Conscientes de la losa que pesa sobre Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado elaboró un argumentario plagado de bulos para salvar a la presidenta de la Comunidad de Madrid del escándalo de las residencias y responsabilizar al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El Gobierno regional ordenó a las residencias no hospitalizar a mayores en plena pandemia del coronavirus, ante lo cual, el líder del PP optó por recurrir a fake news tales como que Iglesias tenía las competencias por ser el “mando único” o que Sanidad ordenó confinar ancianos en sus habitaciones. Ambas cuestiones se demostraron falsas y fue entonces cuando apostó por preguntar a Iglesias por los 300 millones de euros que prometió para atajar la crisis las residencias; pero la jugada le salió mal, pues el consejero de Justicia, Enrique López, admitió que el dinero sí llegó a las arcas regionales. Pero no es que solo llegara, es que además ya ha trascendido en qué gastó Ayuso el dinero con el que la vicepresidencia de Asuntos Sociales regó las comunidades autónomas.

El pasado 19 de marzo, en una rueda de prensa en Moncloa, Pablo Iglesias anunció un fondo de 300 millones para las comunidades autónomas cuyo fin era reforzar las plantillas en los centros de mayores, la teleasistencia a domicilio, financiar la adquisición de medios de protección… En definitiva, todo tipo de materiales y recursos para los geriátricos y la asistencia a personas mayores.

De los 300 millones, a la capital le correspondieron 38,8, a los que Ayuso ya ha dado uso. Según ha publicado Infolibre, la transferencia se completó a principios de mayo y la mayor parte del fondo fue empleado para adquirir equipos de protección individual (EPI), en lugar de para reforzar las limitadas plantillas.

Así, la presidenta regional habría gastado un 38,7%, unos 15 millones, en los EPI; un 17% (6,6 millones) en reforzar el personal; un 19,3% (6,7) en garantizar a las familias los ingresos suficientes y un montante de 5,3 millones para mejorar la asistencia y auxilio de las personas sin hogar.

Falta de personal

El grueso de las comunidades autónomas gastó la mayor parte del dinero recibido del fondo de los 300 millones en ampliar el personal contratado en las residencias. No ha sido el caso de Ayuso, a pesar de que a lo largo de la pandemia se demostró como uno de los principales problemas. Las condiciones en los centros de mayores eran inasumibles. Ante la falta de personal, había auxiliares que acudían a trabajar en sus días libres por “37 euros brutos al día”, tal y como denunció Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, en declaraciones a ElPlural.com.

La residencia Parque Coímbra, sita en Móstoles, fue un claro ejemplo de la situación límite. El número de residentes era aproximadamente de 200, mientras los auxiliares apenas llegaban los 16, lo que daba una media superior a 12 ancianos por cada trabajador. Fuentes del sector consultadas por este periódico apuntan que “lo ideal es no superar los cinco residentes, pero depende de las necesidades de cada uno. Como mucho, serían ocho”.

Un argumentario, tres fake news

El Partido Popular es perfectamente consciente del quilombo que sobrevuela a Ayuso y del posible recorrido judicial. En consecuencia, Casado dio instrucciones a sus cuadros para que utilizaran tres bulos a fin y efecto de responsabilizad a Iglesias. Estas órdenes las dio a comienzo de la pasada semana, y en apenas siete días, ya se ha demostrado que todos los puntos sobre los que pilotaba la defensa de Ayuso eran falsos.

El primero era que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ostentaba el “mando único”, lo cual ya se ha demostrado como falso con documentación oficial que pone de manifiesto que las competencias siempre fueron de las Comunidades Autónomas. En segundo lugar, Casado alegaba que Sanidad dio instrucciones para que se encerrara a los ancianos en sus habitaciones, otra fake new, pues Sanidad se limitó a pedir que no existiera contacto entre residentes y se mantuvieran distancias de seguridad. La tercera pata del argumentario insta a sus dirigentes a preguntar por los 300 millones de euros que Iglesias prometió para las residencias y que los populares insisten en que no llegaron. El problema es que un alto cargo de la formación, Enrique López, admitió que ese dinero sí que ha llegado. Y no solo eso, sino que ya se ha gastado.