Alejandro Inurrieta *
http://www.cuartopoder.es/
El sistema público de pensiones en España está llegando, es cierto con algunos años de retraso, al punto cercano al abismo que muchos previeron hace años, especialmente los que, como buitres, esperan y desean que quiebre para llevarse todo el mercado.
El modelo de capitalización y PAYGO (pay as you go) requiere que la base de capitalización sea amplia y que el desequilibrio entre ingresos y pagos no se cronifique, salvo que se encuentre una fórmula de financiación ajena al nivel de empleo, cuantía de las cotizaciones sociales o esperanza de vida tras la jubilación. En España, hasta ahora, el sistema se alimenta exclusivamente de las cotizaciones de trabajadores y empresarios lo que ha permitido tener el sistema en equilibrio, más o menos estable, hasta el año 2011, momento en el que comenzó el déficit que ahora parece se ha consolidado como estructural.
Las razones para este déficit, que no para la sostenibilidad o no del sistema, se originan en dos factores claves: por un lado, la fortísima destrucción de empleo y, por otro, la brusca caída de los salarios y por tanto la cotización. Los responsables de la primera se reparten entre un agotamiento del modelo de financiarización de la economía y una economía basada en un sector especulativo, como el inmobiliario que nadie quiso parar. En este sentido, cabría resaltar la pésima política de vivienda de Aznar, cuyos ejes eran la construcción sin tino y la creencia en que con mayor oferta de suelo bajarían los precios. Esta ignorancia del funcionamiento del mercado de vivienda, que también comparten los economistas americanizados del PSOE, los llamados minesotos, se asienta en creer que, lanzando todo el suelo posible al mercado, sin ninguna traba, los precios de la vivienda descenderían y entonces todo el mundo podría tener acceso a una vivienda. Esto supone considerar la vivienda como un bien de consumo y no de inversión, lo que invalida el análisis.
La realidad es que el parque de vivienda creció tanto y tan desordenadamente que una parte no desdeñable de los que accedieron a la vivienda, hoy, la han perdido, desahuciados sin paliativos por un mercado hipotecario, cuyas principales leyes se han demostrado abusivas e ilegales, pero que, aun así, sigue siendo defendido por todo el establishment. Con la perspectiva temporal y sin que mucha gente fuese consciente de ello, esta eclosión del ladrillo se ha convertido en el mal llamado plan de pensiones de gran parte de la población que ha dejado de ahorrar en ahorro previsión para lanzarse a tener un techo con el que pasar su vejez, aunque carezca de liquidez y ahorro para poder calentar dicha casa, o poder sufragar sus gastos básicos de alimentación u ocio.
Este mantra, alimentado por los diferentes gobiernos que nos han mal gobernado, parte de otra premisa falsa: el valor de la vivienda nunca desciende, por lo que es un ahorro seguro. Este mismo engaño es lo que venden los que tratan de convencernos de que contratemos un plan de pensiones privado, porque el sistema público va a quebrar o simplemente nos va a dar una cantidad tan exigua que se tendrá que compensar con dicho ahorro previsión. Lo que no explican a esta población, cuyos conocimientos financieros tan exiguos se trasmiten de padres a hijos, es que la probabilidad de perder parte del capital ahorrado hoy es muy elevada y que la rentabilidad real a dicho plazo, más de 30 años, alcanza un magro 1%, eso sí con suerte. No hay que olvidar que la calidad de los gestores de fondos en España, pero también en Europa, es mejorable ya que su formación se centra en vender productos con mucho riesgo a la población más analfabeta financieramente hablando, algo que debería estar penado por la CNMV, pero que obviamente hacen la vista gorda.
Con estas premisas, el panorama para un pensionista hoy en España es complicado. El mercado de trabajo es incapaz de generar empleo digno a todo el potencial trabajador. No hay que olvidar que tenemos la tasa de actividad, 58%, y empleo 49%, más bajas de todos los países de nuestro entorno, por lo que la probabilidad de alcanzar una pensión digna es muy pequeña. Hay grandes colectivos de trabajadores que nunca cotizarán los 35 años que obliga el sistema para alcanzar el 100% de la pensión. Pero, además, si tenemos en cuenta la base media de cotización, que no supera los 1000€, en el mejor de los casos alcanzaremos una pensión de algo más de 600€.
Esto implica que un porcentaje no desdeñable de personas no llegarán a tener pensiones dignas, sin entrar a valorar el problema de viudas y huérfanos. El modelo de empleo que tenemos ya no puede generar salarios dignos y, por lo tanto tampoco salarios dignos. Una parte del espectro político, entre ellos el PSOE, sigue hablando y teorizando sobre el cambio de modelo productivo que nunca llegará, por lo que unido a la reforma laboral de 2010 y 2012, que ha llegado para quedarse, dibuja un panorama de pobreza y miseria a futuro que nadie quiere ver.
La pregunta clave es ¿qué hacer a corto y medio plazo? En un primer plan de choque hay que sacar del sistema de pensiones y pagarlo vía impuestos, las pensiones de viudas y huérfanos, que suponen algo más de 22.000 millones de euros, lo que aliviaría el sistema contributivo. Ello permitiría, al menos, no tener que terminar con el vaciamiento del Fondo de Reserva. Pero obviamente esto no es suficiente, ya que el sistema volvería al déficit en cuanto venga otro episodio de contracción de la actividad, que está muy cerca. No hay que olvidar que, en 2015, el supuesto empleo creció al 3%, lo mismo que la economía y los ingresos por cotización apenas lo hicieron un 1,3%, tres veces menos. Por ende, lo que nos dice esta ecuación es que la productividad en España no sólo no crece, sino que decrece, a pesar de que el PIB avance más del 3%. De nuevo, el turismo y los incipientes brotes verdes de la construcción, tan deseados por los neoclásicos, están facilitando la ocupación a precios irrisorios. Esta combinación letal, empleo basura y endeudamiento inmobiliario, es el sistema de pensiones paralelo que los partidos tradicionales han dispuesto, sabiendo que el sistema original está en quiebra, salvo que se decida financiarlo con impuestos finalistas como en Francia.
Pero hay otro problema no menor: la demografía. Ni una sola medida para facilitar la natalidad, quebrar la tendencia de que las muertes superen a los nacimientos, en un país donde se denigran las políticas natalistas. De nuevo Francia debería ser nuestro ejemplo, pero no hay voluntad de llevarlo a cabo. Si a todo esto añadimos que la rentabilidad del ahorro es nula o negativa y que la gestión de activos con riesgo puede arruinar el sueño de una jubilación digna, tenemos ante nosotros el peor de los escenarios posibles: la pobreza para nuestros mayores, algo que ya están experimentando hoy muchos de ellos, a pesar de tener lo que ellos creyeron que era la solución: una vivienda en propiedad que hoy sólo les genera gastos, porque encima el valor se ha hundido. Muchos ancianos tienen techo, no pueden pagar la calefacción y medicinas y apenas pueden comer, con el agravante que tienen que mantener a hijos y nietos. Enhorabuena a todos los gestores políticos y financieros que han gestado este despropósito.
Ningún comentario:
Publicar un comentario