A lo largo del siglo XX todos los gobiernos autoritarios, incluido el PP, han recurrido a cuerpos especiales secretos para reprimir los movimientos sociales y los disidentes políticos opositores a la derecha
José Antequera
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El robo del teléfono móvil de Pablo Iglesias va camino de convertirse en uno de los mayores escándalos de la democracia española. Y no solo porque un grupo mafioso formado por policías de dudosa reputación sustrajo información personal a un ciudadano, sino porque se ha puesto de manifiesto hasta dónde eran capaces de llegar las cloacas del Estado, cuyos esbirros habían montado una compleja red de espionaje a políticos, conocida como Policía Patriótica, con la que supuestamente obtenían pingües beneficios. El asunto del móvil es solo uno más de los muchos negocios turbios de esta banda de mercenarios al margen de la ley en la que el comisario José Manuel Villarejo, imputado en el caso Tándem, jugaba supuestamente un papel principal.
El magistrado que instruye Tándem, Miguel García Castellón, ha ofrecido a Iglesias personarse como acusación particular en una pieza separada por el robo de su móvil que a partir de ahora pasará a denominarse caso Dina, precisamente el nombre de la asesora que el líder de Podemos tenía cuando era europarlamentario. En efecto, Dina Bousselham fue quien, en el año 2016, denunció el robo de su móvil en un centro comercial, un asunto menor que en principio la Policía atribuyó a delincuentes comunes. La sorpresa llegó cuando tiempo después el dispositivo apareció durante un registro realizado por los agentes que investigan a Villarejo (actualmente en prisión) y el grueso el caso Tándem.
La historia se complica aún más cuando parte de la información sustraída a Bousselham fue publicada por el periodista Eduardo Inda en su portal OK Diario. A partir de ahora el polémico tertuliano tendrá un problema más que añadir a su azarosa vida profesional, un caso por el que deberá dar explicaciones ante el juez.
Sin duda, el affaire del móvil de Iglesias se irá aclarando a medida que García Castellón vaya tirando del hilo, pero de momento ha quedado claro que Villarejo es el Watergate de nuestra democracia, por encima incluso del caso de los fondos reservados que persiguió a Felipe González. Estamos hablando de un policía acusado de corrupción que medró tanto con el Gobierno del PSOE como del PP y cuyas andanzas se remontan a los primeros oscuros tiempos de la Transición, cuando un amplio sector de la Policía y de la Guardia Civil todavía era franquista. Resulta inevitable entroncar las cloacas del Estado de nuestra democracia con los años de la dictadura, más concretamente con aquella Brigada Político-Social (BPS), la policía secreta de Franco que se encargaba de perseguir y reprimir cualquier movimiento de oposición al régimen. Los métodos de “La Social”, como se conocía entonces, fueron terribles, ya que este cuerpo no dudaba en recurrir a las técnicas de tortura más crueles y execrables para conseguir las confesiones de los disidentes socialistas y comunistas.
Calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS) en Sol
Tras la muerte del dictador, la brigada fue reestructurada y sustituida por la Brigada Central de Información (BCI), pero muchos de sus integrantes siguieron en activo con sus ideas políticas fascistas, sus métodos brutales y su nostalgia por el pasado.
El origen de este tipo de tenebrosas unidades hunde sus raíces más de un siglo en la historia de España, concretamente hasta llegar a la Brigada de Informaciones y a la Brigada de Anarquismo y Socialismo, que en las primeras décadas del siglo XX trataban de reprimir a los subversivos obreros que luchaban contra el patrón y el caciquismo. Esta unidad fue perfeccionada al final de la dictadura de Primo de Rivera, cuando se creó la llamada División de Investigación Social a iniciativa del general Emilio Mola y a cuyo frente quedó el comisario Santiago Martín Báguenas.
Ni que decir tiene que la cloaca policial conoció su momento de mayor expansión en 1938, cuando un decreto de 24 de junio del bando nacional concedió competencias a los gobernadores provinciales para que abrieran una especie de “negociado” para “el control de las materias en la acción política” y la “prevención y represión de cualesquiera actividades que obstruyan o desvíen las directrices generales del Gobierno”. El cuerpo se nutrió del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) −el servicio secreto franquista durante la guerra civil dirigido por el general José Ungría Jiménez−. Años después, ya con el franquismo consolidado, llegaría la Alemania de Hitler para aleccionar a los agentes secretos franquistas. En 1940, tras una fugaz visita a España, Heinrich Himmler se comprometió a que uno de sus agentes especiales de confianza que ya operaba en España, Paul Winzer, instruyera a la nueva policía secreta del Caudillo. Winzer, oficial de las SS y la Gestapo , estuvo destinado en nuestro país varios años instruyendo a los nuevos agentes de la Brigada Político-Social, concretamente hasta 1944, cuando el poderío nazi empezaba a declinar con el avance aliado en Europa.
Tras estas instrucciones y contactos, la Brigada Político Social fue creada formalmente en 1941 con la Ley sobre funcionamiento de las Jefaturas Superiores de Policía y la Ley de Vigilancia y Seguridad. Para sus dosieres secretos, misiones de represión y tortura no solo se nutría de su propia labor de investigación, sino que se alimentaba también de los informes del Servicio de Información e Investigación de la Falange, a la que Franco dotó de funciones de espionaje y de policía política.
Todo ello demuestra que los Gobiernos españoles autoritarios, a lo largo del siglo XX, recurrieron a este tipo de cuerpos sórdidos para liquidar a los movimientos opositores y para imponer sus intereses políticos y económicos, siempre asociados a las elites financieras. El PP no podía ser menos y cayó también en esta práctica antidemocrática que corroe el Estado de Derecho. La prensa ha aireado los audios de dos conversaciones mantenidas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que trataron sobre la posible incriminación por casos de corrupción de líderes independentistas catalanes y de sus familiares más cercanos. La Policía Patriótica estaba en marcha.
Las actividades de las cloacas terminaron salpicando al polémico ministro del Interior, uno de los alfiles de Mariano Rajoy, y el Congreso de los Diputados abrió una comisión de investigación. Fernández Díaz se declaró inocente pero el dictamen dejó claro que aquella nefasta policía existió. Hasta dónde fue capaz de llegar en sus siniestros espionajes es algo que está investigando el juez García-Castellón.
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