario que hizo de la educación un pilar fundamental del control de la población. Pero el franquismo tenía un componente religioso muy acusado y, en ese sentido, cedió el protagonismo a la Iglesia Católica en el terreno educativo, siempre y cuando se inculcase el ideario del nuevo régimen en la escuela. Por su parte, la Iglesia no tuvo ningún problema en aceptar esta condición.
En plena guerra civil se dio la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938, que pretendía diseñar la educación de las élites y clases medias españolas, y que estuvo en vigor hasta 1953. En el bachillerato se ingresaba con diez años, duraba siete cursos, teniendo el alumno que pasar un examen de estado para ingresar en la Universidad.
La siguiente ley del primer franquismo se aprobó el 29 de julio de 1943 y afectaba a la Universidad, considerada como católica. El rector debía ser miembro de la FET y de las JONS y los profesores universitarios necesitaban para ejercer una certificación de la Secretaría General del Movimiento que acreditase su adhesión a los principios del Estado.
La enseñanza primaria fue la última en ser reformada y lo fue por una Ley de 1945. Esta disposición otorgó un poder casi omnímodo a la Iglesia Católica. El nivel de primaria se dividía en dos etapas: la general de 6 a 10 años, y una especial de 10 a 12 años. Esta disposición estableció una rígida segregación, ya que, habría alumnos que con diez años, al terminar la etapa general, pasarían al bachillerato, mientras que otros, cursarían la etapa especial para terminar su vida escolar e ingresar en el mercado laboral, siendo obligación de la escuela orientar en un sentido u otro a los alumnos. Esta Ley es importante, además, porque dejó muy claro el derecho de la familia en relación con la educación, ya que afectaba a toda la población, al ser el único nivel obligatorio. Además, la familia tenía el deber de proporcionar esa educación a los hijos. Para ello, la familia podría elegir las personas o centros donde los niños y niñas recibirían su educación primaria. La escuela era definida como una comunidad activa de maestros y escolares, instituida por la familia, la Iglesia o el Estado, “como órganos de la educación primaria para la formación cristiana, patriótica e intelectual de la niñez española”. Habría tres tipos de escuelas: las públicas nacionales, las de la Iglesia y las privadas.
Por fin, en 1949 entró en vigor la Ley de Formación Profesional, que recogía parte del ideario en esta materia de una disposición de la época de la Dictadura de Primo de Rivera. Esta ley consagraba las tradicionales escuelas de artes y oficios, acorde con la situación económica española todavía lejos de la industrialización y de la necesidad de formar trabajadores cualificados y especializados.
La segunda etapa en la historia de la educación en el franquismo comenzaría en 1953 y duraría hasta 1970. El adoctrinamiento ideológico tendió a ir menguando en la escuela de la España de los años cincuenta y sesenta, aunque el poder de la Iglesia siguió siendo intocable. La primera disposición de esta nueva etapa fue la Ley sobre Ordenación de la Enseñanza Media de 1953. Esta ley era menos ideológica y pretendía una mejor formación académica de los alumnos en este nivel educativo. Además, fue un primer paso para generalizar la educación hasta los catorce años, aunque se mantuvo la doble vía, y hubo que esperar, en este sentido, a la Ley General de 1970. Para acceder a este nivel medio educativo había que pasar una prueba de ingreso. La enseñanza media se organizaba con un bachillerato elemental de cuatro años. Para acceder al bachillerato superior de dos años había que pasar una reválida, habiendo otra reválida al terminar esta etapa. Ese era el denominado plan general, porque luego había un plan especial de tipo laboral con cinco cursos y dos reválidas. Para acceder a la Universidad se cursaba un curso de preparación, con una prueba de madurez.
En el mismo año de 1953 se aprobó la Ley de Construcciones Escolares, que establecía un sistema de convenios entre el Estado, las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos para construir escuelas.
La Ley de julio de 1957 sobre enseñanzas técnicas incorporó a la Universidad las escuelas de ingeniería y arquitectura. En los años sesenta se dieron otras disposiciones sobre bachilleratos laborales y se modificaron algunas cuestiones sobre la enseñanza media.
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