venres, 22 de maio de 2015

Una sanidad enferma de amiguismo

GALICIA

Los juzgados condenan al Servicio Galego de Saúde a repetir concursos ganados por médicos cercanos al gobierno de Feijóo

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Juntos en el hospital 
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, dona sangre en un centro de transfusión acompañado por la consejera de Sanidad, Rocío Mosquera, en noviembre de 2014.



En las últimas cinco convocatorias para cubrir jefaturas de servicio en el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) se ha producido una curiosa casualidad: solo se ha presentado un candidato para cada plaza. Esta circunstancia se ha repetido en otras provincias gallegas, como Ourense, donde se creó la plaza de jefe de Sección de Urgencias –única en su especie, pues no existe otra igual en ningún hospital gallego–, y solo se presentó el marido de la gerente sanitaria de la provincia, que es Eloína Núñez, prima del presidente de la Xunta de Galicia.
Parece que los profesionales de la sanidad en Galicia se abstienen de participar en procesos de méritos, después de ver cómo han quedado las carreras de ciertos colegas que han tenido que recurrir a la justicia para reclamar independencia y objetividad a los comités evaluadores, nombrados por los gerentes hospitalarios.
Los juzgados gallegos llevan toda la legislatura recibiendo reclamaciones de médicos aspirantes a una jefatura que perdieron frente a candidatos menos cualificados y adeptos a los gerentes de sus hospitales.
El doctor Evaristo Varo, jefe de la Unidad de Trasplante Abdominal del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y profesor titular de Cirugía y Trasplantes de la Universidad de Santiago, es contundente al respecto: “Ahora ya solo se presentan a los concursos los elegidos previamente. Se ha eliminado la sana competencia en los procesos selectivos del Sergas [Servicio Gallego de Salud]. Los profesionales no quieren arriesgarse a una derrota injusta y a posibles represalias.
De esta manera, no ganan los mejor preparados, sino los elegidos por el Gobierno gallego para dirigir esas jefaturas. Y eso lo paga el ciudadano, que no recibe la sanidad de calidad que merece”.
El propio Varo sabe lo que es perder frente a un alumno suyo la jefatura del Servicio de Cirugía General y Digestiva del CHUS. Su contrincante era Francisco Bustamante, marido de la consejera de Sanidad de la Xunta, Rocío Mosquera.

EL MARIDO GANA
En 2010, se convocó la plaza y se presentaron tres aspirantes, Bustamante,
Varo y el doctor Miguel Caínzos, jefe de sección del mencionado servicio. Ganó Bustamente,
pese a que objetivamente los méritos que le llevaron a la victoria eran menores que los de los otros aspirantes. Caínzos denunció, y en enero de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) anuló el nombramiento del marido de la consejera dictaminando que se había producido “desvío de poder” en el tribunal evaluador de los méritos.
La Xunta repitió el proceso; y esta vez el pulso fue entre Bustamante y Varo. Y volvió a ganar el cónyuge de Mosquera.
El cirujano cordobés Evaristo Varo, de 59 años, ha recurrido la elección del que fue su alumno,
Francisco Bustamante, para dirigir el departamento. Pero ha hecho  algo más determinante: ha creado una asociación, Batas Blancas, para que sirva de altavoz a los médicos “maltratados” por la Administración sanitaria. Lo ha hecho con otros “represaliados”. “Ya somos cuarenta los médicos y personal sanitario que trabajamos activamente en la asociación –cuenta–, denunciando corrupción en los hospitales gallegos. Hay 800 compañeros que nos apoyan. Hemos presentado tres denuncias en la fiscalía, para que sea esta la que investigue las irregularidades que se cometen con el dinero público”.

DESTITUIDO POR DENUNCIAR
Varo es el vicepresidente de la asociación. El otro promotor de Batas Blancas, y además su presidente, es el doctor José María Borro, madrileño de 63 años, padre del trasplante pulmonar en España y hasta hace unos meses jefe de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario de A Coruña (CHUAC). De hecho, creó el Servicio en 1998. Borro fue destituido dos veces, ambas tras denunciar irregularidades en su servicio. Por ejemplo, el desvío de pacientes del Sergas a clínicas privadas para ser operados por los mismos médicos que los atendían en la sanidad pública (ver recuadro). También informó a sus superiores sobre la técnica que empleaban tres de sus subordinados –la cirugía torácica de una sola incisión–, sin su consentimiento y sin informar a los pacientes, según Borro.
En este asunto radica la caída en desgracia del cirujano. “Es una técnica sin evidencia científica, con riesgos, y sin una sola ventaja respecto a la que se viene realizando de dos incisiones”, alega Borro. Uno de esos tres médicos estuvo relacionado con la familia del senador popular José Manuel Barreiro.
Tras las denuncias, el cirujano madrileño fue destituido, en octubre de 2012. Recurrió a la justicia y ganó la batalla. El TSXG revocó su destitución y dictaminó que el cese no estaba motivado. Pero en noviembre de 2013 fue repuesto en la jefatura. Borro volvió a denunciar el desvío de pacientes de su departamento a clínicas privadas llevado a cabo supuestamente por los mismos médicos que habían puesto en marcha la nueva técnica quirúrgica. Y al poco volvió a perder el puesto. El cese, “por falta de confianza”, ha sido recurrido de nuevo. “Es vergonzoso que hayamos llegado a esto. La esencia de la sanidad pública se ha perdido: los méritos médicos y el interés del paciente ya no existen en Galicia”, sostiene José María Borro.

“No ganan los mejor preparados, sino los elegidos por el Gobierno gallego”, dice Varo


MÉDICOS Y POLÍTICOS
Hay más casos de ceses injustificados de jefes de servicio históricos del Sergas. Víctor Pedreira, creador del servicio de Psiquiatría del CHOP y su jefe entre 1982 y 2012, en un tormentoso proceso denunció por lo penal una posible prevaricación por el nombramiento del doctor Isauro Gómez Tato como jefe de Psiquiatría por tener este objetivamente menos méritos. El doctor Gómez Tato se ha limitado a decir a interviú que no puede comentar nada del proceso judicial abierto. Pedreira fue subdirector general de Salud Mental durante el Gobierno del tripartito. Y cree que haber ocupado ese cargo es el motivo del parón en su carrera. Por su parte, Gómez Tato, que siempre ha negado una amistad con el gerente del CHOP, José Manuel González, ocupó un puesto técnico de libre designación en la Consejería de Sanidad en el Gobierno de Fraga.
No es el único contencioso contra el gerente del CHOP. José Manuel González, que pertenece a la directiva provincial del PP de Pontevedra, fue denunciado en 2012 por el médico Enrique Vázquez Astray, por su cese como jefe del Servicio de Digestivo del CHOP. El gerente González está imputado en esa causa por un presunto delito contra la integridad moral. José Manuel González, quien ha declinado hacer declaraciones a esta revista, fue el último consejero de Sanidad del Gobierno de Fraga. 

CUANDO LAS CUENTAS NO SALEN
EL SERGAS (Servicio Gallego de Salud) mantiene conciertos con empresas privadas para realizar sesiones de hemodiálisis, entre otros servicios. Esos conciertos suponen a las arcas públicas unos 30 millones de euros al año. Diversos colectivos médicos consideran innecesarios estos contratos, puesto que la infraestructura de la que disponen los hospitales gallegos garantiza la asistencia a los enfermos renales crónicos.
En Ourense y Vigo es la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo la que presta el servicio de hemodiálisis. Se trata de una fundación privada que se implantó en Galicia en la época de Fraga como presidente de la Xunta, siendo consejero de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, secretario general de Sanidad Alberto Núñez Feijóo, y director general de Asistencia Sanitaria
Enrique Castellón. Hoy este último es vicepresidente de la fundación, y Romay Beccaría, vocal a título personal.
El Tribunal de Cuentas gallego halló irregularidades en 2013 en los contratos de hemodiálisis. Entre otras cosas, advirtió de que la tarifa de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo en
Ourense –provincia que supone para la actividad de la entidad un 32 por ciento y donde el hospital público le cede sus locales– es un 20 por ciento más cara que la propia del Sergas. En Santiago de Compostela, el concierto de hemodiálisis lo mantiene el Policlínico La Rosaleda, uno de cuyos propietarios es la familia de Xerardo Fernández Albor, expresidente de la Xunta y presidente de honor del PP gallego.














ZIPI
Un exministro en la fundación
José Manuel Romay Beccaría, y exconsejero de Sanidad de Galicia, es vocal de la Fundación Renal Ínigo Álvarez de Toledo, que mantiene varios contratos con la Xunta.

EL NEGOCIO DE LOS QUIRÓFANOS
DENUNCIA EN LA FISCALÍA POR EL DESVÍO DE PACIENTES A LA PRIVADA


EN LA ÚLTIMA denuncia que ha efectuado la asociación médica Batas Blancas ante la Fiscalía Provincial de A Coruña se relata cómo presuntamente a doce pacientes del Servicio de Cirugía Torácica del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) se les derivó a centros privados, donde fueron intervenidos por los propios médicos del servicio que los atendían en el Servicio Gallego de Salud (Sergas).
Los centros a los que se derivó supuestamente a los pacientes fueron el Hospital IMQ San Rafael, el Policlínico Santa Teresa y el Hospital Modelo.
Según la denuncia, podría existir una trama organizada por algunos médicos adjuntos del servicio de Cirugía Torácica del CHUAC para derivar pacientes a las clínicas privadas donde ellos operan también.
Una operación de pulmón en la sanidad privada puede costar unos 18.000 euros. La presunta trama fue denunciada por primera vez en julio de 2011 y después en 2014 por el entonces jefe del servicio, el doctor José María Borro, destituido en dos ocasiones por denunciar, entre otras irregularidades, este caso.

La Fiscalía de Santiago investiga cinco muertes debidas al retraso o denegación del nuevo fármaco contra la hepatitis C

FUNDACIONES OPACAS
No solo amiguismo es lo que denuncia la asociación de médicos Batas Blancas; también mala gestión del dinero público y los recortes que llevan a negar medicamentos a los enfermos. Esta semana la fiscalía de Santiago comienza a tomar declaraciones por la denuncia que interpuso la asociación por cinco muertes debidas al retraso o denegación del nuevo fármaco contra la hepatitis C. La entidad pide que se investigue a la Xunta en relación con la denegación de tratamientos, retraso y pérdida de expedientes de enfermos.
La Consejería de Sanidad no ha querido contestar a las preguntas de esta revista. Una de ellas estaba referida a la supuesta opacidad en las cuentas públicas de las tres fundaciones de investigación médica del Sergas. Estas fundaciones, bajo el protectorado de la consejería, deben remitir anualmente sus cuentas a ese departamento del
Gobierno gallego. “No se conocen ni las donaciones que reciben las fundaciones, ni el destino de los fondos, ni el personal contratado”, explica José María Borro, quien alerta de que “las fundaciones podrían ser un coladero de contrataciones a personas vinculadas al PP”.










SALVADOR SAS

Hermana
Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente de la Xunta de Galicia (en la imagen, felicitando a su hermano por el éxito electoral en 2009), es apoderada de la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, adjudicataria de numerosos contratos con la sanidad gallega.


LA HIJA Y EL AMIGO
Las tres fundaciones para la investigación sanitaria de la Xunta están dirigidas por personas vinculadas a los hospitales públicos, y en algunos casos son los propios gerentes de los centros los máximos responsables de las fundaciones. Por ejemplo, José Manuel González, que fue nombrado en mayo de 2009 gerente del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP), cargo que conlleva también la presidencia de la Fundación para la Investigación IDI CHOP de ese hospital. Una de las contrataciones que realizó ha llegado a la fiscalía: se trata de Pedro García Puig, un conocido miembro del PP de Pontevedra, que fue presidente de Nuevas Generaciones de la provincia y compañero en el partido del gerente González. García Puig no ha querido hacer declaraciones. Fue contratado indefinidamente, en marzo de 2010, recién diplomado en Gestión y Administración Pública, supuestamente sin que mediara un concurso público.
También la hija del propio José Manuel González fue contratada en una fundación, siendo su padre
Consejero de Sanidad, en 2004. Licenciada en Psicología, la hija de González logró un contrato, supuestamente por designación directa, en la Fundación Juan Canalejo, hoy Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, donde continua prestando sus servicios. 

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