Justicia typical spanish

David Torres

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Las últimas sentencias judiciales en España están dando ideas al sector turístico para vender mazos y togas en los mismos locales donde se comercializan botijos, monteras, peinetas, porrones, cabezas de toro y carteles de torero. Así, donde antes una pareja de turistas asomaba las jetas sobre un decorado estampado con un vestido de faralaes y un bailaor flamenco, ahora también podrían posar disfrazados de jueces, listos para la fotografía. Las tres magistradas de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid que acaban de dictar sentencia en el caso de Inés Madrigal contra el doctor Eduardo Vela, han dado un nuevo y espectacular matiz a la expresión “fallo del tribunal”. En efecto, lo han fallado de pleno.

La justicia typical spanish considera probados los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial, pero resulta que estos delitos han prescrito, igual que los yogures. Dicho en plata, Vela le quitó una recién nacida a su madre y se la entregó a otra mujer porque le dio la gana. Pero, según las magistradas, Inés Madrigal debería haberse puesto a investigar nada más cumplir la mayoría de la edad, a los 18 años, es decir, en el mismo momento en que se enteró que era una niña adoptada.

Poco importa que, en 1981, Vela y la nefasta clínica San Ramón ya apareciesen retratados en un tétrico reportaje publicado en la revista Interviú, en el cual, entre otros datos, aparecía la foto de un bebé congelado. La causa no prosperó entonces, a pesar de la detención del ginecólogo, porque era demasiado pronto; ayer, siguiendo el peculiar razonamiento de Groucho Marx sobre los asuntos viejos y nuevos, ya era demasiado tarde. Sin embargo, Inés, según la no menos peculiar justicia hispánica, debería haber supuesto que la suya se trataba de una adopción ilegal, uno de los miles y miles de casos implicados en el tráfico de bebés robados y amparados por la larga mano de la iglesia católica, ya que se encontraba en España.

España es un país ideal para delinquir a lo grande. Se quejaba hace poco Esperanza Aguirre de que Rodrigo Rato vaya a ir a la cárcel por sólo 90.000 euros, cuando precisamente las cárceles están repletas de ladronzuelos y rateros por hurtar gallinas. Dejando aparte lo erróneo de la cantidad, que -como siempre que Espe abre la boca- hace aguas por la derecha, lo verdaderamente acojonante de la frase es la raya invisible mediante la cual esta particular aristócrata divide a los delincuentes españoles: por un lado, los millonarios; por otro, todos los demás. Lógico, teniendo en cuenta que el traje a rayas a Rato también le viene de familia.

No obstante, el gazapo de la inefable condesa es comprensible, puesto que ella conoce la curiosa regla de tres por la cual, en la legislación española, cuanto más gordo es el delito, más probabilidades hay de que se quede fuera de concurso -a menos que a algún imprudente se le haya ido la mano quemando tarjetas de crédito o subastando colegios públicos. Por ejemplo, a día de hoy no hay un solo banquero enjaulado por el escándalo de las cajas de ahorros, una estafa descomunal que nos ha costado cientos de millones de euros a todos los españoles. Algo similar ocurre con el asesinato, un crimen que, cometido de uno en uno, no tiene perdón, pero que va sumando descuentos según crece el montón y hasta puede obtener el premio gordo de una estatua o una plaza dedicada si adquiere el rango de genocidio.

Aparte del paripé judicial alargado durante un año y medio, la absolución de Eduardo Vela, culpable de todos los cargos, ha resultado ciertamente ejemplar. Un ejemplo para cualquiera que se atreva a remover el pútrido pozo de uno de los mayores crímenes contra la humanidad que se han perpetrado en este siglo: los niños robados españoles. Más de dos mil denuncias archivadas y para una que llega a puerto, mira lo que pasa.