La corte madrileña ignora que se enfrenta a un movimiento democrático como no existe otro en Europa
SUSO DE TORO
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En España gobierna un partido condenado por corrupción sistemática. Si se acepta eso a partir de ahí se puede aceptar cualquier cosa, pero eso no ocurre en un sistema democrático y evidencia que el sistema está corrompido.
En ese sistema político y social corrupto se inició, con la finalidad de atacar al gobierno de entonces, un proceso en si mismo antidemocrático con la recogida de firmas “contra los catalanes” y el recurso al Constitucional contra el Estatut. Esa estrategia de calado ideológico causó daño y frustración a la sociedad catalana primero y, posteriormente, le negó toda alternativa conduciéndola a donde se encuentra hoy. Desde el estado y sus partidos no se le ofreció opción alguna, sólo el independentismo catalán le ofreció a la sociedad una alternativa.
Esa anomalía democrática, que el gobierno de Rajoy continúe cuando está probada su corrupción y que tenga el apoyo del PSOE a su continuidad y también a su política hacia Catalunya, sólo es posible porque sirve a los intereses de los poderes del Estado. Así se comprueba con la actuación de los poderes económicos directamente, el boicot a la estructura financiera catalana es una coordinada operación política en toda regla, y a través del control de los medios de comunicación españoles, particularmente las cabeceras y televisiones madrileñas. La unanimidad de las cabeceras en papel y de las cadenas televisivas es prácticamente imposible si no responde a una consigna, “a la voluntad catalana ni agua”.
Al régimen
español actual no se le puede llamar “fascista”, pero sí antidemocrático y con vocación de totalitarismo
A ese diktat antidemocrático responde la sistemática perversión del lenguaje: “el desafío separatista/independentista”, calificar de “referéndum ilegal” antes de declararlo el Constitucional, el lenguaje policial para referirse a delincuentes, “desmantelado el núcleo duro del referéndum”, “incautadas papeletas”... Todo a través de noticias y comentaristas de los que se excluye a quien puedar argumentar la posición de la Generalitat. El sistema de medios de comunicación español no es democrático, es una máquina totalitaria que pretende alienar la opinión pública española. Justo es que haya sido denunciado por instituciones internacionales por su parcialidad.
En los medios de comunicación se realiza la vida social y política, de ellos depende que exista libertad de información, opinión y expresión o que sean ahogadas, como es el caso. Pero lo que en último término garantiza las libertades democráticas es una Justicia independiente y eso tampoco existe en España. El carácter democrático de la justicia nunca estuvo garantizado sin una ruptura con el régimen anterior continuaron y ascendieron fiscales y jueces franquistas y la Audiencia Nacional sucedió al TOP, pero además Rajoy realizó una transformación profunda de la Justicia. Lo evidencia que tanto el ministro como el fiscal estén reprobados por el parlamento. Esa política comenzó con una reforma que encarece e impide el acceso a la protección de la Justicia a la ciudadanía. Continuó con la “Ley Mordaza” que impide el ejercicio de la libertad de expresión. Anuló completamente la independencia de la Justicia con la sistemática ocupación por elementos afines a su partido de todas las instituciones, del Tribunal Supremo al Constitucional. Se podría decir que la nueva ley del Tribunal Constitucional que aprobó en solitario no sólo liquidó la autoridad moral de ese tribunal sino que le dio el finiquito en diferido a la propia Constitución.
La utilización partidista de la Fiscalía sin vergüenza alguna al servicio de un partido tan autoritario y corrupto es lo que explica el encarcelamiento de dos activistas catalanes por la democracia, como muestra que antes del juicio se reuniese el ministro Catalá con el fiscal Maza. La juez los encarceló pero fue la fiscalía a las órdenes del gobierno quien pidió cárcel para ellos y, nada menos, para el responsable de la policía catalana que dirigió la reciente operación contra el terrorismo. La cárcel, las multas, pretender ilegalizar a partidos democráticos… es propio de un gobierno totalitario. Cuando esa política, realizada por las instituciones, es firmada también por otros dos partidos aliados y cuando el jefe del estado, que fue designado por el régimen franquista avala esa política, estamos hablando de un régimen que no es democrático. No se le puede llamar “fascista” pero sí antidemocrático y con vocación de totalitarismo.
Ese régimen autoritario calcula la resistencia cívica catalana en unas cincuenta o cien mil personas movilizadas, ignora la realidad de millones de catalanes que están defendiendo pacíficamente su soberanía como ciudadanos y como nación. Asistimos al choque entre esa estrategia de estado y esa realidad social. La corte madrileña cree que se enfrenta a unos partidos independentistas e ignora que se enfrenta a un verdadero movimiento democrático como no existe otro en Europa ni en el mundo. Su plan es simple, no negociar, humillar y destruir ese movimiento, lo que ellos llaman “el independentismo”, que la sociedad catalana carezca de nervio. Una vez reducida a unas provincias sin dirección y tuteladas desde Madrid se le concederá un reconocimiento y unas contrapartidas económicas.
¿Cómo es posible que ocurra esto dentro de la Unión Europea? La explicación es que la UE, es decir la Comisión y el BCE, han redefinido el proyecto europeo, la Constitución Europea con su garantía de derechos de la ciudadanía es papel mojado y dentro de la Unión se acepta que existan estados democráticos y otros que no lo son. El Reino de España así es un estado de una naturaleza semejante a la de algunos países del antiguo bloque soviético. Las libertades dentro de esos estados no importan y su supuesta soberanía sólo existe mientras paguen su deuda. Es decir, el estado español hace lo que le hace a la ciudadanía catalana porque Merkel y Junker se lo permiten en tanto las cuentas del estado se mantengan en equilibrio.
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