Por Pablo Vaamonde
Médico de familia
La sanidad gallega está siendo descapitalizada: perdió 370 millones de euros del presupuesto desde 2009, cuando el PP ocupó el poder.
La consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Rocío Mosquera.
En los últimos días de julio, con la oposición desactivada y la mayoría de los profesionales aguardando las necesarias vacaciones, el gobierno publicó en el BOE la Ley 10/2013. Se trata de una norma aparentemente inocua sobre cuestiones de farmacovigilancia. Pero, después de muchas páginas, aparece una disposición final quinta que hace referencia a un asunto de mayor calado: posibilita la creación de Áreas de Gestión Clínica (AGC) con un régimen laboral distinto al estatutario de los trabajadores de la sanidad pública. Abre la puerta a la laboralización del personal sanitario que se integre en dichas unidades, con la pérdida de los derechos laborales que hoy tienen.
Esta maniobra tramposa no es nueva. El PP ha usado esta estrategia falaz y vergonzosa en otras ocasiones: introducen una disposición de gran trascendencia en una ley de escasa relevancia para burlar la vigilancia de sindicatos y oposición. En este caso la trampa fue descubierta por el sindicato CESM, que se opuso a la norma desde el primer momento. Si llegara a aplicarse supondría un grave revés para los trabajadores y para la sanidad: favorecería la entrada de gestores privados como responsables de esas unidades dentro de los hospitales, creando microempresas que competirían entre ellas por la concesión pública.
La gestión clínica es otra cosa (potenciacion de la atención por procesos, continuidad asistencial, implicación de los profesionales en la mejora de la calidad, corresponsabilidad en la utilización de recursos diagnósticos y terapéuticos etc) y no tiene nada que ver con la introducción de intereses empresariales ajenos en el núcleo de los hospitales públicos ni con la supresión del régimen estatutario que hoy ampara a los sanitarios. El llamado "Foro de la Profesión Médica", integrado por organizaciones afines al PP, apoya esta estrategia que abre espacios de negocio a las empresas privadas y al numeroso ejército de gestores que viven de los presupuestos públicos -con una relacion parasitaria escasamente denunciada-, pero perjudicaría a los trabajadores y a los usuarios de la sanidad que verían encarecidas y limitadas las prestaciones con la introducción de criterios de rentabilidad y beneficio económico. Porque, en último extremo, las empresas privadas tienen una obligación final única: repartir beneficios entre sus socios.
En el Parlamento Gallego acaban de aprobar una propuesta del PP que facilita la creacion de AGC en nuestros hospitales. Tuvo el incongruente apoyo de BNG y AGE, que aceptaron, o así parece, la afirmación de Miguel Santalices, portavoz de Sanidad del PP, quien afirmó que "en asistencia sanitaria la comunidad autónoma es soberana y el decreto nacional no es vinculante". Pero no es así: los juristas afirman que una ley estatal prevalece sobre una autonómica. Así lo afirma también el PP que dice verse en la obligación de introducir el copago de los fármacos de dispensación hospitalaria para enfermos crónicos, por no poder eludir el mandato de la norma aprobada en Madrid.
En una estrategia de propaganda encadenada la consejera Rocío Mosquera acaba de comparecer ante la prensa con los consejeros de Madrid y Valencia (compañeros de viaje que tienen sus comunidades en la ruina y a los profesionales en pie de guerra contra de sus imposiciones políticas). Afirmó con rotundidad que el actual sistema sanitario ya no sirve y que hay que cambiar el sistema retributivo de los profesionales del Sergas, eliminando el salario fijo para introducir criterios de implicación en el trabajo y objetivos cumplidos. También afirmó que "no nos queda otra que aplicar fórmulas de colaboración público-privada". Estas afirmaciones representan una absoluta falta de respeto para los profesionales de la sanidad que -a pesar de las reducciones salariales y la precarización laboral-, están ejerciendo su cometido con la máxima profesionalidad con la intención de frenar el deterioro de los servicios sanitarios. Se trata de una nueva campaña de desprestigio de lo público para introducir la gestión privada en los centros sanitarios. Ya hemos visto los catastróficos resultados que obtuvieron en Madrid y Valencia, pero siguen por el camino trazado a pesar de todas las evidencias.
La sanidad gallega está siendo descapitalizada: perdió 370 millones de euros del presupuesto desde 2009, cuando el PP ocupó el poder. Las consecuencias comienzan a ser visibles: cierre de camas y servicios como nunca se había hecho, paralización del trabajo de tarde, amortización de plazas, precarización de las condiciones laborales, fuga de profesionales sanitarios etc. Ante esta realidad, que irá a peor con estas políticas, la consejera lo tiene claro: va a fomentar el "autocuidado" de los propios pacientes e impulsar la telemedicina, porque "la accesibilidad no se mide solo por la proximidad y es posible otra forma de prestar asistencia". Para eso va a promover la atención telefónica. Parece un sarcarmo, pero estas palabras fueron pronunciadas por Rocío Mosquera en sede parlamentaria en su última comparecencia. También anunció que van a permitir el acceso de los hospitales privados y de los geriátricos a las historias clínicas informáticas del Sergas. Esta decisión puede ser ilegal (permite el acceso privado a datos muy confidenciales que el Sergas debe tutelar): algo tendrá que decir la Agencia de Protección de Datos, tan rigurosa en otras materias.
Ante este panorama, ciertamente desalentador, hecho de menos una mayor reacción social, politica y sindical. ¿Que más tiene que hacer el actual gobierno para que haya una actuación ciudadana y sindical unitaria y potente que frene estas actuaciones de destrucción de servicios públicos desde las mismas entrañas del poder?
Blog Paco Vahamonde:
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