La sociedad civil se organiza para intentar frenar lo que la Ley Electoral permite desde que se aprobó su última reforma (vía Ley de Protección de Datos) en diciembre: el rastreo de nuestras opiniones políticas por parte de los partidos en periodo electoral. Ahora ve la luz la llamada "Lista Viernes", una especie de "lista Robinson" para poder pedir en un solo sitio y de forma fácil que los partidos no puedan usar nuestros datos para enviarnos 'spam' electoral. Y todo ello con dos intensas jornadas electorales: generales y valencianas el 28 de abril, y europeas, autonómicas y municipales el 26 de mayo. 
Varios juristas pertenecientes a un grupo privado de expertos denominado Secuoya Group han elaborado una herramienta, que gestionará la Fundación para la Defensa de la Privacidad y los Derechos Digitales (sin ánimo de lucro), y mediante la cual se pretende unir a la mayor cantidad posible de electores que no quieren que sus datos sean rastreados y usados para propaganda 'online'.
La idea es recopilar la mayor cantidad de peticiones posible, que los partidos reaccionen y que tomen la iniciativa de respetar la voluntad de quienes se apunten a la lista, dado que en realidad no tienen la obligación de consultar esta lista ni de hacer caso de las peticiones.
En una nota, los autores explican que este proyecto tiene la ventaja de que respeta el anonimato de las personas que se apunten, "garantizado por un sistema tecnológico 'doble ciego', de modo que los partidos pueden 'tachar' de sus bases de datos a los votantes de la "Lista Viernes" sin tener acceso directo a la base de datos".
De lo que se trata, en definitiva, es de facilitar la labor a los partidos y que éstos no tengan ninguna excusa a la hora de permitir a los ciudadanos ejercer el derecho de oposición de forma fácil, tal y como la ley obliga.
Si bien los promotores de esta idea aclaran que la herramienta es gratuita y que la puesta en marcha está pagada a fondo perdido por ellos mismos, la Fundación ha preparado una campaña de crowdfunding a través de la plataforma Goteo.org para financiar su óptimo funcionamiento.
Pantalla de 'ListaViernes.es'
Pantalla de 'ListaViernes.es'
Para el abogado Jorge García Herrero, uno de dichos promotores, "la Lista Viernes sirve a todos los ciudadanos y sirve también a los partidos políticos". "Los partidos tienen la oportunidad de demostrar que les importa nuestra privacidad", subraya en una nota.
Todo ello en un momento en el que varios de los partidos políticos contactados por Público aseguran que no realizan extracciones de datos en internet ni tienen planes de hacerlo, mientras que otros evitan aclarar si lo hacen o no, o cómo planean hacerlo. Tal opacidad se contempla con la callada de varias formaciones políticas, como Podemos, PdeCat o Vox.
Esta iniciativa está diseñada específicamente para el tratamiento de datos 'online' y la propaganda digital. No obstante, desde hace semanas el Instituto Nacional de Estadística dispone de un sencillo formulario en la su sitio web para que los electores que así lo deseen puedan prohibir la inclusión de sus datos en las listas del censo que se envían a los partidos políticos para que puedan realizar envíos postales de propaganda electoral. Se requiere un certificado digital, como el DNI electrónico o Cl@ave.
Asimismo, la normativa electoral permite dirigirse directamente a los partidos políticos, a sus encargados de protección de datos y a sus delegados de protección de datos para ejercer los derechos de acceso y oposición al tratamiento de dichos datos personales (de contacto y relativos a nuestras opiniones políticas). Lo malo es que hay que hacerlo partido por partido. En diciembre, la PDLI elaboró un formulario para facilitar esta tarea.
La semana pasada, el Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 58 bis de la Ley Electoral, que es el precepto que permite a los partidos rastrear y utilizar datos personales y opiniones en la red.
Hoy mismo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado en el BOE una Circular en la que anuncia la "interpretación restrictiva" de la citada norma.