SONIA VIZOSO
- El Gobierno central permite que estos departamentos sean privatizados.
A finales del pasado julio, con el país conmocionado por el descarrilamiento mortal del Alvia, en La Moncloa y en el Boletín Oficial del Estado se daban dos pasos cruciales para el futuro de la sanidad pública. El presidente Mariano Rajoy firmó esos días un pacto con organizaciones de profesionales sanitarios para impulsar las llamadas unidades de gestión clínica, unos departamentos que estarán integrados por médicos, enfermeros y administrativos voluntarios que se encargarán de reorganizar la asistencia sanitaria y recortar el gasto en hospitales y ambulatorios a cambio de incentivos salariales. Al mismo tiempo, el BOE recogía una sigilosa modificación normativa que permite que esos mismos trabajadores puedan dejar de ser funcionarios cuando esas unidades que decidirán cómo y en qué se gasta el dinero no sean 100% públicas y tomen la forma de fundaciones, consorcios o empresas sometidas a derecho privado. La Consellería de Sanidade se ha puesto manos a la obra para extender el modelo en Galicia prometiendo que estos departamentos nunca se privatizarán, mientras en sindicatos y colegios médicos cunde la alarma.
¿Debe un médico que decide si prescribe o no un caro tratamiento recibir pluses por reducir costes en su servicio? La Agrupación Médica de CIG-Saúde considera “deontológicamente inaceptable” que se liguen los incentivos de los profesionales del Sergas al ahorro en vez de a resultados relacionados con la salud de los pacientes. Al director de Asistencia Sanitaria del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Félix Rubial, sin embargo, ni se le pasa por la cabeza que un facultativo pueda verse condicionado por estos pluses. “Estoy convencido de que los médicos no tendrán esa tentación. Pongo la mano en el fuego por ellos”, afirma Rubial, quien subraya que para que se repartan los pluses salariales “se deberá alcanzar un mínimo muy exigente de calidad asistencial” que se medirá con encuestas a los pacientes y a los propios trabajadores.
El Sergas resta importancia a los incentivos que percibirá el personal de estas unidades por ahorrar y considera un “error” pensar que este es su principal objetivo. Rubial subraya que lo que pretende la Xunta es implantar una nueva manera de organizar los servicios asistenciales que aumente su calidad, mejorando la coordinación entre las especialidades médicas para “centrarse en el paciente” e implicando a los profesionales “en las decisiones de gasto” para que “se autorresponsabilicen”. “Nosotros defendemos la gestión clínica como implicación de los profesionales en la gestión de los recursos, preocupación por la eficacia, buena coordinación en la asistencia, etcétera”, replica el portavoz de la Agrupación Médica de CIG-Saúde, Francisco Vizoso. “¿Pero por qué el PP le llama así si solo quiere ahorrar costes? La gestión clínica está bien pero la tienen que aplicar los que creen en la sanidad pública”.
Vizoso ve detrás de este modelo de gestión clínica una artimaña de los responsables políticos del PP para endosar a los empleados del Sergas la responsabilidad de los recortes en la sanidad pública. A este temor se adhiere el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Luis Campos, quien reclama que el cambio organizativo conlleve la supresión de cargos directivos en el Sergas, una medida, subraya, que sí proporcionaría un gran ahorro, pues el margen de reducción de gastos en hospitales y ambulatorios ya es hoy en día “corto”.
El ofrecimiento del Sergas a sus trabajadores para que se integren en estas unidades ha provocado un revuelo en los centros sanitarios gallegos. Los sindicatos están celebrando reuniones para alertar a los profesionales de que se trata de un caramelo envenenado que puede poner en peligro su estatus laboral. Sanidade está a punto de aprobar un decreto que regulará el funcionamiento de estas unidades de gestión clínica, un texto que establece que no tendrán “entidad jurídica propia” (es decir, no tomarán la forma de fundaciones, consorcios o empresas públicas) y que los médicos o enfermos que entren en ellos lo harán voluntariamente y no tendrán que dejar de ser funcionarios. Estas disposiciones despejan en principio los fantasmas de la privatización de las unidades, pero la consellería ya ha admitido que quizás tenga que modificar pronto la norma para adaptarse al futuro decreto del Ministerio de Sanidad sobre el mismo asunto. Y de ahí vienen los temores de los sindicatos. “Hay un riesgo, casi una certeza, de que estas áreas pasarán a tener entidad jurídica propia, creándose fundaciones o consorcios con una mínima participación del Sergas y el resto, capital privado. Y ahí solo tiene cabida el personal laboral”, explica el sindicato médico CESM-Galicia.
El Sergas asegura que, aunque los cambios normativos del Gobierno central permitan privatizar estas unidades, la Xunta no lo hará. “La normativa básica del Estado abre esa posibilidad, pero en Galicia no la contemplamos”, afirma el director de Asistencia Sanitaria, que esgrime como “elemento de tranquilidad” una resolución aprobada por el Parlamento gallego con los votos del PP para que estas unidades tengan una gestión 100% pública. Desde el Colegio de Médicos de Pontevedra desconfían: “La promesa no sirve. Este popurrí normativo no nos da garantías suficientes para estar tranquilos. Siempre tendremos la espada de Damocles encima”, advierte el presidente de la entidad.
La única experiencia que puede dar pistas sobre cómo funcionarán estas unidades se ha ensayado en el Servicio de Psiquiatría del hospital de Ferrol donde Sanidade ha desarrollado un proyecto piloto. En este caso se otorgó un enorme poder a los directores, unos cargos de libre designación que, como recoge el borrador de decreto de Sanidade, “podrán ser cesados discrecionalmente”. Serán ellos quienes propondrán la “contratación de bienes y servicios”, supervisarán todas las peticiones de material y controlarán la política de personal (a quién se contrata, quién disfruta de un permiso o quién es sustituido). “El director es el que ejerce la labor de liderazgo”, justifica Félix Rubial. El Colegio de Médicos de Pontevedra reclama que este mando no sea elegido a dedo sino por un concurso de méritos y alerta de los conflictos que se crearán cuando esta figura no coincida con la del jefe de servicio.
En Psiquiatría de Ferrol el 30% del ahorro se destina a dos tipos de incentivos: un 80% a pluses salariales y el resto a inversiones y equipamiento de la propia unidad. Fuentes conocedoras de la experiencia afirman que la principal fuente de reducción de gasto son los recortes en la sustitución de personal. El Sergas, por su parte, destaca que se redujeron las hospitalizaciones y se aumentó la “calidad de las prescripciones” con más genéricos y menos variaciones entre los tratamientos recetados por los facultativos.
El próximo servicio que comenzará a funcionar como una unidad de gestión clínica es el Área de Cáncer del hospital de Ourense, en la que está a punto de firmarse el acuerdo de funcionamiento. Debido a la polémica que ha provocado el proyecto, el Sergas ha decidido implantar estas áreas solo en ambulatorios o servicios hospitalarios en los que la propuesta sea recibida por los trabajadores con “convencimiento”. “Tenemos que ser selectivos porque este proyecto necesita liderazgo, vocación y voluntariedad”, esgrime el responsable de Asistencia Sanitaria. “La gente que se adhiera tiene debe estar plenamente convencida de dar el paso”.
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