Pablo Vaamonde
Galicia se incorporó tarde a la implantación del nuevo modelo de Atención Primaria (AP). El decreto que desarrolla la AP en España es de 1984, mientras que el que inicia la implantación de los Centros de Salud en Galicia no se publicó en el DOG hasta 1992. Fueron decisiones políticas las que provocaron esa demora. El partido gobernante (PP) se alineó siempre con los sectores más reaccionarios de la sanidad. A pesar del retraso y de las numerosas resistencias profesionales y políticas hoy Galicia cuenta con una AP implantada en todo el territorio, con Centros de Salud modernos y bien dotados y con profesionales bien formados para prestar una atención sanitaria humana y de calidad a toda la población.
El mayor impulso de la AP lo realizó el gobierno progresista (2005-2009), que hizo una apuesta política por potenciar la sanidad pública y por impulsar la AP como eje central del sistema sanitario. El gobierno presidido por Pérez Touriño aumentó el presupuesto dedicado a AP, convocó oposiciones e incrementó el número de profesionales; también realizó un notable esfuerzo en dotar los Centros de Salud de medios para incrementar la capacidad resolutiva. En las Gerencias de AP se incorporaron profesionales muy capacitados y comprometidos con el sistema público. Este impulso, fruto de la decisión política, se vió truncado con la toma del poder por el PP.
El gobierno presidido por Núñez Feijóo adoptó, desde el primer día, decisiones políticas dirigidas a deteriorar el sistema público (mermando los presupuestos -sobre todo los dedicados a AP- que fueron, cada vez más, dirigidos a conciertos con centros externos) y a degradar la AP, causando un evidente maltrato a sus profesionales. Paralizó el Plan de Mejora iniciado por el gobierno progresista (con dotación presupuestaria para contratación de profesionales y dotacion de medios a los Centros de Salud), y dejó de convocar oposiciones, lo que provocó una alta tasa de trabajadores con contratos eventuales y precarios. Inició una catarata de privatizaciones y subcontrataciones con empresas externas que no estaban destinadas a mejorar el servicio sino a desviar el dinero público a bolsillos privados.
Núñez Feijóo conoce bien el negocio sanitario (acompañó a Romay –el impulsor de las fracasadas fundaciones sanitarias- en la Consellería y en el Ministerio de Sanidad) y también es un convencido privatizador: en su paso por la dirección de Correos (2000-2003) se dedicó a privatizar dicho servicio público. Así que las decisiones políticas adoptadas en los últimos diez años no son fruto del azar o de la incompetencia sino de un plan diseñado para convertir la actividad sanitaria en un negocio para que se lucren unos pocos, incluso a costa de desmantelar un sistema público de buena calidad y de maltratar a sus profesionales y a los pacientes, que son, al final, los más perjudicados.
La paralización del Plan de Mejora, el desmantelamiento de las Gerencias de AP (XAP) para integrarlas en las gerencias hospitalarias (EOXI) -que convirtieron la AP en un apéndice menor de los hospitales-, la eliminación de Áreas Sanitarias (la Ley de Salud del PP suprimió cuatro áreas, pasando de once a siete: así los hospitales comarcales perdieron autonomía de gestión): todas estas medidas van orientadas en la misma dirección. Hay una clara intencionalidad política de desmantelar la AP y de concentrar el poder y el control de los presupuestos en los grandes hospitales, dirigidos por gerentes muy próximos al poder político.
Núñez Feijóo afirma en la prensa que es un defensor de la sanidad pública. Pero la voluntad política, cuando se ejerce el poder, no se expresa en los medios sino en el DOG y en los presupuestos. Y el desarrollo legislativo y la asignación presupuestaria demuestran todo lo contrario. El propio conselleiro admitió que los fondos para equipar centros de salud "no existieron" durante años. Las políticas impuestas por el PP en la sanidad gallega van encaminadas a convertir la salud en un negocio. Después de una década la población comienza a percibir el deterioro asistencial, que no es mayor por el compromiso y el esfuerzo de los trabajadores, que intentan mantener la calidad asistencial a pesar de la precariedad y la carencia de medios.
Hay una enorme indignación entre los profesionales, que se sienten castigados por las decisiones de este gobierno. La protesta de los trabajadores de los PACs, la movilización de l@s profesionales precari@s , la dimisión en masa de los jefes de servicio de AP de Vigo: todas estas son expresiones del creciente malestar profesional. El gobierno respondió a estas protestas con la creación de un “grupo de expertos” que elaboró una lista de propuestas que no pretenden más que maquillar la situación, y presentó un modelo de contrato para los eventuales que sólo sirve para “estabilizar” y mantener la precariedad. El reclamo no sirvió para nada. Los profesionales no picaron en ese anzuelo. Porque las soluciones reales no pasan por medidas de ese tipo. Hace falta restaurar en profundidad el daño causado, recuperar las XAP, incrementar el presupuesto de la AP hasta el 25% (hoy no llega al 12%) y dotar de profesionales y medios a los Centros y PACs para que puedan trabajar con dignidad y ofrecer una atención de calidad.
Un columnista en La Voz de Galicia (cómplice principal de la Xunta del PP) advertía a los “incautos” trabajadores de la sanidad que este no es un conflicto sanitario sino político. Que no se dejaran engañar. Pues claro que estas protestas tienen una clara intencionalidad política, igual que las decisiones del gobierno que degradan el sistema público y maltratan a los profesionales. La Coordinadora Gallega de AP (CGAP) tiene convocada una huelga para los días 9, 10 y 11 de abril que, con toda seguridad, va a tener un amplio seguimiento. Hace falta que la población perciba que los principales afectados por el deterioro de la AP son los propios pacientes. La sanidad del futuro depende de las movilizaciones de hoy.
Ningún comentario:
Publicar un comentario