El futuro de las diputaciones desde cuatro perspectivas

Este reabierto debate se adormeció conforme fracasó el intento de gobierno de Pedro Sánchez y Albert Rivera, pero sigue latente

Munícipes, ciudadanos, juristas, políticos y expertos en derecho tienen diferentes puntos de vista sobre cuál es el camino con estas instituciones

Olga Granado

http://www.eldiario.es/

Encuentro de los responsables de la FAMP y presidentes de las diputaciones en Andalucía.

El pacto suscrito en su día entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de C's, Albert Rivera, que incluía la "supresión" de las diputaciones originó mucha contestación en Andalucía, territorio donde más de la mitad de su población vive en el mundo rural y por tanto tiene más conciencia del papel de estas instituciones, que pese a las muchas críticas que vierten sobre ellas, consideran fundamentales.

La fuerza con la que se reabrió este debate se apaciguó a la vez que caía la posibilidad de que esos dos partidos se hicieran con el Gobierno de España y con todo el país abocado a unas segundas elecciones generales en poco más de seis meses. Pero la cuestión sigue latente, y no se descarta que C's la vuelva a sacar como condición en las negociaciones en marcha para conformar el nuevo ejecutivo, por lo que proponemos observar esa cuestión desde cuatro perspectivas: la de los munícipes, representados en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP); la de los políticos, con el posicionamiento de los distintos partidos; la de los expertos en derecho; y la de los ciudadanos, con el último estudio de opinión pública realizado por la Universidad de Granada.

Los munícipes

Desde la primera perspectiva, lo más destacado es que el pacto de Pedro Sánchez y Albert Rivera, pese a que estaba llamado a perecer pronto, dio lugar a una primera gran coalición entre el PSOE y el PP en Andalucía, en el marco de la recucitada FAMP, donde los ocho representantes de las diputaciones de Andalucía sellaban una resolución en defensa de estas instituciones. Hablan de "modernizarlas" y "transformarlas", pero "para nada suprimirlas". En este sentido, desde el PSOE-A han salido rápidamente en defensa de las diputaciones, toda vez que en esta comunidad autónoma tienen un papel que entienden que es difícil de comprender en otros territorios, y menos en la Comunidad de Madrid donde, por ser uniprovincial, ni siquiera existen.

¿Por qué son fundamentales? Citan varios ejemplos: los consistorios de los municipios más pequeños ni siquiera tienen interventor y para estas funciones recurren a sus diputaciones de referencia; son éstas también las encargadas de la recaudación de tributos; o las que les prestan servicios como el del ciclo intergral del agua, la recogida de la basura o la prevención y extinción de incendios; o las que les facilitan el crédito que los bancos no les dan, en una especie de FLA a escala municipal. Pero cuando se les pregunta en qué deben cambiar, ninguno entra a fondo de cómo hay que hacerlo, sino que de manera genérica citan la "necesidad de evitar duplicidades", que es en lo que coinciden los presidentes de las ocho diputaciones de Andalucía, tanto del PSOE-A como del PP-A.

De momento, la idea de suprimirlas está teniendo como consecuencia una cascada de mociones en los plenos -tantos de las diputaciones como de los consistorios- elevadas por socialistas y populares, que pugnan por ser los primeros en hacerlo, para salir en su "defensa".

Los partidos

Íntimamente ligadas con el posicionamiento de la FAMP, toda vez que la integran cargos electos de las administraciones locales, están las posturas de los diferentes partidos, si bien desde esta perspectiva podemos tener las opiniones de los que no la han plasmado en dicha resolución. En este contexto, la postura de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía puede resumirse con el PSOE-A y el PP-A a favor de mantenerlas, y C's, Podemos e IU proponiendo su desaparición.

Mario Jiménez (PSOE-A) insiste en la necesidad de "reconocer el papel de las diputaciones" pese a que se asuma que "hay que hacer cambios". Mientras, el PP-A A ha aprovechado el pacto entre Pedro Sánchez y Albert Rivera para erigirse en "defensor de las diputaciones", en palabras de su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, porque también ha encontrado una manera de combatir el posiciomiento de los socialistas.

En cambio, desde Podemos, su diputada Esperanza Gómez, recuerda que su formación lleva tiempo pidiendo su "desaparición pero garantizando que esos servicios se presten", por lo que cree que deberían pasar a ser competencia de los consistorios. Mientras, C's, que lo comparte, pone el énfasis en aprovechar el dinero que se ahorraría con su eliminación para otras necesidades. Su parlamentaro Sergio Romero ha acusado a socialistas y populares de unirse en su defensa para "mantener los sillones". Y finalmente, IU aboga por trasladar los servicios que prestan a otras estructuras. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, expone con ello que hay que acabar con "una arquitectura institucional y territorial producto del franquismo que no responde a las necesidades de los ciudadanos" y "avanzar en la comarcalización" para una representación como más acorde con la realidad. En este sentido, se muestra "sorprendido" por el hecho de que en este debate no se mencione el "papel de las mancomunidades" que entiende que debe ser destacado en la prestación de estos servicios.

Los expertos

Desde la perspectiva jurídica, están claras las dificultades para abordar cambios en esta estructura. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-la Mancha Enrique Belda subraya que "sería posible jurídicamente con la reforma ordinaria del artítculo 167 de la Constitución Española", pero incluso sin reforma constitucional, "siempre que se mantuviera el mandato del artículo 141.2 de la Carta Magna "y se sustituyera por otras corporaciones de carácter representativo".

Pero no le parece que "con todas las reformas constitucionales pendientes", no le parece emprender ésta u otra de manera aislada. En su opinión, "es imprescindible para lo municipios pequeños la asistencia de diputaciones u órganos similares". Lo que "no es en absoluto necesario es que sirvan para poner sueldos adicionales a alcaldes y concejales: para su funcionamiento hace falta un mínimo criterio político y que las lleven los funcionarios". Y continúa: "Las diputaciones pueden mantenerse perfectamente con menos número de representantes o sin que se pague a los mismos por esas funciones de dirección, que insisto son mínimas, pues la ayuda a los pequeños municipios es de mera gestión o administración, siendo cuestión de aplicar la ley y gestionar partidas concretas". Es más, entiende que "la asignación de fondos a los municipios sería más objetiva y no dependería tanto del color político".

De todas maneras, apunta que la opinión pública debe saber que "no consiste tanto en suprimir instituciones como en saber las que debe hacerse por estar realizando funciones duplicadas". Y "jamás afectar a la prestación de derechos al ciudadano". De hecho, es autor de un trabajo en este sentido : Los derechos de las personas y las funciones del Estado como límite a la supresión de instituciones. La crisis económica y la reforma del Estado. Y concluye: "Creo que un sector público reducido, con menos políticos y funcionarios pero mejor considerados y retribuidos, es la clave para sostener el sistema".

Entretanto, Manuel Zafra Víctor, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Granada, en Pensar en los gobiernos locales en el actual estado autonómico, se refiere especialmente a la polémica que originó la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy que replanteaba las funciones para los consistorios y las diputaciones. En este sentido, como principio de su ponencia, apuesta por la continuidad de estos órganos y expresa que "no es necesario suprimir municipios, sino poner a las diputaciones al servicio de éstos".   

Los ciudadanos

Finalmente, en pleno debate sobre esta cuestión se conocía el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de invierno 2016, donde el 47,1% de los andaluces se declara a favor de una reforma de la Constitución Española y un 66,3% de éstos es partidario de la eliminación de las diputaciones. Quiere decir esto que, pese a sus críticas, las diputaciones tienen buen predicamento entre los andaluces, según este estudio de la Universidad de Granada.

Es más, dentro de esa prácticamente mitad de los encuestados que quiere una reforma constitucional, hay otras prioridades, como que el 64,5% apoyaría la fusión de ayuntamientos y el 73,7% la elección directa de alcaldes, mientras que el 88,7% se muestra partidario de las listas abiertas, el 77,4% del cambio de la fórmula electoral de la Ley D'Hont y el 58,6% de la modificación de la circunscripción por provincias para las elecciones generales.

Cabe recordar que tras las elecciones municipales de 2015, el partido que más diputados provinciales tiene es el PP, con 415, seguido del PSOE (391), Convergència i Unió (51), IU (42), C's (36) y Esquerra Republicana (32) e IU y coaliciones con Podemos (14). El resto, hasta los 1.040, se reparten entre BNG (12), Compromís (11), Partido Aragones (9), Podemos (8), UPyD (2), Partido Andalucista (1), Participa (1), Equo (1), independientes (2) y otros partidos autonómicos (12).