Aunque el discurso del Partido Popular vende desde hace años que su marca es la mejor garantía para la sostenibilidad del sistema, lo cierto es que en Galicia, la comunidad autónoma donde más tiempo ha gobernado en democracia, y donde la formación que preside Pablo Casado presume de saludable gestión y de aplicada implantación de su proyecto político, el modelo se hunde año a año.
Según los últimos datos del padrón municipal de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 46.572.132 habitantes. Y en todo el país, siguiendo las estadísticas de la Seguridad Social, el Estado paga anualmente 9.629.480 pensiones. Es decir una por cada cinco habitantes. Siguiendo las mismas fuentes, en Galicia viven 2.708.339 personas y se pagan 761.894 pensiones. Una por cada 3,5 ciudadanos.
Las cifras enrojecen aún más a Galicia si se detalla la relación entre trabajadores y jubilados: en España hay 19 millones de afiliados a la Seguridad Social, o sea dos por cada pensionista que se ha ganado el derecho a cobrar un subsidio. En Galicia los cotizantes representan poco más de un millón de personas: por cada pensión contributiva apenas hay 1,3 trabajadores empleados y aportando mensualidades para sostener la caja común.
En el territorio sobre el que gobierna Feijóo, la Seguridad Social acumula cada año un déficit de más de 2.500 millones de euros al año. Es el resultado de restar a lo que se ingresa por cotizaciones sociales -4.993 millones de euros en el 2017- lo que se gasta en pagar pensiones -7.565 millones en el mismo ejercicio-. Y pese a que el presidente de la Xunta sigue alimentando el discurso de que lo peor de la crisis ha pasado, que el desempleo lleva varios trimestres descendiendo y que lo que resta ahora es hacer llegar la recuperación a quien aún no la nota, los números rojos de las pensiones gallegas siguen engordando y desmintiendo su tesis.
La Seguridad Social acumula un déficit de más de 2.500 millones anuales en Galicia
Según los informes de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social en Galicia, entre enero y junio se han abonado 3.338 millones en pensiones. Pero la recaudación por cotizaciones sociales no llega ni a los 1.730 millones. Es decir, que el agujero a mitad de año ya supera los 1.600 millones de euros. Lo más probable que al cierre del ejercicio bata un nuevo récord.
El hecho de que Galicia sea una de las comunidades donde el sistema ha devenido en insostenible podría hacer pensar que sus pensionistas viven por encima de sus posibilidades gracias al resto del Estado. Nada más lejos de la realidad, porque aquí se cobran los subsidios más bajos del país: 794 euros al mes de media, sólo por encima de Extremadura y 144 euros -un 15%- menos que la media española. Las pensionistas gallegas, además, padecen una gravosa discriminación: su retribución media no llega ni a los 600 euros al mes, frente a los 950 de los subsidios de los varones.
El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo. (Xoan Crespo / EFE)
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. EFE/Xoan Crespo
Y eso que hablamos de medias. Porque la inmensa mayoría de los jubilados y las jubiladas de Galicia cobran subsidios de miseria. Hay más de 27.000 pensiones que ni siquiera alcanzan los 150 euros mensuales. Una de cada diez es de menos de 300 euros. El 63% ni siquiera llega a los 735,9 euros, cantidad en la que se calcula para este año el salario mínimo interprofesional.
Es verdad que el sistema de pensiones es una competencia exclusiva del Estado, por lo que los resultados de su administración en cada territorio no pueden atribuirse a los gobiernos de turno de las comunidades autónomas. Pero éstos sí son responsables de las condiciones demográficas, sociales, laborales y económicas sobre las que ese modelo se asienta, y de las que en buena medida depende su sostenibilidad futura. En el caso de la que gobierna Feijóo, el Estatuto de Galicia contempla como competencia exclusiva de la comunidad autónoma "el fomento y planificación de la actividad económica".
El presidente gallego inició hace casi dos años su tercer mandato al frente de la Xunta, a la que llegó en la primavera del 2009, en pleno crac financiero mundial, prometiendo en campaña crear miles de empleos. Ya ha pasado tiempo más que suficiente como para medir los resultados de ese proyecto.
El 1 de marzo del 2009, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas que ganó Feijóo, en Galicia se contaban 1.032.333 afiliados a la Seguridad Social. Según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), en junio pasado eran 1.008.738. Es decir, 23.595 puestos de trabajo menos, o lo que es lo mismo, otros tantos cotizantes menos. Y eso que la cifra de referencia en junio es más que engañosa, porque tiene en cuenta las primeras contrataciones de la temporada estival. Si se toma en consideración el mes de marzo de 2008, el resultado es que tras once años de Gobierno de Feijóo, Galicia ha perdido cerca de 48.000 afiliados al sistema.
Resulta evidente que lejos de aquella promesa de crear empleo, lo que han hecho las políticas del PP ha sido destruirlo
Resulta evidente que lejos de aquella promesa de crear empleo, lo que han hecho las políticas del PP ha sido destruirlo. Y el diagnóstico se agrava aún más si se tiene en cuenta que el sustento ideológico de esas políticas también ha servido para justificar drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, para flexibilizar y abaratar los despidos y para provocar una fabulosa caída de los salarios.
Otra nefasta consecuencia del modelo económico del PP. Porque al contar con sueldos cada vez más bajos, los trabajadores y las empresas cotizan menos por cada empleado. En el 2009, entre las aportaciones propias y las de sus empleadores, cada trabajador gallego ocupado aportaba 407 euros mensuales a la Seguridad Social. Hoy esa cantidad ha caído hasta los 286 euros al mes.
El sustento ideológico de esas políticas también ha servido para justificar drásticos recortes en sanidad, educación y servicios sociales
Al tiempo que se desploman tanto los sueldos como la cifra de trabajadores gallegos que contribuyen a sostener las pensiones, se dispara el número de jubilados con derecho a percibirlas. En enero del 2005 eran 688.121, y hoy son casi 762.000. Un incremento de 73.773 personas. Casi 50.000 desde que Feijóo es presidente de un Gobierno que tampoco ha hecho nada para resolver la profunda crisis demográfica de la comunidad, gravemente envejecida y desangrándose a un ritmo de 10.000 habitantes menos al año, por la sencilla razón de que el número de muertes supera con creces al de nacimientos. En el 2008, el año antes de la era Feijóo, nacieron 23.175 gallegos. En el 2017, según el IGE, no llegaron a 19.000.