venres, 5 de agosto de 2016

Nos manipulan con el 20%

Mark de Zabaleta
http://iniciativadebate.org/

Con las cifras se manipula mejor que con las palabras. Y Luis de Guindos lo sabe bien.
Existen dos datos del paro “oficiales”: Encuesta de población activa EPA y Datos del SEPE (oficinas de empleo). En la EPA, el Instituto Nacional de Estadística realiza una serie de entrevistas telefónicas o presenciales a la población, extrapolando unos resultados en función de unos criterios y valoraciones…Estadística pura y dura.
La tasa de paro se situó en el segundo trimestre del año en el 20%, y el número de desempleados alcanzó las 4.574.700 personas, 216.700 menos que en el trimestre anterior según la Encuesta de Población Activa (EPA). “Estamos en el límite, estoy convencido de que al final de año la tasa estará por debajo del 20%”, afirma el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Pero la triste realidad es que estos datos no son tan buenos, porque seguimos teniendo un 20% de desempleo, muy lejano al de otras economías desarrolladas donde se tiene entre un 5 y un 10% de desempleo. Y la estacionalidad (en verano hay más trabajo temporal por el turismo) nos llevará de nuevo a la realidad en unos meses.
Porque esta caída ha sido la más baja en un segundo trimestre desde 2013. Entonces el número de parados bajó un 3,67%, mientras que en los dos años siguientes las caídas fueron del 5,23% y el 5,42%, respectivamente. Es un mal dato.
La manipulación es muy evidente (hay que preparar el terreno para que el PP siga gobernando), porque otra cifra importante de la EPA es que la población activa, es decir, los ocupados y los parados (disponibles para trabajar y buscando trabajo), ha subido en 54.600 personas en el segundo trimestre, hasta los 22.875.700, pero ha caído en el último año en 139.900, e incluso la población en edad de trabajar (16-34) también ha caído en 122.300 personas.Es decir que se encoge la base del cálculo… y no es lo mismo un 20% de 100 que de 1000 ¡!
Ya lo dijo Galbraith: “Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula”.
Y cuando se cita la EPA todo el mundo da las cifras por buenas.
¡El PP quiere seguir gobernando!

“Dramática” situación de la sanidad pública gallega bajo el Gobierno de Núñez Feijóo

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) analiza punto por punto los principales problemas de la sanidad en Galicia y los procesos de privatización del PP.
http://www.nuevatribuna.es/

“El gobierno presidido por Núñez Feijóo está aplicando, desde su llegada al poder en Galicia el año 2009, una estrategia diseñada para desmantelar la Sanidad Pública y generar espacios de negocio para las empresas privadas a expensas del dinero público. En estos últimos años el gobierno gallego aplicó una severa reducción de los presupuestos sanitarios e hizo recortes profundos en la dotación de personal y camas hospitalarias; paralizó el Plan de Mejora  y desmanteló la Atención Primaria; aplicó medidas privatizadoras en los hospitales así como en muchas áreas sanitarias que pasaron a manos privadas; también han previsto implantar las Unidades de Gestión Clínica que pondrían a disposición de las empresas la actividad asistencial, el núcleo duro de la sanidad”.
Así de contundente se pronuncia la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) en un informe remitido a los medios en el que tacha de “dramática” la situación de la sanidad pública gallega.
La AGDSP analiza punto por punto los  pasos dados por el Gobierno de Núñez Feijóo en materia sanitaria:
1.- Reducción del presupuesto sanitario público: Representa el 30.4% del gasto público de la CCAA. Bajaron el presupuesto sanitario un 18.3% desde 2009, y un 10.2% respecto al año pasado. Galicia es la CCAA que hizo el recorte más severo. La mayor reducción la aplicaron en Atención Primaria (AP) con un 22.3% menos que en el  año 2009. Respecto al año pasado la reducción es de 25.3%. El recorte fue mucho menor en el nivel hospitalario (un 0.2% de recorte respecto a 2009, y un crecimiento de un 2.9% respecto al año pasado).
Este diferencia deja claro que el gobierno de Núñez Feijóo apuesta por potenciar el modelo hospitalocéntrico y el uso intensivo de alta tecnología (Galicia ya es la CCAA que más RMN realiza); esto beneficia a las multinacionales farmacéuticas y de la tecnología sanitaria, en detrimento de las actividades de prevención y promoción de la salud que deben realizarse en AP (segundo las recomendaciones de la OMS).
2.- Recortes de personal: Esta partida representa el 34.5% del gasto sanitario, que es un 24,5% inferior a la media estatal; esto sitúa a Galicia en el penúltimo lugar del Estado, solo superada por Catalunya. El año pasado Galicia fue la CCAA que más recortó en el capítulo de personal, un 30.67%, frente a una media del 7.9% del Estado. Esta reducción afecta a los trabajadores sanitarios, con descensos brutales en plazas y salarios y aumento de la precariedade laboral. La partida de personal bajó un 21% desde 2009: pasó del 43.15% del total del gasto sanitario al 34.5% en este año.
En total Galicia perdió 1.795 plazas en la Sanidad Pública (1.154 en AP y 641 en los hospitales). Eliminaron 513 plazas de medicos: 392 en AP (69.2%) y 121 en hospitales (30.8%). Recortaron 184 plazas de enfermería hospitalaria y 1.121 plazas de personal no sanitario: esto es consecuencia de la cesión de servicios a empresas privadas que tienen personal propio. Muchas tareas realizadas por empleados públicos pasan ahora a ser desarrolladas por las empresas concesionarias (central de llamadas, logística, mantenimiento, cocina, etc).
Estas medidas de recorte tan extremas producen una merma en la calidad asistencial e incluso representan un riesgo para los pacientes. Sabemos que el personal sanitario no puede ser sustituido por máquinas, y hay evidencias contundentes de que la reducción del personal de enfermería en los hospitales por debajo de cierto nivel se asocia a incrementos de la mortalidade hospitalaria.
3.- Recorte en camas: Entre 2010 y 2014 eliminaron 447 camas hospitalarias públicas en Galicia. Pasamos de 8.010 a 7.563, a pesar del elevado y progresivo incremento de las listas de espera y de la congestión permanente de los servicios de urgencias.
4.- Suspensión del Plan de Mejora de AP: En el Plan de Mejora de AP impulsado por el gobierno progresista (2005-2009) estaba prevista la construcción de nuevos Centros de Salud y la creación de plazas de personal. De los 66 centros previstos sólo se plantea la construcción de siete. También dejaron de crear plazas de sanitarios, lo que representa la pérdida de 193 plazas de Medicina de Familia y 385 de enfermería.
5.- El desmantelamiento y la privatización del Sistema:
-Privatización de hospitales:
*Para la construcción del nuevo hospital de Vigo (H. Álvaro Cunqueiro) utilizaron el modelo de Colaboración Público-Privada, lo que representa un incremento en el coste, que pasa de 450 a 1.400 millones de euros, al tiempo que redujeron las camas operativas (de 1.230 a 850), recortaron los quirófanos en un 31.4%, las camas de UCI en un 25.5%, la superficie de Urgencias en un 55.5% y los servicios de Radiología en un 45%. La empresa concesionaria, con la complicidad del Sergas, recortó en servicios, consultas, superficies, equipamentos, calidad de los materiales, en los accesos y en las plazas de aparcamiento (que deberán pagar tanto trabajadores como usuarios). El hospital, desde su apresurada inauguración, acumula problemas y conflictos, que ponen en riesgo la calidad de la atención, la actividad asistencial e incluso la seguridad de los pacientes.
*La Xunta ya licitó, por tercera vez, la ampliación y gestión privada del hospital de Ourense (CHOU, que dirige una prima de Núñez Feijoo), y mejoró las condiciones a la empresa concesionaria -integrada por ACS, Indra y La Caixa-, en 41 millones de euros. También adjudicó la ampliación del hospital de Salnés a la multinacional Cofely-Suez que, junto con La Caixa, posee el fondo de inversion “Hisusa holding”, que es propietario de la aseguradora Adeslas.
-Renovación del concierto singular con el hospital privado Povisa de Vigo, que presta atención a casi 140.000 personas del área (Península de Morrazo, Valmiñor y polígono de Coia en Vigo). Por la utilización de 403 camas en este hospital el Sergas paga un impuesto anual de 75 millones de euros (después de la última renovación y mejora del concierto, firmado cuando era consejera Rocío Mosquera, que fue alto cargo en la empresa propietaria de Povisa).
-Privatización del Laboratorio Central de Galicia, que fue adjudicado a una UTE integrada por Laboratorio Cerba, Laboratorio Lema y Bandín. Esta empresa realizará más de 600 pruebas analíticas y genéticas, a expensas del desarrollo de los laboratorios de los hospitales públicos (que podrán cerrar progresivamente como en Vigo) y de sus profesionales. Esta decision pone a disposición de una multinacional datos muy sensibles de la población gallega (como el VIH y otras enfermedades).
-Continuidad de la empresa de gestión privada Galaria S.A., con lo que incumplen el compromiso del Sergas de rescatar los servicios asistenciales como la Radioterapia, la Medicina Núclear/PET y la Resonancia Magnética (RMN) para integrarlos en el nuevo hospital. El propio Consello de Contas ha denunciado el abuso de exploraciones de TAC y RMN (la tasa de RMN supera en un 50% la media del resto del Estado).
-Privatización de la alta tecnología por medio de la figura del “socio tecnológico”.Esta modalidad de contratación permite que las mismas empresas que fabrican los aparatos tecnológicos puedan controlar cuales son los equipos que deben adquirir los hospitales, fijar su precio e incluso decidir donde se ubican. Esta entrega a manos privadas del control de la tecnología hospitalaria puede tener consecuencias severas para la sostenibilidad del Sistema (la tecnología provoca un enorme incremento del gasto sanitario) y para la salud de la población (la gestión mercantilista de estos medios provoca una sobreutilización de los mismos, con una repercusión negativa por los efectos yatrogénicos). Este modelo de contratación ya llevó a una inversion de 88 millones de euros en la compra de nuevas RMN, cuando bastaría con sustituir los equipos actuales cambiando el software (mucho más barato).
-Privatizacion de la investigación, por medio de los Institutos Biomédicos de Investigacion de los hospitales públicos del Sergas. Estos Institutos se acogen al modelo empresarial, son participados y cogestionados por la multinacional farmacéutica Janssen (Johnson&Johnson). De este modo las empresas privadas, además de conseguir beneficios económicos, controlan y dirigen la investigación, y tienen acceso a datos genéticos y otras informaciones sensibles sobre la salud de la población gallega. El Sergas le adjudicó fondos a la Fundación Ramón Domínguez, para ampliar el laboratorio ubicado en el hospital de Santiago (CHUS), por un total de 1.2 millones de euros. Esta fundación es de gestión privada y tiene personalidad jurídica propia (está integrada por la Fundación IDI-CHUS, Fido-Xeral Calde, la empresa farmacéutica Jhansen, la Fundación de Medicina Genómica y la farmacéutica Biogen ID).
6.-Externalización-privatización de recursos y servicios estratégicos del Sergas a empresas multinacionales y fondos de inversion. Haremos un repaso telegráfico de las distintas áreas de actividad que fueron entregadas a manos privadas por el gobierno de Núñez Feijóo, la mayoría de ellas mediante concesiones a largo plazo, lo que puede dificultar su retorno a dominio público cuando haya un cambio de gobierno.
-Servicio de ambulancias: fue adjudicado por 236 millones de euros (a pagar en cuatro años) a la UTE Ambulevante, empresa valenciana a la que Fabra (ex-presidente de Valencia) también le entregó este negocio, y que está denunciada por su vinculación con el PP.
-Historia clínica electronica (Ianus): concedida a Indra, empresa que fue privatizada por Aznar y Rato. Esto supone dejar en manos privadas todos los datos sanitarios de la población gallega.
-Telecomunicaciones, cedidas a Telefónica (por 28 millones de euros), empresa ahora gobernada por La Caixa, BBVA y Bankia.
-La Plataforma Electrónica, cedida a Netaccede, fondo de capital riesgo creado en 2009, impulsada por ex-altos cargos de la Xunta y Caixanova, y gestionada por un directivo que proviene de la auditora Deloitte.
-El teléfono de cita previa, también fue adjudicado a Netaccede.
-El servicio de suministro y logística fue entregado, por 88 millones de euros, a la empresa Severiano Servicio Móvil (que el año 2004 custodiaba las historias clínicas del CHOP en una nave industrial sin licencia, y que ardieron en un incendio por carecer de medidas de seguridad, quedando el hospital sin documentación clínica).
-El mantenimiento de los equipos sanitarios fue adjudicado a la empresa zaragozana Ibérica de Mantenimiento S.A.
-La gestion de la limpieza y energía fue entregada al Grupo Norte, vinculado a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, (quebrada en 2008, que fue una de las principales causas del desplome de Novagalicia Banco).
-El servicio de catering de los hospitales, adjudicado la Mediterránea-Arturo, propiedad del fondo de inversion Portobello (Banco de Santander, BBVA, CAM/Sabadell, Bankia) y de Arturo Fernández (vicepresidente de la CEOE, imputado en el caso Bankia, acusado de defraudar a Hacienda, de pagar a los trabajadores en dinero negro y del uso de las tarjetas black como consejero de Caja Madrid).
-Los servicios de protección radiológica fueron cedidos a General Electric: de esa manera la misma empresa que fabrica los equipos es la que realiza el control de calidad.
-La esterilización de instrumental medico y quirúrgico: el gobierno de Núñez Feijóo tiene prevista su adjudicación por un período de 12 años y a un coste de 160 millones de euros. De llevarse a cabo supondría, además de un grave riesgo de incrementar las infecciones nosocomiales, una severa reducción de puestos de trabajo públicos por la desarticulación de los servicios existentes, que funcionan con un elevado nivel de calidad.
-Centros de Salud móviles, pendientes de adjudicar. De llevarse a cabo supondría un escalón más en la privatización y el desmantelamiento de la Atención Primaria.
-Teleasistencia domiciliaria: tienen contactos con R Comunicaciones (empresa inicialmente gallega, hoy vendida por NGB al fondo de inversión CVC-Capio).
-También cedieron al sector privado las contratacions públicas del Sergas. Transfirieron esta actividad a la Plataforma Electrónica Vortal Connecting Bussines, constituida por grandes empresas tecnológicas y de gestión de recursos humanos, especializadas en dispositivos electrónicos para controlar la productividad de los trabajadores. Esta Plataforma está participada por Microsoft, Telefónica e Indra, que también gestionan la teleasistencia, la receta electronica y la historia clínica electrónica. Esto supone que estas tareas propias de la función directiva, que deberían estar estrictamente controladas por el Sergas y la Consellería, pasan a manos de empresas multinacionales y fondos de inversion (muchos de ellos radicados en paraísos fiscales). De este modo vacían de contenido a las actuales estructuras directivas y entregan la gestión estratégica del Sistema sanitario público de Galicia la manos privadas.
7.- Las Unidades de Gestión Clínica (UXC): el próximo paso hacia la privatización del Sistema sanitario público. De esa manera pretenden convertir los Centros de Salud y los Servicios hospitalarios en empresas con autonomía de gestion, presupuestos propios y capacidad para beneficiarse de los ahorros conseguidos en personal, material o actividad asistencial. Estas UXC pueden abrir la puerta al mercado, a la gestion privada y a la laboralización del personal. La empresa selecionada por la Xunta para auditar la implantacion de las UXC es la agencia de calidad europea EFQM, que está presidida en España por el responsable de PwC (IBM), la empresa que almacena el mayor número de datos sanitarios y no sanitarios a nivel mundial.
Resulta evidente, a la vista de lo relatado, que el principal objetivo del actual gobierno de la Xunta es desmantelar la Sanidad Pública gallega. Esta privatización, realizada con prisa pero con la mayor cautela, deja una severa hipoteca para el país y los gobiernos futuros, que deberán asumir el compromiso con las empresas a las que adjudican concesiones a largo plazo. Esta forma de actuar no es inocente y responde a una estrategia, que ejecutan con todo rigor. Es necesario desalojar al PP del gobierno de la Xunta para detener esta demolición planificada de los servicios públicos.
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El futuro de las diputaciones desde cuatro perspectivas

Este reabierto debate se adormeció conforme fracasó el intento de gobierno de Pedro Sánchez y Albert Rivera, pero sigue latente

Munícipes, ciudadanos, juristas, políticos y expertos en derecho tienen diferentes puntos de vista sobre cuál es el camino con estas instituciones

Olga Granado
http://www.eldiario.es/


Encuentro de los responsables de la FAMP y presidentes de las diputaciones en Andalucía.
El pacto suscrito en su día entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de C's, Albert Rivera, que incluía la "supresión" de las diputaciones originó mucha contestación en Andalucía, territorio donde más de la mitad de su población vive en el mundo rural y por tanto tiene más conciencia del papel de estas instituciones, que pese a las muchas críticas que vierten sobre ellas, consideran fundamentales.
La fuerza con la que se reabrió este debate se apaciguó a la vez que caía la posibilidad de que esos dos partidos se hicieran con el Gobierno de España y con todo el país abocado a unas segundas elecciones generales en poco más de seis meses. Pero la cuestión sigue latente, y no se descarta que C's la vuelva a sacar como condición en las negociaciones en marcha para conformar el nuevo ejecutivo, por lo que proponemos observar esa cuestión desde cuatro perspectivas: la de los munícipes, representados en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); la de los políticos, con el posicionamiento de los distintos partidos; la de los expertos en derecho; y la de los ciudadanos, con el último estudio de opinión pública realizado por la Universidad de Granada.

Los munícipes

Desde la primera perspectiva, lo más destacado es que el pacto de Pedro Sánchez y Albert Rivera, pese a que estaba llamado a perecer pronto, dio lugar a una primera gran coalición entre el PSOE y el PP en Andalucía, en el marco de la recucitada FAMP, donde los ocho representantes de las diputaciones de Andalucía sellaban una resolución en defensa de estas instituciones. Hablan de "modernizarlas" y "transformarlas", pero "para nada suprimirlas". En este sentido, desde el PSOE-A han salido rápidamente en defensa de las diputaciones, toda vez que en esta comunidad autónoma tienen un papel que entienden que es difícil de comprender en otros territorios, y menos en la Comunidad de Madrid donde, por ser uniprovincial, ni siquiera existen.
¿Por qué son fundamentales? Citan varios ejemplos: los consistorios de los municipios más pequeños ni siquiera tienen interventor y para estas funciones recurren a sus diputaciones de referencia; son éstas también las encargadas de la recaudación de tributos; o las que les prestan servicios como el del ciclo intergral del agua, la recogida de la basura o la prevención y extinción de incendios; o las que les facilitan el crédito que los bancos no les dan, en una especie de FLA a escala municipal. Pero cuando se les pregunta en qué deben cambiar, ninguno entra a fondo de cómo hay que hacerlo, sino que de manera genérica citan la "necesidad de evitar duplicidades", que es en lo que coinciden los presidentes de las ocho diputaciones de Andalucía, tanto del PSOE-A como del PP-A.
De momento, la idea de suprimirlas está teniendo como consecuencia una cascada de mociones en los plenos -tantos de las diputaciones como de los consistorios- elevadas por socialistas y populares, que pugnan por ser los primeros en hacerlo, para salir en su "defensa".

Los partidos

Íntimamente ligadas con el posicionamiento de la FAMP, toda vez que la integran cargos electos de las administraciones locales, están las posturas de los diferentes partidos, si bien desde esta perspectiva podemos tener las opiniones de los que no la han plasmado en dicha resolución. En este contexto, la postura de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía puede resumirse con el PSOE-A y el PP-A a favor de mantenerlas, y C's, Podemos e IU proponiendo su desaparición.
Mario Jiménez (PSOE-A) insiste en la necesidad de "reconocer el papel de las diputaciones" pese a que se asuma que "hay que hacer cambios". Mientras, el PP-A A ha aprovechado el pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera para erigirse en "defensor de las diputaciones", en palabras de su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, porque también ha encontrado una manera de combatir el posiciomiento de los socialistas.
En cambio, desde Podemos, su diputada Esperanza Gómez, recuerda que su formación lleva tiempo pidiendo su "desaparición pero garantizando que esos servicios se presten", por lo que cree que deberían pasar a ser competencia de los consistorios. Mientras, C's, que lo comparte, pone el énfasis en aprovechar el dinero que se ahorraría con su eliminación para otras necesidades. Su parlamentaro Sergio Romero ha acusado a socialistas y populares de unirse en su defensa para "mantener los sillones". Y finalmente, IU aboga por trasladar los servicios que prestan a otras estructuras. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, expone con ello que hay que acabar con "una arquitectura institucional y territorial producto del franquismo que no responde a las necesidades de los ciudadanos" y "avanzar en la comarcalización" para una representación como más acorde con la realidad. En este sentido, se muestra "sorprendido" por el hecho de que en este debate no se mencione el "papel de las mancomunidades" que entiende que debe ser destacado en la prestación de estos servicios.

Los expertos

Desde la perspectiva jurídica, están claras las dificultades para abordar cambios en esta estructura. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-la Mancha Enrique Belda subraya que "sería posible jurídicamente con la reforma ordinaria del artítculo 167 de la Constitución Española", pero incluso sin reforma constitucional, "siempre que se mantuviera el mandato del artículo 141.2 de la Carta Magna "y se sustituyera por otras corporaciones de carácter representativo".
Pero no le parece que "con todas las reformas constitucionales pendientes", no le parece emprender ésta u otra de manera aislada. En su opinión, "es imprescindible para lo municipios pequeños la asistencia de diputaciones u órganos similares". Lo que "no es en absoluto necesario es que sirvan para poner sueldos adicionales a alcaldes y concejales: para su funcionamiento hace falta un mínimo criterio político y que las lleven los funcionarios". Y continúa: "Las diputaciones pueden mantenerse perfectamente con menos número de representantes o sin que se pague a los mismos por esas funciones de dirección, que insisto son mínimas, pues la ayuda a los pequeños municipios es de mera gestión o administración, siendo cuestión de aplicar la ley y gestionar partidas concretas". Es más, entiende que "la asignación de fondos a los municipios sería más objetiva y no dependería tanto del color político".
De todas maneras, apunta que la opinión pública debe saber que "no consiste tanto en suprimir instituciones como en saber las que debe hacerse por estar realizando funciones duplicadas". Y "jamás afectar a la prestación de derechos al ciudadano". De hecho, es autor de un trabajo en este sentido : Los derechos de las personas y las funciones del Estado como límite a la supresión de instituciones. La crisis económica y la reforma del Estado. Y concluye: "Creo que un sector público reducido, con menos políticos y funcionarios pero mejor considerados y retribuidos, es la clave para sostener el sistema".
Entretanto, Manuel Zafra Víctor, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, en Pensar en los gobiernos locales en el actual estado autonómico, se refiere especialmente a la polémica que originó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que replanteaba las funciones para los consistorios y las diputaciones. En este sentido, como principio de su ponencia, apuesta por la continuidad de estos órganos y expresa que "no es necesario suprimir municipios, sino poner a las diputaciones al servicio de éstos".   

Los ciudadanos

Finalmente, en pleno debate sobre esta cuestión se conocía el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno 2016, donde el 47,1% de los andaluces se declara a favor de una reforma de la Constitución Española y un 66,3% de éstos es partidario de la eliminación de las diputaciones. Quiere decir esto que, pese a sus críticas, las diputaciones tienen buen predicamento entre los andaluces, según este estudio de la Universidad de Granada.
Es más, dentro de esa prácticamente mitad de los encuestados que quiere una reforma constitucional, hay otras prioridades, como que el 64,5% apoyaría la fusión de ayuntamientos y el 73,7% la elección directa de alcaldes, mientras que el 88,7% se muestra partidario de las listas abiertas, el 77,4% del cambio de la fórmula electoral de la Ley D'Hont y el 58,6% de la modificación de la circunscripción por provincias para las elecciones generales.
Cabe recordar que tras las elecciones municipales de 2015, el partido que más diputados provinciales tiene es el PP, con 415, seguido del PSOE (391), Convergència i Unió (51), IU (42), C's (36) y Esquerra Republicana (32) e IU y coaliciones con Podemos (14). El resto, hasta los 1.040, se reparten entre BNG (12), Compromís (11), Partido Aragones (9), Podemos (8), UPyD (2), Partido Andalucista (1), Participa (1), Equo (1), independientes (2) y otros partidos autonómicos (12).

Lo público

Cada vez que un enfermo se complica en la sanidad privada, lo derivan a la pública, que no sólo tiene que hacerse cargo de los tratamientos más costosos, sino también de las muertes

Resultado de imaxes para Lo Publico

Rosa Montero
http://elpaissemanal.elpais.com/

POR RAZONES que no vienen al caso, últimamente he visitado con cierta asiduidad el hospital madrileño Gregorio Marañón. Un lugar feo, destartalado y viejo, pero un magnífico hospital, sin duda alguna, con grandes médicos y una prestación sanitaria de primera clase. Siempre se me encoge un poco el corazón cuando voy por allí, porque me parece un símbolo de nuestro maltratado sistema de salud. La sanidad pública española ha sido nuestro mayor logro social, un tesoro al que estamos tan acostumbrados que nos resulta impensable que haya países en donde dejen morir a la gente por el hecho de ser pobre. Pero existen. En Estados Unidos, por ejemplo, los enfermos oncológicos que no pueden abonar la carísima quimioterapia simplemente se quedan sin ella, como se veía en la serie Breaking Bad. Imaginen a un niño con cáncer al que no le ponen tratamiento porque sus padres no tienen el dinero para pagarlo: es repugnante. De esa feroz, inadmisible, asesina desigualdad nos protege nuestro sistema de salud, pero lo estamos desmantelando.

La sanidad pública española ha estado entre los diez mejores servicios de salud del mundo. Ahora no sé por dónde andaremos en el ranking, porque llevan años demoliéndola. Hace un mes, altos cargos del sistema de salud madrileño dijeron que en la Comunidad sobran “4.000 camas para enfermos agudos”. Nadie parece haberse escandalizado ante esa afirmación, y sin embargo es grave. Primero, porque en toda la Comunidad sólo hay 13.000 camas: la reducción es sustancial. Y segundo, ­porque hace diez años estos mismos peperos, contra el criterio de los profesionales y dirigidos por una entusiasta Esperanza Aguirre, construyeron 2.000 camas de agudos. ¿Qué es lo que va a suceder, previsiblemente? Que se cerrarán camas de los hospitales públicos y se derivará el servicio a los privados.

Verán, la sanidad privada es un negocio. Pero es que el objetivo de la sanidad no puede ser el de ganar dinero. No todo en la sociedad ha de moverse hacia el lucro. En el concepto mismo de la democracia anida un impulso de ordenación social, de moderación de las desigualdades, de freno al botín salvaje. Por eso se pagan impuestos: por el bien común. Y la sanidad está en la base de ese bien común.

Argumentan los partidarios del dinero tintineante que la medicina privada es más barata y eficiente que la pública. Mienten, porque engañan en la forma de medir. Cada vez que un enfermo se complica en la privada, lo derivan a la pública, que no sólo tiene que hacerse cargo de los tratamientos más costosos, sino también de las muertes. Pondré un ejemplo; si no recuerdo mal, hará unos diez años el geriatra del Gregorio Marañón José Antonio Serra (que es una eminencia en su campo) y su equipo hicieron un importantísimo estudio sobre la rotura de cadera en los ancianos y demostraron que, si eran atendidos por geriatras y traumatólogos a la vez, y no sólo por traumatólogos, morían menos y sufrían menos complicaciones. El estudio se publicó en la revista especializada más importante del mundo y los resultados se han incluido en los protocolos médicos de medio planeta. Pero ese es un modelo de medicina que no todos comparten. Aquí hay algunos hospitales privados que operan a los ancianos de cadera y los mandan a las 48 horas a su casa sin rehabilitar. ¿Que el paciente no anda? No importa. Ya se ocupará la pública, si puede, de arreglar el desaguisado, y además, si se muere, que se muera con ellos, fuera del hospital privado, porque ese fallecimiento les bajaría su rutilante índice de éxitos.


Así estamos, en plena campaña del desprecio a lo público. Ya se sabe: los funcionarios son todos unos sinvergüenzas y unos vagos, mientras que el sector privado es otra cosa. Sí, desde luego que es otra cosa: es ahí donde se dan los bonos basura, los abusivos usos bancarios, los fondos de Panamá. ¡Es el muy serio, eficiente y honesto sector de los directivos de Volkswagen! ¿Pero de qué ­estamos hablando? Pues me temo que, en el fondo, el único tema es la rapiña. Pero, ojo, mucho cuidado con el desmantelamiento de nuestro sistema de salud. Porque cuando aquí empiecen a morir los niños porque no pueden pagar las medicinas, sus padres incendiarán las ciudades. Y yo lo entiendo

Medio centenar de políticos se embolsaron 25 millones en empresas del Ibex 35


Medio centenar de políticos se embolsaron 25 millones en empresas del Ibex 35
Vicente Clavero
www.publico.es

Medio centenar de políticos españoles se sientan en los consejos de administración de 22 de las 35 empresas del Ibex. La inmensa mayoría fueron dirigentes de UCD, del PP y del PSOE u ocuparon altos cargos bajo sus respectivos gobiernos. Ellos son claros ejemplos de la promiscuidad entre lo público y lo privado, o -lo que es lo mismo- del uso de las conocidas popularmente como puertas giratorias.

Según revela diario PÚBLICO, medio centenar de antiguos políticos se embolsaron el año pasado más de 25 millones de euros por su pertenencia a los consejos de los que forman parte. La cifra representa menos de una décima parte de los 280 millones largos percibidos por los miembros de los principales órganos de administración del Ibex 35. Pero, vistas una por una, se trata de unas jugosas retribuciones.

El mejor pagado, es Matías Rodríguez Inciarte, vicepresidente del Banco Santander, al que se incorporó en 1988, seis años después de haber cesado como ministro de la Presidencia con UCD. Rodríguez Inciarte, hombre de la máxima confianza de Emilio Botín y ahora de su hija Ana, se embolsó en 2015 la nada despreciable cantidad de 5,340 millones de euros.

También llama la atención -por lo fulgurante- la carrera empresarial de Josu Jon Imaz, eurodiputado, consejero del Gobierno Vasco y presidente del PNV entre 2004 y 2007. Poco después de dejar la primera línea de la política, fue nombrado presidente de Petronor y sólo seis años más tarde se convirtió en consejero delegado de Repsol, cargo que le reportó 2,903 millones de euros en 2015.

Otro conocido empresario que pasó por la política es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que estuvo vinculado a la UCD y al Partido Reformista Democrático (PRD). Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, director general del Infraestructuras del Transporte y presidente del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). Tras su experiencia en la Administración se dedicó a levantar ACS, donde en el último ejercicio cobró 4,576 millones.

El PRD, que tuvo a Florentino Pérez como secretario general, fue la estructura sobre la que se lanzó la llamada Operación Roca, cuyo objetivo era acabar con la mayoría absoluta del PSOE en 1986. La intentona, apoyada por la banca, la CEOE y algunos medios, recibió el nombre de su cara visible, el político catalán Miquel Roca, dedicado desde hace años a la abogacía (defiende a la infanta Cristina en el caso Noos) y que hoy se sienta en los consejos de ACS y Endesa, lo que en 2015 le reportó casi 330.000 euros.

De los antiguos altos cargos de la órbita del PP, al que mejor le va en el mundo de la empresa -al menos por lo que cobra- es José Folgado, secretario de Estado de Presupuestos, de Economía y de Energía con José María Aznar y posteriormente alcalde de la localidad madrileña de Tres Cantos. Desde el triunfo de Mariano Rajoy en las elecciones de 2011, es presidente de Red Eléctrica, cargo por el que se embolsó 707.000 euros el año pasado.

A Folgado le pisa los talones la histórica dirigente popular Isabel Tocino, que es consejera del Banco Santander y de Enagas, con unos ingresos de 671.000 euros. Justo por detrás de Tocino figura Marcelino Oreja Arburúa, eurodiputado por el PP entre 2002 y 2004 y actual consejero delegado de Enagás. Por el desempeño de esta responsabilidad percibió un total de 561.000 euros en 2015.

Aunque peor retribuidos, en los consejos de administración de las sociedades del Ibex 35 hay incluso antiguos ministros del PP. Ángel Acebes, que lo fue de Administraciones Públicas, de Justicia y de Interior en los gobiernos de Aznar, está en el de Iberdrola, que le paga más de 300.000 euros anuales. Ana Palacio (Asuntos Exteriores) pertenece a Enagás y cobra 80.000.

Por el lado socialista, el mejor retribuido es Guillermo de la Dehesa, exsecretario de Estado de Economía, que recibió el año pasado 473.000 euros del Santander y 156.000 de Amadeus. Javier de Paz, que lideró las Juventudes Socialistas, obtuvo 500.000 de Telefónica; Luis Carlos Croissier (exministro de Industria), 309.000 de Repsol, y Josep Borrell (Obras Públicas), 300.000 de Abengoa, que ya no pertenece al Ibex 35. Muy inferior es lo que Felipe González ganó en Gas Natural: 46.000 euros.

Los consejos de administración del Ibex 35 no son los únicos destinos que algunos políticos logran en las grandes empresas cuando deciden incorporarse al sector privado. También suelen encontrar acomodo en puesto directivos y en filiales o ser agraciados con alguna suculenta asesoría.

Por fin nos han intervenido, señor Rajoy

LAS CONTRAPARTIDAS POR LA CANCELACIÓN DE LA MULTA


Alejandro Inurrieta*
http://iniciativadebate.org/

El miedo a la situación política e institucional actual de la UE ha salvado a España, y Portugal, de una multa que parecía irreversible por incumplimiento de los objetivos del déficit. La salida del Reino Unido y los avances del fascismo en los países centrales de la UE han ablandado a los otrora talibanes de la ortodoxia, como el comisario Moscovici, o el propio ministro de Finanzas alemán, cuyo nombre (Wolfgang Schäuble) es realmente complicado. En este sentido, el olfato de De Guindos ha funcionado y sorprendentemente nos hemos librado de pagar, aunque no del estigma de incumplir lo que se nos exigió, incluso después de la prórroga anti-Podemos que nos otorgó la Comisión Europea antes de las elecciones del 26J.
Pero el ahorro monetario de la multa no va a salir gratis. A partir de ahora España entra de lleno en el mecanismo de vigilancia reforzada, lo que implica de facto que nuestra política económica está intervenida por parte de Bruselas. Ello implicará que tendremos a los hombres de negro cada tres meses vigilando que las medidas de austeridad que se nos exigen, aproximadamente 10.000 millones de euros en dos años, se cumplan escrupulosamente de aquí a 2018. Los argumentos han sido de lo más divertido. Ahora la Comisión, pero también el FMI, se han dado cuenta que han fracasado estrepitosamente con las medidas de recortes en plena recesión de balances, por lo que apelan a que las sociedades europeas afectadas no entenderían nuevas medidas drásticas, después del sufrimiento.
Esta sensiblería social repentina solo esconde un miedo atávico a tener que enfrentarse a un nuevo fracaso de las políticas fallidas puestas en marcha en el marco de una Unión Monetaria fracasada. Ello implicaría que los arquitectos de la misma deberían estar pidiendo perdón y desandando el camino para diseñar otra UE y otra moneda única, completamente alejada de los preceptos falsos y tramposos de la teoría neoclásica que la sustenta. Nada de las recetas impuestas, en algunos casos con sangre y ensañamiento como en Grecia, han resultado válidas para relanzar un modelo económico financiero capitalista que ha fracasado y que no encuentra formulas para revertir los errores. Lo único que sigue haciendo el máximo mecanismo financiero de la UE, el BCE, es inflar la burbuja de deuda y bolsa para que el señuelo de bajos tipos de interés, anime a invertir en economía productiva, algo irreal en un mundo donde la inversión y el empleo ya no son imprescindibles.
En este contexto, España deberá rehacer todo el programa de estabilidad, tirar a la basura el cuadro macroeconómico que lo sustentaba y volver a pintar unas cifras de ingresos y gastos lo suficientemente inflados e irreales, para que la Comisión siga dejándose engañar. No hay que olvidar, y es para enmarcar, que el presupuesto de ingresos del Gobierno para la Seguridad Social se situaba en 2015 en el 8%, mientras que la realidad fue un magro 1,5%. Esta incapacidad para ajustar la realidad al presupuesto es lo que hace de la UE un club de trileros en el que nadie se preocupa en verificar que las previsiones sistemáticamente se incumplen, y por ello se aprueban todos los planes de estabilidad que vienen de cada país. Luego, la realidad choca con esta ilusión estadística que diseñan los burócratas, llamados TECOS en España, y que dice muy poco de su capacidad profesional, siempre con excepciones. Con este funcionamiento, cada vez extraña menos que países como Reino Unido, con un funcionamiento estadístico mucho más serio e independiente que el de España,hayan optado por irse de esta organización, cuyo funcionamiento político y económico es uno de los mayores fracasos de los últimos años.
Con estas premisas, y todavía sin Gobierno, España deberá preparar un proyecto de presupuestos para que los hombres de negro lo aprueben ya sobre el propio terreno. Pero el mayor problema es que casi con seguridad el objetivo de 2016, un 4,6%, también se incumplirá, como ya ha previsto la AiREF, lo que implicará que el ajuste en el gasto y/o ingresos será mayor. Para empezar, la propia Administración central hasta junio ya llevaba una décima más del objetivo, un 1,9% frente al 1,8% del PIB que le marcaba el Programa de Estabilidad enviado. Pero no hay que olvidar que el gran agujero del déficit está en la Seguridad Social. Los datos de la EPA han roto la euforia de las afiliaciones de la Seguridad Social del segundo trimestre y revelan una clara moderación en el crecimiento de la ocupación, fruto del agotamiento del modelo turismo barato y construcción incipiente. Los ingresos por cotización, si los supiéramos con la suficiente diligencia, nos darían la pauta del tipo de empleo que se está creando, y que no permitirá corregir el enorme boquete que se ha abierto en el sistema público de pensiones en España.
España ha enviado, como elemento paliativo, un primer esbozo de donde conseguirá los ingresos necesarios para no tocar el gasto, del impuesto de sociedades. El rocambolesco recurso a adelantar los pagos a cuenta del impuesto, para obtener 6.000 millones de euros, es tan ilusorio como pensar que la Seguridad Social estará en equilibrio en 2018. Esta previsión es simplemente, uno más, un ejercicio torpe y desesperado para no reconocer, primero, que estamos intervenidos, y luego que nos van a imponer un ajuste en el gasto y un aumento del IVA, simplemente para empezar. Además, este ajuste se plantea en el mismo instante que la economía española ya empieza a dar los primeros síntomas de ralentización, precisamente cuando se le ha retirado el respirador del gasto público, que es lo que ha permitido salir del hoyo en el que estábamos, y el que volveremos a estar, tras el ajuste cíclico. No hay que olvidar que el crecimiento potencial, si es que se puede calcular con rigor, que lo dudo, se aproximaría el 1,5%, cifra que no prácticamente dejará la tasa de paro en el 18-20% como tasa de equilibrio a futuro, un auténtico drama.
Por tanto, y a la vuelta del verano, haya Gobierno o no, las CCAA tendrán que comenzar a ajustar sus gastos en educación, sanidad y servicios sociales, y los consumidores y pensionistas a ver recortado su capacidad de gasto real, no por mayor inflación, sino por una elevación de la presión fiscal indirecta, la que tanto gusta a los liberales del PP y del PSOE. El objetivo ya no será reducir el gap en 5.000 millones de euros, sino seguramente algo más de 6.500 millones, ya que el déficit terminará este año por encima del 5,5%. Por ende, disfruten del verano los que puedan, y vengan con el bolsillo algo menos vacío que otras veces, porque se recrudecerán copagos y subirán los bienes de consumo, especialmente para los que consumen más: pensionistas y rentas más bajas. Ánimo constitucionalistas.
(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.

Mute

Teresa Viejo
http://theobjective.com/
Periodista. Escritora. 
"Mientras llueva" mi última novela. 
Directora de "La Observadora" RNE. 
Embajadora de UNICEF.


CARLO ALLEGRI / Reuters

Hace algunos años en una universidad norteamericana encargada de dirigir un estudio sobre afectados de afasia proyectaron a estos enfermos un video sobre un discurso de Nixon sin sonido. Se trataba de un mensaje de gran hondura política sin embargo a los pacientes les dio por reír. ¿Motivo? El lenguaje no verbal del Presidente revelaba a un trilero, alguien cuyos gestos delataban que no pensaba hacer nada de lo que comprometía con palabras y, puesto que los enfermos no pueden discernir el lenguaje hablado, no se sintieron engañados, tan solo disfrutaron del sainete. Dicha prueba hoy no la pasaría ni un solo candidato de los que se exhiben por esta pista de circo que es España.

Si a Nixon le descubrieron sus gestos, qué será de Trump. No recuerdo una unanimidad tan rotunda rechazando a un líder, pues apuntas a derecha e izquierda y todos agrian el rostro ante él. E incluso reconozco que me apura adjudicar la cualidad de liderazgo al candidato ya que durante años ha sido un millonario ostentoso y truhan, mujeriego y demagogo, a quien reíamos sus esnobismos. La sola idea de imaginarlo al frente de EEUU provoca una reacción simular a la de los bebés que estruja en la imagen: buscar ayuda alrededor antes de salir corriendo o romper a llorar. Su histrionismo es tan ridículo como la mata de pelo amarillo que puebla su cabeza.

Cualquier análisis político del personaje demandaría espacio, aparte de que me interesa más contemplarlo desde la psicología social, esforzándome por entender cómo y con qué argucias se puede llegar a seducir a una masa tan numerosa, pero estoy convencida de que si prescindiéramos del sonido al verle nos lo tomaríamos a risa. Aunque quizá nos diera por llorar al temer lo que se nos vendría encima.