¿Fines sociales, Iglesia, ambas o nada? Estas son las cuatro opciones que se nos plantean en la declaración de la renta cuando llegamos al último punto de asignación tributaria del IRPF. Las opciones son fáciles, pero a partir de ahí el lugar al que va a parar el dinero de los contribuyentes siempre genera algunas dudas y polémicas.
Las casillas
A fines sociales. Si se marca la casilla llamada de Actividades de Interés General consideradas de Interés Social, más comunmente conocida como de fines sociales o la 'X solidaria', cada contribuyente decide destinar el 0,7% de la cuota íntegra (es decir antes de aplicar las retenciones y las deducciones) a ONG y entidades sociales para sufragar proyectos de acción social.
El dinero lo distribuye el Estado a través de una convocatoria pública de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF. "El 79,14% del total de los fondos recaudados se destinan a proyectos de acción social y la convocatoria la establece el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 19,43% son para proyectos de cooperación en países en desarrollo a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional, y el 1,43% a proyectos de medio ambiente a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", explica Juan Lara, presidente de la Plataforma ONG de Acción Social, que ayer presentó la campaña X Solidaria 2014.
En el caso de las partidas de acción social, prosigue, los proyectos que presentan a esa convocatoria de ayudas "están agrupados por familias de actividad: Infancia y familia, exclusión social y, en los últimos años con la crisis, a proyectos de urgencia social".
A la Iglesia. El procedimiento es igual pero al marcar la casilla de la Iglesia ese montante va directamente a sus arcas, "a su sostenimiento económico", recoge la normativa, y la propia Iglesia es la que decide en qué lo utiliza.
La diferencia estriba, explica Lara, en que "el dinero que sale la X solidaria se utiliza única y exclusivamente para proyectos concretos de acción social, no para financiar la estructura de las ONG, mientras que el de la Iglesia sí se utiliza para financiar su estructura". Además, destaca que "los ciudadanos pueden tener la seguridad de que sus fondos están magníficamente administrados no sólo por el régimen de buenas prácticas y transparencia que rigen las ONG, sino porque estas ayudas también están sujetas a la supervisión del ministerio, la intervención general del Estado y, en algún caso, hasta por el Tribunal de Cuentas".
Ambas. Las ONG se quejan de que es una opción desconocida para la mayoría de ciudadanos y que descarta cualquier rivalidad absurda con la Iglesia. La realidad es que cualquier contribuyente puede marcar la casilla de fines sociales y la de la Iglesia, y así su aportación se doblará. Es decir, destinará un total de un 1,4%: 0,7% para proyectos de acción social y 0,7% para la Iglesia.
Ninguna. Ese 0,7% pasa al Estado directamente integrando los Presupuestos Generales del Estado "con destino a fines sociales", recoge el manual de la renta de este año. "No hay una asignación concreta. No se conoce dónde va ese dinero. Queda para los fines generales del Estado", matiza Lara.
Las críticas
La Iglesia gana marcando cualquiera de las dos casillas. "Hay más de 40 organizaciones dependientes o relacionadas con la Iglesia" que se benefician de la asignación tributaria por fines sociales, afirma Lara a eldiario.es Desde Cáritas hasta Mensajeros por la Paz, Manos Unidas o la Fundación Juan Ciudad, ejemplifica. De hecho, y a falta del listado de organizaciones con subvención otorgada, en la pasada campaña de la renta fueron en concreto 42 ONG católicas que gestionaron 52 millones de euros, el 25% del total del dinero de la casilla solidaria.
Por tanto, es cierto que sin marcar la casilla de la Iglesia sus organizaciones reciben dinero para programas de acción social aunque, matiza de nuevo, para proyectos concretos de acción social. Quizás uno de los casos sobre los que más se ha puesto el foco históricamente ha sido Cáritas, que recibe dinero por ambos lados (casillas) para sus proyectos. "El problema es que si no se marca la casilla de fines sociales no favoreces a ninguna de las organizaciones" ya sean laicas o católicas, asevera Lara.
La elección de las ONG. "Puedo asegurar que se hace con absoluta limpieza y transparencia", afirma sobre el concurso público para las asignaciones tributarias del IRPF y la posibilidad de que las organizaciones más afines a un Gobierno puedan salir beneficiadas. El presidente de la Plataforma de ONG Acción Social garantiza la rigurosidad del proceso, los requisitos para acceder a las ayudas (se puede consultar la convocatoria realizada en julio del año pasado) y el ajuste de las cifras para cada proyecto así como la supervisión posterior. "Esas críticas no tienen fundamento. Si ha existido en algún momento, no es ni la milésima parte", dice tajante.
Dejación de funciones del Estado. Los proyectos de acción social no tienen una partida en los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que muchas administraciones regionales y locales también cooperan en proyectos determinados pero "en acción social no hay consignación en el presupuesto. La única partida en los PGE son para cooperación internacional", explica Lara. Por eso, la crítica más extendida es que los PGE deberían recoger una partida destinada a fines sociales para no depender de la solidaridad de los contribuyentes y más en la actual coyuntura económica. "No habría que marcar ninguna X sino que directamente debería retirarse mínimo un 1% para nutrir estas partidas, pero desgraciadamente no es así y estamos muy lejos de que lo sea", matiza Lara.
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