La Xunta de Galicia ha tenido que enfrentarse en los últimos años a multitud de protestas de la oposición, sindicatos y asociaciones en defensa de la sanidad pública por el recorte del 21% en Atención Primaria, en personal sanitario y en el equipamiento de los centros públicos.
ALBA TOMÉ SUEIRO
La Xunta de Galicia y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, han tenido que enfrentarse a todo tipo de críticas y manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública gallega como la del pasado 9 de febrero, encabezada por asociaciones sanitarias, sindicatos y oposición. Sus quejas iban orientadas al recorte del 21% en Atención Primaria y a los intentos de privatización durante los once años de mandato de Feijóo; así como a la rebaja del número de camas hospitalarias que a día de hoy es palpable por la pandemia; la precariedad en enfermería y atención pediátrica; las saturaciones en urgencias que provocaron muertes de pacientes esperando asistencia en el hospital o ambulancias , y también denunciaron el deterioro en la calidad asistencial en el rural, dañada fundamentalmente por la reforma de la Ley Sanitaria en 2017.
Según la Xunta de Galicia este nuevo modelo buscaba "la mejora del servicio sanitario" pero para los detractores las consecuencias se reflejarían en recortes y la mengua de la calidad asistencial en los enfermos, en médicos de familia y en los hospitales. Año tras año, los recortes presupuestarios en Atención Primaria han provocado colapsos en los centros de salud donde los profesionales se ven forzados a atender hasta 60 pacientes al día. La literatura científica señala como recomendable destinar el 25% del presupuesto total de Sanidad a la Atención Primaria pero la Xunta destina "apenas un 12%" según cuenta a Público el portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín.
Según la organización y de acuerdo a sus datos, en el último año el Sergas eliminó más de "450 camas a la baja", se han perdido "513" plazas de médicos, "184" puestos de enfermería y "1121" profesionales del total del personal sanitario. El ahorro económico hasta el año pasado acumulado en los recortes en Atención Primaria ha sido de "mil millones de euros". Para Martín "hacen faltas camas y personal" pero ante la precariedad en el sector, muchos profesionales que cursaron el MIR se han ido de Galicia para buscar mejores condiciones. "No sabemos cómo vamos a conseguirlos", añade.
Ahora, Feijóo prevé construir dos hospitales de campaña ante la falta de camas siguiendo el ejemplo de Ifema. Se articularán en A Coruña y en Santiago en el recinto ferial Expocoruña y el Multiusos Fontes do Sar respectivamente, aún sin haber agotado todos los recursos de la pública, que, según el presidente de la Xunta, pretende utilizar antes de ocupar los de campaña. Estos se equiparán de 300 camas en A Coruña y 150 camas en Santiago y se pondrán en marcha antes de que se alcance el pico de incidencia del coronavirus en la comunidad, que se espera a mediados de este mes.
Martín explica que "se ha demostrado en Madrid que estos modelos generan muchos problemas porque no están organizados ni capacitados para atender a los pacientes". De momento, la red de hospitales privados continúa infrautilizada y, de las "2.300" camas hospitalarias que dispone el sector privado, se han usado cerca del "30%" según informa SOS Sanidade. Sumadas a las 7.500 camas públicas, "es un colchón suficiente para atender". Además, también insiste en que el caso de Ifema es "paradigmático" y que utilizar médicos de Atención Primaria ya carentes en los centros de salud empeorará la situación.
Además, es en las zonas rurales donde la precariedad en la contratación golpeó con más fuerza en los hospitales comarcales y geográficamente aislados, que supone que el personal sanitario tenga que desplazarse varios kilómetros para hacer guardias, opción que no suele salir rentable por el gasto en el desplazamiento, a no ser que cuenten con una plaza fija. Mientras que no logren estabilidad el personal busca otras opciones y al no mudar las relaciones laborales, la incidencia directa de los recortes persiste en la gente envejecida, suponiendo un gasto en el transporte público -de haberlo- o para sus familiares si pueden desplazarlos.
Los mayores se ven todavía más damnificados por el coronavirus en las residencias superando las cifras que esperaba el Ejecutivo Autonómico, habiendo más de 450 afectados y 21 muertes, además de las 130 en centros hospitalarios. La Xunta ha intervenido dos instalaciones y la oposición pide que actúen en las demás. El secretario xeral del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, insta a la Xunta a "reforzar"el sistema sanitario con "un plan urgente". "Ya habrá tiempo para evaluar qué pasó ante el desbordamiento de las previsiones de contagios en residencias", añadió. El portavoz de Galicia en Común-Anova Mareas, Antón Gómez Reino, que ya ha superado la covid-19, insistió en la "perversidad" del sistema del PP que ha supuesto desmontar "un modelo de cuidados para implementar un modelo de negocio". En cuanto a los hospitales, reparó en que si el Sergas termina por colapsar "buena parte de la responsabilidad será de Feijóo, que lleva años recortando el presupuesto sanitario".
A día de hoy, la Conferencia Intersindical Galega (CIG) y su Secretaria Xeral de Saúde, María Abuín, reclaman materiales y reprochan la falta de protocolos para el uso de medidas preventivas, habiendo una "disparidad de criterios de utilización de un centro a otro". Los sanitarios se enfrentan día a día a "inseguridades" y continúan movilizándose entre centros por no poseer plaza fija, algo que no concuerda con los planes de prevención que obligan a un control de los profesionales para que no se expongan a un riesgo de contagio.
Además, Abuín sostiene que el Sergas es "el único colectivo donde personal sanitario y no sanitario no ha podido establecer medidas de conciliación familiar", y sumado a que los turnos por parte de la Administración pública se avisan con poca anterioridad "la gente tiene un sobreesfuerzo" exponiéndose ellos mismos al estar en contacto con enfermos y también sus familias, impidiendo un control real sobre la población.
La presidenta de la Asociación de Enfermeiras de Pontevedra (AENPO) y activista en Enfermeiras en Loita -asociación nacida en contra de las políticas sanitarias de Feijóo- Miriam Colombo, denuncia la falta de personal de enfermería en los hospitales que a día de hoy se solventa porque las profesionales intentan ofrecer "lo mejor" de sí mismas. La ratio de enfermeras por cada 1000 habitantes se sitúa en un 8,8 en la media europea; en España en 6,5 y en Galicia todavía es menor, fijada en un 5,5, según fuentes de la organización.
"Tenemos material gracias a las donaciones en condiciones que no deberíamos, reutilizando mascarillas y batas", asegura la presidenta a Público. Asimismo, postula que lo más complicado para ellas es poder realizar su trabajo sin que salgan sus familias perjudicadas, ya que "no se hacen test". En el caso de posibles contagios, "envían al personal a casa donde hay mayores y niños pequeños y la prueba puede tardar hasta cinco días".
Colombo prosigue: "Esto tiene que servirle al Sergas para el después, porque nosotras pedimos recursos para nuestros pacientes. Agradecemos el aplauso de verdad, pero el mejor aplauso es que se voten a partidos que no recorten en sanidad". De cara al futuro, el portavoz de SOS Sanidade Pública, Manuel Martín, prevé unas largas listas de espera ante la paralización de la atención en un "40%". "Si no hay una estrategia para potenciar lo público, se lo va a llevar crudo la sanidad privada", concluye.
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