La deslocalización de servicios afecta ya a tres compañías de mantenimiento y operación de red
F. F.
José Miguel García tomó las riendas del grupo Euskaltel, dueño de la gallega R y de la asturiana Telecable, como consejero delegado a principios de junio. Una semana después despidió a una veintena de directivos, dos de ellos en la cablera con sede en A Coruña; y un mes después llegó el recorte de plantilla: 25 trabajadores a la calle, diez de ellos en Galicia.
Además, otros 15 de mantenimiento se integraron en otra compañía, la china ZTE, socia de Euskaltel para el despliegue de red, aunque se fueron subrogados, es decir, con las mismas condiciones laborales y salariales que disfrutaban en R. ZTE los realojó en una nueva sede que inauguró en A Coruña.
Con todas estas salidas, la plantilla de la cablera gallega suma ahora 160. Cuando fue adquirida por Euskaltel, a finales del 2015, se aproximaba a los 200.
Ahora, la reestructuración anunciada por el alto ejecutivo, colocado al frente de la gran teleco del norte por el nuevo máximo accionista, el fondo británico Zegona, se centra en las subcontratas. El comité de empresa de R no puede hacer nada en ese conflicto, pues se trata de operarios externos, aunque su presidente, Javier Gómez, sale en defensa del mantenimiento del empleo en las subcontratas gallegas. Especialmente de los casi medio centenar de empleados de tres compañías gallegas que dejarán de trabajar para R y que, por tanto, se irán a la calle. Las tareas que desempeñaban serán asumidas por ZTE, pero desde Asturias. La operadora asturiana del grupo, Telecable, está integrada en R desde julio.
Los últimos afectados son quince operarios de Indra, que hasta ahora se encargaba del mantenimiento de la red física, pero cuyas funciones asumirá ZTE desde el Principado. Javier Gómez reclama que, ya que esa compañía china ha abierto sede en A Coruña, conserve esos empleos. Además de Indra, R ha decidido prescindir de los servicios de operación de Comfica, para dárselos a ZTE en Asturias. Esa fue la primera deslocalización de trabajo desempeñado por auxiliares gallegas. Supondrá el despido de una veintena de operarios, que cada semana, desde mediados de julio, se concentran ante la sede de R a modo de protesta. Junto a ellos, pero de forma más discreta, otra media decena de empleados de otra subcontrata, Colabora, centrada en los servicios de redes de transporte, que se quedarán sin trabajo.
También ha habido movimientos en las empresas de atención telefónica que trabajan para la cablera. Cuatro personas irán al paro después de que R decidiera rescindir el contrato a Konecta, una de las tres compañías gallegas que gestionan el departamento de fidelización, ahora en manos de las otras dos, STD y GSS, explica Lucía González-Sierra, secretaria del comité de Universal Support, dueña de Konecta.
Aunque los sindicatos temen que esta sangría no acabará aquí.
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