Ecos hospitalarios

luns, 15 de xaneiro de 2018

El sistema financiero gallego vuelve al ojo del huracán ante el anuncio de Venezuela de que nacionalizará al dueño de Abanca

Oficina de la entidad gallega Abanca en Vigo.

JUAN OLIVER

http://www.publico.es/

La amenaza de Venezuela de nacionalizar Banesco, la primera entidad financiera del país y cuyo dueño también lo es de Abanca, ha vuelto a poner el punto de mira sobre el maltrecho sistema bancario gallego, que ha sufrido como ninguno los vaivenes de la crisis. Abanca, fruto de la fallida fusión de Caixa Galicia y Caixanova, diseñada por la Xunta y auspiciada por el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es propiedad del empresario Juan Carlos Escotet y sigue siendo el primer operador financiero en Galicia. Cuenta con alrededor de 4.500 empleados y más de 660 sucursales, y gestiona más de 65.000 millones de euros entre depósitos y préstamos.

El pasado miércoles, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció en un programa de televisión la apertura inmediata de negociaciones con Escotet para que el Estado venezolano, que cuenta con una participación en Banesco, se haga con la totalidad del banco. El empresario negó esa posibilidad a través de las redes sociales: “Los hijos no se venden”, tuiteó-.

Pero según Cabello, también diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y ex ministro con varias carteras en los gobiernos de Hugo Chávez, el financiero habría aceptado la proposición del Ejecutivo después de haber ofrecido la operación inversa. Es decir, hacerse con las acciones que el Estado venezolano posee en Banesco. Venezuela hizo las primeras insinuaciones de que el banco podría ser nacionalizado a finales del año pasado, también a través de Cabello.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, flanqueado por el consejero delegado de la entidad, Francisco Botas (i), y el director financiero, Alberto de Francisco (d). EFE

La Xunta, consciente del impacto que ese anuncio podría tener en Galicia, se apresuró a reaccionar, con Feijóo asegurando que, aunque cualquier empresa instalada en Venezuela está sometida a un “riesgo de expropiación”, una hipotética venta de Banesco no afectaría a Abanca. “Son entidades y fichas bancarias distintas, una en Venezuela y otra en Galicia”. Además, añadió que Escotet no le había trasladado “ninguna incerteza al respecto”.

Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta en el año 2009, en plena crisis económica y consciente de las ventajas de contar con una caja amiga que apoyara su acción de gobierno en una época en que los recortes habían minado la capacidad inversora de la Xunta. Pero desde entonces el sistema financiero de Galicia, que llegó a contar con varias marcas entre las más grandes de España, no ha hecho sino diluirse hasta prácticamente desaparecer.

El último ejemplo ha sido la caída del Banco Popular, comprado el año pasado por el Santander ante su crítica situación. En el año 2012, el Popular se había fusionado con el Banco Pastor, un verdadero emblema de la burguesía coruñesa propiedad de los herederos de Pedro Barrié de la Maza y que se vino abajo tras lustros de exageradas estrategias expansivas. También cayó el Banco Gallego en el 2013, absorbido por el Sabadell, y el Etcheverría, adquirido ese mismo año por Escotet y a través del cual el empresario consolidó la implantación de sus negocios en España.

En cuanto a las cajas (Caixanova, con sede en Vigo, y Caixa Galicia, en A Coruña), fueron sometidas a un estridente proceso de fusión auspiciado por Feijóo que protagonizó durante meses la vida pública de Galicia y que tensó enormemente las relaciones entre las clases dominantes del sur y el norte de la comunidad. La operación, firmemente defendida por Feijóo y pilotada en sus inicios por José María Castellano, el principal colaborador de Amancio Ortega en los primeros tiempos de Inditex, no pudo evitar que la sociedad resultante, Novacaixagalicia, fuera un fiasco.

Durante los años de la crisis, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el organismo creado por el Estado español para asistir el rescate de los bancos y cajas en quiebra, realizó dos inyecciones de capital que sumaban alrededor de 7.900 millones de euros para garantizar la viabilidad de la entidad, cuya cúpula dirigente, incluido su ex presidente, Julio Fernández Gayoso, fueron posteriormente condenados a penas de cárcel por su gestión durante el naufragio de la entidad y por autoasignarse indemnizaciones y pensiones millonarias. A finales del 2013 y principios del 2014, el Estado español, que también había recibido ofertas del Santander y del BBVA, cerró la venta de NCG Banco al Etcheverría de Escotet por 1.003 millones de euros.

Un cajero automático de una oficia de la entidad gallega Abanca. E.P.

Precisamente, una de las amenazas de Venezuela al empresario es averiguar la procedencia de los fondos con los que pagó esa operación. En el mismo discurso en el que anunció la nacionalización de Banesco el pasado miércoles, Dionisio Cabello también instó a la fiscal general a abrir una investigación penal sobre el caso. “¿De dónde sacó plata para comprar los bancos que tiene en España?”, se preguntó.

Lo cierto es que en Galicia lo que se critica precisamente no es sólo que Feijóo fuera incapaz de evitar la caída de las cajas, sino que España adjudicara Abanca a Escotet por una cantidad tan pequeña que ha permitido al empresario saldarla en pocos años y además en cómodos plazos, sin tener que invertir prácticamente nada ya que pudo cubrirlos con las plusvalías que desde el minuto uno le reportaba la entidad. Sólo en el primer semestre del año pasado, los beneficios netos declarados por Abanca ascendieron a casi 230 millones de euros.

Según fuentes del banco, las declaraciones de Dionisio Cabello se enmarcan en un ambiente de tensas relaciones entre el Estado y Escotet, un poderoso hombre de negocios a quien en su día se llegó a vincular con el chavismo pero que a partir de mediados de la primera década del milenio fue retirando sus inversiones del país.
De hecho, el Gobierno de Maduro también le ha advertido de que la nacionalización de Banesco se haría por una cantidad tan ridícula (3,5 millones de dólares, unos 2,9 millones de euros) como la que Escotet habría ofrecido para hacerse con la participación pública que el Estado venezolano tiene en Banesco. “Él quería comprar un porcentaje que tiene el Estado a un precio, y nosotros le hicimos una contraoferta, la cual él aceptó, de comprarle todas las acciones que él tiene al mismo precio al que él quería comprárnoslas a nosotros. Lo que es igual, no es trampa, ¿verdad? Esta semana haremos la oferta formal”, abundó en su intervención del miércoles el también ex presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

mércores, 10 de xaneiro de 2018

COMUNICADO PLATAFORMA SANITARIA DE VALDEORRAS

Dende a plataforma Sanitaria de Valdeorras viñemos reivindicando que "Somos

Área" non por cuestións baladís e seguiremos loitando pola defensa da área Sanitaria de Valdeorras con argumentos convincentes porque os habitantes do oriente ourensán nos xogamos moito.

As xentes das terras de Trives, Viana e Valdeorras sabían polo que loitaban e

defendían, cando sairon ás rúas das súas vilas e así se concentraron en varias

ocasións nos meses pasados, pero sobre todo, cando se manifestaron no Barco o día 30 de setembro e corearon xuntos de forma masiva entre centos de miles de gargantas "Somos un Área", un berro que esixía preservar a sanidade como un dereito, unha sanidade pública, solidaria, universal, de calidade e próxima á

cidadanía.

Cando irónicamente nos pedían dialogo e consenso dende a Administración na

redacción do anteproxecto de lei da Sanidade, resultou que a Consellería e xamais pola via do diálogo, nolo quere impoñer ca aprobación do Consello de Goberno da Xunta o día 7 de decembro, contra a vontade maioritaria dos cidadáns destas comarcas e a maioria de entidades representativas do sector.

Deciamos daquela e continuamos a decir que:

"Estamos aquí porque é necesario e imprescindible que o Goberno de Xunta

modifique o camiño iniciado o 2 de agosto de 2017.”

"Estamos aquí, para pedir a retirada do anteproxecto de lei que modifica a lei

8/2008 do10 de xullo, de Saúde de Galicia.”

Pediamos tamén a conformación dunha comisión de traballo:

“A creación dun grupo de traballo que incluira a representantes de todos os

partidos do Parlamento de Galicia, FEGAMP, sindicatos, asociacións de pacientes, colexios profesionais da sanidade e outros colectivos de relevancia na contorna sanitaria galega, coa finalidade de elaborar un informe de conclusións, que debera ser de acceso público e no que se propuxeran as posibles melloras normativas para o sistema sanitario galego que valorasen precisas.”

Pero como a realidade dos feitos a maioría das veces ven a aportar luz e

validar coma neste caso as nosas dúbidas, medos e inquedanzas, tivo que pasar unha desgraza máis como foi o falecemento dun veciño do Bolo vai pouco tempo para que dende a Consellería se quitasen a máscara e coñezamos de verdad que representamos as xentes deste territorio para eles. Vai unhas semanas presentouse no parlamento de Galicia por parte dun grupo da oposición (En marea) unha pregunta parlamentaria sobre "a situación da atención sanitaria nos centros de saúde dos concellos do medio rural valdeorrés, as medidas adoptadas e previstas pola Xunta de Galicia ao respecto, así como o prazo previsto para a elaboración dun plan integral ou especifico para as comarcas rurais galegas". A resposta da Xunta de Galícia, elaborada a través da Dirección xeral de relacións institucionais e parlamentaria, pararemitir aos deputados da oposición e, en definitiva aos veciños, é dunha falta de sensibilidade política e humana que queremos que transcenda á cidadania polos feitos que motivaron a consulta. Unha burla aos veciños dos concellos do Bolo e da Veiga, transformando un feito de dor e pérdida dun ser humán, en meras referencias estatísticas, demostrando o lonxe que están como goberno das necesidades e da realidade do rural galego e a súa estrutura de xestión do EOXI de Ourense, que se mantén de forma aséptica lonxe da comarca de Valdeorras, lonxe do Bolo, lonxe da Veiga...

Non, non nos basta un escrito que sentencie "polo tanto, a atención sanitaria e a atención de urxencias nos centros de saúde dos concellos indicados é correcta e están cubertas as súas necesidades asistenciais, utilizándose os recursos de maneira eficiente, tendo en conta a demanda asistencial"

Non nos basta, por iso chamamos aos veciños das comarcas de Valdeorras, Viana e Trives a non aceptar máis mentiras, a non soportar máis incerteza sobre os recursos necesarios e reais cos que contamos nun sistema sanitario pouco equitativo e axustado a realidade da nosa idiosincrasia e que por dereito nos corresponde comocidadáns.

Precisamos dun proxecto sanitario de futuro, polo que deben buscar as solucións máis acertadas para responder ás necesidades asistenciais da poboación no rural en canto ao desenvolvemento da súa atención primaria, a atención contínua e a dispersión, as políticas de saúde preventivas, os aspectos sociais do abandono do rural, as comunicacións, a falta de medios de transporte públicos, etc., é unha cuestión técnica e política que desde un Sistema Público de Saúde debe ter o máximo consenso. Por iso esiximos planificación dos recursos non so atendendo ao número de cartillas sanitarias, queremos outra organización e estas cuestións so poden ir á par dos recursos económicos orzamentados, do financiamento dun sistema público e non para financiar cos recursos públicos un sistema sanitario persoal, neoliberal, como o que nos ofrece o goberno do partido popular e estamos a sufrir os contribuintes.

EN DEFENSA DÁ AREA SANITARIA E DO HOSPITAL COMARCAL DE

VALDEORRAS

POR UNHA SANIDADE PÚBLICA PRÓXIMA, UNIVERSAL E DE CALIDADE

POR UN RURAL GALEGO CON TODOS OS SERVIZOS

Plataforma Sanitaria de Valdeorras, xaneiro de 2018.

luns, 8 de xaneiro de 2018

Así acaba parte do beneficio das peaxes da AP-9 en paraísos fiscais

Nick Paumgarten, fundador de Corsair

Manuel Vilas

http://praza.gal/

O principal accionista de Itínere, propietario de Autopistas del Atlántico (Audasa) é Corsair Capital (38%). Este fondo explota unha ampla rede de filiais en paraísos fiscais, segundo a documentación dos rexistros mercantís públicos de varios Estados.

Así, nas Bermudas mantén activa polo menos a sociedade J.P. Morgan Corsair II Capital Partners Bermuda LTD. J.P. Morgan é un dos maiores bancos do mundo e nel foi directivo o fundador de Corsair Capital, o banqueiro Nicholas Biddle Paumgarten.

Paumgarten foi director de Catlin Group Limited, unha das maiores aseguradoras do mundo, tamén con base nas Bermudas, de acordo aos Paradise Papers, a masiva filtración de documentos roubados ao despacho de avogados das Bermudas Appleby. Ademais, no seu país de orixe, Estados Unidos, Corsair opera unha enorme rede de sociedades en Delaware, estado que é considerado internacionalmente un paraíso fiscal.

En Delaware non se pagan impostos sobre os beneficios proporcionados por activos que non están alí, por poñer un exemplo, polos réditos que produzan as accións de Audasa. Tal vantaxe provocou unha avalancha de empresas, máis dun millón rexistradas nun Estado de menos dun millón de habitantes. Hai 285.000 compañías cun único enderezo postal. En Delaware, Corsair Capital mantén activas 8 filiais co seu nome. A propia familia Paumgarten mantén unha sociedade unha sociedade patrimonial aló.

En Delaware non se pagan impostos sobre os beneficios proporcionados por activos que non están alí; por exemplo, polos réditos que produzan as accións de Audasa.
Agora mesmo os estadounidenses están loitando para que os outros tres grandes accionistas non forcen a venda de Itínere. Sacyr (15%), KutxaBank (16,2%) e Abanca (23,8%) instaron unha arbitraxe na Cámara de Comercio de Madrid para sacala adiante. Corsair, apoiado por Liberbank (5,8%), non queren que os outros entreguen Itínere a unha alianza de Globalvia e o fondo australiano Macquarie.

A oferta firme desta alianza polo 100% do grupo -que xestiona a AP9 e outras cinco autopistas no Norte do Estado- é de 1.000 millóns, máis asumir os case 3.000 millóns de débedas.

Corsair asegura que non ten problema que os outros vendan a accionistas minoritarios españois, pero que el non vai vender a unha alianza de Globalvía -que xestiona outras cinco autopistas no Estado, incluídas tres radiais de Madrid e a que une Santiago e Lalín- e outro fondo de investimento competidor.

Os beneficios da AP-9 seguirán marchando fóra de Galicia e cando menos unha parte acabarán agochados en paraísos fiscais

Está previsto que o árbitro da Cámara de Comercio decida entre abril e maio deste ano. Daquela a AP-9 pode cambiar de mans. En todo caso, venda ou non Abanca as súas accións, os beneficios da AP-9 seguirán marchando fóra de Galicia. Polo menos unha parte, acabarán agochados en paraísos fiscais e non só por responsabilidade dos norteamericanos.

Macquarie, o fondo de investimento australiano que financiaría a operación de Globalvía, tamén posúe unha gran rede de filiais en paraísos fiscais. Cando menos catro sociedades activas nas Bermudas, Illa de Man e Illas Mauricio (e dúas xa disoltas), segundo os Paradise Papers.

Tamén corporacións españolas

Trabúcase quen pense que camuflar os beneficios en países con ínfimo ou nulo imposto de sociedades é algo propio só de grandes fondos internacionais de investimento. As corporacións españolas tamén andan niso. Por exemplo, segundo o último informe del Observatorio de Responsabilidad Corporativa (ORC) , a constructora Sacyr (15% de Itínere) mantén filiais “nos siguientes países considerados nichos fiscais segundo a organización Tax Justice Network360 e o Parlamento Europeo”: Delaware, Xibraltar, Irlanda, Omán e Panamá.

Ningunha destas prácticas son, en principio, ilegais; pero demostran como grandes empresas explotan trucos fiscais para levar os beneficios onde non se tribuna ou se tributa moi pouco

O Observatorio, que se dedica a espir a estrutura fiscal dos grandes do IBEX35, engade que entre estas “15 sociedades ubicadas en paraísos ou nichos fiscais considérase que existe un grupo de 7 empresas que ofrecen dúbidas en canto á súa actividade teña que ver coa operativa do negocio”. Noutras palabras, que non están para traballar na construción, senón para que o grupo pague os menos impostos posibles.

Ningunha das prácticas aquí relatadas son, en principio, ilegais. Demostran iso si como, mentres a cidadanía non pode esquivar taxas como as polémicas peaxes da AP-9, as grandes empresas explotan trucos fiscais para levar os beneficios a lugares nos que non se tributa, se tributa moi pouco ou non hai sequera porque os verdadeiros donos do capital. Empresas que ademais neste caso fan fortuna explotando infraestruturas públicas.

El próximo ‘Prestige’ será eléctrico

El Parlamento Europeo debate la aprobación de la pesca con electrodos, que provoca descartes de entre el 50% y el 70% de las capturas, frente al 6% de la pesca tradicional

XOSÉ MANUEL PEREIRO

http://ctxt.es/

El próximo día 16 de enero tendrá lugar, con bastante probabilidad, un desastre ecológico de una magnitud considerable. De consecuencias más graves, al menos para el ecosistema marino, que el embarrancamiento de un petrolero como el Prestige, aunque no sea tan aparente. Y, en este caso, demostrará no solo la ineficacia de las autoridades que deberían impedirlo, sino su complicidad manifiesta. El 16 de enero, el Parlamento Europeo votará la derogación de la prohibición de la pesca eléctrica. Ese sistema que practicaban los furtivos más desalmados, introducir un cable eléctrico en un río, al igual que arrojaban explosivos o veneno, es más o menos el que le presentan para su aprobación el próximo martes a sus euroseñorías.

PORQUE YA HAY PESCA ELÉCTRICA, A PESAR DE QUE EN CASI TODO EL MUNDO SE RECONOCE COMO UNA TÉCNICA DESTRUCTIVA Y LA HAN PROHIBIDO

Obviamente, el método es algo más sofisticado, y es un paso más en una técnica ya de por sí poco respetuosa con el medio marino, el arrastre de fondo. Como su nombre indica, este sistema pesquero consiste en arrastrar las redes por el fondo, pero como hay peces que tienen el nefasto instinto de supervivencia y su naturaleza les permite ocultarse en el fango marino, los bordes de las redes están dotados de unos electrodos que transmiten corrientes eléctricas y convulsionan a los organismos marinos, obligándolos a abandonar su refugio en el sedimento. La consecuencia es que las capturas son mayores, pero también mucho más indiscriminadas. Curiosamente ese, el de los descartes ―que un barco solo capture aquella especie para la que está autorizado, y deseche las demás―, es uno de los caballos de batalla de la política pesquera europea. La pesca artesanal produce alrededor de un 6% de descartes (capturas fuera de cuota o sin valor), la pesca eléctrica, entre el 50% y el 70% de todo lo que coge.

Porque ya hay pesca eléctrica, a pesar de que en casi todo el mundo –incluido China, con Rusia, Noruega y Japón, los campeones de la pesca industrial– se reconoce como una técnica destructiva y la han prohibido. En la Unión Europea lo estaba, junto con los explosivos o el veneno, desde 1998, pero en diciembre de 2006, la Comisión Europea propuso la concesión de derogaciones a los estados Miembros y el Consejo de la UE la adoptó inmediatamente, con carácter “experimental” y “provisional”. “El Reglamento resultante justificaba esta decisión refiriéndose a una supuesta recomendación científica favorable a que la pesca de arrastre con pulsos eléctricos debería permitirse”, aseguran las organizaciones ecologistas y de pesca artesanal que se oponen a la propuesta.

Lenguado ulcerado por un electrodo / Foto: Poissonniers de France

Una de ellas, Bloom, logró encontrar entre el fárrago burocrático comunitario el informe del STECF (siglas en inglés del Comité científico, técnico y económico de pesca de la Comisión Europea, es el órgano de la Comisión Europea que tiene como misión ayudar a la puesta en práctica de la Política Pesquera Común de la UE). En él descubrió que, un mes antes de la resolución del Consejo, el STECF alertaba de “una serie de cuestiones que debían resolverse antes de conceder cualquier derogación”. Es decir, el órgano científico de la Comisión Europea nunca aprobó dichas derogaciones, e incluso recomendaba explícitamente a la Comisión no conceder ninguna, pero sus conclusiones sirvieron para lo contrario. Una decisión que Bloom y otras organizaciones como LIFE atribuyen a la presión de los lobbies pesqueros de Holanda.

Desde luego, ellos fueron los grandes beneficiarios de aquella decisión de la Comisión Europea. No solo por retirar la prohibición, sino que, al considerar la pesca eléctrica como un método “experimental” e “innovador” (por mucho que lo viniesen utilizando los furtivos menos escrupulosos de toda Europa), la industria pesquera holandesa ha accedido a millones de euros de fondos públicos para dotar su flota con equipamiento de electrodos. Holanda no ha hecho públicas las subvenciones otorgadas en el periodo de 2007 a 2015, pero, según las estimaciones de Bloom, tan solo desde agosto de 2015 hasta la actualidad ha concedido al menos 5,7 millones de euros, de los que 3,8 millones correspondían a fondos europeos, bajo los epígrafes de “investigación”, “innovación” y “mejores prácticas”. La organización ambientalista asegura que el Gobierno de Holanda ha asignado también licencias más allá del límite legal. Bloom y organizaciones de pesca artesanal de Alemania, Francia y Reino Unido han puesto en marcha una campaña ciudadana para exigir a los europarlamentarios que se opongan a la propuesta.

Mientras las flotas más o menos artesanales están bajo permanente vigilancia de cuotas, caladeros y descartes, según los informes del STECF, si el 16 se aprueba el fin de la prohibición, y las flotas de China o Rusia toman nota, el verbo esquilmar se va a quedar corto.

El hilo de Twitter que le demuestra a Rajoy la realidad del mercado laboral

El presidente del Gobierno presumía de los datos de afiliados a la Seguridad Social y en las redes sociales contradicen sus estadísiticas

Mariano Rajoy durante el acto de inauguración de la ampliación del puente de Rande (Pontevedra).

https://www.elplural.com/

Empezar el año presumiendo a bombo y platillo. Eso fue lo que tuvo que pensar Rajoy cuando se despertó el 3 de enero para anunciar los datos del paro. No podemos negar la evidencia de su aparente alegría, puesto que la cifra bajaba en 290.193 personas este 2017, pero no se trata de un dato que haya que celebrar puesto que la realidad es muy distinta: España pierde 8,2 millones de horas trabajadas en cinco años pese a la creación de empleo.

¿Cómo es la calidad de ese empleo que se ha creado del que alardea el presidente del Gobierno? No sabemos si vive en el mismo país que nosotros, pero este hilo de Twitter que decidió crear en su cuenta Jonathan Martínez es algo que Rajoy debería leer para, por lo menos, entender qué se esconde detrás de ese "buen dato" del que presume.

Ocho contratos en un año, altas y bajas a la seguridad social, contratos de horas imposibles...La triste realidad de un mercado laboral que no termina de repuntar.