El 23 de febrero de Felipe de Borbón

Lidia Falcón

Resulta enormemente frustrante observar cómo las fuerzas de izquierda repiten y repiten los mismos errores, siglo tras siglo. Me refiero a la izquierda que no se rinde al capital como sucede con la socialdemocracia. La reclamación repetida de un referéndum sobre monarquía o república que están planteando los partidos políticos y las asociaciones ciudadanas creyendo que de celebrarse sería el comienzo del ciclo republicano, es tan torpe como ingenua. Y sin embargo, por su aparente equidad, está convenciendo a la ciudadanía, que tiene tan mala memoria como desconocimiento de los mecanismos del poder.

Ese poder que desde la Transición tiene puesto el pie en el cuello del pueblo. Porque en España, a diferencia de Suiza o Francia, la izquierda no tiene ninguna esperanza de ganar ni un plebiscito ni siquiera una consulta popular. Para evitar que los partidos políticos de izquierda y los sindicatos tuvieran alguna posibilidad de dirigir el destino del país, se organizaron eficazmente todas las fuerzas de la derecha en la redacción de la Constitución, que consiguieron la sumisión del Partido Comunista y del PSOE, a los que se les dio, conmiserativamente, vela en el entierro. Así, ni siquiera se puede tener la seguridad de ganar una consulta popular. La solicitud debe ir acompañada de medio millón de firmas, recogidas en un máximo de nueve meses, con garantía notarial en cada ciudad. Presentadas ante el Congreso, los partidos que componen la Cámara pueden decidir en media hora que ni siquiera quieren discutir la propuesta, como sucedió con la solicitud de las Asociaciones de Viudas para que se les subiera por caridad la miserable pensión de que disfrutan, después de haber reunido dos millones de firmas.

El régimen franquista, del que es continuador esta monarquía, alarga sus tentáculos muy eficazmente. Esa Constitución tan alabada aparta a los ciudadanos de la posibilidad de reclamar los derechos sociales que tan pomposamente recita en su texto: nadie puede exigir la tutela judicial para lograr un empleo, una vivienda, un ambulatorio ni un colegio.

Es realmente penoso plantearse que la proclamación de la III República dependa de una consulta popular, cuando nos arrebataron “manu militari” la II, que tan heroicamente defendió el pueblo español. No se plantean en referéndum los derechos fundamentales, se proclaman y se hacen cumplir.

Pero si hablamos del tan deseado referéndum, sería bueno saber, para comenzar, que el Artículo 92 de la Constitución impone que sea convocado por el rey y que no tiene carácter vinculante. Ninguna de las fuerzas políticas que organizan la campaña por esa consulta popular parece haberlo leído. Quienes lo reclaman, con una ingenuidad sin igual, piden que se plantee  con una pregunta concreta sobre si queremos monarquía o república, y al parecer no se han enterado de lo que nos sucedió con el referéndum sobre la OTAN. Vean ustedes, “aviven el seso y despierten”, recordando la pregunta que se planteó en el referéndum:

“El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos:

La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada.

Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español.

Se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España.

¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?”

La falacia con que organizaron la pantomima de aquel referéndum es  tan enorme que no se comprende como después de que el gobierno de Aznar nos integrara en la estructura militar de la OTAN (y nunca nos han contado lo que tal situación nos cuesta), de que se esté ampliando continuamente la presencia militar de EEUU en España, (3.000 militares estadounidenses más se esperan este año en Rota), de que las bases de Rota y de Torrejón de Ardoz sirvan para enviar las operaciones de bombardeo contra Irak, Afganistán, Libia; de que los vuelos de la CIA transportando prisioneros secuestrados de Guantánamo y otras prisiones secretas reposten en Mallorca, y de que nadie inspeccione si las bases, los aviones, los submarinos y los barcos de la OTAN que se han instalado en nuestro país, tienen armas nucleares, nuestra gente no haya salido masivamente para acabar con semejante sumisión del gobierno español al de EEUU.

Examinen ahora cómo se organizaría el famoso referéndum por la República. Porque no solamente el rey nos tiene que hacer la concesión de convocarlo sino que sería este Ministro del Interior, el ilustre Jorge Fernández Díaz, miembro numerario del OPUS DEI, el que tendría que organizarlo, dirigirlo y realizarlo, a través de sus delegados del Gobierno, de los alcaldes –la mayoría se reparten entre el PP y el PSOE–, con el concurso y la protección de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En manos de ese Estado, copado hoy por la Casa Real, su camarilla y el partido Popular gobernante, se encuentran todos los medios de titularidad pública: televisiones y radios, que son los voceros de la campaña que se montaría entre los partidos monárquicos, incluido el PSOE, a tenor de las deplorables declaraciones de apoyo al rey y a la monarquía que están haciendo desde Felipe González a Rubalcaba, Elena Valenciano, Soraya Rodríguez, y otros ilustres dirigentes. Incluso en contra del sentir de las bases del partido, que de todos modos padecen una evidente afonía. Y hay que ver el repugnante servilismo con que los medios de comunicación privados están alabando a Juan Carlos, a su hijo y a toda su familia, con desprecio absoluto a todo rigor histórico y veraz. Lo que deberíamos preguntarles, de una vez, es cuánto cobran los periodistas más encumbrados del país por afirmar que “el rey ha mantenido una férrea neutralidad”, que la concesión de las autonomías se la debemos al Borbón, y hasta –que a tanto se atreven– que el rey ha jurado cumplir la Constitución y hacerla cumplir, cuando debería ser de todos sabido que este rey que se va nunca ha jurado nada más que los Principios del Movimiento Nacional.

Y ante el enorme desafío de la convocatoria de la consulta popular la oposición republicana, tan dormida hasta ahora, despertaría sin organización, sin dinero, sin televisión y sin periódicos. Y sí, haríamos un esfuerzo sobrehumano, una vez más, por intentar contrarrestar la infame propaganda del régimen monárquico que nos domina, para comprobar que, una vez más, perdíamos un referéndum.

En esta bendita etapa democrática que dura 39 años, se han convocado únicamente dos: el de la OTAN y el de la Constitución Europea y en los dos ha salido triunfante el poder. Pero, no se puede descartar que ante tanta insistencia de los partidos de izquierda, de los movimientos sociales –nada se podrá esperar de los sindicatos cuando Cándido Méndez hace obsequiosas alabanzas al rey–, de los medios de comunicación que defienden la consulta, no se le ocurra al nuevo rey convocarla.

Porque, en definitiva, ¿a quien beneficiaría un referéndum? Únicamente a Felipe de Borbón.

Este príncipe no ostenta ningún mérito relevante en su trayectoria de heredero de la Corona. No parece despertar especial entusiasmo en la ciudadanía, ni siquiera la más joven, y no puede argüir especiales servicios a la patria para ser admirado y revalidado como buen sucesor de Juan Carlos. Un referéndum, por tanto, le daría el marchamo necesario de demócrata y respetuoso con los deseos de su pueblo. Y lo ganaría. ¿Qué más puede querer, en consecuencia, la Corona que ser refrendada por una amplia mayoría, para demostrar “urbi et orbe” que la insidiosa campaña republicana, provocada y orquestada por los comunistas, sectarios, nostálgicos y radicales de siempre, no tenía ninguna correspondencia con los verdaderos deseos del pueblo español, que se siente entusiásticamente monárquico?

En definitiva, parafraseando a Marx, éste sería el exitoso 23 de febrero de Felipe de Borbón.