La mecánica se repite contra Podemos: el informe PISA irrumpe en las negociaciones de Gobierno y cinco meses después sigue sin llegar a la Fiscalía
eldiario.es publicó en noviembre de 2014 que una unidad secreta de la Policía rastreaba a políticos independentistas sin control judicial
Pedro Águeda
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Tres años han transcurrido entre la primera maniobra conocida para implicar a la Policía en la tarea de frenar el proceso rupturista en Cataluña y la confección de un informe sobre la presunta financiación irregular de Podemos, el primer partido a la izquierda del PSOE que tiene en democracia posibilidades de integrar el Gobierno de España.
Aquellos primeros meses de la pasada legislatura y estos coinciden en la proliferación de documentos presuntamente policiales en los medios de comunicación y en dos aspectos más: los informes perjudican a la oposición política y no están incorporados a proceso judicial alguno.
Este es un recorrido entre el informe "apócrifo” sobre la corrupción de responsables de Convergencia, divulgado en noviembre de 2012, y el “informe fantasma” que vincula al partido de Pablo Iglesias con Irán y Venezuela, redactado el mismo mes de 2015.
Dos comisarios viajan a Barcelona
Las elecciones autonómicas en Cataluña del 25 noviembre de 2012 se presentaban como un hito en el proceso soberanista, espoleado desde la Diada del año anterior. El 29 de octubre, los fiscales Anticorrupción de Barcelona Fernando Bermejo y Emilio Sánchez-Ulled accedieron a reunirse con dos comisarios de Policía llegados de Madrid, a petición de uno de ellos, viejo conocido de investigaciones sobre corrupción.
Los comisarios plantearon a los fiscales la necesidad de desplegar una investigación contra Convergencia en el marco del caso Palau, que investiga la financiación irregular del partido de Mas. Los policías querían registrar la sede del partido en plena campaña electoral.
El contenido de la reunión motivó una queja formal y pública del Consejo Fiscal que, en una nota, trasladó: “El Consejo rechaza la irregular actuación de los funcionarios de Policía que realizaron una visita a dichos fiscales, sin pertenecer a las unidades policiales encargadas de los concretos procedimientos. El Consejo Fiscal considera que en todo caso no hubo una efectiva puesta a disposición de material que justificara una nueva línea de investigación de la Fiscalía”.
Interior se excusó en que el verdadero propósito de los comisarios era informar a los fiscales de la creación de un nuevo grupo policial dedicado a recuperar casos que la Policía había perdido. Uno de los policías que viajó, José Luis Olivera, conocía a los fiscales porque había sido jefe de la UDEF con el Gobierno socialista. Hoy es director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el policía que más información acumula encima de su mesa. Junto a él viajó Marcelino Martín-Blas, por aquel entonces recién nombrado jefe de Asuntos Internos, la unidad encargada de perseguir la corrupción policial, y agente muy próximo al Partido Popular. Martín-Blas corrió peor suerte y un enfrentamiento con el también comisario José Manuel Villarejo motivó su cese.
El informe “apócrifo” de la UDEF
El 16 de noviembre, en plena campaña electoral, el diario El Mundo -dirigido entonces por Pedro J. Ramírez- publicó un supuesto “borrador” que atribuía a la UDEF y que vinculaba al candidato a aquellas elecciones Artur Mas y su familia con el pago de comisiones por parte de empresarios a CDC. El documento llevaba el sello de la UDEF, pero no iba formado por ningún funcionario.
El Ministerio del Interior abrió una investigación interna para conocer su origen, pero la cerró asegurando no haberlo encontrado. Un juez de Barcelona llegó a interrogar al comisario Manuel Vázquez, el entonces jefe de la UDEF. Se trata del policía que se ofreció a fiscales y jueces del Tribunal Supremo para interpretarles el informe PISA sobre Podemos que Manos Limpias había incluido en su querella, según reveló El Español. Las gestiones ante el Alto Tribunal fueron de las últimas que Vázquez ha realizado antes de ser destinado a Galicia como jefe superior, su deseo desde hace años.
El desvío del dinero de la financiación irregular de CDC a cuentas de Mas y otros, decía el borrador, estaba “en fase de verificación”. Tres años después, el entonces candidato Mas sigue sin estar imputado en proceso judicial alguno. En octubre de 2015, sin embargo, el tesorero de CDC fue detenido y registrada su sede. Ni la UDEF, ni ninguna otra unidad de la Policía participaron en esa operación. Fue la Guardia Civil a las órdenes de un juez de El Vendrell, que había abierto una causa a raíz de una denuncia de un concejal de ERC.
El borrador del borrador y la bruja de Pujol
La polémica por el borrador de la UDEF no evitó que algunos medios de comunicación comenzaran a recibir unos denominados “informes de situación” que iban más lejos aún que el citado documento apócrifo. En estos se relataban desde reuniones con Hervé Falciani en la cárcel a alusiones a la bruja que supuestamente Jordi Pujol consultaba mientras era president de la Generalitat. “Sindicalistas Mossos, servicios policiales extranjeros, algunos imputados que quieren negociar, sector empresarial, sector judicial no nacionalista” aparecían bajo el epígrafe “fuentes”. En el encabezado: “Sumario Palau. Análisis de situación”.
Desde entonces, y otra vez coincidiendo con hitos del proces, continuaron apareciendo en los mismos medios informes de “inteligencia” que el CNI rechaza haber realizado. Tres días antes de la Diada de 2014, elconfidencial.com publicó uno de ellos, en el que se afirmaba que Artur Mas supervisaba personalmente las comisiones que recibía Convergencia de empresarios adjudicatarios de obra pública.
La unidad secreta
El 30 de noviembre de 2014, eldiario.es publicó la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado en aquel entonces, casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción. El grupo usurpaba las funciones de las unidades a las que el reglamento policial otorga competencias en este tipo de delitos, sobre todo a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). La unidad no consta en organigrama alguno de la Policía.
El grupo se nutría de agentes de Asuntos Internos, que eran desplazados a Cataluña para rastrear información sobre el terreno. Con la información obtenida, otros funcionarios, adscritos a la Unidad de Planificación Estrategia y Coordinación (UPEC), elaboraban documentos de “inteligencia”. El resultado acababa en determinados medios de comunicación, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista. En algunas ocasiones, ese resultado erablanqueado a través de la UDEF, la unidad competente para presentarla ante la Fiscalía o un juez.
PISA: misma estrategia, distinto objetivo
Esta dinámica puesta en práctica en Cataluña en 2012 es la que tres años después se ha repetido con el informe PISA sobre Podemos, calificado de "informe fantasma" por la formación morada. El informe comenzó a publicarse en los medios de comunicación a 24 horas de que se constituyeran las nuevas Cortes. Según reveló después elconfidencial.com, el informe fue remitido el 9 de noviembre desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía a la Comisaría General de Policía Judicial, a la que pertenece la UDEF.
Cinco meses después, la Policía sigue sin dirigirse a Anticorrupción. Entre medias, el informe llegó de alguna manera a Manos Limpias, que presentó con él una querella ante el Supremo. La Fiscalía ha despreciado duramente su contenido y ha adelantado un previsible rechazo por la Sala de lo Penal.
El Gobierno llegó a pedir explicaciones de su contenido a Podemos refiriéndose aun “procedimiento judicial” que hoy sigue sin existir. Su remisión al Tribunal de Cuentas por parte de la UDEF permitirá que, aunque el Supremo rechace la querella de Manos Limpias, el Ejecutivo pueda decir que aún queda el dictamen del órgano fiscalizador.
Los tiempos del Tribunal de Cuentas permiten adivinar que un pronunciamento sobre el documento PISA se retrasará mucho más allá de las negociaciones sobre la formación de Gobierno, incluso de la cita electoral de junio, en el caso de que finalmente se produzca. La remisión de un informe de la Policía al Tribunal de Cuentas es un hecho inédito.
El comisario al mando y el agente Villarejo
La unidad secreta de la Policía ha estado alojada en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. El Ministerio del Interior negó su existencia y envió al “psiquiatra” a los diputados de CiU que en aquel entonces le preguntaron por ella. Para el informe de Podemos, Interior ha admitido que se trata de un informe de “inteligencia” redactado en el seno de la DAO, sin más detalles.
El artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”. Los informes de Interior sobre la oposición política tienen un rápido recorrido hacia los medios de comunicación, pero no en dirección a los juzgados.
eldiario.es publicó en marzo de 2015 que el comisario José Manuel Villarejo había sido condecorado con la Medalla Roja al Mérito Policial un año antes y que lo había sido por sus investigaciones sobre políticos catalanes. Un socio de Villarejo fue a recoger a Victoria Álvarez a la estación de Atocha cuando se desplazó a Madrid para declarar sobre los presuntos delitos cometidos por Jordi Pujol Ferrusola cuando ambos eran pareja. Victoria Álvarez había sido disuadida antes por el mismo jefe de Gabinete de Mariano Rajoy para que tirara de la manta ante la Policía, según los SMS publicados por este medio.
El comisario Villarejo, que se califica a sí mismo como "agente encubierto" ha sido noticia por el patrimonio millonario que acumula, y que reveló El País; por las acusación de una doctora que le señala como el hombre que la apuñaló en una estrategia de acoso por parte del empresario Javier López Madrid; y por su supuesta relación con el 'Pequeño Nicolás'. El policía niega tajantemente todas las acusaciones que han aflorado en esas informaciones.
En las dos estructuras policiales vinculadas a las citadas investigaciones contra la corrupción ha trabajado en los últimos meses el inspector jefe Andrés Gómez Gordo, al que fuentes policiales señalan ya como futuro sucesor de Villarejo -se jubila en junio- en los trabajos delicados de la Policía. Gómez Gordo dejó el puesto de director de Análisis y Documentación en la Junta de Castilla-La Mancha poco antes de que María Dolores de Cospedal perdiera la Presidencia Autonómica. Para ella había trabajado en excedencia como policía de confianza y jefe de seguridad.
Reclamado por el jefe de la UDEF, Gómez Gordo volvió a la Policía y fue designado jefe de Vigilancias de la Unidad, pero antes pasó unos meses destinado provisionalmente en la DAO, de donde han salido todas las investigaciones sobre Cataluña y Podemos. A los cinco meses de llegar al cuerpo fue premiado con una medalla pensionada al valor. Hoy, continúa en la UDEF.
Por encima de todos ellos, Eugenio Pino, el comisario elegido por el PP para dirigir la Policía. El hombre del ministro en la Policía ha dirigido de facto el Cuerpo, con independencia de que por encima de él estuviera el director general, Ignacio Cosidó. El País escribió en noviembre de 2012 que las maniobras contra el proceso independentista habían nacido de una “conjura policial”.
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