La propuesta de despenalizar las terapias de reorientación sexual supone una grave amenaza para las libertades individuales cuya única respuesta aceptable es la negativa frontal de todas las formaciones políticas
PABLO MM
“Puedes ser gay o puedes ser nuestro hijo” fue la amenaza que recibió Garrard Conley cuando sus padres descubrieron que era homosexual. Hijo de un pastor baptista y de una madre supeditada a las creencias de su marido, Conley ingresó con apenas 19 años en Love in Action (LIA), uno de los autodenominados “centros de conversión para homosexuales” donde aseguraban ser capaces de remediar su atracción sexual hacia los hombres.
Este tipo de prácticas son toleradas en 41 de los 50 estados de los EE.UU. (incluidos los más progresistas como Nueva York y Massachusetts) aunque están especialmente arraigadas en el llamado cinturón bíblico, en el extremo sudeste del país, donde la influencia de la iglesia anglicana durante la etapa colonial se ha extendido a nuestros días hasta el extremo de condicionar la vida social y política. En Arkansas, las Carolinas o Texas existen leyes específicas que impiden a los ateos ocupar cargos públicos.
Las terapias, por supuesto, no sirven de nada. Conley abandonó el centro con el apoyo de su madre y años después plasmó sus vivencias en un libro que fue llevado al cine por el director australiano Joel Edgerton (Boy Erased, 2018).
Las llamadas terapias de reorientación sexual llevan ejerciéndose desde finales del siglo XIX, y entre los tratamientos que se han practicado a la largo de los años figuran procedimientos tan aberrantes como la castración, la ablación del clítoris, la lobotomía o la extirpación quirúrgica de los ovarios.
Según cifras de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA en sus siglas en inglés), unos 700.000 adultos han recibido terapia de reorientación sexual y 77.000 jóvenes lo harán antes de alcanzar la madurez. Además de la APA, la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Psicológica Estadounidense o la Asociación Pediátrica Estadounidense han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de aprobar leyes federales para su prohibición.
En 2015 estuvo cerca de lograrse, tras el impacto que causó el suicidio de Leelah Alcorn, una chica transexual de 17 años natural de Ohio a la que un grupo de terapeutas religiosos empujó a la muerte. Al final todo quedó en agua de borrajas, debido a la oposición de las fuerzas vivas del Partido Republicano y a la influencia de los lobbies más conservadores, tan poderosos en los círculos políticos de Washington.
La situación en España no es muy diferente a la del país norteamericano. Solo cuatro Comunidades Autónomas prohíben expresamente las terapias que prometen “enderezar” a los homosexuales: Andalucía, Aragón, Valencia y Madrid, y a pesar de ello, también en estos territorios actúan de forma paulatina los centros y organizaciones que las ponen en práctica.
A principios de año, eldiario.es destapó que el Obispado de Alcalá de Henares celebraba cursos para “curar homosexuales”. Lo hacía en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio dependiente de la diócesis alcalaína y con la tutela de una mujer que asegura ser bióloga pero que según el Colegio de Psicólogos de la Comunidad de Madrid no está colegiada, y por tanto, no puede impartir ningún tipo de terapia.
Un periodista del citado medio se hizo pasar por paciente y entre los factores que habían “provocado” su homosexualidad se hacía especial hincapié en la masturbación, la pornografía, el espiritismo o algún episodio traumático durante la infancia. “A lo largo del proceso de maduración personal ha habido relaciones, hechos, ausencias, sufrimientos, traumas, que han producido heridas en nuestro ser. Habrá complejos, carencias y experiencias que te han hecho estar buscando y comparándote con otros chicos”, afirma la pseudoterapeuta.
La Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia de la Comunidad de Madrid establece multas de hasta 50.000 euros para las responsables de ejercer estos cursos pero, hasta la fecha, la diócesis no ha sido merecedora de sanción alguna. La Conferencia Episcopal cerró filas en torno al Obispado, afirmando que se trataba de simples sesiones de “sanación espiritual”.
El panorama no vislumbra un horizonte esperanzador en el futuro más inmediato, debido a la irrupción de Vox como fuerza decisiva en varios parlamentos autonómicos. En la Comunidad de Madrid son imprescindibles para que el PP pueda seguir manteniendo la presidencia de la región tras 32 años de mandato, y es allí donde los ultraderechistas están siendo especialmente vehementes para la inclusión de sus propuestas más reaccionarias en el futurible acuerdo de gobierno.
Rocío Monasterio defiende la “liberad de los padres para ayudar a sus hijos”, un eufemismo con el que pretenden impulsar la despenalización de las terapias de reorientación sexual, además de eliminar hasta 16 artículos de las leyes autonómicas de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y de Protección Integral contra la LGTBIfobia y Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.
No es la primera vez que el colectivo LGTBI está en el centro de la diana de la formación liderada por Santiago Abascal. Es más, la homofobia es uno de los ejes vertebradores de su discurso, con disparates como trasladar la festividad del Orgullo a la Casa de Campo o las declaraciones de Gádor Joya, parlamentaria en la Asamblea de Madrid, quien aseguro que si su hijo fuera gay “preferiría no tener nietos”.
La última polémica ocurrió esta misma semana cuando el nuevo alcalde de Madrid, el popular Martínez Almeida, anunció que la bandera del arcoíris luciría en la fachada del Ayuntamiento durante la festividad del Orgullo. “En Vox no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos”, publicó la formación en su cuenta de Twitter.
La propuesta de despenalizar las terapias de reorientación sexual no debe interpretarse como otro disparate de los muchos a los que nos tiene acostumbrados esta camarilla de ultraderechistas tardofranquistas. Esto va mucho más allá de una simple ocurrencia de barra de bar, y el mero hecho de plantearlo supone una grave amenaza para las libertades individuales cuya única respuesta aceptable es la negativa frontal de todas las formaciones políticas.
PP y Ciudadanos descendieron al último escalón de la ignominia cuando pactaron acuerdos de gobierno con la ultraderecha, pero si además consienten que el fascismo vuelva a subyugar las orientaciones sexuales que no tienen cabida en sus estrechos márgenes de moralidad, quedarán desautorizados como fuerzas democráticas. Amar, sentir o follar con quien a cada uno le plazca no es una materia pública sobre la que el Estado pueda arrogarse el derecho a legislar.
Las terapias de reorientación sexual son también un legado de los regímenes totalitarios que asolaron Europa durante la primera mitad del siglo XX. Aunque la praxis ha sufrido modificaciones con el paso del tiempo, en esencia continúa siendo la misma perversión deshumanizante que implementaron los nazis en los campos de exterminio.
No existe un código de directrices a la hora de aplicarlas, pero desde la APA aseguran que lo más habitual es recurrir a técnicas que “recuerdan a las vistas en la película La naranja mecánica”. Como la terapia de aversión, un controvertido tratamiento psiquiátrico que consiste en exponer al paciente a un estímulo, al mismo tiempo que se le imprime un sufrimiento físico o psicológico, para que así relacione el estímulo, en este caso su orientación sexual, con el dolor.
Así lo experimentó el científico nuclear Samuel Brinton, que plasmó su calvario en las páginas de The New York Times: “El terapeuta dio instrucciones para que me amarraran a una mesa y me pusieran hielo, calor y electricidad en el cuerpo. Me obligaron a ver en un televisor vídeos de hombres homosexuales que se tomaban de las manos, se abrazaban y tenían sexo. Se suponía que asociaría esas imágenes con el dolor que estaba sintiendo para hacerme heterosexual de una vez por todas. Al final no funcionó, pero yo decía que sí solo para dejar de sentir dolor”. Otros han relatado como les suministraban drogas para provocarles el vómito mientras veían material pornográfico entre personas del mismo sexo.
El Consejo General de la Psicología en España advierte de las graves consecuencias que sufren las personas receptoras de las terapias de reorientación. A menudo desarrollan una sensación de aversión y odio hacia sí mismos, que suele derivar en episodios de autolesiones, depresión y suicidio.
El deseo sexual, recuerda la APA, forma parte de la naturaleza intrínseca del ser humano y cualquier intento por revertirlo o reprimirlo, especialmente en la niñez y adolescencia, es susceptible de condicionar negativamente el correcto desarrollo de la personalidad.
Además, no existe ninguna evidencia científica que avale su eficacia. Al contrario, un centenar de estudios demuestran que no se puede invertir la orientación sexual de una persona, y los que aseguran haberlo conseguido han alcanzado en realidad un estado de contención de la pulsión sexual que supone un riesgo para su estabilidad psicológica y emocional.
¿Recuerdan a Garrard Conley? John Smid, el terapeuta que le (mal) trató en Love in Action está ahora felizmente casado con un hombre y reniega abiertamente de la terapia de reconversión: “Hablé con él. Lo hice poco antes de acabar mi libro para así poder tomar perspectiva de mi experiencia en LIA. También lo entrevisté para mi podcast y vino al estreno de la película y nos ayuda continuamente con materiales”, asegura Conley en una entrevista con el diario El País.
Ningún comentario:
Publicar un comentario