Feijóo y el conselleiro de Sanidade, visitando el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo CC BY-NC-SA ANA VARELA / XUNTA
David Lombao
La Xunta pone cifras por primera vez al impacto en Galicia del recorte de personal sanitario acumulado durante el mandato del PP en el Gobierno de España. Pero lo hace para culpar de sus efectos al Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. Son, según Alberto Núñez Feijóo, unas 2.500 plazas en diversas categorías del Servizo Galego de Saúde que, a cinco semanas de las elecciones gallegas, el actual presidente y candidato popular a la reelección dice estar dispuesto a convocar de un golpe hasta hacer "historia". Pero no lo hace, se queja, porque el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez no le deja.
Entre ecos de la movilización contra el cierre del paritorio de Verín y de la concurrida manifestación de SOS Sanidade Pública a principios de febrero, el argumentario desplegado por Feijóo esta semana se apoya en las restricciones fijadas por la tasa de reposición. Esto es, los límites que el Estado estipula cada año al conjunto de las Administraciones para reponer vacantes de personal como las generadas por las jubilaciones. Después de las dificultades económicas de los años 90 del siglo pasado, de 2003 a 2008 la tasa de reposición estuvo en el 100% y de este modo, servicios como el Sergas pudieron ofertar todas las vacantes en las sucesivas ofertas públicas de empleo. Pero todo comenzó a cambiar desde ese año, tras la caída de Lehman Brothers y el estallido de la crisis económica y financiera internacional.
En 2009, todavía con el PSOE de Zapatero en el Gobierno central, la tasa de reposición fue reducida al 30% -sólo se podían cubrir tres de cada diez vacantes- en el primer paquete de recortes y después descendió hasta el 10%. Tras su ascenso al poder en 2011, cuando Feijóo llevaba dos años en la Presidencia de la Xunta, el Gobierno de Rajoy mantuvo esa tasa en el 10% y no permitió que aumentara hasta el año electoral de 2015, cuando la elevó al 50% -autorización para cubrir la mitad de las bajas-. Desde 2016 vuelve a estar en el 100%
Oposiciones del Sergas en Silleda CC BY-NC-SA XUNTA
El aspirante a la reelección defiende ahora que las 973 plazas que cubrirían ese 100% no son suficientes, sino que son necesarias unas 2.500 más. La OPE del Sergas "podría superar las 3.500 plazas si el Gobierno estatal elimina la tasa de reposición", transmitió la Xunta a los medios en un comunicado que también actúa a modo de retrato robot de las protestas más recientes por las carencias en el Sergas, apelando a "atraer profesionales" a "medicina familiar y pediatría" o "potenciar la cobertura" de personal en hospitales comarcales -como el de Verín-.
Incluso en caso de prever autorizar la reposición de efectivos de personal público por encima de ese 100% -el Gobierno central ha mostrado disposición a flexibilizar esos límites-, esa modificación dependería de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, que acaban de superar su primer trámite -el techo de gasto- en el Congreso y que, en el escenario más rápido, no estarán aprobados antes del verano. Así, en ningún caso antes de las elecciones gallegas del próximo mes.
En cualquier caso, Feijóo deja entrever cuál es la intención última de este movimiento. Se trata de "aclarar la responsabilidad que tiene cada uno" y dejar claro que "los que crean los problemas" de temporalidad que están provocando intensas protestas entre personal del Sergas son, en realidad, los actuales gobernantes de la izquierda y no el Gobierno que ostenta el poder en Galicia desde hace 11 años.
Esta manera de presentar los problemas de personal que el Sergas arrastra en la última década se produce en un contexto en el que la Xunta en general y el presidente y candidato en particular está intentando aplacar conflictos sanitarios antes del 5A. Mientras colectivos como las enfermeras eventuales o los propios sindicatos sanitarios ponen el foco en la precariedad laboral derivada de la acumulación de contratos temporales y los efectos que esta tiene en la asistencia sanitaria, Feijóo mantiene que la responsabilidad al respecto ya no está en su Gobierno. "Sufrimos la normativa estatal que nos impide acabar con la temporalidad en el Sergas", se queja.
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