El 70% de las personas que poseen más de 30 millones de euros tiene el domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid. El favorable trato tributario del que disfrutan en la región supone, según los expertos, un caso flagrante (aunque legal) de dumping fiscal.
MARTA MONFORTE
La plataforma de donaciones privadas puesta en marcha por la Comunidad de Madrid con el objetivo de adquirir material sanitario para los hospitales de la región ha conseguido más de 8,5 millones de euros en 48 horas. Desde el gobierno autonómico —formado por una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos—ponen en valor que, además, estas donaciones se podrán deducir fiscalmente en la próxima declaración de la renta.
Según explica el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) Jose María Mollinedo a este diario, las donaciones a entidades públicas se acogen a la Ley de Meceznago y tendrán una reducción de hasta el 35% del importe. Esta deducción, sin embargo, supone una nimiedad si se compara con el total de impuestos que la Comunidad de Madrid perdona a las rentas más altas en impuestos: más de mil millones de euros al año.
Según datos de la Agencia Tributaria publicados el pasado mes de septiembre, las bonificaciones autonómicas que ha concedido la región de Madrid solo en el impuesto de Patrimonio —bonificado al 100% desde época de Esperanza Aguirre— a las personas sujetas a ese tributo ascienden a 995,6 millones de euros. Según traslada Mollinedo, amparándose en dichos datos, 18.132 personas —con un patrimonio neto de más de dos millones de euros— poseen propiedades por valor de 175.427 millones de euros.
La obligación de contribuir en este impuesto comienza cuando se posee un mínimo de 700.000 euros en bienes —aparte de la vivienda habitual— y propiedades de todo tipo, por lo que si se incluyen a los declarantes de esta franja hasta los 2 millones de euros en patrimonio neto la cifra supera holgadamente los mil millones de euros.
Asimismo, la supresión de facto del Impuesto de Patrimonio no es la única ventaja fiscal de la que disfrutan los ricos en Madrid. También se benefician de otros como el menor gravamen de España en el tramo autonómico del IRPF, que se queda en el 21% a partir de 53.407 euros, las rebajas por adquisición de acciones o la aplicación de los tipos más bajos del país —bonificados al 99%— en Sucesiones, en Donaciones y en Transmisiones Patrimoniales.
Este incremento de las fortunas en Madrid —el 70% de quienes poseen más de 30 millones de euros tiene el domicilio fiscal en la región—es lo que los analistas han vinculado tradicionalmente con el favorable trato fiscal que la comunidad ofrece a sus dueños, en un caso flagrante (aunque legal, eso sí) de dumping tributario en comparación con el resto de territorios del estado.
Madrid como laboratorio del PP en materia fiscal
Las rebajas impositivas que se han realizado en Madrid desde 2004 se han situado en el centro de las campañas del Partido Popular. La actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, prometió la bajada de impuestos más grande de la historia, cifrada en 300 millones de euros, cuando accedió al cargo el pasado mes de agosto. Manuel Llorente forma parte del Gabinete económico de Comisiones Obreras (CCOO) en Madrid y explica que esta rebaja afecta sobre todo a las rentas altas.
"La Comunidad de Madrid lleva por bandera la bajada de impuestos y el triunfo de ese relato está en que el ciudadano medio piensa que le va a repercutir positivamente, pero no es así", detalla. Llorente explica que solo por los impuestos que competen autonómicamente a Madrid, se deja de recaudar más de 2.400 millones anuales, que afectan sobre todo a quienes más poseen, lo que supondría un 12% del último presupuesto regional y un 1,1% del PIB de la comunidad.
Fue Esperanza Aguirre quien lo bonificó al 100%. Ni si quiera durante la crisis económica lo aplicó, como sí hicieron el resto de comunidades autónomas
El técnico sindical explica que Madrid es, además, la única región que bonifica impuestos como el de Sucesiones y Donaciones entre tíos y sobrinos, pero que el grueso del "negocio fiscal" se lo lleva el de Patrimonio. Fue Esperanza Aguirre quien lo bonificó al 100% en el año 2007 y siguieron su estela otras comunidades autónomas. "La obligación de los políticos es gestionar lo servicios públicos al menor coste posible. Y no le quepa la menor duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública", llegó a afirmar la exirigiente del PP. Durante la crisis económica, sin embargo, desde el Gobierno central se pidió a las regiones que lo volvieran a aplicar para recaudar más. Todas lo hicieron a excepción de Madrid.
Llorente detalla que este dumping fiscal del que la región se beneficia se conoce como "impuesto de las riquezas" en otros países como Francia. "Se favorece a apenas 16.000 contribuyentes con patrimonio medio de 8 millones sobre el total de 3,2 millones de contribuyentes", razona, por lo que le parece "bastante claro" a quien beneficia. Tanto Llorente como Jaime Cedrún, secretario general del sindicato en la región, consideran que el hecho de que la comunidad haya habilitado una "cuenta cero" se parece más a la "caridad" que a la "solidaridad".
¿Cómo repercute esta rebaja fiscal a la Sanidad madrileña?
Los hospitales madrileños están al borde del colapso por la falta de camas para los enfermos por coronavirus y la falta de recursos de los hospitales madrileños se ha convertido en una denuncia más que habitual por parte de los sindicatos y las organizaciones por la sanidad pública. Desde el hospital improvisado en Ifema los trabajadores del hospital de campaña denuncian una falta de dirección que les coordine. No hay equipos de protección para todos y algunos tienen que recurrir a batas desechables y bolsas de basura. El personal allí presente también avisa de que hay más enfermos graves de los previstos.
En la última memoria publicada de 2018 por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), las camas instaladas eran 14.334 y funcionaban 12.565, lo que supone un descenso de casi una de cada cinco camas (2.966 menos) respecto a 2012. Los profesionales de los centros también han disminuido considerablemente. Respecto al año 2010, hay 3.296 efectivos sanitarios menos en 2018, como denuncia también Llorente desde CCOO. Según los cálculos de su sindicato, estiman que la reducción de personal ha sido en más de 5.0000 personas.
Llorente pone el foco en la atención primaria, que supone la base para hacer frente a esta pandemia, pero que se vio drásticamente afectada por los recortes del gobierno autonómico durante los años de la crisis. Además, advierte de que aunque el presupuesto destinado Sanidad supone aproximadamente el 40% del presupuesto anual, un porcentaje notorio se destina a la concertada y privada, cuya inversión creció entre el 2009 y 2014 mientras que la de la pública descendía.
Mollinedo, por su parte, considera que los recortes en el ámbito sanitario —especialmente en Madrid— suponen una prueba de que la sanidad "está haciendo aguas": "Pensábamos que teníamos una Sanidad robusta y no es así. La austeridad ha pasado factura al Estado del Bienestar, cuando se hablaba eufemísticamente de adelgazar el estado, de quitarle grasa. Le hemos quitado demasiada", lamenta.
"Ahora nos echamos las manos a la cabeza viendo la gestión de algunos hospitales, sobre todo en la Comunidad de Madrid —prosigue— que es donde básicamente se está produciendo esta crisis". Para el técnico de Hacienda, el "único beneficio" que puede aportar esta emergencia sanitaria es "decidir que estado queremos".
Nota: Esta información ha sido actualizada el miércoles día 1 de abril, con los últimos datos sobre donaciones publicados por la Comunidad de Madrid. La versión anterior recogía la primera cifra oficial: 4,5 millones obtenidos en las primeras 24 horas de la iniciativa. Previsiblemente, la cifra irá aumentando a lo largo de los próximos días.
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