Javier Rico
¿Cómo se puede combatir la obsolescencia programada? Foto: Pixabay.
Desde la ‘Ventana Verde’ de ‘El Asombrario’ hemos hablado en varias ocasiones de la obsolescencia programada, pero siempre de pasada, dentro de otros artículos. Este se lo dedicamos íntegramente a ella. ¿Existe de verdad? ¿En qué consiste? ¿Qué se hace para combatirla? ¿Son efectivas las leyes y otro tipo de normativas que la penalizan? ¿Hay otras alternativas?
A la primera pregunta, y ante la reacción de sectores que la tildan de inexistente o leyenda urbana, hay que decir enseguida que instituciones como el Gobierno francés, la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato de Italia, el Parlamento Europeo, la comunidad autónoma de Extremadura y el Parlamento español, al aprobar la proposición de ley sobre cambio climático y transición energética, entre otras instituciones, no solo creen que la obsolescencia programada es una realidad, sino que legislan y sentencian para combatirla.
Nos quedamos con una de estas leyes, la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las Personas Consumidoras de Extremadura, para definir el término: “Conjunto de técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas mediante las cuales un fabricante reduce de forma deliberada la durabilidad de la producción con el objeto de aumentar la tasa de reemplazo o sustitución”.
Acabar con la obsolescencia programada no solo tiene un componente de defensa de los derechos de las personas consumidoras, sino también un alto componente ambiental y social. Reducir la demanda de extracción de recursos naturales y de procesos industriales de alta intensidad en emisiones contaminantes y de carbono y reducir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) supone darle un gran balón de oxígeno a nuestro entorno.
La proposición de ley sobre cambio climático y transición energética presentada por Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea, recientemente aprobada por el Parlamento español, incluye “medidas destinadas a alargar la vida útil de los productos (frente al fenómeno comúnmente conocido como obsolescencia programada) y de fomento de la economía circular, incentivando sectores económicos menos intensivos en energía y materiales, tales como la economía de ciclos cortos, el comercio local o las actividades relacionadas con la economía de cuidados”.
En concreto, propone crear “un sistema de etiquetado que permita a las personas consumidoras identificar los ‘productos fácilmente reparables’; es decir, aquellos cuya reparación puede hacerse en cualquier establecimiento especializado”. También insta al Gobierno a que “en el plazo de seis meses desde la aprobación de la presente ley, adopte un plan de incremento de la vida útil con la finalidad de fomentar el segundo uso, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los productos, de forma que se consiga un mejor equilibrio entre protección del medioambiente y creación de empleo”.
Ventajas para consumidores y empresas, sociedad y economía
Hay ventajas como consumidores, como sociedad y para el medioambiente, pero en la proposición se atisban igualmente otras para la economía y las empresas. La resolución del Parlamento Europeo también considera que atajar la obsolescencia programada beneficia a estos sectores. El título es elocuente: Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas.
La resolución habla de economía circular y de diseño de productos más duraderos, pero también de recuperar la confianza de los consumidores en la calidad de los productos, que ahora perjudica a las empresas europeas. E incide en “apoyar el sector de la reparación, integrado en su abrumadora mayoría por microempresas y pequeñas y medianas empresas”.
De momento, la Comisión Europea no le ha hecho mucho caso al Parlamento, y no tiene previsto legislar sobre la obsolescencia programada, pero algunos países como Francia han desarrollado la suya. Está precisamente dentro de su ley de Transición Energética de 2015, y se castiga con dos años de prisión y una multa de hasta 300.000 euros, que, dependiendo de la magnitud del delito, aumenta en proporción a los beneficios derivados del incumplimiento, con hasta el 5% del volumen de negocios medio anual.
¿Se ha condenado a alguna empresa hasta el momento en Francia? Hasta donde hemos podido investigar, no. Después de tres años de andadura, Arnaud Touati, abogado francés experto en nuevas tecnologías, explicaba en L’Info Durable: “Es difícil confirmar la realidad de la obsolescencia planificada ante un tribunal penal”, porque “es necesario probar dos cosas: la existencia de una técnica destinada a reducir deliberadamente la vida del producto y la intención fraudulenta de la entidad responsable de la puesta en el mercado del producto, a sabiendas de que reduce su vida útil desde el momento de su concepción”. “Está claro que es difícil para un solo consumidor emprender acciones legales sobre esta base”, apostilla Touati.
No obstante, Touati apela a la importancia de asociaciones de consumidores como Halte à l’Obsolescence Programmée (HOP) en la denuncia y de instituciones como la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, para investigar con medios y personal competente. Gracias al trabajo de HOP se presentaron dos quejas ante el Tribunal de París contra Apple, por sus móviles, y Epson, por sus impresoras. En ambos casos, diferentes fiscalías han abierto investigaciones preliminares.
Multas a Apple y Samsung
En Italia, sin ninguna ley por medio, la autoridad que garantiza la competencia (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) impuso el pasado año una multa de diez millones de euros a Apple y otros cinco a Samsung. El regulador explicaba que «las compañías del grupo Apple y del grupo Samsung han implementado prácticas comerciales deshonestas». En concreto, afirmaba que las actualizaciones de software en los teléfonos Apple y Samsung «han causado fallos graves y redujeron significativamente los beneficios, acelerando así la sustitución».
Conscientes de la complejidad de atajar la obsolescencia programada de manera rápida y efectiva con leyes como las francesas, precisamente en Francia, Thierry Libaert, asesor del Comité Económico y Social Europeo, y Nicolas Hulot, exministro de Trasnsición Ecológica que impulsó la ley, exponían a principios de este año una serie de medidas que se pueden implementar sin grandes desarrollos normativos y sin procesos complejos, como, por ejemplo, aumentar la garantía obligatoria de los productos a más de dos años.
Un año antes, en España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) emprendió una campaña (Larga vida a lo que compro) que, sin olvidar una legislación específica, solicitaba una serie de medidas en la misma línea: “Que la garantía del producto (incluido el software y su actualización) sea superior a los dos años obligatorios; que sea diseñado de forma que no haya piezas de calidad deficientes que se deterioren prematuramente; que repararlo o sustituir sus consumibles o baterías sea posible y tenga un coste notablemente inferior al de comprar un producto nuevo; y que los fabricantes informen claramente de la vida media prevista, las posibilidades de reparación, el tiempo de soporte previsto para la actualización del software si lo hubiera o cómo se debe proceder para el correcto reciclaje”.
‘Alargascencia’, ¿qué productos duran más?
En pleno parón legislativo y ejecutivo, desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo responden que participan “activamente en los grupos de trabajo y comités reglamentarios de la CE que analizan la legislación a fin de elaborar una normativa que fomente la durabilidad y reparabilidad y combata la obsolescencia programada de todos los productos, en particular de los eléctricos y electrónicos”. Mencionan expresamente los comités sobre los reglamentos de ejecución de la Directiva de Ecodiseño, en los que “se incorporan asuntos como la responsabilidad de los productores o la obsolescencia tecnológica, otros aspectos sobre economía circular o incluir requisitos horizontales relativos a la información sobre reparaciones por parte de los usuarios”.
Mientras tanto, en Francia la asociación HOP tiene a disposición de las personas consumidoras el portal Produits Durables (productos duraderos/sostenibles), cuya valoración se establece en torno a la solidez, posibilidades de reparación y servicio postventa asociado a cada producto. La OCU publica informes periódicos sobre la enorme diferencia en la vida útil entre electrodomésticos (algunos duran más del doble que otros) y Amigos de la Tierra mantiene y amplía su portal Alargascencia para comportarnos de forma proactiva ante la obsolescencia programada.
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