Shangay Lily
En un nuevo giro eclesiastico-surrealistaAgustí Cortés, obispo de Sant Feliu, dice que las madres no son propietarias de sus fetos. Así que cabe deducir que la Iglesia pretende inmatricular los fetos. Porque es la única explicación a la absurda intentona de robar la tutela de las madres sobre su cuerpo y declararlos tierra de nadie (porque si no pertenecen a la madre no creo que se atrevan a decir que pertenecen a alguna asociación cristofascista que trafica con fetos para conseguir subvenciones y poder… nah, la Iglesia no es así de retorcida, fascista y ladrona).
Si no conocéis esa figura legal, os la explico. La Ley Hipotecaria española, redactada en plena dictadura franquista, concede a la Iglesia Católica gracias a una reforma que realizó el gobierno del Partido Popular en 1998 (un saludo Aznar, señora de Bárcenas), la potestad de inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad bienes que no estaban inscritos a nombre de nadie. Éste es el acto conocido como “inmatricular”.
Este acto, contemplado en el artículo 206 de la citada ley, ha provocado un auténtico revuelo en muchos pueblos de nuestro estado que han visto como bienes que creían que eran del pueblo o de particulares sin herederos han pasado de la noche a la mañana a manos de algunos obispados.
El maravilloso blog Las malas lenguas lo explica muy bien en su artículo El Partido Popular puso en 1998 la x de eXpolio en la casilla de la Iglesia: Inicialmente, el artículo 206 permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, a excepción de los “templos destinados al culto católico“. En su primera legislatura, el PP retiró la excepción con el Real Decreto 1.867, sin llevarlo a debate en el Congreso de los Diputados: “se suprime por inconstitucional la prohibición de inscripción de los templos destinados al culto católico, y se admite, siguiendo las legislaciones especiales sobre Patrimonio del Estado y de las entidades locales, la posibilidad de inscripción de los bienes públicos con arreglo a su legislación especial”.
Gracias a esta modificación del gobierno de Aznar, la Iglesia ha llegado a registrar catedrales y otros edificios históricos de valor incalculable por menos de 30 euros. La avaricia de la Iglesia Católica no respeta ni las creencias ajenas: puede presumir de poseer la inmatriculación registral de la Mezquita de Córdoba. En 2006 se hizo con el monumento, patrimonio de la Humanidad, por 30 euros.
Ni de lejos es el único o más escandaloso caso, por ejemplo El Obispado de Málaga registró “exclusivamente a su nombre” un edificio en el que el Ayuntamiento gastó 1.145.000 euros en su reforma. Por supuesto, el Ayuntamiento es del PP.
El Coordinador General de Izquierda Unida, Cayo Lara, intentó pedir datos a Rajoy sobre las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia repetidas veces, pero El Gobierno usa la protección de datos para ocultar los inmuebles que adquirió la Iglesia desde 1998.
Pues ahora parece que la Iglesia ha decidido inmatricular también fetos y seguir con el lucrativo negocio que tiene con los bautizos, comuniones y gestión de las vidas de bebés hasta que tienen voluntad propia y entonces les condena a la muerte o la indigencia si no les siguen el juego. Es el negocio del odio que tan bien le va a la Iglesia y los cristofascistas.
Es la única explicación a las delirantes declaraciones del Obispo gestiona-mujeres.
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