La Comisión Europea ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que imponga una multa de más de 100.000 euros por cada día de retraso en la trasposición de la ley hipotecaria europea, a la que debería haberse adaptado hace un año y medio.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría poner una multa a España de 105.991 euros al día a petición de la Comisión Europea por no haber introducido todavía en la legislación nacional la directiva europea sobre contratos de crédito hipotecario, cuyo objetivo es reforzar la protección de los consumidores que suscriben un crédito hipotecario.
El plazo límite para trasponer la directiva europea a las legislaciones nacionales expiró el 21 de marzo de 2016, y desde entonces el Gobierno español ha recibido dos avisos por parte de la Comisión Europea en mayo y en noviembre de 2016. En abril de 2017 la Comisión ya advirtió de que demandaría a España ante el TJUE si seguía sin trasponer la normativa, denuncia que ha interpuesto siete meses después.
El pasado 3 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, que supuestamente traspondrá la directiva cuando sea validada. Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno español hace una mala trasposición de una directiva europea o cumple solo a medias una sentencia del TJUE en materia de vivienda.
En cualquier caso, si la nueva legislación española no se aprueba pronto, el TJUE impondrá esta multa cuando dicte sentencia. Sería la enésima vez que España es castigada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su legislación hipotecaria, calificada año tras año como injusta e ilegal por no proteger los derechos de los consumidores, por colocarlos en una situación de indefensión, por no haber permitido la revisión de las cláusulas abusivas o por incumplir reiteradamente la legislación europea.
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