Francí Xavier Muñoz
Diplomado en Humanidades y en Gestión Empresarial
Hace unos días, El Plural daba cuenta de las suspicacias que se habían levantado en la redacción de El País por los recientes nombramientos del nuevo director, Antonio Caño, y de la nueva subdirectora. Al parecer, según El Plural, ambos están alejados de una sensibilidad progresista, lo que parece confirmar el giro a la derecha de El País. En otra de sus informaciones, El Plural recordaba la declaración conservadora que hizo el exdirector de El País y actual consejero-delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián, en un desayuno informativo en presencia del exsecretario general del PSOE, Felipe González. Dijo Cebrián: “yo nunca he sido de izquierdas”. Y, finalmente, se daba cuenta de las últimas visitas a La Moncloa de Antonio Caño y Juan Luis Cebrián, lo que confirmaría, según El Plural, el acercamiento al Gobierno del periódico El País, que se puede apreciar en sus últimas informaciones sobre los supuestos nuevos brotes verdes de la economía que tanto alboroto están provocando en el Ejecutivo y en el partido que lo sustenta.
Si a estos cambios en El País añadimos el cierre de la edición en papel del periódico Público, el cese fulminante de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo -por supuestas desavenencias con la empresa editora tras la publicación de las informaciones sobre Bárcenas y el PP- y las fusiones de las cadenas televisivas Cuatro-Tele5 y La Sexta-Antena3, podríamos llegar a la siguiente conclusión: la izquierda mediática estaría en clarísima desventaja frente a la derecha, que habría logrado hacerse con el control de tres grandes medios de comunicación (El País, Cuatro y La Sexta) y virar el rumbo de otro más que últimamente incomodaba mucho al Gobierno (El Mundo).
Esta concentración del capital conservador en los grandes medios de comunicación españoles no favorece una saludable democracia en la que la libertad de información y el libre mercado sean algo más que principios políticos y económicos. En España se está reproduciendo una situación similar a la que vive nuestra vecina Italia, y en ambos países la visión neoliberal de la economía y de la política se difunde masivamente sin dar apenas opción a la réplica en sus espacios informativos (¿cuántos representantes de Izquierda Unida pisan los platós de La Sexta, por ejemplo?).
En todos los grandes medios se ofrece un panorama bipartidista en el que se excluye o ningunea a otras opciones políticas minoritarias, o cuando se las convoca se hace para dañar a otra (presencia de Equo y Podemos en La Sexta pero no de IU). Esta apuesta mediática por el bipartidismo vulnera uno de los principios constitucionales más importantes, elevado a categoría de “valor superior del ordenamiento jurídico”: el principio del pluralismo político. Si bien, ¿qué podemos esperar de los grandes medios de comunicación cuando la propia ley electoral es bipartidista y diseña un Parlamento equivalente?
El capitalismo financiero, hegemonizado por el neoliberalismo, está diseñando democracias autoritarias en las que no solo gobiernos y parlamentos se pliegan a los intereses de las grandes finanzas sino que, además, medios de comunicación y centros de pensamiento (universidades, fundaciones, etc.) emiten machaconamente a la ciudadanía el mismo mensaje unidireccional: “no hay salida”, “esto es lo que hay”, “hay que hacer lo que hay que hacer”, etc. Todo, legislación y opinión, encaminado al predominio de la visión neoliberal de la economía de mercado, que no es otra que aquella que impone a toda la sociedad los intereses de las grandes corporaciones, haciendo realidad el tránsito de las democracias a simples mercadocracias.
Los instrumentos que utiliza el gran capital financiero para influir e incluso determinar gobiernos y parlamentos son muy sutiles y, normalmente, no saltan a la vista, aunque en algunos casos han sido evidentes (Lucas Papademos como primer ministro griego, Mario Monti como primer ministro de un Gobierno italiano de consejeros de grandes empresas, Luis de Guindos como ministro de Economía español…). El capital financiero está representado y defendido en consejos de ministros y cámaras parlamentarias a través de diputados, senadores, miembros del Gobierno y altos funcionarios que han trabajado y trabajarán de nuevo para dicho capital. No todos, pero sí muchos representantes públicos le harán los favores adecuados en forma de decretos, preceptos legales y concesiones administrativas, favores que serán devueltos en forma de donaciones o financiación al partido correspondiente y, cómo no, en forma de puestos directivos en despachos o consejos de administración de grandes empresas y bancos para esos representantes públicos que dejen de serlo algún día. Hasta el expresidente Rodríguez Zapatero, en su reciente libro El dilema: 600 días de vértigo,reconoce diplomáticamente que en esta crisis los gobiernos han perdido la batalla frente a los mercados. Esperemos que no pierdan, también, la guerra.
En el otro terreno, el de la formación e información, la penetración de los tentáculos del capital financiero es sencilla. Basta con comprar grandes medios de comunicación o fundarlos, basta con financiar estudios, informes, becas o proyectos de investigación en universidades, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, etc. Basta con prestar dinero a intereses preferenciales a quien lo necesita y, más aún, si quien lo necesita, dirige algún medio de comunicación o centro de pensamiento.
Este esquema de trabajo estaría incompleto sin armar adecuada y sólidamente otro frente de amistad para el capital financiero en el orden jurisdiccional, es decir, en la Administración de Justicia. No todos, pero muchísimos abogados, jueces y fiscales se dejarán aleccionar por determinadas interpretaciones de las normas jurídicas que, casualmente, siempre darán la razón a los intereses de las grandes finanzas o de los poderes fácticos. Lo vimos con el juez Baltasar Garzón, lo estamos viendo ahora con el juez Elpidio Silva y, andando el tiempo, lo seguiremos viendo con otros jueces y fiscales que serán apartados de las causas que dirimen si su línea de investigación e instrucción se atreve a cuestionar y lesionar el inmenso poder de las grandes corporaciones o de ciertos poderes fácticos.
En síntesis, el capital financiero ha tomado las riendas de las democracias liberales para que éstas se adapten a la globalización económica desregulada, en la que solo la rapidez de las acciones que se emprenden asegura el éxito de las mismas. Al capital financiero le estorban la lentitud de los procedimientos ejecutivos, legislativos y administrativos y, nada mejor para acelerarlos, que la toma de control de los mismos. La crisis económica, más que una excusa, puede haber sido el instrumento utilizado para revertir las democracias plurales que surgieron en la posguerra mundial (transformando los Estados liberales de Derecho decimonónicos en Estados sociales y democráticos) en democracias unidireccionales, aquellas que salvaguardan el capitalismo financiero fortaleciendo un sistema democrático formal pero no material, pues en su seno no cabe otra visión de la economía ni otra visión de las reglas del juego político que no sean las que imponen las grandes corporaciones. Y éstas sólo están por la labor de apuntalar un régimen bipartidista, en el que el liberalismo conservador y el liberalismo progresista se alternan en el poder para proteger al capitalismo, aparentando alternancia ideológica que, sin embargo, sólo se materializa en políticas sociales y culturales.
Si una mayoría de ciudadanos sigue desinformada por los grandes medios de persuasión -que diría el profesor Vicenç Navarro- poco o nada se podrá hacer para construir una sociedad más plural, más informada y mejor formada. Si, además, los ciudadanos no votamos mayoritariamente a partidos nuevos y distintos, que no se financian mediante préstamos bancarios y que abren sus programas y sus candidaturas a la participación ciudadana, muy pronto podremos gritar -parafraseando el ritual de la sucesión monárquica- aquello de: “¡la democracia ha muerto, viva la mercadocracia!”
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