ISABEL GARCÍA
El acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral del PP ha dado munición a la ultraderecha de Vox y al complaciente PP para alimentar su manido discurso contra un gobierno que -dicen- está apoyado por “golpistas, comunistas, chavistas, proetarras” y hasta “corruptos”. También para que el partido de Santiago Abascal diera este jueves un portazo a la Comisión de Reconstrucción en el Congreso enfangando aún más el clima político, y para confundir a la opinión pública con aspectos que tienen más que ver con la semántica que con el fondo real del asunto.
Volvemos a la hiperventilación de la política. Porque el acuerdo con Bildu conocido anoche, a cambio de su abstención en la prórroga del estado de alarma, viene a ratificar lo que ya pactaron en su momento PSOE y Unidas Podemos tanto en el preacuerdo (acceso al documento) como en el acuerdo de coalición progresista firmado en diciembre (acceso al documento).
La chispa de esta bronca, que ahora pone la lupa en discrepancias internas del Gobierno y que ha merecido algún que otro encendido editorial en prensa remarcando la debilidad de este Ejecutivo en minoría parlamentaria, ha surgido porque el acuerdo alcanzado con Bildu (acceso al documento) habla de derogar de “manera íntegra” la reforma laboral de 2012, además, con la pretensión de “hacerla efectiva” antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas en materia económica y laboral por la crisis de la COVI-19.
La propia portavoz de Bildu se ha dado por "satisfecha" con la "matización" del Gobierno
Tras conocerse el documento, el PSOE se avino a última hora de la noche del miércoles a “matizarlo”, indicando que la derogación sería para los “aspectos más lesivos” de la reforma del PP como viene sosteniendo desde hace tiempo y como incluso los propios sindicatos han dado por bueno en muchas ocasiones. Con ese argumento se ha pronunciado José Luis Ábalos, para el que se trata de una “cuestión conceptual”. Sin embargo, Pablo Iglesias se ha mostrado más taxativo con su socio de gobierno recordando que lo firmado obliga: “Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda”, ha advertido. En este conato de enfrentamiento, la que ha mediado ha sido la propia portavoz del partido vasco, Mertxe Aizpurua, que se da por satisfecha con la “matización” del Gobierno y que además reconoce que tumbar la reforma laboral no puede hacerse “de un día para otro”.
¿Qué reformas laborales contempla el acuerdo de coalición PSOE-UP?
Si damos por bueno, y así debe ser, que lo pactado obliga como dice Iglesias, no viene de más recordar el contenido del acuerdo para el gobierno de coalición progresista al que llegaron ‘morados’ y socialistas. Es cierto que el texto no habla de una derogación “integral” de la reforma laboral del PP, pero incluye un abanico de reformas ambiciosas e integrales.
No pasemos por alto que cuando se habla de derogar la reforma laboral no se trata de tumbar una ley, sino muchas modificaciones legislativas del ámbito laboral que deben seguir su trámite ejecutivo y legislativo. De ahí las declaraciones efectuadas por el secretario general de CCOO, Unai Sordo, llamando a “retomar la agenda laboral cuanto antes”, suspendida por la crisis de la COVID-19, y apelando al diálogo social tripartito que también incluye a las organizaciones empresariales. Sin olvidar -ha añadido el dirigente sindical- la “agenda de emergencia” por la pandemia: “ERTES, restricciones al despido, prórroga en los sectores donde siga habiendo causa de fuerza mayor, medidas de reactivación económica…”.
Como ven, ni todo es blanco ni todo es negro y habrá que ver los nuevos escenarios que se presentan tras la pandemia.
Combatir la precariedad laboral está en el eje del acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos
En cualquier caso y siguiendo con el acuerdo de coalición. En el preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos de noviembre de 2019, el primer punto hacía referencia a la necesidad de combatir la precariedad en el empleo, una de las principales lacras devenidas de la crisis de 2008 y las posteriores reformas del Gobierno Rajoy, y “garantizar trabajo digno, estable y de calidad”.
El acuerdo en firme llegaba un mes después. En el mismo, ambos partidos se comprometen a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, bajo los ejes de una mayor protección de los mismos, nuevos derechos y un nuevo impulso a la negociación colectiva.
El siguiente punto hace referencia a la derogación de la reforma laboral y a la recuperación de derechos arrebatos por la misma. En este apartado se incluye “con carácter de urgencia” la derogación del despido por enfermedad, aprobado el pasado mes de febrero por el Consejo de Ministros. También la prevalencia de los convenios colectivos a los de empresa, y la ultractividad de los mismos, todo ello encaminado a luchar contra la precariedad y el fraude laboral.
Ambas formaciones tienen rubricado en este acuerdo el compromiso de derogar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores sobre subcontratación laboral; limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa; y la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves.
La subida del Salario Mínimo Profesional (otro de los compromisos) echó a andar en enero en un acuerdo al que se sumó la patronal. Junto a este, y en materia de contratación, políticas de empleo, prestaciones, etc., etc., el texto incluye varios puntos más de especial significación para los trabajadores. Y todo ello pivotando bajo la máxima del diálogo social, cuyo último hito conocimos hace unos días en el acuerdo de los ERTE.
Las reformas legislativas deben pasar necesariamente por el Parlamento y es ahí donde este Gobierno debe fraguar los apoyos sin que ello reste protagonismo al diálogo social
Pese a todo esto, el ruido sigue. La CEOE ha anunciado que se levanta de la mesa de diálogo social por el acuerdo con Bildu y los sindicatos muestran cierto enfado por cómo se están conduciendo las cosas. Sin embargo, nadie puede olvidar que las reformas legislativas deben pasar necesariamente por el Parlamento y que ese ahí donde este gobierno debe fraguar los apoyos, sin que ello reste protagonismo a la mesa de diálogo social. Estas dos vías no solo no se excluyen, sino que se complementan.
Un apunte más. Todos los partidos con representación parlamentaria están legitimados en su función pública. No veo por qué no se va a poder pactar con Bildu, más si cabe cuando lo que está exigiendo es una reforma que beneficiará al conjunto de los trabajadores españoles y no solo a los vascos.
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