Central hidroeléctrica en el río Eume (Galicia). PABLO SANTIAGO
REDACCIÓN
Una sentencia de la Audiencia Nacional podría modificar el mapa energético español a corto medio plazo. El Alto Tribunal determinaba recientemente que avala la reversión al Estado de la central hidroeléctrica oscense de Lafortunada-Cinqueta, una de las más grandes de los Pirineos, tras haber llegado lo que considera “un plazo máximo improrrogable” de 75 años para su explotación.
La sentencia se suma a la dictada hace dos años por el mismo tribunal, al apoyar la reversión al Estado de la concesión de la central auxiliar de Campo (Huesca), hasta entonces gestionada por Acciona, por la misma razón.
Ambos dictámenes señalan un límite máximo de 75 años para su explotación mediante concesión por parte de compañías privadas, un periodo que puede ser recortado pero en ningún caso ampliable. Asimismo, el Alto Tribunal indica que, de haberse superado ese plazo, las empresas que hayan explotado el servicio deberán indemnizar al Estado por el rendimiento económico obtenido al traspasarse el umbral de los 75 años.
Actualmente un total de 26 concesiones emitidas a compañías privadas principalmente durante el franquismo habría expirado ya, mientras que otras 19 lo harían antes del 2024, con una decena de ellas en los próximos meses.
A raíz de la nueva sentencia, Unidas Podemos urge a acelerar la reversión al Estado de las centrales cuyas concesiones vayan caducando y considera que el criterio fijado por la Audiencia Nacional “es una garantía para acelerar la transición ecológica”.
Para el diputado de la formación Juantxo López de Uralde, “la reversión al Estado de las centrales hidroeléctricas ayudaría a acelerar la transición ecológica ya que puede dotar de recursos al Estado para impulsar esa transición”.
El diputado, presidente además de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, ha añadido además: “Así entonces seremos capaces de ser mucho más ambiciosos y llegaremos antes a un horizonte cien por cien renovable, y la ciudadanía dejará de pagar una de las facturas de la luz más caras de Europa”.
El grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ya propuso la creación de una empresa pública de la energía que asumiera, entre otras cosas, la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones fueran caducando y tuviera un rol activo en la instalación de energías renovables como “agente esencial” de la transición energética.
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