La
reforma de Gallardón es misógina porque se obvia por completo la voluntad de la
mujer embarazada, que, según parece, se considera extrañamente disminuida.
María Eugenia R. Palop
El 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra
la Violencia de Género, nuestro Gobierno quiso llegar más lejos aprobando la
Declaración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. La Declaración pasó bastante inadvertida, dado que coincidió con unas
polémicas elecciones en Cataluña, pero, sobre todo, dejó sumida en la
perplejidad a un buen número de organizaciones de mujeres que en España han
venido denunciando la profunda misoginia de la que hacen gala las políticas
gubernamentales. Y es que la violencia contra las mujeres en nuestro país no es
sólo la de los maltratadores, sino que es ejercida también por empresas e
instituciones, y se incrementa, en ocasiones, con las declaraciones e
iniciativas de muchos de nuestros ministros. Una de tales iniciativas es, sin
duda, la de la reforma a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, "de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" que
insiste en plantear Alberto Ruiz-Gallardón.
En la LO 2/2010, todavía vigente, pero cuestionada en el
Tribunal Constitucional, se reconoce que la mujer tiene derecho a interrumpir
su embarazo hasta la semana 14 de gestación y se mantiene, entre otros, el
supuesto de la malformación del feto; supuesto que se intenta excluir ahora. Lo
que parece querer Gallardón es eliminar esta ley de plazos para volver a una
ley de casos más restrictiva que la anterior, y tal pretensión resulta
misógina, antisocial, desfasada (en Europa, sólo nos acompañarían Malta e
Irlanda), y hasta cruel, a pesar de la supuesta defensa de los derechos de las
personas con discapacidad en la que dice apoyarse el ministro.
La reforma de Gallardón es misógina porque se obvia por
completo la voluntad de la mujer embarazada, que, según parece, quizá debido a
su estado (?), se considera extrañamente disminuida. El moralismo legal de
Gallardón llega al punto de negar, sin fundamento ni consulta, que no abortar
en casos de malformación, por ejemplo, pueda tener consecuencias negativas para
una mujer que quiera hacerlo. No acabo de entender de dónde sale semejante
negación, máxime si se aplican los recortes de la ley de dependencia que esta
mujer habría de sufrir directamente. El carácter antisocial y doblemente cruel
de la reforma está fuera de toda duda dado que su impacto resultará demoledor
si se carece de recursos.
En su lucha contra la ley de plazos, Ruiz-Gallardón ha
recurrido a la Convención Internacional de los Derechos de la Personas con
Discapacidad (adoptada en Naciones Unidas en 2006), para intentar situarse en
línea con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI) y con el Foro de Vida Independiente y Divertad. Este
último defiende la promoción de la autonomía personal y el derecho a la vida
independiente de las personas con diversidad funcional y aboga, en efecto, por
la eliminación del llamado “aborto eugenésico” a fin de garantizar el principio
de no discriminación. Un principio al que también se alude para criticar que
estas personas puedan ser legalmente esterilizadas sin su consentimiento, algo
que, sorprendentemente, nuestro ministro considera compatible con la
Convención; para oponerse a que los niñ@s con diversidad funcional sean
excluid@s de los colegios ordinarios, como alienta el Gobierno, o para
sublevarse contra los impopulares recortes de los populares, que sufre muy
especialmente este colectivo. Se diría que las personas con diversidad
funcional interesan más antes de nacer, que una vez nacidas. Con todo, lo
destacable ahora es que de ninguno de los textos, declaraciones o posiciones
aludidas se deduce que estas personas se opongan a una ley de plazos, siempre
que no aparezca explicitado el supuesto de la malformación, o que apoyen formas
de violencia institucional contra las mujeres como las que se articulan desde
las leyes restrictivas del aborto. Lo que apoya el Foro de Vida Independiente
es la autogestión y la libertad de elegir, y sería contradictorio que esto se
defendiera para un@s y no para otr@s. Es cierto que se interpreta, y con razón,
que la explicitación de la causal de malformación en los casos de aborto puede
estimular actitudes eugenésicas o discriminatorias, pero de ahí sólo se deriva
que la ley no debe contemplar este supuesto, no que una mujer no pueda
contemplarlo. O sea, que el discurso de los derechos humanos no avala la
eliminación de una ley de plazos sino que más bien aconseja excluir una ley de
casos, porque atenta contra la liberad de la mujer y, además, puede resultar
discriminatoria para las personas con diversidad funcional.
Lo cierto es que sólo desde una interpretación castrante
de los textos internacionales, una visión regresiva de los derechos, o desde un
catolicismo irracional y militante, puede sostenerse una reforma como la que
Gallardón propone. La cuestión es que, aunque algunos lo lamenten, el
Parlamento no es un púlpito desde el que anunciar la Buena Nueva, ni un lugar
desde el que obtener sustanciosas bulas papales. Quienes quieran hacer méritos
para su beatificación no deberían olvidar que hay que darle a dios lo que es de
dios, y al César lo que es del César.
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