¿Por qué los países tienen distintos sistemas de salud?

Javier Padilla

Según Federico Toth, autor del artículo, los modelos sanitarios de seguridad social han sido más frecuentemente instaurados por gobiernos conservadores o no democráticos, y que la mayoría de la legislación instaurando sistemas nacionales de salud ha sido promovida por gobiernos socialdemócratas.

Artículo de Federico Toth publicado previamente en el LSE EuroppBlog. Traducción de Javier Padilla.

Todos los sistemas sanitarios –al menos en los países industrializados, pueden clasificarse dentro de alguno de los siguientes tres modelos clásicos: 1) modelo de aseguramiento voluntario, 2) modelo de seguridad social (SS), o 3) sistema nacional de salud (SNS). Estos tres modelos pueden ser vistos como tres etapas sucesivas dentro de un proceso estandarizado, estructurado en tres fases consecutivas. La primera etapa corresponde a la difusión, como suplemento al mercado, de formas de aseguramiento voluntario. La segunda etapa coincide con el establecimiento del principio de seguro obligatorio. La tercera etapa se corresponde con el establecimiento de un SNS. Este camino seguido por diferentes sistemas sanitarios está, lógicamente, marcado por dos puntos de especial relevancia: el primero, la transición entre el aseguramiento voluntario y el sistema sanitario tipo seguridad social; y el segundo, del modelo de seguridad social al sistema nacional de salud.

¿Hay algún tipo de relación entre los modelos sanitarios adoptados en distintos contextos nacionales y la orientación ideológica de los gobiernos que los instituyeron? Este tema ha estado presente de forma importante en los debates acerca del desarrollo del estado del bienestar en los países occidentales. El argumento esgrimido por algunos autores –y que sigue siendo controvertido- es que los partidos de izquierdas han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y extensión del estado del bienestar, en contraste con los partidos conservadores, que de forma más frecuente han ralentizado su expansión.

Para evaluar la influencia de la orientación ideológica en la elección del sistema sanitario, es útil comenzar analizando las disposiciones legislativas adoptadas para sentar las bases los modelos sanitarios tipo seguridad social en los diferentes países (al menos para ciertos grupos ocupacionales), como se muestra a continuación en la figura 1:

Teniendo en cuenta los gobiernos que adoptaron dichas disposiciones, encontramos: gobiernos conservadores no elegidos democráticamente (el gobierno de Bismarck del II Reich en Alemania); gobiernos liberales (Reino Unido y Noruega); gobiernos militares (Japón), regímenes autoritarios (la España franquista, la Italia de Mussolini y la Portugal de Salazar); gobiernos de unidad nacional de post-guerra (Bélgica) o post-dictatoriales (Grecia), liderados por un primer ministro conservador; y en Holanda, donde los primeros esbozos del sistema de aseguramiento obligatorio (1941) fueron instaurados por las fuerzas alemanas de ocupación. Solo en un país, Suecia, el sistema sanitario de seguridad social fue introducido por un gobierno socialdemócrata. En el resto de los casos, han sido gobiernos conservadores o no democráticos los que han introducido modelos de SS. Una posible explicación es que estos gobiernos han utilizado la legislación social como estrategia para paliar su déficit de legitimidad (esto es aplicable especialmente a aquellos países en los que los gobiernos no tenían que responder ante el Parlamento).

Si pasamos a examinar el signo político de los gobiernos que instauraron un sistema nacional de salud, la imagen cambia notablemente con respecto a lo que acabamos de comentar. Son los gobiernos socialdemócratas (incluyendo gobiernos socialistas y laboristas) lo que, en la mayoría de los casos, han ejercido de promotores del SNS.

Portugal e Italia son excepciones parciales a esta regla. En Portugal, el SNS se instauró durante la transición a la democracia de un gobierno presidencial, que fue dirigido por un socialista. La reforma del sistema sanitario italiano de 1978 fue aprobada por un gobierno de solidaridad nacional (un gobierno en minoría de un partido único democristiano, con “apoyo externo” del partido comunista). Los comunistas convirtieron la reforma sanitaria en una condición necesaria para mantener su apoyo.

También es necesario resaltar que, en algunos casos, la aprobación de la legislación fundacional del SNS fue aprobada por el primer gobierno socialista de la historia del país. Este fue el caso del gobierno de Savage en Nueva Zelanda, de González en España y de Papandreou en Grecia. El gobierno de Attlee en el Reino Unido fue el primer gobierno laborista en disfrutar de mayoría parlamentaria. Esto sirve para ilustrar cómo muchos gobiernos de izquierdas han considerado la creación del SNS como un hecho clave, propio de la tarea que les había sido encomendada.

Sin tener la intención de establecer generalizaciones, podemos afirmar que parece existir cierta correspondencia entre los modelos sanitarios y las inclinaciones ideológicas. Los modelos sanitarios de seguridad social han sido más frecuentemente instaurados por gobiernos conservadores o no democráticos; a la inversa, la mayoría de la legislación instaurando sistemas nacionales de salud ha sido promovida por gobiernos socialdemócratas. Obviamente, esto no quiere decir que se haya instaurado un SNS en todos los países en los que ha habido un gobierno de izquierdas: en Francia y Alemania, por ejemplo, los socialistas y socialdemócratas han gobernado durante largos periodos de tiempo sin haber propuesto la creación de un SNS. Tampoco podemos afirmar que todos los partidos de derechas se hayan opuesto de forma sistemática al modelo SNS: en algunos países, la instauración de este modelo fue fruto de un acuerdo entre dos partidos; en otros casos, una vez introducido el sistema universal con pagador único, éste ha conseguido un amplio consenso y los gobiernos conservadores se han abstenido de proponer su desmantelamiento.

El poder de los médicos y la fuerza de los gobiernos.

Para muchos autores, las elecciones llevadas a cabo en materia de sistemas sanitarios pueden concebirse como el equilibrio de poder entre el gobierno y algunos colectivos interesados. Entre estos colectivos, el que históricamente ha sido más combativo e influyente es el de los médicos. La disputa entre médicos y el estado es tal que, por un lado, el estado ansía limitar la autonomía profesional de los médicos y acotar sus ganancias. Para ello, los gobiernos deberían preferir un SNS, o un sistema público muy integrado en el cual los profesionales sanitarios sean empleados asalariados. Por otro lado, los médicos luchan por mantener su autonomía profesional y conseguir una forma de remuneración más favorable. En términos generales, los médicos prefieren mantener su estatus de “profesionales independientes”, de modo que perciben cada intento de “nacionalizar” el sistema sanitario como una amenaza: de los tres modelos, el SNS es el menos valorado por los médicos. Dicho esto, las preferencias de los actores podrían parecer algo simplistas: el hecho es que las asociaciones de médicos han organizado grandes protestas en casi todos los países en los que el SNS ha sido implantado.

La elección de las políticas en el sector sanitario a menudo se interpreta en relación con las características generales del sistema político. Así, podremos afirmar que el resultado del choque entre profesionales médicos y el estado dependerá, en buena medida, de las reglas generales deljuego político. En aquellos países en los que el poder político está concentrado en las manos del poder ejecutivo, como el Reino Unido, es más probable que la voluntad del gobierno prevalezca sobre la de los colectivos interesados (trasladando esto al campo sanitario: el gobierno tendrá más oportunidades para implementar un SNS). Al contrario, en aquellos sistemas en los cuales el poder está disperso entre múltiples actores, el poder ejecutivo es más débil y los colectivos interesados tienen más facilidades para bloquear sus iniciativas: en el ámbito sanitario, esto quiere decir que los médicos tienen más oportunidades de bloquear la aprobación de un sistema que ellos desaprueban (y por lo tanto, evitar la instauración de un SNS). Por ejemplo, hay autores que mantienen la opinión de que los EEUU no tienen un SNS no tanto porque los sucesivos gobiernos no lo hayan querido, sino porque las instituciones de los EEUU desincentivan la instauración de medidas globales y radicales en materia de servicios sociales.

A la hora de debatir el impacto del diseño institucional del sistema político sobre la dirección de las políticas en relación con el sistema sanitario, para cada uno de los países tenidos en cuenta en este texto, merece la pena comparar dos variables: el modelo del sistema sanitario adoptado y el grado de concentración del poder político, como se muestra a continuación en la figura 3:

Fuente: Datos de Lijphart (1999), Ha (2008) y datos de actores con poder de veto de Tsebeli’s (disponibles en: http://sitemaker.umich.edu/tsebelis/veto_players_data.)

Para esta última variable, hemos hecho uso de dos notables teorías en el campo de la política comparada. La primera es la distinción entre modelos mayoritarios y de consenso, propuesta por Lijphart, mientras que la segunda es la teoría de los actores con poder de veto desarrollada por Tsebelis. En esta comparación, tenemos en cuenta nuestro argumento previo de que los modelos de SS y el SNS son sistemas que pueden ser considerados como la segunda y tercera fase, respectivamente, de una senda de desarrollo sanitario. Al final de la Segunda Guerra Mundial, solo un país (Nueva Zelanda) había implementado un SNS, mientras que otros 14 países tenían un sistema de SS o de aseguramiento voluntario.

En primer lugar, tuvimos en cuenta el grado de concentración/dispersión del poder político, basado en los datos e indicadores de Lijphart. En aquellos países en los que el poder político estaba más concentrado (representado en la figura 3 en el lado negativo del eje y) instauraron, en la mayoría de los casos, un SNS. Seguramente no sea una coincidencia que los dos primeros países que adoptaron un SNS (Nueva Zelanda en 1938 y el Reino Unido en 1946) sea precisamente aquellos que más se aproximaban a un modelo mayoritario. Inversamente, aquellos países en los que el poder político está más disperso (valores positivos en la gráfica) han mantenido un sistema de aseguramiento voluntario o de SS. Entre los sistemas políticos que más se han caracterizado por el modelo de consenso, podemos encontrar a los EEUU y Suiza; precisamente es en esos países donde el principio de obligatoriedad del seguro sanitario encontró mayores dificultades. La principal excepción a esta regla es Francia, que tiene un sistema de SS a pesar de presentar un alto grado de concentración del poder político.

Conclusiones similares pueden extraerse si uno deja a un lado los indicadores de Lijphart y se concentra en el concepto de los actores con poder de veto. Utilizando los mismos datos de Tsebelis, la figura 3 muestra el número de actores con poder de veto (eso es, individuos o colectivos –como un presidente o un partido político- que se requieren para apoyar una política para que ésta sea aceptada) durante el periodo que abarca desde 1945 a 2000. Como hemos visto con anterioridad, aquellos países con menor número de actores con poder de veto (menos de dos) instauraron, en la mayoría de los casos, un SNS, mientras que aquellos países con más de dos actores con poder de veto mantuvieron (o implementaron) un sistema de SS. La excepción en esta ocasión es Italia (que tiene un SNS a pesar del alto número de actores con poder de veto), así como Japón y los EEUU (que no tienen un SNS a pesar de tener 1.85 y 1.65 actores con poder de veto respectivamente).

A pesar de estas pequeñas excepciones (que podrían depender simplemente del modo en el que los diferentes autores definen y caracterizan el concepto de concentración de poder), la elección del modelo sanitario parece verse afectada, al menos en parte, por las características institucionales específicas de cada país.

Este texto está basado en un artículo más largo, F. Toth (2013), The choice of healthcare models: How much does politics matter?, en International Political Science Review 34 (2), 159-172

Consellos prácticos para a recolección se choupíns

Chegan as setas, choupíns, cogomelos, cerretas, cogordos, e outros, deixámosvos uns consellos de como recollelos:

1.         Para a identificación de especies tóxicas, de nada serven receitas populares como o cheiro, ennegrecemento dunha moeda de prata durante o cociñado, cás probe o can, etc... O único criterio é coñecer de qué especie se trata.
2.          Para a identificación é preciso sacar o pe completo. Si a especie está claramente identificada pódese cortar a ras de chan, deixando o micelio intacto.
3.          Non remexer a capa superior do chan, formado pola descomposición de materias orgánicas do bosque, pois compromete a supervivencia dos fungos. Non usar angazos, fouces...
4.          Usar cestas de vimbio ou similares para transportar os choupíns; facilitará a dispersión das esporas e evitará cás setas se descompoñan.
5.          Respectade os exemplares que non recolledes, incluso as especies tóxicas, pois cumpren un importante papel ecolóxico.
6.          Informarse de si onde ides a recoller hai que pedir permiso ou existe algunha outra norma sobre a cantidade permitida.
7.          Non deixar lixo no monte.
8.          Guías e libros axudárannos a saber máis.
9.      Ollo! como ben sabedes o monte arde...

Boa recollida!

Quino

¿Austeridad o Juegos Olímpicos?

Alberto Montero Soler

El autor lamenta que los mismos que están a favor de los recortes, utilicen los beneficios del gasto público para defender la realización de los Juegos.

Los estudios muestran que de media los Juegos terminan costando un 179% más de lo esperado por la organización. Por contra, su repercusión en el empleo es casi nula.

Situación actual del estadio Olímpico de Atenas Fuente: AP/G3

Que un país como esta España aspire a unos Juegos Olímpicos, evento en el que se encarnan valores antitéticos a los que dominan las noticias de corrupción y podredumbre política de nuestro día a día, suena a broma de mal gusto. Pero, más allá de que para justificar el rechazo a la celebración de los Juegos Olímpicos en Madrid bastaría con remitirse a esa cuestión ética esencial, hay otros argumentos que tampoco se pueden dejar de lado si se trata de oponerse a la celebración de los mismos en la capital del reino.

Y es que también suena a una broma de muy mal gusto que se pretenda convertir la austeridad en un valor para promocionar los Juegos Olímpicos (los “Juegos de la austeridad”, los llaman algunos tratando de alejar de la vista de la ciudadanía su coste real en estos tiempos de penuria) cuando quienes están padeciendo dicha austeridad son víctimas de recortes continuados que se aplican bajo esa etiqueta y con la excusa de la inexistencia de recursos públicos para atender sus necesidades.

Habría que recordar aquí que si algo define a la economía en su versión más convencional y neoclásica, la que seguro que asumen quienes defienden este proyecto de empobrecimiento colectivo en el que estamos insertos, es su condición de ciencia de la elección. Eso significa que la economía, así entendida, se encarga de proporcionar instrumentos para elegir cuando hay que tomar una decisión sobre recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Los criterios para esa toma de decisiones pueden ser muy diversos y es ahí donde, al sacralizar criterios técnicos como la eficiencia o la competitividad sobre valores universales como la solidaridad, se imponen visiones eficientistas o competitivas de la economía frente a otras centradas en el ser humano y sus necesidades.

Pues bien, para justificar estos Juegos Olímpicos se está haciendo abstracción interesada hasta de los criterios económicos más básicos, los mismos que resultan tan queridos cuando se trata de justificar recortes. Y así nos encontramos con que sus promotores se están amparando en la supuesta existencia de beneficios futuros tan generales como inciertos para los que se está dispuesto a sacrificar recursos presentes necesarios para atender las necesidades básicas de una población a la que, al mismo tiempo, que se la desposee de atención se le exige cínicamente que haga gala de su “espíritu” de sacrificio.

Y hablamos de beneficios futuros inciertos porque, frente a las declaraciones previas acerca de los incuestionables beneficios que se derivan de la celebración de este tipo de eventos, la literatura económica al respecto, centrada en la evaluación del impacto que los mismos acaban teniendo sobre la economía del país, la región o la ciudad en la que se celebran nos muestra que dichos beneficios no acaban finalmente siendo tales. La razón es que se tiende a sobreestimar los beneficios y a minimizar los costes, es decir, se tiende a engañar a la población haciéndoles creer que se puede tener a la vez pan blando y circo olímpico a coste cero o, incluso, con beneficios.

Basta con remontarse a la reciente catástrofe económica que supusieron los Juegos Olímpicos para la ciudadanía griega, cuyo coste superó los 9.000 millones de euros, para tener una referencia inmediata de lo que puede ocurrir en Madrid. Pero, claro, como en los tiempos que corren nadie quiere compararse con Grecia, hay que ampliar la mirada y para ello hay diversos estudios que analizan con técnicas de coste-beneficio a posteriori los impactos que han tenido este tipo de acontecimientos.

Sobrecoste sin impacto en el empleo

Lo que nos muestran esos estudios es que, por ejemplo, la realización de unos Juegos Olímpicos constituye el megaproyecto en el que el sobrecoste sobre el presupuesto inicial es mayor o, lo que es lo mismo, en los que en mayor medida se engaña a la ciudadanía acerca de los recursos que hay que comprometer para poder realizarlos. Así, según han calculado Flyveberg y Stewart (2012),el sobrecoste en términos reales por término medio de organizar unos Juegos Olímpicos ha sido de un 179% y de un 324% si hablamos en términos nominales. Es decir, si hay algo que puede sacarse en claro del análisis de los costes implicados en unos Juegos Olímpicos es que tienden a ser sistemáticamente infravalorados por sus promotores.

Algunos ejemplos sirven para demostrarlo: según Pasqual et al (2012), el presupuesto inicial de los Juegos de Londres de 2012 se multiplicó por más de 4; el de los Juegos de Invierno 2014 en Sochi (Rusia) ya se ha multiplicado por más de 3 y, para tener una referencia propia, el sobrecoste de Barcelona 1992 fue de un 417%. Y, por otro lado, más allá de los efectos expansivos inmediatos derivados de la construcción de las infraestructuras de diversa naturaleza necesarias para la celebración del acontecimiento, lo que también muestra el análisis empírico de evaluación del impacto de unos Juegos Olímpicos es que, en la mayor parte de los casos, no hay ninguna repercusión positiva en términos de creación de empleo una vez celebrados los Juegos ( Billings y Holladay, 2010).

La conclusión económica es, por tanto, muy clara: nos encontramos ante un tipo de acontecimiento en el que, más allá de lo que anuncian sus promotores políticos, sólo hay certeza previa de sus costes y de la infravaloración generalizada de los mismos pero no de sus beneficios. Sobre estos últimos sólo puede constatarse la existencia de afirmaciones cabalísticas acerca del número de empleos que se generarán, sobre los difusos impactos en términos de afluencia de público o de incremento del flujo de turistas de ahí en adelante. Nada concreto y todo vaporoso.

Sorprende, por tanto, que la misma exigencia de rigor y filosofía actuarial con la que se justifican los recortes sociales no se aplique a la toma de decisiones de una actividad que, nuevamente, volveremos a pagar entre todos, sea cual sea su balance final. Y, por si sirve de algo, me permito recordarles, queridos lectores, que tampoco el rescate de la banca nos iba a costar un euro. Ya van por más de 60.000 millones. A ver si cada medalla olímpica nos sale al mismo precio.

El mejor periodismo gallego da a luz

Por Henrique Mariño 

Alguien pulsó el interruptor y, cuando la profesión se iluminó, la revista estaba allí. El nombre no podía ser más apropiado: Luzes. Alternaba los brazos de sus padres, Manuel Rivas y Xosé Manuel Pereiro, mientras el partero, Iago Martínez, espantaba al enjambre de vecinos que se había arremolinado ante la buena nueva. Había tanta felicidad en aquella estancia como cuando nace un niño en Os Ancares.

Galicia es la comunidad del estado con peor saldo vegetativo, por lo que entenderán lo que representa para nosotros un nacimiento como éste. La criatura no es blandita ni berrea. No pide teta sino lectores. Huele a tinta y se parece tanto a su padre como a su madre, ahí no hay discusión. En una tierra donde hay más muertes que bebés, cualquier nuevo medio de comunicación es recibido con los brazos abiertos, sobre todo si viene con un pan debajo. Pero la aparición de Luzes trasciende la crisis demográfica y las otras.

Este otoño no se estrenará cualquier publicación, sino una revista dirigida por dos de los mejores periodistas gallegos, secundados por uno de los relevos generacionales más sobresalientes. Rivas es el alma y Pereiro, la osamenta. Martínez, que ejercerá de coordinador, el músculo. Junto a ellos, firmas consagradas (Xurxo Lobato, Antón Losada, Vari Caramés o Manolo Barreiro) compartirán el centenar y pico de páginas con la prosa de nuestro nuevo periodismo (María Yáñez, Daniel Salgado o el propio Iago Martínez).

Habrá opinión y análisis, fotografía e ilustración, aunque lo trascendental del asunto reside en los textos de largo recorrido. Toma el testigo de la desaparecida sección cultural de la edición gallega de El País y, como recordarán los no tan viejos, de la vanguardista Luzes de Galiza, aquel soplo de libertad con formas de fanzine. La diferencia viene marcada, como decíamos, por la introducción del gran reportaje, que permitirá contar Galicia sin límite alguno. En gallego. La cosa promete: de tales palos, imagínense qué astilla.

Propoñen dez medidas para unha nova política forestal

Dende o ano 1988 até hoxe, segundo datos oficiais, en Galicia producíronse máis de 100.000 incendios forestais que queimaron máis de 500.000 hectáreas de monte, das que 200.000 de arboredo. “Nestes últimos 25 anos arderon máis de 30.000 quilómetros cadrados, é decir máis da totalidade do territorio galego ardeu unha vez”, dixo Miguel Anxo Abraira, da Plataforma para a Defensa das Fragas do Eume. Ademais, as cifras dende 1995 rexistran uns 10.000 incendios ao ano, un incendio por cada 2 quilómetros cadrados de superficie forestal, mentres a media estata é dun incendio por cada 25 quilómetros cadrados.

“Nestes últimos 25 anos arderon máis de 30.000 quilómetros cadrados, é decir máis da totalidade do territorio galego ardeu unha vez”

A Federación Ecoloxista Galega, Adega, Verdegaia, Sindicato Labrego Galego, Anagaci, Plataforma Fragas do Eume, Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, Amarante, Foro Social de Cangas, Asociación Petón do Lobo de Corcoesto, Altermundo, Fuco Buxan, o Colectivo Artabra 21 e outras máis que se están sumando decidiron hai semanas constituír aAsamblea Galega Contra o Lume. “Non é unha cuestión puntual, ten o obxetivo de permanencia no tempo para dunha vez por todas deixar constancia ante os poderes políticos que o pobo galego non vai admitir que se siga coa mesma política forestal que ano tras ano arrasa o noso país”afirma Miguel Anxo Abraira.

Presentaron ante o rexistro da Xunta máis de 2.600 sinaturas "ao rematar o día, co ritmo que levamos, probablemente sexan máis de 3.000 sinaturas", que recolleron en menos dunha semana nas plataformas de change.org epetiçaopublica.com demandando unha "nova política forestal que evite os incendios verán tras verán". "En Galiza, co 7,7 % da superficie forestal española, acontecen o 45% de todos os incendios, estando un 30% da superficie forestal afectada”, advirten as organizacións. Denuncian que as accións de prevención e extinción que dende hai máis de 25 anos se veñen tomando polos distintos gobernos “demostráronse e demóstranse insuficientes e sobre todo erradas, e a proba é que non hai ano no que as lapas non sexan portada dos medios de comunicación, arrasen grandes extensións de monte baixo e arborado, acaben cos mellores entornos ecolóxicos do noso pais e non poñan en perigo ou acaben coa vida de veciños e veciñas de Galiza”. Afirman que non será posíbel avanzar nunha solución “sen información, educación ambiental e participación social”.

Por estes motivos, a Asamblea Galega Contra o Lume esíxelles ás distintas administracións con competencia “as medidas correctoras necesarias nas políticas de prevención e extinción que está a aplicar, para rematar dunha vez por todas coa lacra dos incendios”. Para acadar este obxectivo empregarán “se fose preciso” a “mobilización dos galegos e galegas”. Neste senso, Manuel Cebral, da asemblea nacional da Galiza contra os incendios,  falou da "importancia" de convocar unha mobilización nacional en Compostela contra os incendios: "O que urxe é unha manifestación nacional, Galiza non pode estar máis tempo sendo arrasada polos lumes". 

 As medidas

Fins Eirexas, secretario executivo de Adega, afirma que "non se pode saír nos medios chorando porque Galiza arde e reclamando máis presenza policial e máis durenza contra os pirómanos cando no parlamento aproban leis que o que permiten é crear un marco para que estes lumes sigan arrasando o noso país". As dez medidas que propoñen para combater o problema dos lumes son "froito dun traballo de décadas, é unha cuestión que todos coñecemos", afirma Eirexas. "Que é o que pasa para que o Partido Popular non as queira aplicar? E non só iso, ademais lexislan no sentido contrario. De que se asustan entonces ao ver que segue habendo lume nos montes coa súa política forestal agresiva e isostíbel?", afirma Eirexas. "Cando o presidente da Xunta ou a conselleira se laien nos medios, saiban que eles son tamén responsábeis subsidiarios de que estes lumes sigan arrasando grandes superficies do noso país", conclúe.

"Cando o presidente da Xunta ou a conselleira se laien nos medios saiban que eles son tamén responsábeis subsidiarios de que estes lumes sigan arrasando grandes superficies do noso país"

As dez medidas destes colectivos "deben ser tomadas cor urxencia", afirmou Isabel Vilalba, secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, "estamos falando de danos irreversibles para a biodiversidade, para o medio e tamén danos económicos incalculables". Entre outras cousas solicitan:

• Un ordenamento territorial acorde coas características do noso país, no que o monte ocupa uns 2/3 do territorio e coa maior densidade de núcleos de poboación de Europa. Evitar o despoboamento, o abandono dos usos tradicionais e a forestación de terras agrarias ao tempo que se fomentan alternativas produtivas sustentábeis para o medio rural.
• Unha nova política forestal que promova a multifuncionalidade do monte e protexa as súas funcións ecosistémicas e sociais.
• Un novo Plano Forestal que contemple os montes como algo máis que subministradores de madeira barata para triturar ou queimar, que limite a expansión das especies pirófitas e alóctonas e que promova unha silvicultura preventiva e sustentábel.
• Incrementar os esforzos e os investimentos en prevención, que deberían ser superiores aos de extinción. Os labores de prevención, vixilancia, loita contra o lume e rexeneración deben desenvolverse durante todo o ano.
• Planificar e desenvolver programas de rexeneración hidrolóxico-forestal nos montes queimados para evitar a perda de solo e a erosión, prohibindo a mudanza de usos e a especulación nestes terreos.
• Labores de rexeneración da vexetación natural nas zonas queimadas.
• Promover o incremento dos montes públicos e reforzar o papel das Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, impedindo a súa privatización e a entrada de capital especulativo no monte.
• Profesionalizar os equipos de prevención, detección, extinción e rexeneración nos incendios, que deben estar baixo un mando único dependente da Xunta de Galicia, evitando privatizar os seus servizos.
• Rapidez e transparencia no acceso á información sobre os lumes, poñendo a disposición da cidadanía as ferramentas informáticas e de comunicación precisas.
• Fomentar a Educación Ambiental a todos os niveis para promover na sociedade valores e comportamentos compatíbeis coa preservación do medio. Formar e informar especialmente ás Comunidades e propietarios de montes, para promover o sentimento de vencello e identidade positiva entre a veciñanza e o monte.

Afirman que os incendios "deberían tratarse como un asunto de país, fuxindo da utilización partidista, a demagoxia e o curtopracismo. Ningún goberno pode resolver os lumes nunha lexislatura, cómpre pois un amplo consenso político e social na loita contra os lumes"

Asalto a La Sexta: La derecha consuma su toma de poder en la totalidad de televisiones y prensa escrita.

por luisa sánchez http://periodistaparada.blogspot.com.es/2013/08/asalto-la-sexta-la-derecha-consuma-su.html

“Quiero que La Sexta sea una televisión de centro-izquierda respetuosa con la derecha, pero todavía no lo es. Estamos en ello”. En estos términos se manifestaba José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, propietario de Atresmedia, donde está incluida esa cadena de televisión, después de que su anterior propietario, Jaume Roures, se deshiciera de ella por problemas económicos. Con esas palabras Lara hace público el certificado de defunción de la única cadena televisiva de la que se podía esperar algo más que loas a la derecha. Ya hace meses, desde que fue adquirida por Lara, que La Sexta venía dando señales de derechización, con la incorporación de periodistas de la caverna, como el insufrible Francisco Marhuenda, director de La sin Razón, del que el poderoso propietario de Atresmedia y Editorial Planeta, dice que es “un gran profesional. En España hay cada vez menos periodistas estrella como los de la transición, que se creen que el diario son ellos”. Con ese comentario es fácil prever qué estilo de información tomará La Sexta en el futuro.

Con la muerte anunciada de la otrora emisora medianamente progresista, se consuma el asalto total de la derecha a las televisiones en particular, y a todos los medios de comunicación, ya sean emisoras de radio o periódicos en papel que se editan en este país, quedando tan solo, al alcance de unos pocos, medios en internet y la información u opinión de los blogs, que parecen haberse convertido en los únicos vehículos de libertad de expresión, a salvo de la mediatización impuesta por el capitalismo y la derecha. El problema está en que esos medios en internet no tienen la posibilidad de llegar a las masas de la manera que lo hacen las televisiones. De esa forma, la ultraderecha se garantiza la capacidad de manipulación del pensamiento de los ciudadanos, a los que, a través sobre todo de las cadenas de televisión, se manipula, engaña y oculta la realidad de los problemas, abusos y latrocinios que sufre el país por parte de la casta que todo lo controla.

Sometiendo a la opinión pública a través de las televisiones –como antes lo hacía desde los púlpitos-, la derecha de este país, que ha colocado al PP en el Gobierno para poder llevar a cabo con comodidad su revolución cultural destinada a imbecilizar a las masas para mejor someterla y explotarla económicamente, se garantiza el poder durante lustros o decenios.

La operación comenzó ya hace años, cuando la derecha se hizo con los medios de Prisa, al comprarlos para incorporarlos a Mediaset, el grupo mediático de Berlusconi. La primera medida que tomó ese grupo fue la de liquidar CNN+, la mejor cadena de solo información que existía en este país, con un plantel de periodistas independientes, de gran profesionalidad y en absoluto sometidos a los dictados de los políticos, fueran de la ideología que fuesen.

Previamente, y a través de las concesiones de emisión de TDT en manos de las autonomías, el PP se hizo con todo el espacio para conceder licencias a tan solo emisoras amigas, las más cavernarias de todas las regiones, como Intereconomía, Mediterráneo, Libertad Digital, MundoTV y, evidentemente, todas las supuestamente públicas de las autonomías donde gobernaban, como Tele Madrid, Canal9 o, posteriormente, la televisión de Castilla-La Mancha, que Cospedal puso en manos del infame Nacho Villa, y un sinfín de emisoras locales o comarcales.

De ese modo la derecha se garantiza la manipulación de las mentalidades febles, las de aquellas personas que, sin una gran capacidad cultural, sobre todo las de edad avanzada, degluten como pavos toda cuanta información les transmiten esas cadenas, admitiendo su mensaje sin la menor capacidad crítica, convencidos de que la caja tonta es poco menos que el Oráculo, que ha venido a sustituir al púlpito de los domingos que, de todos modos, sigue ejerciendo la misma capacidad manipuladora que en el pasado.


Si como decía Mac Luhan, “el medio es el mensaje” –significando con ello que un medio afecta a la sociedad en la que juega un papel, no sólo por el contenido, sino también por las características del propio medio- el mensaje de las televisiones actuales ha pasado a ser un universal trasmisor del pensamiento único del capitalismo salvaje y la ultraderecha ultraconservadora y talibana de este país.


Desgraciadamente, el poder de la ultraderecha no solo se ha adueñado del mensaje en las televisiones, en estos momentos la prensa escrita está, por completo, controlada por el PP, y o, por el poder financiero, después de que El País, otrora enseña de periodismo libre e independiente, cayera en manos de Berlusconi –buen amigo de Aznar- y una financiera americana y, simultáneamente, se vendiese al PP a través de campañas publicitarias institucionales, o de imagen.

No hace falta sino ver las portadas de las últimas semanas para comprobar la deriva de los últimos meses que lleva el otrora diario de Prisa, respecto a asuntos como el caso Bárcenas o el caso PP, en el que El Mundo le ha ganado la partida –no por demócrata ni por ética periodística, de la que carece su director, sino porque sirve a intereses aún más ultraderechistas que los del actual Presidente del Gobierno, Mariano Raxoi-, o su sometimiento a los caprichos gubernamentales, que ningún periodista digno tendría por qué aceptar, como el esperpéntico paseo protagonizado el viernes por Raxoi por la ruta fluvial en Ribadumia, donde obligó a la prensa a seguirle en silencio y sin preguntar, dos minutos detrás de la comitiva presidida por el jefe del Ejecutivo, al que acompañaban el presidente de la Xunta, Núñez Feijóo y otros cargos del PP. Los medios aceptaron de buen grado la convocatoria gubernamental para, simplemente, ver como el Presidente del Ejecutivo paseaba, en una puesta es escena más propia de la dictadura, como cuando el dictador genocida inauguraba pantanos, que de un país democrático.

Aunque no es solo El País el único medio caído bajo el poder del PP, el que otrora fue considerado independiente o no sometido al pensamiento conservador, en el País Valencià el Levante-Mercantil valenciano, experimentó hace tiempo el mismo cambio. De su deriva hacia la derecha dan cuenta sus informaciones –o su falta de información, como cuando hace unas semanas no publicó la noticia de la imputación del Presidente Fabra por un presunto delito de prevaricación cuando era alcalde de Castellón-, y sus artículos de opinión, como el publicado ayer por uno de los blogueros de ese periódico, Alberto Soler, que en el pasado presumía de ideología progresista y que, como otros tantos, es protagonista de un desdichado e indigno cambio de chaqueta, al sumarse al coro de la derecha que, desde el pasado jueves, no hace sino clamar dolorida contra una protesta protagonizada por sanitarios en la puerta del Hospital de la Paz, donde está ingresada la Delegada del Gobierno de Madrid, tras un accidente de circulación.

La derecha y todos cuantos se vienen sumando, como el citado Soler, al grupo de corifeos del PP, se sintió sumamente dolida porque los manifestantes recomendaron a la Delegada del Gobierno que acudiese, en lugar de a la Sanidad Pública, a la privada de la que tan partidaria es, para ser curada de las heridas sufridas en el accidente de tráfico en el que fue atropellada por un turismo cuando circulaba en su moto por el centro de Madrid. Resulta chocante tanta sensibilidad respecto a Cristina Cifuentes, teniendo en cuenta que los integrantes del PP no son precisamente gente de diálogo, y que los manifestantes no hacían sino pedir para ella lo mismo que pide, más bien impone, su partido en el Gobierno, y todos y cada uno de ellos para la nación en su conjunto, siempre sin haber consultado previamente a los ciudadanos. Por lo que, a cualquier profesional con sentido del equilibrio, habría de parecerle no solo bien, sino coherente, legítimo y necesario. Cuando las declaraciones habituales de esta señora levantan ampollas, y no parece que le preocupe en exceso si, además de ampollas, producen descalabros, resulta pasmoso que la prensa se haya mostrado tan sensible por el daño que haya podido recibir en su delicada piel la señora Cifuentes.

Los dicterios lanzados contra quienes no hacían sino expresar lo que parece justo, dado el proceder de esta individua y sus correligionarios, no son sino la muestra fehaciente de en qué manos están la totalidad de los medios de comunicación.

Lo que obliga a refugiarse en digitales y blogs para librarse de tanta manipulación y tanta cobardía. Mas esos medios tienen un seguimiento limitado, en tanto que las televisiones tienen una audiencia masiva, que llega prácticamente a todos los hogares del país. Bien haría la izquierda buscar a algún excéntrico millonario que financiase una cadena, al menos imparcial. En el supuesto de que exista algún mirlo blanco dispuesto a dedicar parte de su dinero a tan loable fin.