En 2011 los sindicatos propusieron un sistema nacional de inspecciones a las multinacionales extranjeras. Lo rechazaron
Iñigo Sáenz de Ugarte
Las imágenes de los informativos de televisión presentan el derrumbe del edificio de Bangladesh en el que ya se han encontrado 336 cadáveres casi como si fuera una catástrofe natural. Son las mismas imágenes habituales en los terremotos. Edificios convertidos en bloques amontonados de hormigón de los que los equipos de emergencia sacan a los supervivientes, y también los cuerpos sin vida.
Una tragedia del Tercer Mundo.
Los clientes de las empresas radicadas en ese edificio son más cercanas a nosotros. La imagen de arriba es un documento encontrado por un reportero del Financial Times entre los escombros de Rana Plaza. Aparece el nombre de El Corte Inglés y una serie de pedidos diarios de chaquetas. El edificio de ocho plantas albergaba empresas textiles que trabajan, como contratistas o subcontratistas, para varias marcas occidentales, Primark, The Children's Shop y Mango entre otras.
Rana Plaza violaba las normas de edificación de Bangladesh, lo que es terriblemente habitual en ese país. El dueño del edificio, en este momentos en paradero desconocido, era una persona bien conectada con el partido en el poder. Había ordenado construir tres plantas más sobre las cinco originales, lo que ponía en peligro su estabilidad. En cualquier caso, las inspecciones habituales son conocidas allí por ser inútiles.
Incluso así, no es una tragedia aislada. En noviembre de 2012, 112 trabajadores murieron en el incendio del edificio de la empresa Tazreen Fashions.
Hay un hecho que impide considerar lo ocurrido en Rana Plaza como una accidente imprevisible. El día anterior, el martes 23, habían aparecido grietas en el edificio. Al menos una compañía situada en la planta baja había ordenado a su personal que no se presentara a trabajar. Las demás obligaron a sus trabajadores a seguir con sus turnos. Sus contratos con las empresas extranjeras les obligan a entregar un número determinado de prendas cada día. No cumplirlo supone no ya perder dinero, sino arriesgarse a quedarse sin el contrato.
Las grietas eran visibles. La noticia había salido en los informativos del martes. La policía había ordenado al propietario del Rana Plaza que cerrara las puertas hasta que se realizara una inspección. Esas órdenes fueron desobedecidas.
"Ninguno de nosotros quería entrar"
A primera hora de la mañana del miércoles, los trabajadores no querían entrar y se congregaron frente al edificio. Su dueño no hacía más que recordarles que no era nada serio, que el edificio aguantaría "100 años más". Con megáfonos, los capataces les ordenaron que entraran y les recordaron, por si era necesario, que los que se quedaran fuera se quedarían sin paga.
"Ninguno de nosotros quería entrar. Los jefes llegaron con palos. Al final, nos obligaron a entrar", dijo después un superviviente.
El edificio se vino abajo a las nueve de la mañana.
Las grandes marcas de ropa europeas y norteamericanas alegan que tienen establecidos códigos éticos de buen gobierno en relación a las medidas de seguridad, condiciones de trabajo y remuneraciones. Al final, la prioridad reside en que se cumplan los contratos para que las estanterías de las tiendas siempre estén bien surtidas.
"En relación a la industria textil, estamos implicados como consumidores, y esa implicación exige responsabilidad", escribe Gareth Price Jones, director de la ONG británica Oxfam en Bangladesh. "Podemos tomar decisiones que marquen la diferencia. Ocurre los mismo con las empresas. Lo más fácil es decidir no fijarse en lo que hay detrás de esas marcas, pero podemos elegir comprar ropa que sea el producto de cadenas de suministro transparentes y no abusivas".
Por encima de la presión competitiva que tengan a la hora de reducir costes, dice un editorial del Financial Times, las grandes marcas "no pueden continuar vendiendo ropa que, según las campañas (en favor de condiciones laborales más justas), se produce con un coste de vidas inocentes". Deberían empezar a pensar en el coste que supondrá para su reputación. No pueden escudarse en la corrupción existente en Bangladesh.
Los trabajadores no tienen elección. Reciben un salario mínimo equivalente a 37 dólares al mes,muy inferior al de industrias similares en China. Es por tanto una fuente de mano de obra barata perfecta para las grandes marcas. Además, algunas empresas de Bangladesh subcontratan parte de los encargos a compañías menores que pagan menos que el salario mínimo.
"Pagar a los proveedores el coste más bajo posible por unidad es lo que les lleva de un país de bajos salarios a otro y después mantienen esos salarios bajos en los países en los que se instalan", explicó a Business Insider Timothy Ryan, del Centro Americano por la Solidaridad Laboral Internacional, una organización dependiente de los sindicatos norteamericanos.
Bangladesh tiene 150 millones de habitantes. El empleo en la industria textil es la única esperanza de las miles de personas que llegan a la ciudades a la búsqueda de trabajo. Se calcula que tres millones de personas trabajan en estas empresas.
Un plan rechazado
Los sindicatos de Bangladesh, asesorados por sindicatos extranjeros, propusieron en 2011 el establecimiento de un sistema nacional de inspecciones, fuera del control del Gobierno, con poder para comprobar que todas las empresas del país cumplan las normas y para clausurar aquellas que no lo hagan. Cada una de las multinacionales extranjeras lo financiaría con una aportación de unos 500.000 dólares anuales. El plan se presentó en una reunión celebrada en Dacca a la que asistieron varias compañías, como Wal-Mart, Gap y H&M.
Lo rechazaron. Les parecía demasiado costoso y temían asumir responsabilidades legales por las consecuencias de ese control. No son responsabilidades muy diferentes a las que afrontan en sus propios países, pero precisamente buscan desplazar su producción a lugares como China o Bangladesh con la intención de reducir los costes al mínimo y olvidarse de las condiciones de los trabajadores.
El título de este artículo es inexacto. No existe tal maldición. Se trata de decisiones económicas en una cadena de producción que permite fabricar ropa a bajo coste y obtener grandes beneficios.
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