Siete de cada diez profesionales sanitarios creen que la eutanasia debería estar regulada por ley. / EFE
DAVID BOLLERO
Hoy, si se cumplen las previsiones, España dará un paso adelante en su Estado de Bienestar, despenalizando la eutanasia. El Estado no sólo ha de velar por una vida digna para su ciudadanía, sino también por una muerte digna. Hasta la fecha no lo ha hecho, pasándonos por la izquierda vecinos europeos como Holanda, Bélgica o Luxemburgo, que van camino de las dos décadas de eutanasia legal.
La legislación va muy por detrás de la demanda social: más de un 80% de la población está a favor de la eutanasia y, sin embargo, el Congreso no ha conseguido nunca sacar adelante una ley al respecto. Siete de cada diez profesionales médicos también creen que se debería regular. Se ha intentado, bien es cierto, y hasta en dos ocasiones la derecha ha frenado la ley. Quienes más presumen de rechazar el intervencionismo del Estado y primar la libertad individual son, precisamente, los que impiden que las personas puedan morir dignamente.
La falta de empatía, la nula inteligencia emocional de esta derecha retrógrada es absoluta, pues la libertad que reclaman habitualmente (desregulación de precios de alquiler, liberalización del suelo, despido libre, libertad de horarios...) es la que termina impidiendo que muchas personas vivan dignamente, tal y como ha constatado el relator de la ONU, Philip Alston. Dicho de otro modo, ni vivir ni morir dignamente. En un caso, haciendo uso de una libertad total que invade derechos constitucionales, en el otro, eliminando cualquier libertad.
Vivir es un derecho, no un deber y, lamentablemente, en la vida pueden llegar un momento en el que la calidad de vida sea tan escasa, en la que el sufrimiento sea tan intenso y la dependencia tan absoluta que una persona se quiera ir en paz. Quienes hemos tenido cerca casos en los que los cuidados paliativos a los que se aferra la derecha para descartar la eutanasia no hacen ya ningún efecto, sabemos que la eutanasia es la única salida decente. Todo lo demás es crueldad que, incluso para el cuerpo médico, debería ser inconcedible. A pesa de ello, la ley de eutanasia contempla la objeción de conciencia para profesionales sanitarios.
Lo que hoy llega al Congreso y que, al fin y a la tercera, se aproborá no es una imposición de eutanasia, sino que abre la posibilidad de acogerse a ella. Lo hace, además, para casos específicos y muchas cautelas alrededor, como la necesidad de solicitarlo dos veces -siempre por parte de la persona afectada, no de familiares- distanciando en el tiempo ambos requerimientos o la necesidad de pasar por un comité médico. Es posible que, con el tiempo, sea necesario introducir mejoras, nuevos matices, pero lo importante es comenzar a echar a andar, acabar de una vez por todas con el sufrimiento de miles de personas en España, desde pacientes a familiares, como el sonado caso de Ángel Hernández, que hoy estará en la tribuna de invitados de la Cámara Baja.
Mientras la democracia hoy persigue acabar con ese sufrimiento, la Iglesia católica continúa intentando perpetuarlo. La institución religiosa mantiene su postura y se niega a que nadie coja atajos para reunirse con su santo padre... qué absurdo se nos antoja a quienes no creemos ni en la religión ni mucho menos en su élite eclesiástica, la misma que sí ve con buenos ojos que la medicina combata las enfermedades que nos manda el de arriba, acabando muchas veces con su propósito letal, pero no que ve con buenos ojos que esquivemos su tortura con la eutanasia... Algún gerifalte de la Iglesia ya asegura que "no hay mayor quiebra moral" que la eutanasia... se equivoca: mucho mayor es abusar de menores, rompiedo sus vidas para siempre y, no sólo ocultarlo, sino premiar con retiros dorados a quienes lo hacen. Y de eso, la Iglesia católica, sabe mucho.
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