Intoxicaciones informativas en torno al realojo de la Corrala Utopía

Un fantasma recorre Europa,
es el fantasma de la Función Social de la Vivienda

En el reciente proceso de desahucio y realojo de la Corrala Utopia y la crisis del Gobierno Andaluz hemos asistido, en días, a dos procesos de desinformación interesada masivos:

a)    Confusión de asignación de vivienda VPO con realojo de emergencia

b)    Presuntas cesiones de Izquierda Unida para el cierre de la crisis del Gobierno andaluz

¿Qué hay detrás de ellas? ¿Por qué las realizan al unísono el conjunto de los medios oficiales y se incorpora el sector más sectario de los “alternativos”?

Lo que hay es miedo, mucho miedo. Miedo al triunfo de las luchas sociales, miedo a que hay alternativa, miedo a que #SiSePuede.

Corrala Utopía. Sin agua, sin luz, sin miedo

Así rezaba una pancarta que resumía la lucha de dos años de la primera ocupación colectiva, organizada que pretendía, al mismo tiempo solucionar el problema habitacional y reivindicar el derecho a la vivienda. En este tiempo Utopía se ha convertido en un símbolo y ejemplo de lucha para la solución de su conflicto, la Corrala ha contando, de un lado con el apoyo de una amplia plataforma de colectivos y personas, de otro con las gestiones de la Consejeria de Fomento y Vivienda de la Junta mediadas por la Oficina del Defensor del pueblo Andaluz.

La gran coalición para desahuciar Utopia, Izquierda Unida no admite chantajes. Primera intoxicación

El desalojo de la Corrala Utopía se produce después de alcanzado un acuerdo de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía con Ibercaja. La Delegación del Gobierno en Andalucía conoce el acuerdo pero precipita, con la intervención de un “ejército” policial, el mandato judicial. No es para el Partido Popular admisible la intervención de una administración pública para resolver un conflicto habitacional, la propiedad privada debe prevalecer sobre la función social de la vivienda.

A partir de ese momento se activan mecanismos desde Fomento Vivienda para el realojo de emergencia de las personas desahuciadas. Este es un procedimiento común ante situaciones extraordinarias y lo realizan administraciones de todo color político. El Informe del Defensor del Pueblo Andaluz muestra su sorpresa y consternación por el hecho e insta, como el propio auto judicial de desalojo  a que las administraciones públicas provean lo necesario para auxilar la situación de los niños y otras personas en riesgo de exclusión social que han sido desalojadas. A pesar de ello llegan a IU-LV-CA amenazas desde la otra parte del gobierno para que no se realoje a Corrala Utopia.  Representantes de Izquierda Unida hacen público que no admiten chantajes y se produce la entrega de 8 llaves (las disponibles en Sevilla el Parque Público de Vivienda) y un acuerdo para el realojo del resto en viviendas privadas. Esta situación es aún más inexplicable en cuanto las gestiones mediadas por el Defensor del Pueblo Andaluz eran públicas e iban a concluir en el realojo de las familias antes del desahucio.

La respuesta por la Presidenta es la derogación (“suspensión temporal” para minimizar el impacto en el Acuerdo de Gobierno) de las competencias de la Consejeria de Fomento y Vivienda en materia de adjudicación de viviendas. Este Decreto se acompaña de la intervención de la  misma Presidenta acusando a Izquierda Unida de arbitrariedades en el proceso y de “saltarse” la lista de espera de más de 10.000 sevillanos. No hay 10.000 sevillanos en lista de espera para solución de emergencia, los hay (impresentablemente) para la adjudicación de una vivienda social.

Los medios y tertulianos del pesebre andaluz se unen a los del PP y, al unísono, se ataca a Izquierda Unida. Se acusa desde injusticia a prevaricación y se hacen llamamientos al abandono de la “mayoría silenciosa y obediente con las leyes” que ha sido olvidada en su lista de espera. La verdad es la contraria. Izquierda Unida, en este caso, no prima la lucha social sobre listas de espera simplemente aplica una resolución judicial y un procedimiento normal de emergencia. Esta actuación está amparada, asimismo en el Art. 20 de la Ley Andaluza de derecho a la Vivienda de 2010, en el Art. 13.2 del  Reglamento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda protegida, en los artículos 12 y 13 del  Reglamento de Viviendas Protegidas (Decreto 149/2006), en el Artículo 47 de la Constitución Española la que recoge que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada e insta a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, el Estatuto de Autonomía, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la doctrina de la justicia europea, sentada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, según la cual las administraciones deben proveer soluciones a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda por desahucio.

Lo que quiere el PP y el PSOE y toda su maquinaria es la exclusión de los que luchan de las medidas de emergencia. Lo que quieren es que un desahucio judicial no se considere situación de emergencia y se desproteja a niñ@s y otras personas en riesgo de exclusión. Lo que quieren es que no acabe en victoria ninguna lucha social.

Izquierda Unida no ha dado ni un paso atrás. Segunda intoxicación

Ante la “suspensión temporal” de competencias (firmada el jueves 10 de abril, publicada el día 11)  Izquierda Unida no da un paso atrás. Las competencias deben ser restablecidas, el realojo de la Corrala no se toca y debe ser inmediato. Para que quede claro se da “por suspendido temporalmente” el acuerdo de gobierno y se convoca para el domingo 13 de Abril  al máximo órgano de IU-LV-CA. El Consejo Andaluz sería informado y, si continuaba la crisis,  se procedería a la convocatoria de un Referendum a la militancia sobre la continuidad o retirada del Gobierno. Susana Díaz firma a la 01.40 del sábado y esa mañana un BOJA extraordinario cierra el conflicto. Las competencias son devueltas. Para salvar algo de la inmensa irresponsabilidad cometida por el PSOE Andaluz se solicita la “confirmación” de los informes sociales (que ya existen y fueron presentados a los socios).

Sin saber dónde agarrarse para explicar la rápida devolución de competencias  se produce la segunda intoxicación: dependiendo de los medios se informa bien que todos, bien que parte de las familias realojadas serán desolojadas. No es cierto. Las 8 llaves entregadas no tiene marcha atrás y la búsqueda de solución prometida a las otras nueve familias sigue en marcha.  Lo más curioso de esta desinformación no es que la realicen los medios prosocialistas, en el intento de engaño participan también los medios de la derecha. Desaprovechan una oportunidad de oro para dañar al PSOE acusándolo de connivencia con las “prácticas comunistas” porque sigue estando en juego un interés común a ambos partidos: las políticas de la troika, el servilismo a la gran banca, el incierto futuro de este bipartidismo herido, el miedo al #SISePuede y al #HayAlternativa y se llama Izquierda Unida.

Igual de clarificador resulta la actitud en esta crisis de algunos sectores de la “Izquierda de verdad”: primero silencio y después abrazo a las intoxicaciones de la derecha mediática. El mismo miedo al #SiSePuede y a la conclusión positiva de las luchas sociales sino pasa por su protagonismo. Triste papel que quita caretas. Vieja política, oportunismo y burocracia de minúsculas expresiones orgánicas. Afortunadamente no está en sus manos sectarias el avance de los intereses populares ni la resolución de sus conflictos.

Los momentos críticos ponen a cada uno en su sitio, la foto es clara. Solo el pueblo defiende al pueblo y hemos podido ver quien es pueblo y quien no lo es.

*José Manuel Luque
Miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Comunista de Andalucía.