Por Fernando de Silva
Los dirigentes del PP pueden ser corruptos y carecer de escrúpulos, pero es evidente que no son tontos, y no dan puntada sin hilo. Por eso haber sacado en estos momentos a la luz un proyecto de modificación de la Ley del Aborto retrógrado y mal visto por la mayoría de la sociedad, que a buen seguro no será discutido hasta después de las elecciones europeas y que será sustancialmente modificado en el Congreso, de no ser retirado antes para que no les perjudique en el resultado de las elecciones generales, intuyo que puede tener una clara motivación para que no se hable de corrupción, ni de crisis económica, ni del paro galopante, ni de deuda pública desmesurada y, en especial, de las reformas que, a hurtadillas y con nocturnidad, prepara el mismísimo Ruiz Gallardón; que nos cogerán a todos por sorpresa, con el pie cambiado, y sin tiempo para reaccionar, como ocurrió con la Ley de Tasas, que tanto daño ha hecho a la justicia.
La reforma del Registro Civil ya está preparada y cocinada, y pronto será servida en plato caliente, sin tiempo para rebelarse contra ella. Ya saben los registradores de la propiedad que muy pronto se les encomendará su control, y se frotan las manos solo con imaginarse los pingües beneficios que recibirán en forma de tasas por la emisión de certificaciones que hasta el día de hoy eran gratuitas. Serán ellos los únicos beneficiados de una reforma inoportuna, innecesaria, y muy costosa en dinero y en puestos de trabajo.
Los registradores de la propiedad son los únicos funcionarios que cobran por aranceles, y no han de rendir cuentas a nadie por ello. Y ahora pasarán a ser dueños de nuestras vidas y de nuestra intimidad, y podrán cobrar por certificar que hemos nacido, o contraído matrimonio, entre otras muchas facultades. Y lo más llamativo es que para hacerlo se les entregará hecha una tarea informática que ha llevado muchos años de trabajo y supuesto un importante gasto abonado con dinero público, es decir de todos; y para su beneficio personal. Una manera muy sutil de privatizar lo que siempre debería de ser público.
Los perjudicados no serán otros que todos nosotros, que nos veremos obligados a pagar un servicio, que hasta ahora era gratuito; y los miles de trabajadores que venían desarrollando su trabajo en los Registros Civiles de toda España, en número aproximado de 3.500, muchos de los cuales -de no tener la condición de funcionarios- perderán sus puestos de trabajo para engrosar las cifras de paro. Parece evidente que la recuperación económica, que tanto anuncia el gobierno, solo servirá para que los más ricos puedan mantener sus privilegios económicos, a costa de los sufridos ciudadanos, la mayoría de los cuales siguen manteniendo una posición de sumisión ante las decisiones arbitrarias de nuestros gobernantes. Si afirmase que muchos registradores actualmente ingresan entre 50.000 y 100.00 euros mensuales, podría quedarme corto; ¿parece mucho?, pues más será.
Pero lo verdaderamente escandaloso es que esta reforma se llevará a cabo por un Gobierno presidido por un registrador de la propiedad con plaza y “en excedencia”, que no pierde el tiempo en preparar su futuro lucrativo para cuando se retire de la política; y cuyo Ministro de Justicia está rodeado en su familia por registradores de la propiedad. Y ahora sigamos apostando y votando por quienes son capaces de todo para defender su propio beneficio personal.
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