El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha declarado nulos los procedimientos que permitieron sustituir por facultativos afines al PP a media docena de jefes de servicio de varios hospitales mediante ceses ilegales y oposiciones amañadas
JUAN OLIVER
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El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha realizado una auténtica purga en la clase médica gallega despojando de sus cargos a media docena de jefes de Servicio de varios hospitales que podían resultar incómodos para ejecutar sus planes de recortes y privatizaciones en la sanidad pública. Desde que el PP llegó al poder en el 2009, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado los procedimientos por los que se les sustituyó, declarando ilegales sus ceses u obligando a realizar de nuevo las oposiciones amañadas que permitieron colocar en su lugar a personas afines a esa formación.
La última sentencia es del pasado 26 de octubre, y anula el concurso que arrebató su plaza a Víctor Pedreira, jefe de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) desde 1982 y quien fue destituido el mismo día en que cesó como subdirector general de Salud y Drogas de la Xunta que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño. Tanto la jueza de primera instancia como el TSXG han fallado que aquella oposición estaba viciada con un evidente “desvío de poder” destinado a entregar el puesto al doctor Isauro Gómez Tato. Consideran probado que el tribunal no era imparcial, sino hostil a Pedreira, y que la nueva gerencia del CHOP modificó y ocultó los baremos de evaluación para que el primero obtuviera una puntuación superior.
La purga en el CHOP empezó a las pocas semanas de que Feijóo ganara las elecciones autonómicas de abril del 2009 y empezara a aplicar una drástica reducción del presupuesto sanitario. A Pedreira le llegó la notificación de su cese el 22 de mayo, muy poco después de que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) nombrara gerente del hospital a José Manuel González, quien había sido el último consejero de Sanidad de la Xunta de Manuel Fraga.
Pedreira no fue su única víctima. Ese mismo mes, veinte días antes, González había destituido a Enrique Vázquez Astray, jefe del Servicio de Digestivo, y poco después, también en mayo, a Enrique Temes, jefe de Neumología. En octubre del 2012, el TSXG anuló la destitución de Vázquez Astray, declarándola contraria a Derecho y acusando a la Xunta de haber actuado con “mala fe” y de haber cuestionado injustamente “su honor y prestigio profesional”. Un año después, el mismo tribunal devolvió su plaza a Temes y anuló la oposición que se le había regalado al doctor Antonio Pena, al entender que también fue amañada para perjudicar al primero.
El proceso no se limitó al CHOP. En el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) la purga también desplazó a José María Borro, jefe de Cirugía Torácica, quien fue destituido por denunciar ante la gerencia del hospital que otros médicos de su departamento estaban derivando pacientes a clínicas privadas donde los operaban de cáncer cargándoles la factura a sus seguros privados. La Justicia también revocó su cese. Como revocó el de Evaristo Varo, jefe de Cirugía Digestiva del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, quien fue cesado en aquel mes de mayo del 2011 en otra oposición que el TSXG consideró manipulada y que entregó la plaza a Manuel Bustamante, el marido de Rocío Mosquera, la primera gerente del Sergas de Feijóo y que sería nombrada consejera de Sanidad pocos meses después.
Bajo su mandato estalló el escándalo por la negativa del Sergas a proporcionar el tratamiento que necesitaban varios enfermos de hepatitis C, en un asunto motivado por los recortes, aún pendiente de resolución judicial y por el que la Fiscalía acusa de homicidio imprudente a dos altos cargos de la Consejería de Mosquera. Feijóo se ha negado a destituirlos e incluso ha afirmado en el Parlamento de Galicia que el proceso contra ellos es “indigno”.
Todos los casos de médicos purgados tienen las mismas pautas. Se trata de facultativos veteranos, con un elevado nivel de reconocimiento entre sus compañeros de profesión y que contribuyeron a poner en marcha la sanidad pública en Galicia en los años ochenta y noventa, cuando algunos de los departamentos que gestionaban ni siquiera existían. Algunos incluso fueron fichados por los gobiernos de Manuel Fraga para que empezaran a aplicar en Galicia técnicas pioneras que estaban aplicando con éxito en otros hospitales de España. Era la época en la que el exministro y extesorero del PP José Manuel Romay Beccaría ocupaba la Consejería de Sanidad. Y Feijóo era su mano derecha y secretario general.
Tal vez porque conocía a personalmente a muchos de ellos, y porque sabía que su prestigio los situaba en una posición de relevancia social entre pacientes y profesionales sanitarios, cuando Feijóo llegó al poder en abril del 2009 ya intuía que podían resultar muy molestos a la hora de aplicar los recortes que planeaba.
“Un buen jefe de servicio en un hospital es el que exige medios, el que reclama más personal, el que te pide mejorar las cosas, porque esa es la forma de aumentar la calidad asistencial”, explica Pedro Soler, exgerente de Primaria en Mallorca y también, por este orden, de los hospitales de Burgos, Pontevedra, Ourense y O Salnés (Vilagarcía). Llegó a Galicia en el año 1994, justo tras la transferencia a la Xunta de las competencias de sanidad. Lo ficharon Romay y Feijóo y se mantuvo al frente del hospital de O Salnés durante el Gobierno bipartito del PSOE y el BNG hasta que el Sergas lo destituyó, también, en mayo del 2009.
Conoce bien al presidente de la Xunta, quien, asegura, “no cree en la Administración pública. Piensa que el sector privado es más eficaz y funciona mejor”. Y recuerda que tener “comisarios políticos” en las gerencias de los hospitales y en las jefaturas de Servicio facilita también hacer un uso incontrolado del presupuesto sanitario. Soler es delegado en Galicia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y fundador con varios de los galenos purgados de la Asociación Batas Blancas, que acaba de denunciar ante el Consello de Contas de Galicia que el CHOP sigue pagando facturas millonarias a firmas privadas por valor muy superior al coste real y cuya concesión ya ha expirado.
En el año 2009, el presupuesto de la sanidad gallega era de 3.766 millones de euros. Feijóo lo redujo en el 2010 a 3.728 millones, excluyendo la inversión en prevención en materia de drogadicciones que la Xunta incluyó entonces como inversión sanitaria para camuflar los recortes, que continuaron en los años siguientes y que no se han recuperado desde entonces (en el 2017 el Sergas contó con 3.558 millones de euros).
Esas cifras quizá explican por qué los médicos que defienden la sanidad pública resultan incómodos para la Xunta de Feijóo. “Prácticamente ya no queda ni uno solo de aquellos jefes de Servicio. Es un verdadero destrozo, porque son gente extraordinariamente preparada y formada que llevó a Galicia a ser una de las comunidades punteras en atención sanitaria”, añade Pedro Soler.
Víctor Pedreira llevaba al frente de la unidad de Psiquiatría del CHOP desde 1982. Él la fundó, y fue la primera de Galicia que empezó a registrar ingresos hospitalarios de pacientes afectados por patologías psiquiátricas. Hasta entonces, se los estigmatizaba, y con ellos a la psiquiatría como ciencia médica, enviándolos directamente al manicomio sin tener en cuenta que algunas enfermedades podían ser síntomas de una dolencia física, como un tumor cerebral, o que ambas podían revelarse simultáneamente.
Pedreira se muestra muy sorprendido por el hecho de que a pesar de que el TSXG haya anulado la oposición que le despojó de su plaza, la Xunta no haya cesado al médico que la ocupa. Él ya está jubilado, pero asegura que peleará para incorporarse de nuevo, no sólo para hacer efectiva la “reparación moral” que la Justicia le ha reportado cinco años después, sino también como acto de “reparación social”, porque sus compañeros le aseguran que su sustituto ha echado por tierra el trabajo de años: “Se ha vuelto a estigmatizar a los pacientes obligándolos a vestir pijama, cuando no es necesario, se les quitan sus pertenencias y se les aplican medidas de contención física con mucha más frecuencia”.
Como Pedreira, José María Borro, el exjefe de Cirugía Torácica del CHUAC, se muestra dolido por el trato recibido. La Xunta de Fraga lo fichó en 1998 para que empezara a aplicar en A Coruña las técnicas que empleaba con pacientes de cáncer de pulmón en Valencia. Tras quince años de trabajo, y por denunciar que otros médicos se estaban lucrando enviando pacientes del Sergas a su clínica privada, el Colegio de Médicos llegó a sancionarlo con una multa de 2.000 euros y suspensión de colegiación, una medida que fue revocada el año pasado por los tribunales en una sentencia que asegura que aquel castigo fue injusto y carente de fundamento, ya que Borro se limitó a cumplir su obligación. “Es un funcionamiento mafioso. Al que no se amolda, le cortan la cabeza, como castigo y como advertencia al resto”, sostiene Borro, hoy presidente de Batas Blancas.
También fue un fichaje Evaristo Varo, jefe de Cirugía Digestiva en Santiago y quien llegó a Galicia en 1994 desde el hospital Reina Sofía de Córdoba, con Romay y Feijóo en la Consejería de Sanidad, para poner en marcha los programas de trasplante de hígado, riñón y páncreas de la capital gallega. Varo también es profesor de la Universidad de Santiago, pero ni eso ni su experiencia profesional impidieron que fuera cesado para que su cargo lo ocupara un adjunto al que había formado y que estaba casado con la gerente del Sergas de Feijóo. El TSXG anuló la oposición que le arrebató la plaza porque el tribunal no era imparcial y tenía el “designio” de “postergar a un candidato y primar al otro”.
Varo atiende al teléfono el sábado por la mañana, después de una noche entera en el quirófano para un doble trasplante de hígado, y asegura que la Xunta del PP quiere en los hospitales “personas que puedan manejar, que no sean críticos”. Y lamenta lo que les ha ocurrido a él y a los otros médicos purgados, a los que han intentado “arruinar sus últimos años de carrera profesional” y a los que se sigue persiguiendo. A él llegaron a abrirle expediente por operar a una paciente de nacionalidad portuguesa, un supuesto más que habitual en Galicia.
Esa persecución también la sufrió Enrique Vázquez Astray, el jefe de Digestivo del CHOP cesado por el ex consejero José Manuel González. Cree que el gerente del CHOP la emprendió con él porque le advirtió de que no se plegaría a las medidas que quería imponer para cumplir con los objetivos económicos tras los recortes presupuestarios, y por cuyo cumplimiento obtenía un plus económico. “Era lo único que le importaba y todo lo supeditaba a eso”, señala.
Mientras tanto, a quienes colaboran en la escabechina se les sigue premiando, como al sustituto de Vázquez Astray, el doctor Juan Turnes Vázquez, quien acaba de ser nombrado miembro del Consello Asesor del Sistema Público de Saúde de Galicia, o a José Manuel González, quien se mantuvo al frente del CHOP hasta febrero de este año, cuando la presión de sindicatos, colegio de médicos y asociaciones de pacientes y de profesionales sanitarios obligó a la Xunta a destituirlo. Según Batas Blancas, sigue cobrando su sueldo pese a que no se ha sometido al preceptivo período de reciclaje para volver a la práctica médica después de años dedicado a una gestión hospitalaria completamente politizada.
Más ejemplos: el primer gerente del CHUAC nombrado por Feijóo fue Alfredo García Iglesias, coordinador del programa electoral del PP en materia sanitaria y quien figuraba en las listas de esa formación en las últimas municipales. Quien hoy le sustituye, Luis Verde, forma parte de la ejecutiva del PP de Pontevedra. Y la gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) es Eloína Núñez, prima carnal del presidente de la Xunta y quien ocupaba hasta febrero pasado la gerencia del complejo hospitalario de Ourense.
La purga que se llevó por delante a algunos de los médicos más prestigiosos de Galicia empezó hace años, cuando Feijóo llegó al poder, pero se mantiene con él a pesar de que la Justicia ha fallado una y otra vez en contra de la Xunta, y de que serán los contribuyentes gallegos los que asuman el pago de las costas judiciales y de las indemnizaciones que puedan derivarse. El proceso no ha terminado. Hace tres semanas, el catedrático Arturo González Quintela fue apartado de la jefatura de Medicina Interna del CHUS, y su plaza, asignada a un médico con mucha menos experiencia, méritos y prestigio profesional. Su única opción ha sido recurrir a los tribunales. Su ventaja, quizá, que éstos ya han dejado sobrada jurisprudencia al respecto.
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