La autodenominada comunidad internacional no reaccionó con especial dureza cuando el teniente coronel René Antonio Herpburn Bueso al frente de 200 militares encapuchados asaltaran la residencia presidencial de Honduras el 28 de junio de 2009, secuestraran al presidente, Manuel Zelaya, y lo sacaran del país en la madrugada.
Unos meses después, en noviembre, las elecciones organizadas por el Gobierno de facto parecieron una prueba de ‘democratización’ suficiente para que todo volviera al orden.
Esos comicios los ganó Porfirio Lobo, del Partido Nacional, y durante su mandato se demostró que todo podía ir a peor: la seguridad pública se convirtió en quimera, Honduras se convirtió en el país más peligroso del planeta para las y los defensores ambientales, las élites nacionales terminaron de hincar el diente en los territorios garífunas o lencas con la financiación de bancos de ‘desarrollo’ europeos y estadounidenses, la corrupción endémica se hizo norma (véase el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social), y el Congreso logró pasar, después de dos intentos y una sentencia de inconstitucionalidad, la ahora conocida como Ley de Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE). Las ZEDE son la renuncia de la soberanía nacional a favor de inversores estadounidenses con concesiones por décadas sobre territorio y personas (las conocidas como ciudad charters).
Porfirio Lobo y su sucesor, también del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, han recreado lo ocurrido en el tránsito del siglo XIX al XX, cuando Terencio Sierra y Manuel Bonilla entregaron buena parte del país a la Standard Fruit Co y a decenas de inversores alemanes que podrían ‘blanquear’ la raza y traer el desarrollo al pequeño país centroamericano.
El proyecto económico está detrás, delante y alrededor de un proyecto político que necesita tiempo. Por eso, Hernández tomó el relevo de Lobo, y para allanar el camino antes se tomaron algunas decisiones. La más significativa fue la destitución el 12 de diciembre de 2012 de los cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
Es decir, después del golpe de Estado contra Zelaya, hacía falta un golpe institucional que dejara la Sala del Constitucional en manos confiables. Y así fue como los nuevos magistrados consideraron el 22 de abril de 2015 que no es aplicable el artículo 239 de la Constitución de 1982, el que impide la reelección presidencial. Gracias a esa sentencia que alteraba de manera inusual uno de los conocidos como “artículos pétreos” de la Carta Magna, Juan Orlando Hernández se pudo presentar a las elecciones de este domingo 26 de noviembre.
Otro paso importante era asegurarse de que el Tribunal Supremo Electoral estuviera controlado. No parece casualidad entonces que la presidencia rotatoria de esa instancia haya estado en manos de David Matamoros Batson durante los polémicos comicios presidenciales de 2013 y ahora, en 2017.
Matamoros ha sido dos veces diputado del Partido Nacional, la formación de Lobo y de Hernández, y ha llegado a ser secretario general del tradicional partido de la élite entre 2002 y 2004. En medio, fue Director General de Aduanas y se vio involucrado en un turbio asunto de corrupción en 1993. Un ‘hombre del presidente’ en momentos especialmente delicados.
Todo esto puede explicar cómo los hondureños se despertaron el miércoles, tres días después de las elecciones, con el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, aún como presidente electo con el 75% de los votos escrutados, y como, tras un apagón del sistema informático y la inhabilitación de varias actas electorales, se acostaron con Juan Orlando Hernández (JOH) liderando el conteo por apenas 20.000 votos.
Ya este viernes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consolidó el vuelco y dejaba a JOH como ganador virtual con el 94,3% de los votos escrutados y 1,5 puntos de ventaja (46.586 votos) sobre Nasralla. El TSE no ha proclamado aún al presidente siguiendo el consejo de los observadores de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA) de no hacerlo hasta haber contado hasta el último voto. En teoría, este viernes en la tarde, con presencia de representantes del Partido Nacional y de la Alianza de Oposición, se contará las 1.031 actas electorales que restan por registrar y que cerrarán el polémico proceso.
FRAUDE AVISADO
La Alianza de Oposición ya había anunciado su temor a un fraude electoral. Incluso lo había hecho el candidato del tradicional Partido Liberal, Luis Zelaya, que dudaba del TSE y del censo. Un censo que, por cierto, creció de manera desproporcionada (en casi un millón de nuevos electores) y no fue depurado. Un censo dudoso en un país con prácticas clientelares ya seculares.
La compra de votos “ha sido una práctica central como modalidad de relacionamiento entre las élites políticas y el electorado”, explicaba Carlos Meléndez, investigador de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) y responsable de un exhaustivo informe sobre la compra de votos en las elecciones de 2013.
Tras aquellos comicios que JOH le ganó a Ximara Castro, esposa del tumbado Manuel Zelaya y lideresa del partido LIBRE, parte de la Alianza de Oposición, “un promedio nacional de 10.2 % de los entrevistados confesaron haber vendido su voto y un 49 % aseguró haber visto o sido testigos de semejantes prácticas en sus comunidades y entorno social”. De hecho, el 16% de las personas que votaron por JOH confesaron haber recibido algo a cambio de su voto. Un porcentaje lejano del 5,88% de los votantes de Castro que también dijeron haber sido compensados.
La diferencia también se puede notar en la maquinaria económica del Partido Nacional , cuya multimillonaria inversión publicitaria en 2013 supuso el 57% del total de lo gastado por todos los partidos políticos.
IMPUNIDAD Y ZEDE
Juan Orlando Hernández debe ganar. Primero, porque la salida del poder del Partido Nacional y la entrada, dentro de la coalición opositora, del partido de ‘Mel’ Zelaya puede suponer el fin de la impunidad judicial para muchos políticos y para miembros de las grandes familias económicas del país.
Los procesos por el asesinato de la activista lenca Berta Cáceres y de varios decenas de líderes y lideresas asesinados están parados y sólo la salida del poder de JOH los puede reactivar. Además, Nasralla y la Alianza Opositora han prometido la conformación de un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) para tratar de atajar, con vigilancia externa, la podredumbre que arruina al Estado hondureño y mina la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.
Juan Orlando Hernández debe ganar porque el Partido Nacional ha puesto mucho empeño en que salga adelante las Zonas de Desarrollo y Empleo Económico (ZEDE), antes conocidas como Regiones Especiales de Desarrollo (RED) pero levemente modificadas ante un fallo de inconstitucionalidad que frenó su puesta en marcha durante el mandato de Lobo.
Las ZEDE –ya hay dos anunciadas, son ciudades autónomas donde los empresarios inversores “deben establecer sus propios órganos de seguridad interna (....) incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario”.
Estados empresariales dentro del Estado Nación; o maquilas sin presencia ni control del Estado. El sueño erótico de cualquier neoliberal que fue diseñado para Honduras por el que ahora es economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial, Paul Romer, que ayudó a Porfirio Lobo a poner en papel este plan y que tomó distancia tras la sentencia de inconstitucionalidad de 2012 que provocó la expulsión de los cuatro magistrados que no apoyaron las RED.
Economía, votos y control político van de la mano en Honduras, que dependiendo del pronunciamiento final del Tribunal Supremo Electoral puede estar a las puertas de una nueva y grave crisis política y social. Nasralla, Castro y Zelaya ya han llamado a defender su victoria electoral en las calles y este jueves ya se dieron choques callejeros entre partidarios de la Alianza de Oposición y la policía.
El ciclo autoritario de las élites hondureñas no parece cerrarse y la comunidad internacional, una vez más, no parece tener intención de pronunciarse, excepto para legitimar la situación de facto y la ficción de la institucionalidad democrática.
