En 2017 se incrementó ligeramente el porcentaje de personas que renunciaron a tratamientos médicos por motivos económicos, hasta el 4,7% de la población mayor de 18 años, según el CIS
Profesionales vinculan esta cifra a la ampliación del sistema de copagos, la exclusión sanitaria y la alta tasa de personas en riesgo de pobreza
Elena Herrera
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El efecto del medicamentazo
1,8 millones de residentes en España renunciaron a tratamientos recetados por médicos de la sanidad pública durante 2017 al no poder permitírselo por motivos económicos. Esta cifra es una estimación realizada por infoLibre a partir de los datos del último Barómetro Sanitario [consultar, aquí], el sondeo que realizan anualmente el Ministerio de Sanidad y el CIS, y que desvela que el 4,7% de los encuestados aseguraron haber dejado de tomar algún medicamento prescrito por este motivo. Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años en 2017, la cifra total asciende a los citados 1,8 millones.
Este porcentaje es el más alto de la serie histórica, que comienza en 2014, cuando el CIS preguntó por primera vez por esta cuestión. Entonces, el 4,5% de los encuestados aseguraron haber renunciado a tratamientos médicos por motivos económicos. En 2015, el porcentaje bajó al 4% y volvió a subir al 4,4% en 2016.
Aunque el sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, incluye desde su origen el copago en las medicinas que se dispensan en las farmacias. Además, el Gobierno de Mariano Rajoy implantó en 2012 un nuevo sistema que incluyó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos con sus impuestos. Empezaron así a abonar el 10% del precio de los fármacos con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta.
Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos de entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados sin prestación ni subsidio y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.
La reforma sanitaria puesta en marcha cuando Ana Mato estaba al frente del Ministerio de Sanidad también estableció el llamado medicamentazo, que supuso la exclusión del sistema de recetas de 320 fármacos de uso común que desde el 1 de septiembre de 2012 los pacientes deben pagar íntegramente de su bolsillo y que siguen prescribiéndose con frecuencia. Entre ellos, Fortasec, para tratar la diarrea; Flumil o Flutox, para procesos catarrales; o el protector de estómago Almax. La lista inicial incluía 417, aunque 97 siguieron financiándose para enfermedades crónicas, oncológicas y de carácter degenerativo
Cinco años después de esta medida, el precio de 175 de esos 320 fármacos se incrementó y en 65 casos se duplicó o incluso triplicó, según informó el Gobierno en una respuesta parlamentaria formulada por varios parlamentarios socialistas. Sólo un medicamento bajó el precio y los restantes 144 lo mantuvieron. En conjunto, el precio medio por envase pasó de 4,92 a 8,61 euros, un incremento medio del 75%.
Reformas legislativas
Las cifras sobre abandono de tratamientos que desvela el Barómetro Sanitario no sorprenden a organizaciones como Médicos del Mundo o la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que llevan tiempo denunciando los efectos tanto de la ampliación del sistema de copagos como de la exclusión de la atención sanitaria normalizada de las personas que están en situación administrativa irregular, es decir, que ni tienen papeles, también implantada en el real decreto de 2012.
“Estos datos son una evidencia de que el real decreto de 2012 supone un obstáculo claro para que un porcentaje importante de la población, que además es la gente más pobre y probablemente más enferma, no tenga acceso a los medicamentos que necesita”, señala el doctor jubilado Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP, que también llama la atención sobre el hecho de que el Ministerio de Sanidad no haya hecho ningún estudio en profundidad para analizar qué repercusiones tiene el abandono de tratamientos sobre la salud de las personas. “La derogación de ese real decreto es una necesidad clarísima”, subraya.
Sánchez Bayle recuerda que precisamente esta misma semana la prestigiosa revista científica The Lancet ha reclamado en un editorial [consultar, aquí] el fin de los recortes en la sanidad española. El texto advierte sobre el impacto de la crisis económica en el Sistema Nacional de Salud, que se ha ido deteriorando en la última década especialmente en relación “a la accesibilidad y a la disponibilidad” y urge al Ejecutivo de Mariano Rajoy a “cumplir con el derecho a la salud”.
También el doctor José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, alude al real decreto de 2012. “Los últimos datos de la OMS revelan que, en España, la cobertura sanitaria llega al 77% de la población, cuando tendría que llegar al 80%. Eso significa que hay un grupo de personas que ponen en riesgo un porcentaje elevado de sus ingresos para poder mantener su salud, lo que incluye no sólo el acceso a la atención sanitaria sino también a los medicamentos esenciales. Y este grupo de población se han incrementado tras el real decreto de 2012″, señala.
Hoyo insiste en que, además de los evidentes efectos para la salud de los afectados, los abandonos de tratamientos prescritos también tienen efectos sobre la sostenibilidad del sistema. “Por ejemplo, no poder acceder a un medicamento para la tensión puede suponer no tener bien controlada la presión arterial y, en consecuencia, provocar un ictus. Es por eso que tener acceso a la atención primaria y a los medicamentos esenciales es una cuestión básica de salud pública, pero también económica”, señala.
Indicadores de pobreza
Por otro lado, los portavoces consultados también vinculan las cifras sobre abandono de tratamientos a la existencia de indicadores que evidencian que la recuperación de las grandes cifras macroeconómicas sigue sin llegar a todas las capas de la población. Por ejemplo, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, casi uno de cada dos parados (48,5%) tuvo durante 2015 ingresos que están por debajo del umbral de pobreza (8.209 euros en el caso de un hogar unipersonal o de 17.238 euros en hogares compuestos de una pareja y dos niños).
La mayor vulnerabilidad también afecta de manera muy significativa a los las familias monoparentales, en su gran mayoría formados por mujeres solas que tienen que sacar adelante a sus hijos. De hecho, el 42,2% de estos hogares tuvo durante 2015 ingresos que están por debajo del umbral de pobreza, 16,7 puntos por encima que en aquellos hogares con dos adultos y niños. También la OCDE ha documentado que España es el país europeo con más trabajadores pobres.
“Todo esto tiene mucho que ver con la desigualdad. Durante la crisis ha habido un grupo de personas que se han hecho más ricas y otro, más amplio, que se ha hecho más pobre. Alrededor del 5% de la población española tiene comprometido más del 10% de sus ingresos para el conjunto de la atención sanitaria, lo que pone en riesgo el gasto en el resto de las cosas cuando esos ingresos son especialmente bajos”, señala el doctor Hoyo.
Y añade: “En una situación de pobreza, si una persona tiene que ponerse insulina y además tomar un antihipertensivo es posible que elija únicamente tratarse la diabetes porque sus efectos se ven en un plano más inmediato. Sin embargo, no tratar la tensión arterial puede empeorar a medio plazo su calidad y cantidad de vida y, además, producir mayor morbimortalidad y, dentro de la morbilidad, algunas patologías que pueden generar mucho gasto al sistema. En conclusión, es muy malo para la persona y muy malo para el sistema. Pero, lamentablemente, hay quien tiene que elegir entre tratarse de una dolencia o comer o vestir a sus hijos”.
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