La vulnerabilidad habitacional tanto para las familias que viven de alquiler como las que se arriesgan a la compra se acabará en el mismo momento en el que la vivienda sea un derecho garantizado.
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Hace ya más de 5 años que Ana Botella, como alcaldesa de Madrid, y su equipo decidieron vender 1.860 viviendas en las que vivían familias de Atención Prioritaria a Blakstone (Fidere) a un precio muy por debajo del precio de mercado. Esas familias pasaron de ver protegido su derecho a la vivienda a ser una mercancía con la que especular en manos de un fondo especulador. Incluso antes de terminar sus contratos de alquiler, estas familias vieron aumentada su mensualidad hasta en un 250% y fueron empujadas a abandonar su casa por no poder pagar esos nuevos alquileres abusivos; desahucios sin ruido, silenciosos.
Desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid llevan años denunciando públicamente las irregularidades, inmoralidad e ilegalidad de esta venta y sus desastrosas consecuencias. Desde entonces cientos de familias han sido desahuciadas de sus casas y el resto de los habitantes de Madrid hemos visto cerrarse un poco más la posibilidad de lograr una vivienda asequible. Al perjuicio particular de esas 1.860 familias a las que el equipo de Ana Botella puso al borde de la calle se suma la venta de más de 20.000 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendidas en paquetes, entre 2005 y 2015, merced a una legislación muy deficiente y visiblemente carente de la perspectiva social que debería tener. La vivienda pública no debería ser vendida nunca.
Lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente
Si bien hay que subrayar como muy positiva la decisión del Tribunal de Cuentas de sancionar a Ana Botella y a su equipo por una venta que viola el derecho a la vivienda de algunas de las familias más vulnerables de la ciudad de Madrid, consideran que esta condena resulta claramente escasa. Lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente. Ni las últimas 1.860 familias a las que les robaron su derecho a una vivienda asequible ni las más de 35.000 familias en las listas de espera de vivienda social de la EMVS ven hoy reparados sus daños ni restablecidos sus derechos.
La necesidad de un parque público de vivienda social amplio y de calidad es algo que, desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid y desde la PAH de todo el Estado, vienen reclamando a lo largo de numerosas campañas y una docena de iniciativas legislativas, tanto estatales como autonómicas. Sólo así, como demuestran varios ejemplos en los países vecinos, conseguiremos domar la especulación galopante que nuestro Estado permite con un derecho básico como es el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución. La vulnerabilidad habitacional tanto para las familias que viven de alquiler como las que se arriesgan a la compra se acabará en el mismo momento en el que la vivienda será un derecho garantizado --por asequible-- para todo el mundo.
Ninguna sociedad que se precie se puede permitir tener a familias sin recursos a la intemperie de la especulación de los grandes poderes económicos.
Ninguna sociedad que se precie puede dejar impunes a cargos públicos que mercadean con estos derechos.
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