Vicente Clavero
Un mes después de que la Asamblea de Madrid autorizara al gobierno regional a privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud, seguimos sin saber qué impacto tendrá en las arcas públicas esa controvertida medida. Desde que se anunció, la Consejería ha sido incapaz de ofrecer a los ciudadanos una evaluación rigurosa de sus beneficios económicos, demandada insistentemente por los usuarios, por los profesionales y por los medios de comunicación. Como consecuencia de ello, cada vez está más extendida la idea de que los supuestos ahorros son una gigantesca milonga y que la privatización sólo obedece en realidad a razones ideológicas.
El PP demostró hace mucho tiempo que lo público le repele, salvo cuando se trata de sacar provecho del manejo de los presupuestos, ya sea de los ayuntamientos, de las autonomías o de la Administración Central del Estado. En su afán por demoler lo que varias generaciones de españoles hemos construido con nuestro esfuerzo, el partido del Gobierno ha encontrado un aliado imbatible en la crisis, que le viene como anillo al dedo para justificar su entusiasta uso de la piqueta. Así, so pretexto de adaptarse a las nuevas circunstancias, el PP se ha aprestado gustoso a poner patas arriba la sanidad, la enseñanza, las pensiones o ese fallido cuarto pilar del Estado del bienestar que se consagró en 2006 con la promulgación de la ley de dependencia.
Toda la ofensiva de la derecha política y de su vociferante coro mediático contra el sector público responde a una supuesta superioridad de la iniciativa privada en orden a la gestión de los servicios, como si actualmente fueran un absoluto desastre. No reparan los dirigentes del PP en que, aunque lo fueran, sobre ellos recaería buena parte de la responsabilidad, pues no en vano llevan décadas gestionándolos; concretamente en Madrid, la friolera de 17 años. Nada más patético que un consejero de Sanidad loando sin mesura las bondades de la empresa privada para argumentar las externalizaciones, cuando debería ser el primer interesado en defender con uñas y dientes la naturaleza jurídica del ámbito de actuación que tiene encomendado.
Para entender tamaño despropósito quizás sea necesario recordar lo que el destino deparó a sus predecesores en el cargo, que mientras lo ocupaban nunca dejaron de mirar su propio futuro profesional por el rabillo del ojo. Manuel Lamela, tristemente conocido por haber puesto bajo sospecha el cuidado a los enfermos terminales en los hospitales públicos, se gana ahora la vida proveyendo de pacientes extranjeros a las clínicas privadas de Madrid. Y Juan José Güemes pertenecía al consejo de Unilabs hasta que hace unos días se conoció la compra por esta multinacional de la empresa a la que él mismo adjudicó los análisis clínicos en la Comunidad.
Pero el colmo de la incongruencia es, sin duda, que el gobierno presidido por Ignacio González se queje de las ineficiencias de la sanidad madrileña y, al mismo tiempo, pague gratificaciones a quienes teóricamente tienen la culpa de ellas. Según informaciones no desmentidas, en los presupuestos regionales de 2013 hay una partida de 4,2 millones destinada a los directivos de los centros públicos, en concepto de retribución variable por objetivos. Eso significa que, por término medio, cada uno podría embolsarse 18.000 euros extra, que es más de lo que ganan muchos de sus trabajadores al cabo del año. Como si hacerlo bien, cuando se juega con lo que es de todos, además del sueldo mereciera otra recompensa.
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