En los últimos años, y de manera acelerada, nuestras sociedades se han transformado. Pese a las muchas vertientes de esta transformación forzada, hay una que es definitoria: el incremento de las desigualdades sociales y económicas. Vivimos en una sociedad mucho más polarizada (sensiblemente por encima de la media de la OCDE en los tres indicadoresque miden la desigualdad de distribución de renta y pobreza) respecto de la de hace pocos años; en la que se ha constatado que las administraciones nacionales son incapaces de dar respuesta a la inseguridad económica de la población. Y parece que no hay atisbos de que exista el compromiso real para revertir esta tendencia.
En relación con esta creciente dinámica, conviene fijarse en un hecho que necesariamente implicará cambios profundos: se ha roto la relación, hasta hoy ineluctable, entre trabajo y subsistencia. Para una parte cada vez más importante de la sociedad trabajar ya no garantiza cubrir las necesidades materiales básicas. Este hecho se acentúa con la orientación de la política económica actual: la consigna de que “el crecimiento vendrá vía rebaja salarial” ha adquirido ya el rango de dogma y se ha asumido que el modelo de los minijobs “es el progreso”. De hecho, en España, un 12,3% de los trabajadores contratados se encuentran ya en riesgo de pobreza (aunque este dato esconde las grandes diferencias entre los outsiders e insiders en el mercado laboral doméstico). Llegados a este punto, la sociedad debería poder garantizar la vida digna de todos los ciudadanos, con independencia de que trabajen o no: ¿no es acaso éste el reto? Es en este contexto, de récord de desempleo de larga duración, de salarios que no permiten cubrir las necesidades más perentorias, de un 28,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social y de movilidad social estancada, que la Renta Básica (RB) debe volver a tomar fuerza en el debate público. Está en juego apartar de la condición de ciudadanía a una gran parte de la sociedad.
En relación con esta creciente dinámica, conviene fijarse en un hecho que necesariamente implicará cambios profundos: se ha roto la relación, hasta hoy ineluctable, entre trabajo y subsistencia. Para una parte cada vez más importante de la sociedad trabajar ya no garantiza cubrir las necesidades materiales básicas. Este hecho se acentúa con la orientación de la política económica actual: la consigna de que “el crecimiento vendrá vía rebaja salarial” ha adquirido ya el rango de dogma y se ha asumido que el modelo de los minijobs “es el progreso”. De hecho, en España, un 12,3% de los trabajadores contratados se encuentran ya en riesgo de pobreza (aunque este dato esconde las grandes diferencias entre los outsiders e insiders en el mercado laboral doméstico). Llegados a este punto, la sociedad debería poder garantizar la vida digna de todos los ciudadanos, con independencia de que trabajen o no: ¿no es acaso éste el reto? Es en este contexto, de récord de desempleo de larga duración, de salarios que no permiten cubrir las necesidades más perentorias, de un 28,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social y de movilidad social estancada, que la Renta Básica (RB) debe volver a tomar fuerza en el debate público. Está en juego apartar de la condición de ciudadanía a una gran parte de la sociedad.
Recogiendo la definición de la Basic Income Earth Network, la RB es un ingreso individual pagado por una administración pública de manera universal (a cada ciudadano de pleno derecho) y de manera incondicional (sin importar si trabaja de manera remunerada o no). Responde al derecho incondicional como ciudadano de tener las necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna y propiciar nuestra participación en la sociedad.
La RB tiene un largo recorrido en el pensamiento político, enmarcada sobre todo en la tradición del republicanismo democrático pero también defendida desde aproximaciones liberales. Desde T. Paine a P. Van Parijs (autor del ensayo que reimpulsó el concepto y pensador de referencia), la tradición y vigencia de la discusión sobre la RB es incuestionable. Los principios en los que se fundamenta podrían resumirse en dos: (1) Los ciudadanos que no disponen de propiedades o medios para su subsistencia están expuestos a la voluntad arbitraria de los demás. Son sujetos incapaces de ejercer su libertad. (2) En una sociedad polarizada, los que sí cuenten con medios impondrán sus preferencias y su propia concepción del bien público y de lo democrático, perpetuando, así, la vulnerabilidad e indefensión del resto y pervirtiendo el mismo sentido de lo común.
En política comparada, existen pocas manifestaciones explícitas de aplicación de la RB de manera generalizada en comunidades que puedan ser significativas. Una de ellas es Alaska, un ejemplo de aplicación de la RB stricto sensu: desde 1982, cada ciudadano residente recibe, por expresa previsión constitucional y por el mero hecho de ser ciudadano, 900$ anuales como parte líquida del Permanent Fund Dividend, fondo que se nutre, en esencia, de ingresos derivados de la explotación de los recursos naturales, en especial del petróleo. En Europa, la tradicional carencia de ejemplos prácticos de aplicación puede ser cuestión de tiempo, pues los movimientos sociales favorables a la RB han ganado terreno en el debate político, en especial en Suiza. Los organizadores de la iniciativa legislativa popular “ Para una renta básica incondicional” entregaron recientemente más de las 100.000 firmas necesarias para iniciar los mecanismos legales que se prevé que culminen en la celebración de un referéndum. La propuesta es tan simple como ambiciosa: consagrar constitucionalmente el derecho a una renta incondicional de unos 2500 francos suizos al mes (unos 2000€) para todo ciudadano suizo. Paralelamente, desde enero de 2013, los promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea para una renta básica universal recogen firmas para que la Comisión Europea estudie detenidamente su implementación en el territorio de la Unión.
¿Habría margen para su implementación en España? Según J. Arcarons, D. Raventós y Ll. Torrens, sí. En un artículo reciente, que supone una parte ínfima del inmenso trabajo que han realizado la Red Renta Básica y la revista Sin Permiso en la investigación y difusión de la propuesta, los autores han analizado los datos de casi un cuarto de millón de declaraciones del IRPF de 2010 de ciudadanos residentes en Cataluña. Los resultados de la simulación son claros: (1) Sería factible una Renta Básica de 7.968€ anuales y de 1.594€ para los menores de edad. (2) Los ingresos provendrían de la suspensión de todos los otros subsidios condicionados inferiores a la RB y de una reforma ambiciosa del IRPF. (3) Todo ello sin modificar partidas presupuestarias, dejando intacto el nivel de cobertura sanitaria o la inversión en educación.
La factibilidad de la RB permite que el debate sobre su implementación se centre, en esencia, en cuestiones de cariz ideológico. Y es en este ámbito en el que las fuerzas políticas progresistas están plenamente legitimadas para fomentar un debate en profundidad sobre la propuesta. Esta ha sido la tendencia para los partidos de izquierda minoritarios en el Congreso con sendas iniciativas. Sin embargo, un debate en profundidad en la socialdemocracia europea podría posicionar la idea en el centro del debate político, liberando a la RB de su prejuiciosa e injusta etiqueta utópica. Asegurar al ciudadano su derecho básico a la existencia de forma incondicional es realizable y puede suponer un auténtico giro copernicano en la concepción prestacionalista del Estado de Bienestar ya que se conseguiría una redistribución efectiva de la riqueza, promoviendo asimismo una mayor participación ciudadana en la discusión pública. La RB no es una provocación, es una exigencia política, y es posible. Seguro que existen objeciones, ¡discutámoslas! Pero lo que es de soñador ingenuo es pensar que la situación actual se puede arreglar sin transformaciones profundas.
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