Un hombre sujeta un Smartphone de Apple, cuya carcasa posterior está agrietada./ REUTERS
La vida se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología y las grandes marcas lo saben. Cuanto menos duren los aparatos, antes regresarán los consumidores a los mercados. Esta premisa tan abstracta y certera es la denominada obsolescencia programada: el tiempo de vida útil que las empresas calculan y planifican para sus productos tecnológicos. Los teléfonos, las tabletas, los portátiles, las impresoras y hasta las lavadoras están destinadas a una muerte cada vez más temprana.
Detrás de esta realidad se esconde un nuevo problema ambiental que implica, según cálculos de la European Environmental Bureau (EEB), la emisión anual de algo más de 48 millones de toneladas de CO2. Estas cifras gigantescas se deben a un aumento del consumo de energía y recursos para satisfacer la creciente demanda de productos tecnológicos y para la eliminación de los anteriores aparatos. “Este estudio es una prueba más de que Europa no puede cumplir con sus obligaciones climáticas sin abordar nuestros patrones de producción y consumo. El impacto climático de nuestra cultura de teléfonos inteligentes desechables es demasiado alto”, valora Jean-Pierre Schweitzer, oficial de Políticas para la Economía Circular en EEB.
La mayor parte de las emisiones que hay detrás de los aparatos electrónicos se vincula, no tanto a la energía que puedan consumir durante su funcionamiento como a la contaminación que se genera durante toda su fabricación. Buen ejemplo de ello son los teléfonos móviles, en tanto que el 75% de los gases de efecto invernadero que llevan asociados se corresponden con todo el proceso productivo, con el transporte y la distribución comercial. Es decir, tres cuartas partes de las emisiones que un teléfono móvil lleva agregadas se realizan antes de que el consumidor los desembale de la caja.
El tiempo medio de vida útil de un Smartphone y un portátil está entre los 3 y los 4 años. En el caso de una lavadora, su longevidad ronda los 11 años y si hablamos de aspiradoras –otro electrodoméstico común– seguramente terminen obsoletas al cumplir los 4 años. Tan sólo con alargar un año la vida de estos productos se conseguiría reducir 4 millones de toneladas de CO2 al año. Algo que, según la EEA, equivaldría a eliminar de golpe cerca de dos millones de coches de las carreteras de Europa.
Al problema de los gases de efecto invernadero se debe añadir el problema de residuos de que se vincula a las cortas vidas de móviles y otros objetos del mismo calibre. Tanto es así, que se estima que sólo en España se generan al año cerca de 930.000 toneladas de basura procedente de aparatos electrónicos. En Europa, las cifras oscilan entre las diez y las doce toneladas, según la propia Comisión Europea.
“Más allá de lo que supone para los bolsillos, creo que hay pocos ciudadanos que tengan conciencia de lo que la obsolescencia programada supone a nivel ecológico. Apenas hay informaciones gubernamentales sobre lo que significan medioambientalmente estás prácticas”, explica a Público Benito Muros, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada.
La tiranía del diseño
Además de la programación deliberada de los años de vida de los aparatos electrónicos, existen otras limitaciones estéticas que refuerzan esa idea de obsolescencia programada. La tiranía del diseño de la mayoría de los productos provoca que las reparaciones sean más costosas de los que eran antes. Según Laura Rubio, portavoz de Recuperadores de la Economía Social y Solidaria (RESS), la forma en la que se fabrican los artefactos supone una “barrera importante para la reutilización y la reparación”.
“La mayoría de las veces el consumidor, por lo que le cuesta repararlo, decide comprar un objeto nuevo, con lo que ya pasamos a generar basura electrónica”, añade Muros. La sustitución del atornillado por el pegamento en los teléfonos del actual mercado es un ejemplo de cómo se esconden las piezas a los usuarios. Si la sustitución de una pequeña batería de litio era algo factible y asequible hace unos pocos años, el ensamblaje actual hace que sea prácticamente imposible.
Muros, por su parte, pone en evidencia los problemas que puede generar que la denominada transición ecológica esté fiando todas sus esperanzas en una revolución tecnológica que precisamente no garantiza que “todos los productos sean reparables y actualizables tanto en software como en hardware”.
"Etiquetado de durabilidad"
Combatir la obsolescencia “es complicado, pero no imposible”, explican desde Amigos de la Tierra. La organización ecologista –que ha impulsado la campaña alargascencia para luchar contra la muerte programada de los productos electrónicos– reclama medidas legislativas a nivel nacional para que se ponga fin a esta práctica que genera tantas cantidades de contaminación. “La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia multó a Samsung con 5 millones de euros y a Apple con 10 millones” por acortar la vida de los productos, citan desde la organización. Este, quizá, es uno de los caminos a seguir, opinan.
Rubio, por su parte, reclama que se impulse un “etiquetado de durabilidad” para garantizar que el consumidor sepa lo que compra y que los productores “se responsabilicen de la gestión de los residuos”. Si se obligase a que las compañías pagasen por los residuos “espabilarían” y harían que sus productos fuesen más propensos a la reutilización, comenta la experta del REES.
Desde la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada reclaman que se incremente la ley de garantías de dos a cinco años y que se elimine la letra pequeña de las garantías ya que establecen numerosas restricciones que impiden que los aparatos sean reparados en caso de defecto.
“Es imprescindible tratar de reparar el objeto o aparato que se nos haya estropeado, si no se puede ver el uso que le damos y valorar si nos lo pueden prestar o si se puede alquilar y, por último, antes de comprar nada nuevo, siempre está la opción de adquirirlo de segunda mano”, argumentan desde Amigos de la Tierra, para poner énfasis en el poder que tienen los consumidores y el valor de la economía circular.
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