La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue consecuencia lógica y directa de las dos primeras recomendaciones adoptadas en 1995 en el Pacto de Toledo. 1.- La de “separación y clarificación de fuentes de financiación”, que refuerza el carácter finalista de las cotizaciones a la Seguridad Social, para financiar las pensiones contributivas, separando estas de las no contributivas y universales (sanidad, servicios sociales, entre otras) que deben financiarse a través de la imposición general. 2.- La “constitución de reservas” con los excedentes que puedan producirse unos años, para contribuir a atender los déficits que pueda haber en otros.
El marco normativo que desarrolló estas cuestiones básicas del Pacto de Toledo, fue la Ley 28/2003, Reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, consecuencia directa de los Acuerdos alcanzados entre los respectivos Gobiernos y las organizaciones sindicales y empresariales en 1996 y 2001.
Con ello, se constituyó un potente elemento anti-cíclico, acorde con el carácter finalista de las cotizaciones y previsor de las necesidades crecientes de financiación del sistema de pensiones, tanto por la mejora de las prestaciones, como por el número creciente de pensionistas hasta mitad de siglo.
Este Fondo de Reserva se ha ido nutriendo de los excedentes de cotizaciones en los años de bonanza económica y los rendimientos obtenidos por el propio Fondo, hasta alcanzar una cifra de casi 70.000 millones € en 2011, que hoy ha disminuido a la mitad, situándose a final de 2015 en menos de 33.000 millones.
La crisis ha hecho necesario disponer del Fondo antes de lo previsto (la evolución demográfica hacía previsible realizar las primeras disposiciones en la segunda parte de la próxima década) y cumplir con el papel estabilizador del sistema de pensiones para el que fue creado durante bastantes años.
¿Por qué bastantes años?, porque la Ley 28/2003 previó una disposición anual limitada del Fondo, con el exclusivo fin de pagar pensiones contributivas y sus gastos de gestión, en un importe anual no mayor del 3% de estos dos conceptos. Traduciendo, en la actualidad unos 3.500 millones de disposición máxima anual. Si las necesidades eran superiores, el Estado completaría la cifra necesaria para pagar pensiones con dinero procedente de los impuestos, en coherencia con el principio establecido en el Pacto de Toledo, las pensiones contributivas se financiarán, básicamente (no exclusivamente) con las cotizaciones sociales.
Sin embargo, desde 2012 las cosas han cambiado. Primero, porque atendiendo a una situación excepcional: recaída en la crisis, caída fuerte de ingresos y déficit anticipado en el sistema de pensiones, elevada deuda y déficits públicos; el Gobierno del PP, en noviembre de 2012 a través de un Real Decreto Ley, suspendió entre 2012 y 2014 la vigencia del límite de disposición del Fondo de Reserva que se ha descrito. Fue una medida grave, aunque garantizaba coyunturalmente, en un momento de capacidad limitada de endeudamiento adicional del Estado, pagar la nómina completa de las pensiones.
Pero esa posibilidad se ha utilizado de forma abusiva, supliendo la necesidad de recurrir al Fondo con un uso indebido del mismo para financiar partidas que no deben ser soportadas por las cotizaciones sociales. Concretamente, políticas de incentivos a la contratación por cuenta ajena o al alta como trabajador por cuenta propia, las conocidas tarifas planas, entre otras. Con ello, durante tres años se ha utilizado el Fondo para pagar pensiones contributivas, si, pero también para financiar otras decisiones, incumpliendo el acuerdo de no destinar cotizaciones sociales a financiar otras políticas. La disposición del Fondo entre 2012 y 2014 ha alcanzado cerca de 34.000 millones de euros.
Esa situación se ha prolongado hasta hoy de manera contradictoria con otras decisiones. El Gobierno ha ampliado en dos años más (2015-16), la capacidad de disposición del Fondo por encima de los aproximadamente 3.500 millones anuales establecidos. Al tiempo mantiene las tarifas planas y, además, con claro fin electoralista, adelanta una reducción fiscal que hace más difícil cumplir con los compromisos de reducción del déficit y exige tomar más dinero del Fondo de Reserva de lo que era necesario. Disminuye así, para financiar su política inmediata, la capacidad futura del Fondo y anticipa su consumo completo.
De hecho, en 2015 ha dispuesto de 11.500 millones € y la previsión para 2016 no es buena, especialmente si tenemos en cuenta que el aumento de personas en alta en Seguridad Social en 2015, más de un 3% sobre la afiliación en 2014, no ha supuesto una mejora comparable en la recaudación a la Seguridad Social, por debajo del 1% de incremento.
Las razones son evidentes: hay más gente trabajando en alta en Seguridad Social, pero la suma de horas trabajadas de todos nosotros en 2015, no supera las trabajadas en 2014. Es decir, más personas repartiéndose el trabajo existente, pero con mucho más trabajo temporal y a tiempo parcial. A eso le sumamos la cuantía de los salarios ofertados para los nuevos empleos, y el efecto de la pérdida de recaudación de las tarifas planas (haciendo pagar a los algo más de 17 millones de cotizantes a la Seguridad Social, políticas activas de empleo, que deben ser soportadas por el conjunto de la población)
En fin, en la crisis, con una política de corto plazo, poco responsable en términos de medio y largo plazo, se utiliza inadecuadamente el Fondo de Reserva, apartándose de los compromisos asumidos por todas las fuerzas políticas, organizaciones sindicales, empresariales y un amplio consenso de la sociedad española en el Pacto de Toledo y sus revisiones desde 1995.
En un momento como el actual, de negociaciones para la formación de un nuevo Gobierno, es especialmente oportuno denunciar esta situación y exigir a las distintas fuerzas políticas que entre las prioridades del nuevo Gobierno, la recomposición del Pacto de Toledo es esencial, el cabal uso del Fondo de reserva, lejos de comportamientos estratégicos y oportunistas, una necesidad y, finalmente, la reconsideración de la última reforma de pensiones y sus efectos, aprobada sin consenso alguno por el PP, una prioridad.
Por otra parte, en enero de 2016 se ha cumplido el plazo de 5 años desde la última revisión del Pacto de Toledo, sin que el Gobierno, hoy en funciones, haya remitido al Congreso el Informe sobre evaluación del cumplimiento de las últimas recomendaciones. Ese informe permitiría que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo debata y renueve las mismas para, a continuación, abrir la negociación entre interlocutores sociales y el nuevo Gobierno, que permita recuperar la vía de actuaciones pactadas y corregir las medidas más desgraciadas de los últimos años, centrando, en esta ocasión, el esfuerzo en lo que es imprescindible: reforzar los ingresos del sistema, desde el mercado de trabajo y a través de fuentes adicionales de financiación para mantener el pacto intergeneracional que es la base del sistema de pensiones.
En una situación como la que hoy vive nuestro país, no es la única prioridad, pero es muy importante. Para abordarla, hay que tener también una visión de conjunto y de la interrelación de distintas necesidades: una nueva reforma fiscal justa y suficiente; nuevos plazos y condiciones para cumplir el pacto de estabilidad en la UE; completar nuestro sistema de protección social, a través de una reforma de la protección por desempleo y un sistema de rentas mínimas garantizadas; la recuperación de los salarios, un incremento notable del SMI, recuperar y reforzar la negociación colectiva y reequilibrar la posición entre trabajadores y empresas; mejorar la capacidad de intervención de las administraciones públicas para favorecer y crear empleo de calidad;…
Todo ello tiene un impacto positivo en las cotizaciones sociales, son también vías para fortalecer y completar el sistema de pensiones. Pongámonos a ello.
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