Eric Santaona
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En junio se cumplirán diez años desde que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) lanzara su histórico folleto "El sol puede ser suyo", que llegó a decenas de miles de ahorradores. Con él, este organismo dependiente del Ministerio de Industria y Energía, buscaba en 2007 dar un impulso definitivo a la generación de energía solar fotovoltaica en España por cuenta de pequeños y medianos productores del entorno rural.
El folleto era una minuciosa guía que detallaba paso a paso qué es la energía solar fotovoltaica, cómo se produce esta y de qué manera, con inversiones relativamente asequibles, los habitantes de muchas zonas del campo español podían crear sociedades para explotarla, ya fuera por cuenta propia, en sus terrenos, o asociados a otras personas del entorno que hicieran una aportación a la sociedad.
Explicaba también el modo en que el gobierno de Zapatero prometía el retorno de la inversión: en forma de tarifa regulada asegurada. Esto es, de manera aproximada, garantizando un precio por cada kilovatio generado. El folleto finalmente incluía también recomendaciones en lo referente a la financiación de las inversiones y venía incluso a hacer los números de la inversión en función de las capacidades de cada bolsillo, empezando por un modelo de inversión de unos 25.000 millones de euros, al que se podía acceder si se disponía de 5.000 euros y se financiaba el resto; unos esquemas de pasos a seguir completaban estos “planes de negocio” del IDAE.
62.000 familias atrapadas
"El sol puede ser suyo" pretendía capitanear la revolución verde que se estaba produciendo en el mundo en aquellos años y de la que España era entonces uno de sus máximos ejemplos. Sin embargo, una década después, la simple visión de aquel folleto amarga el pensamiento a cerca de 62.000 familias que creyeron en él. La razón es que "El sol puede ser suyo" es, cuanto menos, la historia de una promesa rota en su décimo aniversario.
Las familias fotovoltaicas españolas apostaron por la inversión en huertos solares por muy distintos motivos: unos porque vieron un modo de obtener rentabilidad ética a sus ahorros, la mayoría porque sintieron que en este negocio podían encontrar un complemento a su futura pensión de jubilación, que preveían precaria, y otros porque creían ver en la generación social de energía renovable un modo de evitar que el campo español se despoblara.
Estos acudieron mayoritariamente a líneas de financiación crediticia de bancos y cajas para conseguir el capital necesario, la mayoría de las veces aportando garantías personales, como sus propias casas, porque el dinero pasó de los bancos a las empresas que los construyeron, quedando la deuda de 25.000 millones de euros a cargo de las familias fotovoltaicas que, mes tras mes, religiosamente, han de ir abonando las letras, antes durante diez años, ahora, hasta que salden la deuda.
2010: primera promesa rota
Sin embargo, estas promesas pronto se revelaron como papel mojado. El primer cambio en las condiciones prometidas aconteció en 2010, cuando el Gobierno decretó un recorte en la retribución de la energía solar fotovoltaica de un 30% de media. "A diferencia de lo que ha sucedido con las preferentes, donde había letra pequeña, en ningún sitio del folleto, ni por supuesto del BOE, ponía que las condiciones podían llegara cambiar; si lo hubiera puesto, ni una sola familia hubiera invertido ni un solo céntimo de Euro", relata Rafael Barrera, Director General de Anpier.
Esta medida puso a la mayoría de asociados de ANPIER en una situación difícil, no solo porque la presión de los bancos respecto a la devolución de los préstamos no disminuyó, sino también debido a que, con el paso de los años, los costes de mantenimiento de los huertos solares aumentaban. Para tranquilizar a los productores, se aseguró desde la Administración que la medida era transitoria y se volvería pronto a los retornos prometidos.
Sin embargo, la situación empeoró con la llegada en 2011 del gobierno de Rajoy. La medida, supuestamente transitoria, no volvió a su situación original sino que, en 2013, la reforma del sector energético impulsada por el ministro de industria José Manuel Soria la convirtió en definitiva y los recortes de la tarifa inicial alcanzaron hasta el 50%.
2013: cambian las reglas del juego
"Lo que hizo Soria", dice Barrera, "fue cambiar completamente el tablero de juego y sus normas de uso: se pasó del retorno de la inversión mediante una tarifa regulada por Kw/h producido, a prometer una rentabilidad supuestamente 'razonable' basada en el cálculo de lo que el ministerio llamó 'instalaciones eficientes', que es un estándar ideal que en la realidad no existe".
Dicha rentabilidad se estableció en el 7,39% y, además, se le aplicó un carácter retroactivo. Es decir, que se consideró que muchos de los productores habían estado recibiendo durante años una retribución por valor de una rentabilidad superior al 7,39% y, por tanto, deberían devolverla reduciendo su rentabilidad futura. Este cambio de reglas redujo el retorno de las inversiones de forma dramática.
"En este punto la situación de la mayoría de nuestros asociados se volvió insostenible", apostilla el director de ANPIER: "por un lado se nos ofrecían unas rentabilidades calculadas realmente muy inferiores a este 7,39% y, por el otro, estábamos en la obligación de pagar unos préstamos al banco cuyo interés rondaba el 6% o el 7%".
Añadiendo los costes de mantenimiento, las explotaciones solares dejaron a la mayoría de asociados de ANPIER al borde de la ruina y solo la solidaridad familiar y la disposición de las entidades financieras a renegociar los plazos de devolución -con gravámenes adicionales en muchos casos- están evitando males mayores.
"Se pasó de un plazo medio de recuperación de las inversiones de diez años a otro nuevo de hasta dieciocho; por el camino muchos huertos han sido abandonados, otros apenas se mantienen en pie y son muchos los que han vendido las instalaciones a los fondos buitre por el precio de la deuda; este es el resultado de las promesas rotas del folleto de IDAE", sentencia este directivo.
Una ventana de esperanza
En estos diez años ANPIER no se ha mantenido de brazos cruzados, sino que ha batallado tanto ante la opinión pública -con marchas por toda España y la producción del cortometraje "Camino del sol", entre otras acciones- como en los tribunales, llegando hasta el Supremo sin resultados satisfactorios por el momento.
Sus demandas para sentarse en una mesa de negociación, y llegar a un acuerdo que permita hacer sostenibles las explotaciones solares que todavía aguantan no han sido escuchadas por el actual gobierno, que sigue manteniendo la ley del sector que diseñó Soria. Sin embargo, en estas últimas semanas se ha abierto una ventana a la esperanza gracias a la victoria que el fondo de inversión Eiser ha obtenido sobre el gobierno español en un arbitraje internacional.
Las inversiones de Eiser en España también se vieron afectadas por la 'ley Soria' y el fondo recurrió a un laudo de arbitraje a través del Ciadi, un organismo perteneciente al Banco Mundial, que ha condenado a España a pagarle 128 millones de euros en compensación. Los peritos del arbitraje, incluido el designado por el gobierno, han dado la razón a Eiser y han calculado la rentabilidad real de sus instalaciones muy por debajo de ese 7,39% fijado por el ministerio.
Para Barrera, aunque la decisión del Ciadi no es vinculante, "es una buena noticia que nos abre una ventana de esperanza porque, aunque aquí la justicia no nos escuche, está claro que más allá de nuestras fronteras cada día hay menos dudas de quién tiene la razón en este caso".
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