por Merche Negro
Usted no se lo va a creer, señor ministro. Pero yo me quedé embarazada con 25 años a miles de kilómetros de distancia. Con una mano delante y otra detrás. Y decidí tener a mi hija.
Ahora, diez años después, sé que es lo mejor que hice en mi vida. Soy tan pesada con las maravillas de las que soy testigo cada día que hasta he hecho un hashtag (#mipreciosahija) con el que lleno mi twitter a la menor cosa que le escucho, o que hace, o que me cuenta.
Por lo tanto, y aunque no fuera estrictamente necesario porque no hay que parir para opinar –el raciocinio no es como lo de comer huevos–, tengo razones más que suficientes para dirigirme a usted en esta materia, y con todo mi instinto maternal como equipación extra. Y me voy a explicar con todas las palabras que sean necesarias, despacito y sin subordinadas para que pueda usted seguir bien el ritmo.
La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es sobre la que usted está presentando ahora un anteproyecto, establece en su artículo 13 que en cualquiera de los supuestos, “se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002″.
Y si nos vamos a lo concreto, por ejemplo al caso de la interrupción libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación, el marco de actuación dentro de la legalidad se especifica más aún, siendo necesario a) que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y b) que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención.
Lo que le quiero decir, señor ministro, es que la vigente es una ley de libertades, no de obligaciones. Una mujer, frente a un embarazo no deseado o –déjeme que imagine– incluso deseado pero insostenible en una situación económica o social insuficiente para la crianza de un hijo, tiene en este texto la garantía de que las instituciones le ayudarán a afrontar la situación, asistirle en información, pero también con recursos si decide que no puede seguir adelante. Y algo importante: todo esto sin ser señalada como criminal.
Desgraciada, zorra, puta, malnacida, asesina… puedo seguir, si necesita más ejemplos. Estas son las palabras que hace años, no tantos, tenían que aguantar las mujeres que defendían la libertad (de nuevo) de elegir de acuerdo a unos términos cuándo y cómo ser madre. Porque esto es lo que un Ministerio de Justicia tiene como labor fundamental de cara a sus ciudadanos: asegurar que todos somos iguales en obligaciones, pero también en derechos.
Usted ahora nos viene con que la “malformación de un feto no será un supuesto de aborto” en el texto que está a punto de presentar, que será aprobado verbigracia con la mayoría absoluta de la que disfruta su grupo parlamentario: “Hay que dar el mismo nivel de protección a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación, que a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades del resto de concebidos”. Sobre esto, van dos consideraciones:
1. Proteger al concebido como le llama usted es algo que, por descontado, un Gobierno ha de llevar a cabo. De la misma manera que también al “concibiente” y permítame aquí la analogía contractual. No tenga usted la desvergüenza de asimilar las posibilidades de toda madre que conciba en España sin tener en cuenta su nivel social y económico. Y he dicho social también, que no todo es dinero –también educación PÚBLICA con programas de prevención, y acceso a ayudas y protección social PÚBLICAS–.
Hágame un favor y revise el estado de su móvil: quizá como su colega Montoro en el caso del rescate de Valencia, no le funciona su plan de datos y no le ha llegado el email o whatsapp correspondiente en el que Ana Mato le informa de que la Ley de Dependencia ha saltado por los aires en la última oleada de recortes.
Esta ley garantizaba lo siguiente (o lo intentaba luchando una por una con las autonomías que, señor ministro, gobernadas por su partido, ponían todas las trabas posibles a la aplicación de una ley aprobada y publicada, qué cosas): se financiarán “los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. La dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria y por requerir ayuda para su realización”.
Ahora improvise alguna frase que me convenza de que estos niños con malformaciones tendrán una vida digna, y también sus madres y familias. Si el Gobierno del que usted forma parte no se hará cargo, ¿nos derivará a la caridad de la Iglesia católica, esta que no se ha pronunciado aún sobre el deterioro sistemático y sin vuelta atrás del Estado de bienestar y la igualdad entre los individuos que está llevando a cabo su Gobierno desde Moncloa?
2. No concreta de qué tipo de protección estamos hablando en los embarazos con malformaciones y que desarrollará en la ley. Se ha dicho varias veces que su anteproyecto se asimilará a la Ley 9/1985 que articulaba la interrupción del embarazo en nuestro país antes del 2010.
En ella, el tercer supuesto regulado hablaba de ”malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico)”, y el plazo legal para llevar a cabo estos abortos cubría hasta la semana 22 de gestación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir hoy, señor ministro? ¿Que va a retroceder jurídicamente aún más en el tiempo? Déjeme decirle que, más allá de lo reaccionario y amarillento de este supuesto si es que es así, los datos de finales de los 70 previos a la regulación del 85 son demoledores: según datos del Tribunal Supremo, en 1976 se llevaron a cabo 300.000 abortos clandestinos, con resultado de muerte de 3.000 mujeres.
3.000 mujeres en un año. Se lo puedo escribir tantas veces como quiera. Es una cifra que duplica, por ejemplo, los muertos por accidente de tráfico en 2011.
Además de posicionarse de una forma tan mezquina de cara a la sociedad que juró usted proteger delante de la Constitución, la Biblia y el rey –yo solo legitimo una de las tres para esto, y es más que suficiente–, es una desfachatez por su parte que hable de que la ley del 2010 es ”éticamente inconcebible”.
Lo inconcebible es que usted se empeñe en tratar a la mujer como un ser deambulante sin capacidad para decidir sobre su cuerpo primero y sobre su forma de vivir su vida después. Y que tergiverse tanto los conceptos: “La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres”.
Esta frase que pronunció usted en marzo en el Congreso de los Diputados será por lo que muchos ciudadanos le recordemos, y fíjese que sus obsesiones faraónicas que hemos tenido que sufrir tantos años en Madrid, y su intentona de ejemplificar al político erudito y sensible a la cultura le han hecho competencia. Nada comparable, desgraciadamente.
Pero déjeme que termine cómo empecé: hablando de mi hija. Usted no tiene ni idea –es que ni se acerca– de las conversaciones que tenemos las mujeres con el espejo cuando descubrimos que estamos embarazadas. No se imaginará nunca cómo visualizamos todas las posibilidades, las prácticas y emocionales, cómo se paraliza nuestra vida anterior intentando colocar esta nueva situación en un futuro a nueve meses en que sí o sí, el peso recaerá en nosotras porque así sigue empeñada nuestra sociedad que sea.
En 2003 a mí se me ocurrió ir al Ayuntamiento de Madrid a pedir asistencia social y salí con una amenaza de la responsable del servicio: “Tendremos que ponerte un investigador para confirmar que no entra ningún otro sueldo en tu casa”. Entonces usted era mi alcalde, y en usted se delegaba este área. La permanente sospecha de ciudadano fraudulento para recortar el gasto viene de lejos, y el votante no lo vio venir, o hizo oídos sordos. Le ahorro la sensación de ofensa que me acompañó bastante tiempo. Ahora es usted mi ministro de Justicia y pretende decirme cuándo, cómo y por qué he de parir, sea lo que sea lo que haga con el crío después.
¿Sabe una cosa? Me encantaría que usted tuviera alguna hija a la que mirar a los ojos y explicarle esto (dé gracias que son cuatro varones). A mí se me ocurren muchas formas de adjetivar lo que está usted haciendo con mis derechos: míos, nuestros. Pero soy una persona elegante y lo dejo aquí.
1. Proteger al concebido como le llama usted es algo que, por descontado, un Gobierno ha de llevar a cabo. De la misma manera que también al “concibiente” y permítame aquí la analogía contractual. No tenga usted la desvergüenza de asimilar las posibilidades de toda madre que conciba en España sin tener en cuenta su nivel social y económico. Y he dicho social también, que no todo es dinero –también educación PÚBLICA con programas de prevención, y acceso a ayudas y protección social PÚBLICAS–.
Hágame un favor y revise el estado de su móvil: quizá como su colega Montoro en el caso del rescate de Valencia, no le funciona su plan de datos y no le ha llegado el email o whatsapp correspondiente en el que Ana Mato le informa de que la Ley de Dependencia ha saltado por los aires en la última oleada de recortes.
Esta ley garantizaba lo siguiente (o lo intentaba luchando una por una con las autonomías que, señor ministro, gobernadas por su partido, ponían todas las trabas posibles a la aplicación de una ley aprobada y publicada, qué cosas): se financiarán “los servicios que necesitan las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. La dependencia personal es la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria y por requerir ayuda para su realización”.
Ahora improvise alguna frase que me convenza de que estos niños con malformaciones tendrán una vida digna, y también sus madres y familias. Si el Gobierno del que usted forma parte no se hará cargo, ¿nos derivará a la caridad de la Iglesia católica, esta que no se ha pronunciado aún sobre el deterioro sistemático y sin vuelta atrás del Estado de bienestar y la igualdad entre los individuos que está llevando a cabo su Gobierno desde Moncloa?
2. No concreta de qué tipo de protección estamos hablando en los embarazos con malformaciones y que desarrollará en la ley. Se ha dicho varias veces que su anteproyecto se asimilará a la Ley 9/1985 que articulaba la interrupción del embarazo en nuestro país antes del 2010.
En ella, el tercer supuesto regulado hablaba de ”malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto (supuesto eugenésico)”, y el plazo legal para llevar a cabo estos abortos cubría hasta la semana 22 de gestación. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir hoy, señor ministro? ¿Que va a retroceder jurídicamente aún más en el tiempo? Déjeme decirle que, más allá de lo reaccionario y amarillento de este supuesto si es que es así, los datos de finales de los 70 previos a la regulación del 85 son demoledores: según datos del Tribunal Supremo, en 1976 se llevaron a cabo 300.000 abortos clandestinos, con resultado de muerte de 3.000 mujeres.
3.000 mujeres en un año. Se lo puedo escribir tantas veces como quiera. Es una cifra que duplica, por ejemplo, los muertos por accidente de tráfico en 2011.
Además de posicionarse de una forma tan mezquina de cara a la sociedad que juró usted proteger delante de la Constitución, la Biblia y el rey –yo solo legitimo una de las tres para esto, y es más que suficiente–, es una desfachatez por su parte que hable de que la ley del 2010 es ”éticamente inconcebible”.
Lo inconcebible es que usted se empeñe en tratar a la mujer como un ser deambulante sin capacidad para decidir sobre su cuerpo primero y sobre su forma de vivir su vida después. Y que tergiverse tanto los conceptos: “La maternidad libre hace a las mujeres auténticamente mujeres”.
Esta frase que pronunció usted en marzo en el Congreso de los Diputados será por lo que muchos ciudadanos le recordemos, y fíjese que sus obsesiones faraónicas que hemos tenido que sufrir tantos años en Madrid, y su intentona de ejemplificar al político erudito y sensible a la cultura le han hecho competencia. Nada comparable, desgraciadamente.
Pero déjeme que termine cómo empecé: hablando de mi hija. Usted no tiene ni idea –es que ni se acerca– de las conversaciones que tenemos las mujeres con el espejo cuando descubrimos que estamos embarazadas. No se imaginará nunca cómo visualizamos todas las posibilidades, las prácticas y emocionales, cómo se paraliza nuestra vida anterior intentando colocar esta nueva situación en un futuro a nueve meses en que sí o sí, el peso recaerá en nosotras porque así sigue empeñada nuestra sociedad que sea.
En 2003 a mí se me ocurrió ir al Ayuntamiento de Madrid a pedir asistencia social y salí con una amenaza de la responsable del servicio: “Tendremos que ponerte un investigador para confirmar que no entra ningún otro sueldo en tu casa”. Entonces usted era mi alcalde, y en usted se delegaba este área. La permanente sospecha de ciudadano fraudulento para recortar el gasto viene de lejos, y el votante no lo vio venir, o hizo oídos sordos. Le ahorro la sensación de ofensa que me acompañó bastante tiempo. Ahora es usted mi ministro de Justicia y pretende decirme cuándo, cómo y por qué he de parir, sea lo que sea lo que haga con el crío después.
¿Sabe una cosa? Me encantaría que usted tuviera alguna hija a la que mirar a los ojos y explicarle esto (dé gracias que son cuatro varones). A mí se me ocurren muchas formas de adjetivar lo que está usted haciendo con mis derechos: míos, nuestros. Pero soy una persona elegante y lo dejo aquí.
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