El presidente de la Xunta y toda su cúpula sanitaria están en el punto de mira de la Fiscalía. El departamento que dirige Fernando Suanzes acaba de admitir a trámite la denuncia de un particular por la gestión en una residencia de Ourense en la que han muerto 20 usuarios por coronavirus. El ministerio fiscal ha decidido abrir diligencias penales y pide a su oficina en Ourense que investigue qué ha sucedido en ese centro.
El escrito de denuncia, al que ha tenido acceso eldiario.es, acusa de la comisión de delitos de prevaricación, lesiones imprudentes y homicio imprudente en relación a la gestión de la residencia Nuestra Señora de la Esperanza, en Ourense. La denuncia señala al jefe del Gobierno gallego, a los conselleiros de Sanidade y Política Social, al secretario xeral técnico y al gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas) y a la directora del centro como responsables de la situación en una residencia de gestión privada que en estos momentos tiene a 48 usuarios y 34 trabajadores contagiados por la COVID-19.
La denuncia, presentada por el familiar de un residente, considera que los cargos políticos a los que se señala eran la garantía de la seguridad de los ciudadanos y tenían información para "evitar el riesgo de contacto". Las muertes en Galicia de personas diagnosticadas con la COVID-19 ascienden a 492, de las que un 46% corresponden a residencias de ancianos. Una situación que, según se asegura en el escrito, se podría haber evitado "si se hubiesen intervenido y medicalizado el total de residencias que tuvieron brotes de COVID-19".
El escrito admitido a trámite por la Fiscalía de Galicia afirma que el presidente de la Xunta "abandonó a las personas mayores y más vulnerables" en centros de día y residencias. Además, el texto indica que los trabajadores y trabajadoras que cuidaban a los ancianos carecían de los equipos de protección.
Sobre la gestión de la dirección del centro de Nuestra Señora de la Esperanza la denuncia incide en su decisión de "no exigir ayuda a sabiendas de las carencias de personal y material" y señala la "total opacidad y falta de información" que marcó su relación con las familias de los usuarios durante las primeras semanas de la pandemia.
La Fiscalía de Galicia ha archivado otras cuatro denuncias penales enviadas desde la Fiscalía General del Estado. La que mantiene viva es la más explícita de todas ellas y la única que, por el momento, señala directamente a cargos políticos como posibles responsables de las muertes acaecidas en las residencias de ancianos.
Fuentes de la Fiscalía indican que la admisión a trámite no supone que la existencia de una investigación concreta contra el presidente de la Xunta: "En estos momentos no se está investigando a Feijóo. Queremos saber qué ha sucedido en esa residencia y después se tomará la decisión".
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