domingo, 29 de abril de 2018

De Fariña á Gürtel: Rajoy sempre estivo alí



Rodolfo Irago
https://luzes.gal/
O espectacular éxito da serie Fariña estanos permitindo revivir uns anos cruciais na historia recente de Galicia e do Partido Popular, entón Alianza Popular. O seu impacto sobre a opinión pública está aínda por ver.
A metade dos galegos que sentaron un mércores perante a tele viron como todo un presidente da Xunta, como Gerardo Fernández Albor, quen por certo acaba de cumprir 100 anos entre homenaxes de Rajoy e Feijóo, reuníase nos anos 80 en Portugal cos capos do contrabando fuxidos da xustiza e pactaba con eles o seu regreso a Galicia a cambio de impunidade.
Á semana seguinte escoitaron como diñeiro do narcotráfico se desviaba para «botar a Rajoy da Deputación de Pontevedra» ao parecer porque non lle gustaba o que estaba pasando cos capos. Iso si, na serie aclaran que Fraga si estaba con eles e por iso díxolle ao hoxe presidente do Goberno que casase, aprendese galego e fose a Madrid.
Ou sexa que Rajoy sabía que o seu partido se financiaba con diñeiro dos Terito, Oubiña, Miñanco e compañía; non estaba de acordo, pero sabíao e como faría anos máis tarde coa Gürtel mirou para outro lado e seguiu coa súa carreira política.
Fariña rememora tamén a escandalosa conexión cos narcos de alcaldes populares como Nené Barral ou avogados como Pablo Vioque e, por suposto, o financiamento do partido, primeiro co tabaco de batea e logo con todo o que chegaba ás rías.
«A Xunta está comprada» dise con total naturalidade na serie. Todo así, sen anestesia. O libro de Nacho Carretero, insolitamente secuestrado tras unha denuncia doutro ex-alcalde popular, Bea Gondar recolle tamén a non explicada amizade entre o hoxe presidente galego, Núñez Feijoo e outro dos capos históricos, Marcial Dorado.
Preguntado o outro día polas consecuencias políticas e sociais da serie, Feijóo sacudiuse o espiñento asunto de enriba dicindo que unha cousa é a ficción e outra a realidade. Un argumento que non vai a lado ningún porque neste caso parece que a realidade foi incluso peor que a ficción.
No medio do afundimiento do PP pola corrupción, a crise de Estado en Cataluña e escándalos como o de Cifuentes, resulta que agora os espectadores están vendo ou rememorando como o partido que, a día de hoxe aínda goberna en Madrid e en Santiago naceu, creceu e desenvolveuse primeiro a lombos do contrabando e o narcotráfico e logo grazas ao financiamento ilegal da Gürtel.
Parece difícil que todo isto non teña consecuencias, aínda que hai quen pensa tamén que estamos xa demasiado anestesiados.

Fotografías de las víctimas de la radiación de Chernobyl

Julieta Sanguino
https://culturacolectiva.com/

Niñas y niños estaban dormidos, sus padres, veían las últimas escenas de televisión al día para prepararse para la mañana siguiente, con su jornada normal. De pronto, a la 1:23 de la mañana, la mayor tragedia humana y ecológica de todos los tiempos acabó con la ciudad. El 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la planta nuclear de Chernobyl acabó con la vida de 8 millones de personas de Bielorrusia, Ucrania y Rusia.


Paul Fusco

El pánico se desató, cientos de personas tuvieron que ser trasladadas a otros lugares porque la radiación era demasiado alta. Las que una vez fueron ciudades con vida desaparecieron casi por completo: niños, colegios, hoteles, jardines, escuelas y la vida citadina se extinguieron como si se tratara de un Apocalipsis local.

La zona quedó vetada del mundo. Nadie entra ni sale sin tener antes autorización. Es un gueto, un lugar imaginado, la esperanza perdida de un mundo que parecía progresar en la industria nuclear. Los periodistas e investigadores pueden entrar pero nadie más. Los militares tienen retenes y científicos e ingenieros entran bajo el control armado de hombres que aseguran protegerlos.

Jadwiga Bronte

Adentro es otro mundo. Uno que parece futurista, la realidad de lo que nos espera si dejamos de esforzarnos por cuidar nuestro hogar, un planeta cada día más devastado. Pero en ese mundo que parece no tener vida, aún hay resquicios de aquellos que permanecieron en su hogar. No son muertos pero el olvido de un mundo ajeno a ellos, parece ser su tumba que permanecerá cerrada hasta su muerte. Malformaciones y enfermedades los aquejan. Permanecen como en un lugar desierto en el que son sombras fantasmagóricas que solamente yacen de pie.


Jadwiga Bronte

Esas familias que aún residen en la zona han logrado sobrevivir treinta años comiendo y bebiendo productos contaminados. Su vida es un pasaje insólito y esperanzador de vida en un sitio donde la historia parecería haber dejado todo muerto. Ellos continúan y la vegetación crece, pues, según los científicos, tanto plantas como humanos pueden llegar a acostumbrarse a niveles de radiación. El desastre aún se siente. Con cientos de partículas en la atmósfera terrestre, la radioactividad está en todos lados y aquellos que continúan en el sitio, respiran el polvo radioactivo cada instante.

Paul Fusco

Dos fotógrafos han decidido plasmar los desastres de Chernobyl en la comunidad que ahora persiste y permanece en el lugar. El primero de ellos es el fotoperiodista Paul Fusco, quien asegura, lo único que busca es que las personas vean. Con su serie "Chernobyl Legacy" retrató en blanco y negro el horror de los habitantes. Algunos sin sistema linfático, con columnas vertebrales deformes o tumores que no podían ser removidos, logró captar el estilo de vida de aquellos que se han convertido en unos parias sin querer serlo.


Paul Fusco


Paul Fusco

En tres visitas logró captar a aquellos quienes la radiación destruyó; los que reciben amor pero no educación. Que nunca han visto el mundo exterior, el avance del mundo y por supuesto, nunca han disfrutado de los placeres banales del mundo real. Quién sabe qué piensen si ven una dona de chocolate, un programa de televisión o un celular, ellos son víctimas de un error nuclear que nada tenía que ver con ellos. Son el error que pesa en la conciencia de los científicos e ingenieros, pero viven felices, ignorando lo que hay afuera.


Paul Fusco

Decidió comenzar su proyecto porque nació en Polonia, parte de la Unión Soviética cuando ocurrió el desastre de Chernóbil, así que, después de leer sobre el tema y conocer el trabajo de Fusco, sentía que era su deber fotografiar a aquellos que aún sufren. Aquellos a los que visitó Bronte eran fuertes y nobles y con su trabajo pretende demostrar que, aunque tengan malformaciones, pueden estudiar, trabajar, construir relaciones duraderas y contribuir a la sociedad. Una felicidad cruda.


Jadwiga Bronte


Jadwiga Bronte


Jadwiga Bronte


Paul Fusco


Paul Fusco


Paul Fusco

O comer o medicarse: la peor cara de los recortes en sanidad del Gobierno

Desde que España aplicó la receta de la austeridad para hacer frente a la crisis económica se ha producido un deterioro en el acceso, la asequibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria, sobre todo, entre personas con  rentas bajas, denuncia Amnistía Internacional en un demoledor informe.

JAIRO VARGAS
http://www.publico.es/


Una manifestación contra los recortes en sanidad del Gobierno del PP.- EFE/Archivo

"Este mes no voy a la farmacia porque no me puedo permitir los medicamentos que tengo que pagar. Antes, medicamentos imprescindibles, como el álmax, o gotas para los ojos, o jarabe para la tos, no los tenías que pagar, ahora no hay mes que no me deje en la farmacia entre ocho y diez euros”. Son palabras de E., una mujer pensionista que ingresa menos de 800 euros al mes.
La de esta mujer, que tiene que elegir entre comer o medicarse, es sólo una de las casi 250 entrevistas que ha realizado Amnistía Internacional (AI) para elaborar su último informe sobre los efectos de las políticas de austeridad en España. Bajo el título La receta equivocada, la organización denuncia que los recortes en sanidad que sucedieron a la crisis económica ha provocado un deterioro notable en el acceso a un derecho humano fundamental: el derecho a la salud.
Según este informe, la sanidad en España es ahora más cara, menos accesible y de peor calidad que hace una década. Entre las razones, AI destaca el recorte del gasto público en sanidad, la introducción del copago farmacéutico y reformas que han excluido a sectores de la población del acceso a la sanidad pública. La peor parte del tijeretazo recae, una vez más, entre las personas de rentas más bajas, sobre todo, entre enfermos crónicos, personas mayores, gente en tratamiento de salud mental y personas con discapacidad.
El estudio repasa las diferentes medidas que el Gobierno del PP fue tomando para seguir los dictados de Bruselas en cuanto al déficit público. Así, España pasó de una primera fase de inversión y gasto público a un recorte sin precedentes en esta materia que, en sanidad, ha dejado desprotegidos a colectivos vulnerables. En concreto, España recortó desde 2009 su gasto sanitario, llegando al 2013 con un descenso del 12,7% respecto a 2009. Es decir, si el Estado gastaba en sanidad más de 70.000 millones de euros en 2009, en 2013 apenas superaba los 60.000 millones. Igualmente, el gasto sanitario per cápita cayó de los 1.600 euros a menos de 1.500. Una tendencia que, aunque se está revirtiendo, sigue muy lejos de los años previos a la crisis económica.

Los dramáticos efectos del copago

A esto hay que añadir la entrada en vigor del Real Decreto de 2012 que, además de excluir del Sistema Nacional de Salud a los inmigrantes en situación irregular, supuso la reorganización de la cartera de servicios del sistema público sanitario e introdujo el copago farmacéutico, es decir, que parte de los costos sanitarios recaían sobre las personas. Así, el precio de los medicamentos cubiertos por la Seguridad Social se ha incrementado entre un 10 y un 20% (según la renta) y personas que antes no pagaban, como los pensionistas, ahora pueden llegar a pagar hasta un 10% de sus medicamentos con un tope mensual de ocho euros (para quienes tienen ingresos menores a 18.000 euros). Del mismo modo, el Gobierno eliminó la cobertura pública de más de 400 productos, entre ellos, medicamentos para aliviar dolor o síntomas de enfermedades crónicas.
"Muchas personas me piden que les recete algo barato para que puedan pagarlo", afirma un médico
“Las familias dedicaron un mayor porcentaje de los gastos del hogar a costes relacionados con la salud”, explica el informe, que critica que “afectó desproporcionadamente a los grupos económicamente más vulnerables”. El resultado se resume en la afirmación de uno de los 75 profesionales sanitarios entrevistados por AI. “Muchas personas me dicen: por favor, recéteme algo barato para que pueda pagarlo”, aseguró. Otro médico afirmó a AI: “No creí que esta cuestión se convirtiera en un problema pero, después de la crisis, veo que muchas personas mayores que no pueden afrontar los costes de los medicamentos”. Uno de los enfermos entrevistados por AI sostuvo: “No puedo vivir con ese dolor, tengo que tomar mis medicinas. O tomo las medicinas, o me suicido [a causa del dolor] […] así que, si tengo que matarme de hambre, lo hago, porque tengo que comprar las medicinas”.
De los más de cien usuarios de la sanidad pública entrevistados por AI, casi todos afirmaron que su gasto en atención sanitaria había aumentado desde el inicio de la crisis y que, aunque las cantidades no eran altas, “suponían un esfuerzo considerable” debido a lo reducido de sus ingresos o a que ahora tenían que mantener a más personas (hijos o familiares en desempleo) con el mismo dinero. Algunos tenían que elegir entre pagar su tratamiento o hacer frente a otros gastos y otros reconocen que no podrían costearse la medicación sin ayuda de familiares.
"Las medidas de austeridad adoptadas por España están en conflicto directo con la obligación contraída por el Gobierno de hacer efectivo el derecho a la salud. Hablamos con pacientes de cáncer que no pueden permitirse los medicamentos que necesitan para aliviar los efectos secundarios de la quimioterapia, y con personas con enfermedades mentales cuya asistencia se ha visto gravemente restringida. Estos recortes no sólo son regresivos: son crueles”, afirma Sanhita Ambast, investigadora de Amnistía Internacional sobre Salud.

Menos médicos, peor atención

La otra cara de la austeridad es la precarización de las condiciones laborales del personal sanitario y la disminución de las plantillas. Según el informe de AI, entre las recetas de austeridad del Gobierno se incluyeron el aumento de la jornada laboral hasta las 37,5 horas, restricciones a nuevas contrataciones, congelaciones salariales y aumento de los contratos temporales en el Sistema Nacional de Salud. El resultado fue que, entre 2012 y 2014, la sanidad pública perdió casi 28.500 profesionales y, aunque desde 2015 ha ido aumentando, aún no se ha vuelto a los números previos a 2012. En 2016, CCOO ya advirtió de que uno de cada tres trabajadores de la sanidad pública era precario.
Entre 2012 y 2014, la sanidad pública perdió 28.500 profesionales
Todos los profesionales entrevistados para el informe dijeron que su trabajo se había vuelto más difícil, que atendían a más pacientes y que sus jornadas se habían alargado. Del mismo modo, sostuvieron que el tiempo de consulta por paciente se había reducido. Algunos aseguraron que sólo podían dedicar entre uno y tres minutos a casa pacientes.
La organización destaca el alto número de trabajadores sanitarios que afirmaron sentirse “impotentes” y “desilusionados con el sistema” a raíz de los recortes. "Sabemos que muchos enfermeros y enfermeras han dejado su trabajo por estrés. Muchos entienden hasta 33 casos complejos al día. Lo dejaron porque les resultaba imposible", reconocía un médico. Una situación parecida a la que explicaron a Público las enfermeras del Hospital de La Paz de Madrid el pasado invierno.

Aumento de la lista de espera

Menos recursos y menos personal derivan irremediablemente en más tiempo de espera, sobre todo porque, en un contexto de crisis económica, también aumentó la demanda de asistencia sanitaria. Según el informe, este fue uno de los problemas más comentados por los entrevistados, ya fueran trabajadores o pacientes. No sólo hay que esperar más para una operación, sino también para la visita a médicos especialistas, para pruebas diagnósticas y para opciones de tratamiento. Como ejemplo, AI destaca que el tiempo de espera medio para cirugía electiva pasó de 65 días en 2010 a 115 en 2016, casi el doble. Del mismo, el número de personas en espera pasó de poco más de 10.000 a casi 14.000 en el mismo periodo.
El impacto de estos retrasos ha afectado profundamente a enfermos crónicos o degenerativos con fuertes dolores y, también, a enfermos de cáncer a los que, fruto de ese colapso, se les tardó en diagnosticar y más aún en tratar.
"A mi madre la diagnosticaron en 2013 de un cáncer, la operaron en 2015 y falleció en 2016. Pero a mí, con un bulto en el pecho tardaron más de nueve meses en diagnosticarme el cáncer porque me dicen que esos no son antecedentes a tener en cuenta”, asegura a AI Patricia, una enferma de cáncer de pecho de 32 años.
Uno de los entrevistados, en tratamiento psicológico, explicaba cómo le había afectado la reducción de los tiempos de consulta: “El doctor me pregunta si me siento bien o no y si tomo las medicinas, pero nada más. Según tengo entendido, [el sistema] está saturado de gente [...] Es normal que los médicos sólo le dediquen cinco minutos a cada persona”.
Los autores del informe recuerdan que este mismo mes, un órgano experto de la ONU concluyó también que las medidas de austeridad adoptadas tenían un efecto regresivo en el disfrute del derecho a la salud, y que algunas medidas de austeridad siguen afectando desproporcionadamente a las personas y grupos más desfavorecidos y marginados del país.
AI critica que las instituciones de la UE “o bien guiaron al Gobierno español hacia políticas incompatibles con la obligación de España de hacer realidad el derecho a la salud, o bien no hicieron lo suficiente para mitigar su posible impacto sobre los derechos humanos”, por lo que pide que realicen evaluaciones del impacto que sobre los derechos humanos tienen todos los programas de reforma económica y asistencia financiera en España, algo que España no se ha hecho ni durante ni después de la crisis económica.

Tres magistrados del TC advierten en su voto particular que la educación segregada por sexos vulnera la Constitución

El alto tribunal hace pública la sentencia que concluye que los centros privados de educación diferenciada por sexos puedan acceder "al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos"

El fallo sostiene que este modelo educativo "no causa discriminación" y "es respetuoso con la Constitución"

https://www.infolibre.es/


Sede del Tribunal Constitucional. E.P.
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) concluye que los centros privados de educación diferenciada por sexos puedan acceder "al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centros educativos", al considerar que este modelo educativo "no causa discriminación" y "es respetuoso con la Constitución".

Con estos argumentos, el Pleno del TC desestimó el pasado 10 de abril, por mayoría de ocho votos, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2014 por el Grupo Parlamentario Socialista contra algunos preceptos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) como los conciertos a la educación diferenciada.

En la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados del TC exponen que la educación diferenciada solo constituye una "diferenciación jurídica" entre niños y niñas "en cuanto al acceso al centro escolar" y un método pedagógico que forma parte del "derecho del centro privado a establecer su ideario o carácter propio" que forma parte de la "libertad de enseñanza". La sentencia se sustenta en tratados internacionales como la Convención de la UNESCO contra la discriminación o la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la discriminación hacia la mujer.

El TC argumenta que cualquier niño o niña, "al margen del método pedagógico que elijan sus padres", tiene garantizado el puesto escolar en España. También que la "programación de las enseñanzas" no cambia "en función de si el centro es mixto, femenino o masculino", por lo que en el caso de producirse sería responsabilidad del centro escolar y no del "modelo" de educación que separa por sexos.

Por todo ello, el TC concluye que estos centros "podrán acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad con el resto de centro educativos" sin que "el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda alzarse en obstáculo para dicho acceso".

"El sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria", sentencia el TC, recordando que la "gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública" ni negarse a los centros privados porque "implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública" y "cercenaría de raíz, no solo el derecho de los padres a elegir centro docente, sino también el derecho de creación de centros docentes".

La asignatura de Religión, constitucional

Por otra parte, la sentencia también defiende la constitucionalidad de la asignatura de Religión, ya que el recurso del Grupo Parlamentario Socialista cuestionaba su equiparación en la LOMCE con la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, algo que el TC no considera "excluyente" para la formación del alumnado.

En el fallo, se defiende que la asignatura de Religión no vulnera el principio de neutralidad religiosa del Estado porque no implica "valoración alguna de las doctrinas religiosas" y garantiza el "derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones".

Del mismo modo, el TC afirma que cursar Religión no provoca discriminación porque la LOMCE opta por un "modelo transversal" en el que la educación cívica y constitucional está presente en todas las asignaturas de Primaria y Secundaria, asegurando así la formación de todos los alumnos, también los de Religión, "en los valores que constituyen el fundamento de una sociedad democrática".

Tres votos discrepantes

La sentencia, de la que fue ponente Alfredo Montoya, contó con un voto particular recurrente, el de la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, y el discrepante de tres de los doce magistrados que componen el Pleno.

Roca considera en su voto particular recurrente que "son muy discutibles" las afirmaciones del fallo sobre el derecho de los centros de educación diferenciada a acceder al concierto educativo "para así garantizar la gratuidad de las enseñanzas que presta".

Mientras, el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré considera que "la educación segregada por sexo vulnera de manera frontalel artículo 27.2 de la Constitución, el que proclama que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

Según este magistrado, la "segregación por sexo" impide "educar a partir de una percepción democrática de los acusados conflictos de género que en nuestra sociedad aún se mantienen", así como el papel de la escuela "como espacio de excelencia de socialización y convivencia en la igualdad desde la infancia más temprana". Por todo ello, Valdés Dal-Ré concluye que la educación diferenciada "lesiona el ideario educativo constitucional en uno de sus pilares: el de la igualdad".

Por su parte, el magistrado Juan Antonio Xiol Ríos argumenta que "la segregación sexual binaria en los centros docentes privados vulnera la prohibición constitucional de la discriminación por razón de sexo e identidad sexual" y carece de justificación por "basarse en el tópico de la diferencia de talento y capacidades entre los sexos".

Por último, la magistrada María Luisa Balaguer Callejón defiende que la educación diferenciada "no tiene cabida en el marco de la Constitución de 1978" y afirma que no existen estudios que demuestren que este modelo "mejora el rendimiento académico en términos generales".

No, comprarse un coche a gas no es ecológico

Asistimos a una creciente promoción del gas como combustible alternativo en el transporte, con una fuerte apuesta de las empresas del sector y un claro apoyo institucional

La narrativa que impulsa esta apuesta presenta al gas fósil como un combustible limpio y bajo en carbono; una falacia irresponsable y muy poco seria a la luz del reto climático que tenemos por delante

En términos climáticos un coche a gas no es ecológico, se ponga como se ponga la publicidad

Samuel Martín-Sosa Rodríguez
https://www.eldiario.es/

Cómo repostar autogas

Cada vez es más frecuente toparse con publicidad como la que encabeza este artículo. SEAT ha emprendido con fuerza una campaña para promocionar sus nuevos híbridos de gasolina y gas, y el reclamo eco (económico y ecológico) es tan potente que hasta se llega a afirmar que si quieres ahorrar, debes conducir más. No se han atrevido a decir que si quieres salvar el planeta, debes pisar el acelerador, pero casi. El fabricante de coches, que ha elegido nuestro país como cuartel general para el desarrollo de vehículos a gas, asegura que en 2020 espera multiplicar por diez las ventas de coches alimentados por este combustible, para que lleguen a representar en 2025 el 50% total de sus ventas.
Su publicidad afirma sin ningún empacho que los vehículos a GNC (gas natural comprimido) resultan más ecológicos que los diésel, gasolina e incluso híbridos eléctricos no enchufables. La campaña de esta marca a favor de esta fuente de energía no es un hecho aislado y se encuadra dentro de un fuerte impulso general de promoción del gas en todo el sector del transporte –y en todo el modelo energético en general-, aupado por la narrativa dominante de que el gas es un combustible limpio.
Pero no. El gas es un combustible fósil. Para nuestros despistados amigos de SEAT, recordaremos que los combustibles fósiles son esas fuentes energéticas que la ciencia nos dice que debemos dejar bajo tierra sin extraer, si queremos cumplir con los objetivos climáticos. La industria automovilística necesita desesperadamente transmitir la idea de que está reinventando el sector, después haber perdido en buena medida su credibilidad tras el terrible engaño al que sometió a la sociedad con el DieselGate. Por ello es muy preocupante este nuevo capítulo de postverdad climática y ambiental, esta vez con el gas.
Los días 11 y 12 de abril se celebra el VI Congreso de GASNAM, la Asociación Ibérica del gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), cuyo objetivo es promover estos combustibles como la alternativa para el transporte marítimo, por carretera, y por ferrocarril. Bajo el lema “Gas natural, ecología inteligente para la movilidad”, este encuentro está patrocinado por la mencionada marca española de coches, por las grandes compañías del oligopolio gasista de nuestro país -Enagás y Gas Natural Fenosa- y por otros conocidos de la industria fósil como Repsol o Galp. Un escaparate perfecto para seguir vendiendo al público y a las instituciones una mentira, que, de tanto repetirla, podríamos llegar a creérnosla: la de que el gas será una pieza fundamental para descarbonizar el transporte.
El apoyo institucional ya está servido. El último plan estatal de ayudas a la adquisición de vehículos alternativos (MOVALT) ya incluyó a los coches propulsados a gas (GNC y Autogás). Los 20 millones de euros se agotaron en 24 horas. El plan, que concede 2.500 euros a los vehículos de GNC, convierte a éstos en “una oferta imbatible desde el punto de vista puramente económico”, según SEAT. Este tipo de acciones está provocando que el transporte eléctrico esté cediendo terreno al gas en España. Y no solo en el transporte por carretera: somos el primer país del  mundo en poner en marcha un tren piloto alimentado por Gas Natural Licuado (GNL), que desde comienzos de 2018 presta servicio en una línea de ferrocarril del norte español.
La apuesta por el gas viene pisando fuerte. GASNAM anunció recientemente que las matriculaciones de vehículos privados de gas aumentaron un  112% entre 2016 y 2017 y el número de gasineras en 2018 aumentará en un 140%. Actualmente el número de estaciones de servicio en las que se puede repostar gas, apenas llega a sesenta en todo el país (la mitad de ellas en manos de Gas Natural Fenosa). Es de locos empezar a montar toda una nueva infraestructura de transporte, creando demanda en un sector naciente. Y todo para sustituir un combustible fósil…por otro.
La contaminación atmosférica en las ciudades ha puesto al diesel en el punto de mira, debido al serio problema de salud pública generado, en parte, insistimos, por los engaños de la industria. Esa misma industria que ahora se ofrece como salvadora y portadora de la solución. El diesel tiene las horas contadas en España -y en Europa- y debe desaparecer. Como la industria no ha cumplido con la ley, y los vehículos diesel Euro 6 contaminan mucho más de lo que la publicidad nos dice, ciertamente el gas ofrece ventajas a la hora de reducir la contaminación por óxidos de nitrógeno y por partículas en suspensión, principalmente respecto al diesel en vehículos de pasajeros (no parece tan clara la diferencia en vehículos pesados). Pero esto no puede en ningún caso servir de coartada para que los mismos que han creado el problema nos vendan como ecológica la sustitución de un combustible fósil por otro.
Porque en términos climáticos, un coche a gas, no es ecológico, a pesar de lo que nos diga la publicidad. Las supuestas ventajas comparativas que se esgrimen para el gas fósil, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, lo son en este caso con respecto a la gasolina; la industria afirma que un coche con gas natural reduce las emisiones de C02 hasta un 25% en comparación con un motor de gasolina. Y debemos preguntarnos: ¿en serio? ¿El pilar sobre el que se asienta el nuevo modelo de transporte va a ser un combustible que emite un poco menos de CO2? ¿Pero es que no leemos las noticias del gran reto climático al que nos enfrentamos?
Además, la literatura científica más reciente nos alerta de que hemos venido sistemáticamente infravalorando la huella climática del gas. El gas fósil es en su mayoría metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento climático 86 veces superior al del CO2 en los primeros veinte años de prevalencia en la atmósfera. El metano tiende a fugarse al estar en condiciones de presión. Las ventajas climáticas al quemar gas fósil en lugar de gasolina (menores emisiones de CO2) quedan anuladas si las fugas de metano son significativas. La ciencia muestracada vez con más contundencia que lo son.
La apuesta por el gas fósil y toda la narrativa ecológica que pretende envolverlo, hay que buscarla por un lado en la necesidad de buscar nuevas salidas al gas en un sistema gasista absolutamente sobredimensionado. España es el cuarto país del mundo en capacidad de regasificación, es decir, de importar gas por barco. Tenemos un montón de infraestructuras gasistas infrautilizadas y deficitarias -que por cierto han contribuido a la pobreza energética al revertirse una vez más su déficit sobre el consumidor- ávidas de nuevos usos que las hagan rentables. Por otro lado, las razones también hay que buscarlas en la ya mencionada necesidad de las empresas automovilísticas de reinventarse y aparecer como esa industria responsable que expiará sus pecados pasados salvándonos de los efectos de sus propios engaños.
Dar apoyo al desarrollo del gas en el transporte es claramente apostar por un modelo equivocado, que contribuye a alentar nuevos proyectos de gas en Europa que son innecesarios. Estas infraestructuras permanecerán en activo durante los próximos 30 o 40 años; un tiempo perdido en términos de lucha climática. Un reciente estudio del Tyndall Centre for Climate Change Research apuntaba que Europa básicamente no puede permitirse nuevas infraestructuras de gas si quiere tener alguna oportunidad de cumplir con los objetivos de París.
Por ello no debemos dejarnos embaucar por los cantos de sirena que se escucharán en el Congreso de GASNAM estos días. Deberíamos exigirles que dejen de engañar y decirles claramente que la industria fósil no tiene futuro, tampoco en el transporte. Que los combustibles fósiles formen parte de la ecuación para reducir las emisiones es algo fuera de toda lógica. La contaminación atmosférica mejora cuando se reduce el tráfico. Y las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen cuando se dejan de quemar combustibles fósiles.
La verdadera apuesta solo puede ir por una transformación absoluta del modelo de movilidad que no se base en los desplazamientos individuales. Necesitamos exigir la mejora y el fomento del transporte público, la promoción de los modos no motorizados de transporte, la reducción de las necesidades de desplazamiento, la compactación las ciudades, la electrificación de los autobuses y el ferrocarril,…eso si que es ecológico.
Poner la pegatina de la DGT que clasifica tu coche no será obligatorio

Lamela o el desmantelamiento de lo público para hacer negocio

  • El hoy exconsejero madrileño de Sanidad tejió una compleja red de sociedades relacionadas con la sanidad y es adjudicatario de lo que privatizaba
  • Los responsables de la Administración se convierten en empresas de demolición que obtienen astronómicos beneficios con la expoliación del bien común


El Gran Wyoming
https://www.infolibre.es/



Manuel Lamela, el 2 de junio de 2006, cuando era consejero madrileño de Sanidad, durante una rueda de prensa. EFE
Yo hablo de sanidad sin apellidos”, contestó don Manuel Lamela a unos periodistas que le preguntaban por la idoneidad de que un consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como era su caso, dejara la política para entrar a formar parte de empresas cuyos ingresos tuvieran una relación directa con su gestión de gobierno. 

“Sin apellidos”, eso era antes. Ahora, gracias entre otros a él, podemos empezar a hablar de “sanidad con nombres y apellidos”. Recuerdo un chiste que circulaba en el año 1975, cuando Franco agonizaba, y en el Sáhara, entonces provincia española, el Frente Polisario se enfrentaba a las fuerzas coloniales. Doña Carmen Polo de Franco, mujer del dictador, le visitaba en el hospital y él le relataba sus preocupaciones sobre cómo se desarrollaban los acontecimientos previendo que la colonia iba a caer en manos de Marruecos, su atávico enemigo. Ella le respondía airada: “Te lo dije, haberlo puesto a mi nombre”.

Esta broma que sugería una exagerada y despótica manera de entender la relación de los dictadores con los medios que administran, se ha convertido en una esperpéntica realidad que amenaza con no detenerse hasta dejar absolutamente vacía la vitrina de las joyas de la corona. A esa forma de “poner a su nombre” el patrimonio de los españoles, los neoliberales, con la complacencia de los medios de comunicación, la llaman “privatización”.

Cuando uno observa que los presidentes de las principales empresas públicas de este país, como Telefónica, Repsol, Argentaria… se quedaron en el cargo una vez privatizadas y, para mayor escarnio del sistema democrático, resultaban ser amigos personales, en algún caso de la infancia, del presidente del Gobierno José María Aznar –véase Juan Villalonga, Alfonso Cortina, Francisco González o consejeros y asesores como Eduardo Zaplana, Ángel Acebes....–, entiende que se trata de una verdadera incautación, que nada tiene que ver con la transparencia y honradez que deberían presidir procesos de esta envergadura que, en ningún caso, han aportado el menor beneficio, sino todo lo contrario, al interés general. Los principales beneficiarios de estas operaciones han sido los cargos nombrados a dedo cuando eran empresas públicas que han acumulado, al hacerse copropietarios con la privapropiación, descomunales fortunas.
DE LA AUSTERIDAD AL SAQUEO

Ahora asistimos con perplejidad al descaro con el que se derivan grandes partidas presupuestarias desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid hacia empresas privadas en cuya cúpula directiva aparecen los exconsejeros que adjudicaron esos recursos. A simple vista parece un simple fraude para apropiarse de dinero público, cuando se dan las explicaciones pertinentes se confirma.

Son los casos del señor Juan José Güemes y del señor Manuel Lamela. Protegidos y encumbrados por Esperanza Aguirre que ahora, con su característica humildad se ofrece, desinteresadamente, para “regenerar la democracia”. Aznar también urge en la necesidad de hacerlo: los que inventan las trampas se ofrecen para cambiar las reglas del juego.

Ante tamaño atropello al sentido común y la honradez elemental, en estos tiempos de crisis en los que a muchos ciudadanos se les priva de lo esencial, aquellos que predican e imponen la austeridad, se dedican al saqueo. ¿Cómo reaccionan sus compañeros de partido? Salen en tromba, en su defensa apelando a la legalidad de esas operaciones.

Aguirre, Aznar y Botella en un mitin del PP de Madrid en Las Rozas.- PP

La legalidad se convierte en el manto que legitima toda clase de maniobras empresariales llevadas a cabo desde la gestión pública y que tienen como fin el lucro personal. Hay un debate al margen de los resquicios que permiten las leyes y que se refiere a la moralidad, la razón y la justificación de esas acciones.

Los ciudadanos no pagan impuestos de forma voluntaria. Tampoco la cantidad a tributar la deciden ellos. Es la distribución, el empleo de esos fondos públicos, es decir (usemos de nuevo esa palabra que tanto a gusta a los neoliberales) “la gestión” de nuestro dinero lo que nos escandaliza. Son muchos los millones de euros provenientes del trabajo de los ciudadanos que, en lugar de invertirse en servicios necesarios, terminan en los bolsillos de los administradores, al parecer, de forma legal. En otros casos de forma ilegal, pero con prescripciones por medio, que devuelven al presunto su honorabilidad, y su condición de ciudadano respetable y libre para disfrutar lo sustraído, compensando así los malos ratos que la Justicia haya podido hacerles pasar con sus penosos tramites burocráticos.

El efecto de lluvia fina

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar este estado de cosas? Viendo el énfasis con el que defienden altos cargos de la Administración estas aberrantes conductas, podemos deducir que quieren establecerlas como modelo. La primera vez que se descubre un caso de adjudicación de fondos públicos por parte de un consejero a la que más tarde será su empresa, se produce un escándalo, pero el goteo y la insistencia en la idoneidad de permitir a estas personas buscarse un puesto respetable en la empresa privada, una vez que abandonan el cargo público, produce el efecto de lluvia fina, y con ella este tipo de rapiña deja de ser noticia.

El listón de las tropelías va subiendo, cada vez pasa más basura por debajo, y con este sistema de expolio de nuestro patrimonio, la calidad de vida de los ciudadanos desciende, se les priva de la menor posibilidad de plantearse un proyecto de vida y desaparece la fe en el sistema, que en un proceso de retroalimentación favorece su desmantelamiento por la desafección de los beneficiarios hacia el Estado del bienestar. Los responsables de la Administración se convierten en auténticas empresas de demolición que obtienen astronómicos beneficios con la expoliación del bien común. Por eso, como decíamos, no se debe centrar el debate en la legalidad de estas perversas maniobras de enriquecimiento personal, sino en cuál es la misión para la que estos señores han sido elegidos y para qué le pagamos dinero nosotros, los ciudadanos, que somos los que les contratamos.
Juanjo Güemes PP Madrid Sanidad
La malicia de estas acciones queda aún más en evidencia si, como a ellos les gusta, llevamos su “gestión” al terreno de la empresa privadaque dicen entender muy bien. En unos casos, no hacen más que derivar clientes a la competencia para luego pasarse a ella en claro delito empresarial, pero en otros es aún más descarado, meten mano en la caja y reclaman la acción de la Justicia como único foro donde dar explicaciones. ¿Único? Cuando a alguien le sorprenden robando en su puesto de trabajo, primero tiene que aclarar lo sucedido a sus superiores y son estos los que le denuncian en la comisaría de turno si lo estiman oportuno.

En el caso de estos señores, se ahorran las explicaciones a los ciudadanos, en un desprecio absoluto hacia las reglas del sistema, olvidando que trabajan para ellos y no para los jefes que les nombran. Cuando se les llena la boca afirmando: “A nosotros nadie nos da clase de democracia”, suena redundante, es obvio que ni las reciben, ni las recibieron cuando salieron de aquel sitio para viajar al centro. Ese es uno de los principales problemas del partido que nos gobierna y que como una legión de termitas, incansables, pertinaces, está desmontando el Estado del bienestar.
EL 'CASO LAMELA'

Pero ¿quiénes son estos señores?

Analicemos el caso del señor Lamela. Veamos cómo se ha enriquecido desde que llegó a la política.

Al señor Lamela no le gusta la “sanidad con apellidos”. Tal vez sea consecuencia del mal resultado que le dio, desde el punto de vista mediático, no económico, la primera sociedad que fundó: Lamela Campos SL. Cuando fue ascendiendo en su carrera política, algunos miraban con malos ojos esa cohabitación de lo público con lo privado y decidió dejar el cargo de administrador único de la empresa, para cedérselo a su madre, que junto a su padre componían la totalidad del accionariado.

A pesar de no requerirle demasiado tiempo, ya que su dedicación a la política en aquellos años noventa parecía exhaustiva, le fue muy bien. El objeto de la sociedad era amplio, entre otras cosas, la actividad inmobiliaria y el asesoramiento en la fundación de empresas y, a pesar de que, como decíamos, su dedicación no era exclusiva, consiguió elevar el capital social de la sociedad de 500.000 pesetas con el que se fundó en 1992 hasta 1.013 millones en sólo diez años, es decir multiplicó el capital social por 2.000. Cuando se cuestionó la legitimidad de este tipo de enriquecimiento, enseguida se alegó que no tenía la mayoría del accionariado. Es cierto, no podemos olvidar que también había dos socios, dos personas mayores, sus padres que, a lo mejor, eran unos linces de las finanzas. En resumidas cuentas, estamos ante un ejemplo de cómo compatibilizar la gestión pública con los negocios privados puede rendir pingües beneficios. Claro que es difícil saber qué precio hacen las empresas a un consejero de una comunidad autónoma cuando este, a título personal, contrata sus servicios. Pero dejémonos de conjeturas y vayamos a los hechos.

Agricultura, Hacienda, Sanidad

Aclarado que es un gran empresario a tiempo parcial, siempre dentro de la legalidad vigente, desembarca en el Ministerio de Hacienda de la mano de Rodrigo Rato. En esa época, gracias a su dureza e intransigencia se creó fama de gran “solucionador de crisis”, aunque algunas las fabricara él mismo, como veremos más adelante. De esta etapa es la polémica que se desató durante el primer Gobierno de Aznar, cuando se acusó al saliente Felipe González de haber creado una amnistía fiscal para favorecer a sus amigos –¿les suena?– por un valor de 1.200 millones de euros. El presidente Aznar fue el principal valedor de esta acusación con la que fustigó a una perpleja oposición. Finalmente, se demostró que no existía tal amnistía, todo quedó archivado, nadie se disculpó, y de la crisis salió un vencedor, el que parecía ser urdidor de la trama, que rindió un gran beneficio político por aquello de “difama que algo queda”, cuando se implantó ese sucio estilo del “todo vale” que tanto gustaba al héroe de las Azores. Ese hombre en la sombra que empezaba a sonar en los pasillo se llamaba Manuel Lamela.
Manuel Lamela consejero Comunidad Madrid Sanidad

Esta manera tan efectiva de hacer política le llevó terminar como jefe de Gabinete de Rodrigo Rato, entonces vicepresidente y ministro de Economía, y con el que volvería a coincidir años más tarde en Bankia, mire usted por dónde.

Antes de Hacienda, pasó por el Ministerio de Agriculturadonde, de nuevo, se vio envuelto en varias crisis, la de las vacas locas, la del lino, la de un producto cancerígeno en un aceite de orujo que provocó el descrédito de nuestra exportación y la indignación de los agricultores… Allí donde hubiera un delito de corrupción económica o de salud pública, había un hombre capaz de resolverlo como fuera: nuestro hombre. Se autoadjudicó, con razón, esa medalla al mérito de resolver lo irresoluble gracias a, como decimos, su dureza e intransigencia, pero también y, sobre todo, a su falta de escrúpulos y su disposición a la fabricación de insidias para obtener rendimiento político o económico… La historia le daría la oportunidad de demostrar hasta qué punto era capaz de mentir sin parpadear, y de decir una cosa y su contraria sin el menor rubor. Arte que, por desgracia, se ha instalado, extendido, convertido en rutina y trepado hasta las más altas instancias de gobierno.

En el año 2003, de la mano de Esperanza Aguirre, entra en la Comunidad de Madrid como consejero de Sanidad, donde enseguida descubrirá eso que ellos mismos bautizaron en la convocatoria para capacitar a los empresarios de cara a la gestión de la sanidad pública como: “Una gran oportunidad de negocio”. Entonces, como ahora, los responsables de la Comunidad de Madrid negaban la más mínima intención de privatizar la sanidad pública, mientras se sacaba a subasta en el mercado. De nuevo nuestro hombre se encargó de resolver el problema de impopularidad que tal política suponía y para ello se valió de la estrategia más miserable de la historia de nuestra democracia: dio crédito a una denuncia anónima que acusaba a un equipo de médicos del hospital Severo Ochoa de haber asesinado a 400 personas.

Ataque al buque insignia de la sanidad pública

El hecho de que la acusación viniera de la propia Consejería aportaba credibilidad a la denuncia ya que sería el propio consejero denunciante el responsable en última estancia de estos hechos y, si esta fuera una democracia como las del resto de Europa, al darlos por ciertos, debería haber presentado su dimisión. Todo resultaba muy extraño, y especialmente traumático para los médicos denunciados que sufrieron un linchamiento social, mediático e institucional, durante casi tres años.
Hospital Severo Ochoa Leganés
El hospital Severo Ochoa de Leganés era uno de los buques insignia de la sanidad pública española. A pesar de cubrir dos áreas, es decir, tener asignados muchos más pacientes de lo normal, había sido celebrado como uno de los de mayor calidad de asistencia de toda España. No fue casualidad que el torpedo en la línea de flotación se lanzara, precisamente, contra este hospital. Entonces no se entendía bien por qué se realizaba una acusación tan grave desde la propia Consejería.

En primer lugar hay que tener en cuenta que la figura de una denuncia anónima no tiene el menor valor jurídico en un Estado de derecho. Esa misma denuncia, que al leerla causa rubor, ya había circulado con anterioridad por la consejería, y siendo consejero el señor José Ignacio Echániz (también del PP), quiso zanjar este asunto enviando un equipo médico al hospital para que investigara qué ocurría allí. Tras dos meses de averiguaciones concluyeron que no sólo no existían irregularidades en el trabajo de sedación de los enfermos terminales, sino que felicitaron al equipo por su buena labor terapéutica. Por eso es más sorprendente aún que Manuel Lamela decidiera tomar de nuevo la denuncia y utilizarla, ahora en los juzgados, para atacar a este grupo de médicos.

La funesta comparación con los nazis

A la vez que se detenía al doctor Luis Montes y salía en las portadas de todos los diarios acusado de asesinar a cuatrocientas personas como si fuera un psicópata peligroso, se firmaba en la sombra, sin el menor debate político o exposición de su contenido, los principios que regirían la privatización de la sanidad madrileña que estamos pagando ahora. La subrepticia introducción de la privatización de la sanidad en nuestras vidas, a espaldas de los ciudadanos, quedó totalmente eclipsada por estos supuestos homicidios y su polémico desarrollo político, mediático y judicial.
Luis Montes doctor hospital Severo Ochoa
La cuestión se complicó sobremanera, porque por el normal funcionamiento de un hospital, donde los equipos rotan, tienen turnos de asistencia, y los enfermos pasan por distintas plantas, no podría llevarse a cabo tamaña historia criminal mantenida en el tiempo sin la colaboración necesaria de decenas de profesionales, médicos, ATS, celadores… Para completar el absurdo, era un delito sin víctimas porque las familias de los supuestos asesinados no presentaron denuncia alguna, a pesar de recibir llamadas anónimas que les animaban a presentarse como acusación con lo que, decían, obtendrían cuantiosas indemnizaciones.

Estas personas nunca se identificaban, pero tenían todo tipo de datos de los familiares de los supuestos asesinados, no es difícil concluir de dónde salía la información. Lejos de eso, y a pesar de no tratarse, en general, de familias que vivieran una situación económica boyante, se negaron a denunciar a los médicos y manifestaron el buen trato que dispensaron en todo momento a sus familiares fallecidos. Las autoridades de la Comunidad de Madrid, tuvieron la desvergüenza de justificar esta ausencia de denuncias con el argumento de que se trataba, en muchos casos, de familias de bajo nivel cultural a las que resultaba sencillo manipular, que querían deshacerse de sus familiares mayores porque les suponían un estorbo en casa. Con tan falaz justificación ahora el asesino pasaba a ser el pueblo de Leganés. Las manifestaciones de apoyo al hospital y sus médicos se sucedían por las calles de la ciudad y el resto de la Comunidad de Madrid, mientras desde las radios y periódicos de la derecha se compara a estos médicos con los que dirigían los campos de exterminio nazi.

Sabía que eran inocentes

El señor Lamela se mantuvo firme en sus acusaciones y sostuvo la irregularidad de las sedaciones, aunque a veces afirmaba no tener nada que ver con la causa y que todo aquel embrollo era una cuestión judicial al margen de su competencia.

Como en anteriores ocasiones, la causa se archivó, pero el daño que causó a las personas afectadas fue tremendo. Yo realicé un documental sobre este tema para la televisión y después de analizar mucha información llegué a la conclusión de que en ningún momento el señor Lamela creyó que estos médicos habían matado a un solo paciente. Entre otras cosas porque no se les apartó de su servicio. Siguieron trabajando en el hospital, entrando y saliendo de los quirófanos. Implicaría una enorme irresponsabilidad dejar que personas que han asesinado a cuatrocientos pacientes sigan ejerciendo el oficio que les permite llevar a cabo sus planes criminales. Él sabía desde el primer momento que eran inocentes, de ahí la amoralidad y inmensa la crueldad de estos líderes políticos, dispuestos a lo que sea con tal de conseguir sus fines, en este caso, como he visto después, económicos.

Como él mismo afirmó después de la sentencia absolutoria de los médicos: “Sólo se dimite cuando alguien se equivoca”. En efecto, no se equivocó, la estrategia funcionó perfectamente, su mentora Esperanza Aguirre le felicitó y le manifestó su incondicional apoyo en todo momento, colaborando en la campaña difamatoria siempre que fue preguntada por el caso, mientras duró el proceso. Para ellos, el quebranto causado a estos profesionales desde la Consejería para la que trabajaban como médicos, era intrascendente, carecía de importancia, y a pesar de que la sentencia ordenaba “limpiar cualquier sombra de duda sobre mala praxis en el Hospital Severo Ochoa”, siguieron afirmando sin el menor problema de conciencia que, simplemente, “esa mala praxis” que denunciaban no se había podido demostrar.

El señor Lamela, al conocer la sentencia, aprovechó para marcharse de vacaciones a esquiar. No sentía que tuviera que dar explicación alguna a los ciudadanos por este embrollo que tuvo en vilo a la sanidad y a la sociedad entera durante tres años. Esta costumbre de eludir las obligadas explicaciones que merecen los ciudadanos también se ha instaurado entre la clase gobernante.

23 cargos en empresas ligadas a la sanidad
Javier Fernández Lasquetty consejero Comunidad Madrid
¿Acabó este escándalo con su carrera política? No, como dice la canción: “Nada de esto fue un error”. Lo réditos que rindió la estrategia son difíciles de calcular. A él le llevaron a ser consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, y más tarde, como ya hemos dicho, a consejero de Administración de Caja Madrid Cibeles (Bankia) con Rodrigo Rato y miembro, agárrense los machos, de su Comité Auditor.

Mientras, puso en marcha un complejo entramado de sociedades relacionadas con la sanidad, llegando a ejercer desde 2009 hasta hoy más de 23 cargos en distintas empresas del ramo.

Ya lo ven, la capacidad de transformación profesional en función de la Consejería que se preside es asombrosa. Ahora descubren, algunos con sorpresa, que es adjudicatario de aquello que privatizaba.

Como el actual consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, defiende la gestión de Lamela, al tiempo que afirma que no tiene por qué conocer ni investigar el accionariado de las empresas a las que cede la gestión de lo público, o sea, no sabe ni le interesa a quién traspasa tan espectaculares recursos económicos, da a entender que podría seguir los mismos pasos de esa carrera ejemplar.

EL MAYOR DE LOS NEGOCIOS

Algunos ciudadanos, entre los que me incluyo, no la vemos ejemplar y menos aún teniendo en cuenta que todos los informes técnicos de los profesionales de la medicina, tanto españoles como internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertan contra esta política de privatización concluyendo que no sólo es más cara sino que, además, baja sensiblemente la calidad de asistencia. Llama especialmente la atención la situación de la sanidad británica, donde se inició este tipo de política que ha costado, según datos por los que se ha disculpado el propio primer ministro, al menos 2.500 muertes que podían haberse evitado. Claro que estamos en manos de personas que no parecen dispuestas a dejar pasar lo que ellas mismas bautizaron como “una gran oportunidad de negocio”.

Se equivocan, la salud, vista en términos mercantiles no es una oportunidad de negocio, es el mayor de todos lo negocios imaginables.

Es muy grave que ante la situación de emergencia que ha provocado esta crisis económica, algunos responsables de administrarla, en lugar de intentar paliar el daño que va a producir en la ciudadanía se entreguen al saqueo de nuestro patrimonio con el aplauso encendido y solidario de sus compañeros.