Manuel Cordido Carballido
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Tanto los usuarios como los profesionales de la salud se encuentran excluidos de la planificación sanitaria. Sucesivas Administraciones sanitarias han incrementado cada vez más su influencia sobre las decisiones estrictamente médicas. Las gerencias se han convertido en meras correas de transmisión de directrices del poder político, y la consecuencia es un funcionamiento de los hospitales cada vez más parecido al de los cuarteles. Con órdenes por e-mail, y sin necesidad de preguntar al profesional qué cambiaría, su información tan necesaria para la mejora continuada de la asistencia es desperdiciada (retroalimentación para la mejora) y la insatisfacción colectiva crece.
El entramado sanitario se sustenta en su política de nombramientos de cargos directivos, elegidos directamente o, en el mejor de los casos, a través de tribunales en los que la Administración decide la mayoría de sus miembros. Así se designan cargos y amigos afectos a la dirección, comprometiendo la calidad de la asistencia y la independencia de la prestación sanitaria de la Administración. Los criterios médicos no se tienen en cuenta en este ni en otros asuntos (consultas que citan en torno a 40 pacientes, donde 25 ya serían muchos, quirófanos o urgencias dirigidos por quien no los ha pisado, etcétera).
En este marco de control político de la sanidad se dan pasos, a veces negados, hacia su privatización. Las empresas sanitarias, que esperan el reparto del pastel, atienden a criterios de rentabilidad, aunque no todos los procesos asistenciales son económicamente rentables. De ejemplo, el de los seguros privados que excluyen a pacientes enfermos, o de edades con mayor morbilidad, subiendo exageradamente el precio de las pólizas. Se olvida que la sanidad solo es rentable socialmente y que, en cualquier modelo sanitario, el interés del paciente debe prevalecer sobre el beneficio económico.
Abaratar y privatizar la sanidad se justifica con la mejora de la gestión sanitaria. En la consellería han descubierto repentinamente los conocidos principios de eficacia y eficiencia, introducidos por Archie Cochrane, aunque el actual marco sanitario no impide mejorar la eficiencia del sistema. De lo poco que se sabe de esta reforma sanitaria, es que pretende modificar las condiciones laborales de los sanitarios, ya de por sí deterioradas, al igual que las de los demás trabajadores. Los gestores harían bien en aplicarse a sí mismos los criterios de eficiencia, pues las direcciones son lo que más ha crecido.
La privatización no conlleva una mayor eficiencia, ni supone una mejora para el usuario y levantaría de su descanso al propio Cochrane, siempre crítico y poco dado a cambios no justificados.
Mejorar el sistema es una labor permanente que requiere del diálogo e implicación de los profesionales, con gestores independientes que desempeñen su verdadero papel y no el de mensajeros políticos. Múltiples aspectos permiten ahorrar sin deteriorar la calidad asistencial. Es prioritario desarrollar microsistemas en el frente asistencial para cada clínico a la vez que se implican en el desarrollo de sistemas más complejos. Es un modelo ambicioso dirigido adonde se produce el gasto recortable que requiere decisiones técnicas colectivas multidisciplinares y más flexibles, contrapuesto al modelo vertical actual.
Deseo equivocarme, pero soy pesimista con la actual dirección sanitaria en Galicia, avanzamos hacia una privatización encubierta, que usa de la eficiencia como un mantra, el todo por la patria cuartelero, y se olvida la calidad, la equidad y el paciente. Se nos propone una sanidad de bazar chino donde hay de todo pero nada es lo que tiene que ser.
Manuel Cordido Carballido es médico del Chuac y profesor titular de Oftalmología.
A Xunta impulsa a reforma da Lei de saúde que simplifica a organización territorial do sistema sanitario e o adapta ás novas necesidades poboacionais
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